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La orquestación del silencio: Opacidad y miedo atentan contra la libertad de expresión en Venezuela
58,2% de los consultados por el IPYS manifestaron no denunciar ante organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecieron alguna restricción en su ejercicio profesional durante 2021
El acceso a la información pública se presentó como la categoría más erosionada a la hora de ejercer el periodismo en Venezuela
Según la percepción de los 534 periodistas encuestados, el acceso a la información pública y la seguridad fueron las categorías que llevaron la batuta en cuanto a restricciones

 

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) publicó una investigación titulada “La orquestación del silencio”  en la que determinó que la libertad de expresión en Venezuela fue calificada con 62 puntos en una escala que va de 0 a 100 puntos, que se ubica en la categoría de  una realidad con «algo de libertad de expresión».

Según la investigación, el acceso a la información pública se presentó como la categoría más erosionada a la hora de ejercer el periodismo en Venezuela.

La consulta evaluó la percepción de 534 trabajadores de la prensa de todo el territorio nacional sobre las condiciones del ejercicio periodístico entre enero y diciembre del año pasado.

El estudio de IPYS Venezuela, presentado por sexta ocasión, constató que en 2021 la opacidad y el miedo fueron los mayores riesgos que atentaron en contra de la libertad de expresión en el país.

«Los resultados revelaron una calificación general de 62 puntos que dan cuenta de unos niveles moderadamente graves para el ejercicio periodístico venezolano», señaló la investigación.

Según la percepción de los 534 periodistas encuestados, el acceso a la información pública y la seguridad fueron las categorías que llevaron la batuta en cuanto a restricciones y obtuvieron los promedios más bajos y preocupantes al ser valoradas con 37 y 54 puntos, respectivamente.

La denuncia ha quedado fuera de tono. 58,2% de los consultados manifestaron no denunciar ante organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecieron alguna restricción en su ejercicio profesional durante 2021. Asimismo, el 53,7% de los consultados afirmaron haber omitido informaciones de interés público por temor a represalias.

Concierto privado al que pocos tienen acceso

De acuerdo con la investigación, el acceso a la información pública se presentó como la categoría más erosionada a la hora de ejercer el periodismo en Venezuela.

Los periodistas consultados indicaron que este derecho obtuvo una calificación promedio de 37, lo que revela una agudización de la opacidad en el manejo de los datos relevantes para la ciudadanía, con respecto a los años anteriores.

Al desagregar este indicador se evidencia que durante 2021, el cierre o restricciones de las fuentes de información pública en instancias estatales y no estatales obtuvo una puntuación de 30 (poca libertad de expresión) en la escala.

Esto indica que la verdad oficial sobre hechos noticiosos de relevancia nacional ha sido la gran ausente. Sobre este ítem, el 43,26% de los consultados mencionó que se trataba de una situación muy frecuente y el 29,96% afirmó que era un incidente algo frecuente.

«Estos resultados han puesto de manifiesto que la información pública en el país es considerada más bien como un concierto privado, al que pocos tienen permitido el ingreso», aseguró IPYS.

Obstáculos para consultar datos públicos son muy frecuentes

El estudio reiteró que los obstáculos para consultar documentos o datos públicos en instituciones o plataformas digitales promediaron 36 puntos.  Los datos suministrados por los encuestados arrojaron que estas limitaciones eran muy frecuentes (37,45%) y algo frecuentes (28,28%).

«Esto se debe no solo a la inexistencia de reportes y cifras, sino también a la creciente y a la deliberada desactualización de páginas web oficiales de los entes estatales», explicó la investigación.

El estudio tomó como ejemplo al El Banco Central de Venezuela (BCV), ente que sigue sin suministrar los reportes de los principales indicadores macroeconómicos de la nación. Tampoco hay boletines epidemiológicos.

«Cuando se publican algunos números, esto acarrea retrasos significativos. Por ejemplo, en marzo de 2022, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) difundió los datos del sector de telecomunicaciones del país relativos al IV trimestre de 2020. Dos años después del período correspondiente», indicó el estudio de IPYS.

Continúa la censura

Los resultados del estudio determinaron que la censura sigue resonando con fuerza en el país. De acuerdo con los datos, las instrucciones para restringir la labor informativa de los reporteros emitidas por sus supervisores alcanzaron una puntuación de 62, cuatro puntos por debajo que en 2018 cuando se situó en 66.

Según la investigación, la práctica censora se ha establecido como motivo para que los comunicadores abandonen sus espacios laborales. El despido arbitrario o renuncia forzada por razones informativas obtuvo una valoración de 81, un descenso de cinco puntos en oposición a 2018 cuando puntuó 86.

La involución en este indicador también quedó al descubierto en otras subcategorías como las presiones de los accionistas de los medios de comunicación, que puntuaron 74, un número menos que en la última medición del estudio. Un retroceso similar se observó en el tema de las presiones de los anunciantes publicitarios, una subcategoría que descendió de 87 en 2018 a 81 en 2021.

A pesar de que los hallazgos revelaron ligeras mejoras en cuanto a tópicos como los exhortos e investigaciones de instituciones estatales, que sumaron 62, y en las órdenes expresas que prohíban buscar, recibir o difundir información sobre situaciones de interés público, las vulneraciones informativas en términos de censura han tomado la batuta.

Riesgos sobre integridad física y psicológica no han disminuido

Los riesgos sobre la integridad física y psicológica de los reporteros no han disminuido en Venezuela. Por el contrario, las tendencias de este análisis reflejan que siguen siendo parte de la composición las acciones constantes de hostigamiento que ejercen los diversos actores del oficialismo y las autoridades gubernamentales hacia los trabajadores de la prensa.

De acuerdo con los consultados, en 2021 su libertad e integridad durante el cumplimiento de sus labores informativas estuvieron bajo restricciones recurrentes, y ponderaron el indicador de seguridad con 54 puntos. De igual forma, estas percepciones demostraron que las agresiones y amenazas con fines intimidatorios contra periodistas obtuvieron un promedio de 63, al igual que en 2018.Los registros del sistema de monitoreo de IPYS Venezuela constataron que a lo largo de 2021 ocurrieron un total de 140 violaciones bajo la categoría de agresiones y ataques, que comprendieron 54 hechos para infundir temor, 19 incidentes de destrucción, revisión, o confiscación de equipos y registros relacionados con el trabajo periodístico, 16 eventos de amenazas de agresión física, 15 de robos a herramientas de trabajo, y 12 de ciberagresiones a periodistas y portales de noticias.

«Bajo este marco, una tendencia preocupante y que ha cobrado fuerza en la labor del periodismo venezolano es la no denuncia luego de sufrir intimidaciones o amenazas», señaló la investigación de IPYS.

*Puedes leer el informe La Orquestación del Silencio: Estudio de Libertades Informativas completo aquí.

IPYS Venezuela presenta “Periodismo para revelar lo oculto: Historias locales sobre cleptocracia”
El site tiene como objetivo difundir reportajes sobre las irregularidades y la corrupción en entidades, como Bolívar, Carabobo, Cojedes, Monagas y Zulia

Las regiones venezolanas han sido el escenario de acontecimientos que mezclan la corrupción estatal y la opacidad, y que han puesto de manifiesto la cleptocracia en el país. En ese sentido, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela, presenta “Periodismo para revelar lo oculto: Historias locales sobre cleptocracia”, un site cuyo objetivo es develar, a través de investigaciones periodísticas, las irregularidades y la corrupción en torno a gobiernos regionales y obras inconclusas.

Los trabajos que se difundirán en el site provienen de regiones, como Bolívar, Carabobo, Cojedes, Monagas y Zulia. Uno de los proyectos ahonda sobre la inoperatividad del BTR Transmaracaibo, el sistema de transporte público que no moviliza a ningún pasajero desde 2018. Otra de las investigaciones trata sobre la venta del equipo de fútbol Mineros de Guayana, una transacción que involucra a la Gobernación de Bolívar, entonces dirigida por Francisco Rangel Gómez, y al grupo Traki.

Los daños en la salud y la naturaleza que dejan en Monagas el manejo ineficiente de los campos petroleros y la quema indiscriminada de gas natural, es también de los temas de los reportajes recogidos en “Periodismo para revelar lo oculto: Historias locales sobre cleptocracia”. Los trabajos que completan la lista están relacionados con la no conclusión de obras, como un Teleférico en Puerto Cabello para el que se invirtieron 5 millones de euros en 2013, y de siete subestaciones eléctricas en Cojedes, proyecto para el que se destinaron 190 millones de dólares.

Las investigaciones del site son el resultado de la primera cohorte de “Periodismo para revelar lo oculto”, un curso virtual de actualización en periodismo de investigación que fue completamente gratis y estuvo enfocado hacia periodistas de las regiones venezolanas. Tras un arduo proceso, la organización seleccionó los mejores reportajes y les proporcionó acompañamiento para su ejecución y publicación. Los trabajos contaron con la edición y la asesoría de la periodista de investigación Valentina Lares.

El curso “Periodismo para revelar lo oculto” fue dictado en el marco de IPYSve LAB, el naciente proyecto de formación e-learning de IPYS Venezuela que se encuentra bajo la dirección ejecutiva de Marianela Balbi, con la coordinación de la periodista Elvianys Díaz y el diseño del experto en educación e-learning, Eduardo Olmos.

Ipys: Encerradas, bloqueo de redes sociales en Venezuela
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela encontró que en los 272 días que corrieron entre enero y septiembre de 2019, el acceso a las plataformas de redes sociales desde Venezuela estuvo interrumpido en un 53%
El veto de las redes sociales en Venezuela responde a un patrón global en el que han aparecido rasgos del fenómeno de autoritarismo digital que amenaza la libertad en la red a escala global
El reporte publicado por IPYS relata cómo en Venezuela emergió y se hizo rutina un nuevo patrón de la censura digital que alcanzó el espacio de las redes sociales

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) encontró que en los primeros nueve meses de 2019, ocurrieron 144 episodios de censura, desde los servicios de internet tanto de operadoras estatales y privadas, que restringieron el ingreso, de manera temporal, por lo menos a 10 comunidades sociales en internet: unas de uso masivo como Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope; y otras de menor consumo y menos conocidas como Soundcloud, LiveStream y Real Streaming. 

Estos hallazgos se soportaron en las categorías del CitizenLab de la Universidad de Toronto, y las evidencias de bloqueos que están en el repositorio de datos del Observatorio Abierto de Interferencia en Internet (OONI), Netblocks, dos observatorios internacionales que monitorean la censura digital en distintos países. 

El veto de las redes sociales en Venezuela responde a un patrón global en el que han aparecido rasgos del fenómeno de autoritarismo digital que amenaza la libertad en la red a escala global. Esta preocupación se desprende del Índice 2019 de Libertad de la red, de Freedom House. Una de las base de datos de este medidor global también refleja que las medidas de censura a través de bloqueos fueron otros de estos patrones que pusieron en riesgo la libertad en la red.

El reporte de IPYS relata cómo en Venezuela emergió y se hizo rutina un nuevo patrón de la censura digital que alcanzó el espacio de las redes sociales, una barrera para la libertad en la red que también han aplicado otros países de distintos continentes con altos controles de contenidos en internet. 

El autoritarismo digital amenaza la libertad en la red a escala global, según lo publicado en el reportaje realizado por IPYS. Esta preocupación se desprende del Índice 2019 de Libertad de la red, de Freedom House, organización que se encarga de hacer mediciones sobre las condiciones de los derechos digitales en el mundo y llegó a la conclusión de que “la libertad de internet está cada vez más en peligro”. Sus analistas advirtieron que estas plataformas han sido intervenidas con acciones represivas, a pesar de que internet se ha convertido en un espacio necesario e importante para la deliberación pública. 

Freedom House detectó varias amenazas, entre 2018 y 2019, y una de ellas fue el fenómeno de cooptación en redes sociales y otras plataformas de internet a través de estrategias de vigilancia masiva, control de datos personales, contenidos de odio o violentos. Un juego en el que estuvieron involucrados actores de poder. También, en diferentes países hubo hechos de contaminación del espacio digital a través de contenidos falsos, manipulados y que alientan la desinformación. 

Una de las bases de datos de este índice global también refleja que las medidas de censura a través de bloqueos fueron otro de estos patrones que pusieron en riesgo la libertad en la red. 

Las políticas de recurrentes obstáculos de acceso a internet, violaciones de derechos humanos en línea y también medidas de control de contenido que derivan en censura, hicieron que Venezuela continuara con la etiqueta de país no libre en internet y obtuviera 30 sobre 100 en el medidor de libertad en la red entre 2018 y 2019. Esta calificación ubicó a este país en el puesto número 14 y fue uno de las naciones con mayores controles en materia de derechos digitales.

En la lista de los 65 países que monitoreo Freedom House para este índice, Venezuela fue el segundo -después de Etiopía- con más precariedades de conectividad digital; y estuvo en el grupo de los 20 países con los riesgos más altos por las frecuentes violaciones a los derechos humanos en línea, las medidas de control de contenidos y censura digital. 

 

El recurrente bloqueo a las plataformas de redes sociales, sobre todo a lo largo de 2019, fue una de las evidencias de mayor preocupación que destacó la investigadora de Freedom House para Venezuela, Raisa Uribarri, quien es periodista, docente e investigadora académica jubilada de la Universidad de Los Ándes (ULA). 

Comunidades no libres

Soportados en la categorías del CitizenLab de la Universidad de Toronto y del Observatorio Abierto de Interferencia en Internet (OONI), IPYS Venezuela encontró que estos bloqueos fueron frecuentes y restringieron el acceso de manera temporal a 10 comunidades sociales en internet. Unas de uso masivo como Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope; y otras de menor consumo y menos conocidas como Soundcloud, LiveStream, Real Streaming, Reddit y Fotki.

Los resultados indican que en los 272 días que corrieron entre enero y septiembre de 2019, el acceso a estas redes sociales desde Venezuela estuvo interrumpido en 53% de estos días debido a los bloqueos digitales, según las evidencias reportadas por las plataformas de OONI y Netblocks, dos observatorios internacionales que monitorean la censura digital en distintos países.

Este fenómeno que se había dado en Venezuela en contra de sitios web principalmente de noticias, entre 2013 y 2018, escaló de manera masiva a las redes sociales. Estas ventanas de conversación digital funcionaron como compuertas que se abrieron y se cerraron de manera arbitraria, de acuerdo a la intensidad de la conflictividad política nacional. 

Por la recurrencia de los bloqueos, el lapso más álgido fue de enero a mayo, cuando ocurrieron 124 del total de estos incidentes y la mayoría de ellos coincidieron con alocuciones públicas de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, a propósito de protestas y sesiones parlamentarias, según lo refleja la base de datos de IPYS Venezuela y también lo refiere el análisis de Raisa Uribarri en el informe de Freedom House. 

 

Entre junio y septiembre, hubo menos movilizaciones por protestas políticas lideradas por la oposición, y en ese tiempo también disminuyeron los bloqueos, pero no desaparecieron. En esos meses se reportaron 20 hechos de censura que afectaron las redes sociales. 

Uno de los días más álgidos en cuanto a la censura de las redes sociales en Venezuela fue el 30 de abril, el día en el que una alocución por Periscope madrugó a los venezolanos. Hablaban frente a una cámara y transmitían en vivo para las redes Juan Guaidó y Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular quien hasta ese día tenía casa por cárcel. Luego de sus declaraciones en las que hacían un llamado al sector militar e convocaban a los ciudadanos a salir a concentrarse en las calles, hubo barreras de acceso desde servicios de internet fijos y móviles, que interrumpieron la navegación a lo largo del día en cinco plataformas: Periscope, Twitter, Youtube, Instagram y Facebook. 

Según Netblocks las fallas persistieron a lo largo de toda la jornada hasta antes de las 9 de la noche, previo a las declaraciones televisadas que ofreció Nicolás Maduro, para dar el parte oficial a propósito del llamado a las fuerzas militares con el que despertaron Guaidó y López, frente a la base aérea de La Carlota en Caracas.

La red social más bloqueada

Youtube fue la plataforma más bloqueada. En estos nueve meses la biblioteca de vídeos más importante a escala digital fue bloqueada en 42 oportunidades. Esto indica que tres de cada 10 bloqueos a las redes sociales se dirigieron en contra de Youtube. Las mayores afectaciones las experimentaron los usuarios que navegaban conectados desde el principal servicio de internet del país, que lo ofrece la empresa Cantv, proveedor desde el que se reportó 83% del total de bloqueos, que suman 35 incidentes. En menor medida, también hubo episodios de censura de Youtube cuando los usuarios navegaban desde los servicios móviles de Movilnet, Digitel y Movistar.

Youtube, según las evidencias de OONI, presentó obstáculos que se ejecutaron a través del bloqueo por TCP/IP, que se pueden entender como “prohibiciones para consultar páginas web, declarando como ilegal el IP o el TCP, que funcionan como un número de localizador o un puerto asignado a cada usuario para su conexión a internet. De esta manera los bloqueos no solamente se dirigen a las páginas web sino que se han ampliado para interferir la consulta directa de contenidos por parte de los usuarios”, según determinó IPYS Venezuela en la investigación Intercortados. Este tipo de bloqueos funcionan de manera masiva, según explica Luis Serrano, desarrollador web y coordinador de Redes Ayuda.

Soundcloud, una comunidad en la que se comparten cápsulas de audio, fue la segunda red social sobre la que se sintió con mayor fuerza el impacto de la censura. Este contenedor sonoro fue bloqueado en 21 ocasiones, y los meses de mayor recurrencia fueron marzo y mayo. Estas fallas interrumpieron la experiencia de navegación de los usuario conectados desde Cantv y su frecuencia fue mayor entre el 28 de febrero y el 30 de abril. 

En el orden de la lista de las bloqueos redes sociales siguió Twitter, 15 veces bloqueada, y continuaron Live Stream (15), Instagram (12), Facebook (12), y otras como Real Stream, Reddit, Fotki (15).

Lee el reporte completo en: IPYS Venezuela. 

Transparencia Venezuela: Mujeres fueron relegadas en juntas directivas de empresas propiedad del Estado

EN REITERADAS OCASIONES LOS MANDATARIOS HUGO CHÁVEZ Y NICOLÁS MADURO se autodefinieron feministas e insistieron en la necesidad de visibilizar a las mujeres e incluirlas en áreas y funciones que estuvieron destinadas principalmente a los hombres, sin embargo, al momento de escoger a las máximas autoridades del conglomerado de Empresas Propiedad del Estado los gobernantes no pensaron lo mismo.

De acuerdo con la investigación Empresas Propiedad del Estado Fase II, realizada por Transparencia Venezuela y presentada en noviembre de 2018, de las 226 compañías de las que se conocen sus juntas directivas, solo 81 cuentan con mujeres en altos cargos.

Los datos de cada una de las empresas pueden ser consultados en Vendata, la mayor plataforma de datos abiertos en el país, promovida en alianza por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) y Transparencia Venezuela.

La información publicada en Vendata además refiere que del grupo de empresas que informan sobre la composición de su junta directiva, 26 tienen a una mujer como la máxima autoridad. Es decir, que solo 12% de las compañías son presididas por mujeres.

Irregularidades sin género

Los datos también demuestran que hay mujeres que presiden empresas estatales y al mismo tiempo ejercen otros cargos dentro de la administración pública, una práctica irregular que se ha vuelto común en los últimos 20 años en Venezuela y que resta oportunidades a otras personas.

Destaca el caso de Yomana Koteich Khatib, quien es ministra de Comercio Exterior y además preside el Banco de Comercio Exterior y el Centro Nacional de Comercio Exterior, según se publicó en la Gaceta Oficial N° 41.422. de fecha 19 de junio de 2018, que también puede ser consultada en Vendata.

Los datos indican que las empresas lideradas por mujeres pertenecen a los sectores agroalimentario, manufactura, minería, metalurgia, financiero, salud, comunicaciones, hidrocarburos y transporte.

La mayoría de las empresas dirigidas por mujeres fueron creadas o confiscadas durante los gobiernos de Chávez y Maduro, y se encuentran operativas, al menos por lo que se pudo comprobar cuando se realizó la investigación de Empresas Propiedad del Estado fase II.

El alto nivel de opacidad y secretismo gubernamental ha impedido conocer las juntas directivas del resto de las Empresas Propiedad del Estado. Las compañías no rinden cuentas y los ministerios a los cuales están adscritas no publican su Memoria y Cuenta desde el año 2015.

Mucho por hacer

La información registrada en Vendata en torno a la presencia de mujeres en juntas directivas de las EPE es un dato más que pone en evidencia que, contrario al discurso del chavismo, la participación femenina en altos cargos de empresas del estado es muy baja. Otra muestra de que la reivindicación de las mujeres, sus derechos y oportunidades terminó en mucha retórica y pocos resultados.

El enfoque de género en políticas públicas sirvió para entorpecer procesos electorales, pero no para disminuir, por ejemplo, los altos índices de embarazo adolescente que Venezuela encabeza en toda la región. Se les dio una mayor participación a las mujeres en escenarios políticos pero las instituciones carecen de políticas públicas con enfoque de género: no existen indicadores de salud reproductiva y materna, tampoco se profundizó en otros temas clave como trabajo productivo y reproductivo, división sexual del trabajo, necesidades prácticas e intereses estratégicos por género y transversalización del enfoque de género.

En el contexto actual, lo que vemos es una feminización de la pobreza, dado el deterioro de las condiciones de vida en términos de pobreza por ingresos que afecta a la mayoría de las mujeres en muchas áreas esenciales para su desarrollo: social, laboral, familiar.

Crear en el 2009 un Ministerio para la Mujer no fue suficiente.

Ipys Venezuela: Enero 23 y 24 | La censura y la cautela informativa marcaron la agenda política en Venezuela

CENSURA DE CANALES EXTRANJEROS, cautela informativa en impresos, silencios televisivos, limitación de opiniones en la radio, bloqueos en internet y con baja velocidad para la navegación fueron los elementos que compusieron la ecuación de libertad de expresión en Venezuela durante el 23 y el 24 de enero, cuando IPYS Venezuela también reportó 16 casos de restricciones para el ejercicio periodístico.  

La juramentación no fue televisada

La censura y la cautela informativa dominaron la agenda política venezolana. Los últimos sucesos estuvieron marcados por el bloqueo del Canal 24 horas, televisora chilena. Desde la tarde del 24 de enero, el canal se encuentra “no disponible”, desde el servicio de Directv, una de los principales servicios de televisión por suscripción del país. Se conoció que el hecho ocurrió luego que esta estación televisiva cediera espacio para retransmitir la señal del canal colombiano NTN24, que originalmente ha estado censurado en Venezuela desde febrero de 2014.

Durante el 23 de enero, estos medios dedicaron espacios para difundir información sobre las movilizaciones de calle y las decisiones políticas que se han tomado en Venezuela en las últimas horas. Esta es la séptima televisora extranjera retirada del aire en los servicios televisivos por suscripción del país en los últimos 5 años.

Diosdado Cabello, en su programa Con el mazo dando, transmitido la noche del 23 de enero, dijo: “Directv volvió a abrir NTN24, otra vez. Mi camarada director de Conatel: desde aquí le pedimos que llame a los compañeros de Directv, que es una empresa que no es venezolana, y exija que aquí en Venezuela no pueda haber canales que estén atacando a nuestro pueblo todos los días y quieran generar una guerra en Venezuela. Y si Directv se quiere ir, que se vaya”.

El 24 de enero también estuvo marcado por decisiones de emisoras de radio dirigidas a aminorar los espacios de opinión y de análisis frente a la coyuntura política que vive el país ante la juramentación del nuevo presidente de la República en encargaduría, Juan Guaidó -quien contaba con el reconocimiento de 22 país para el momento-, en paralelo al mandato de Nicolás Maduro.

Ese mismo día, César Miguel Rondón, conductor del espacio estelar de opinión de Éxitos FM, del Circuito Unión Radio, anunció al aire que no podía profundizar en el análisis de los asuntos político del país, “porque las circunstancias no lo permiten”. Rondón solo tuvo espacio para la lectura de contenidos informativos disponibles en la prensa y medios digitales del país y del extranjero, que reseñaban lo ocurrido el 23 de enero en Venezuela.

IPYS Venezuela hizo seguimiento a este hecho y determinó que estas afirmaciones de César Miguel Rondón no quedaron grabadas en el respaldo digital de la web de la emisora y tampoco se pudo conocer si era una decisión propia del medio destinada a restringir las opiniones políticas o si obedecía a una orden oficial.

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Nelson Bocaranda: “El gobierno quiere que yo sienta lo que muchos de ellos sienten: que no pueden salir a ninguna parte”
Bocaranda está obligado a permanecer en Venezuela porque le anularon el pasaporte. “¿Tú sabes lo que es que no tenga la libertad de salir?”, dice a IPYS Venezuela para un video de la serie “Que nadie nos calle”


EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, el periodista Nelson Bocaranda se disponía a salir de vacaciones junto con su esposa Bolivia, cuando funcionarios de inmigración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía le retuvieron el pasaporte sin orden judicial. Bocaranda estuvo más de una hora retenido en el aeropuerto, y cuando fue a la oficina del Saime, ya en Caracas, los funcionarios sencillamente no le devolvieron el documento argumentando que en el sistema aparecía “anulado”

El periodista venezolano asegura en este video de la serie “Que nadie nos calle“, realizado por Instituto Prensa y Sociedad, que tuvo que salir en una oportunidad por seis meses del país porque querían obligarlo a revelar el nombre de la fuente que le suministró información sobre el cáncer del entonces presidente Chávez.

 

 

Ipys Venezuela lleva en marcha la campaña «Que Nadie Nos Calle», una serie de testimoniales que abordan historias relacionadas con violaciones de los derechos de los periodistas.

Para leer más ir al portal de Ipys Venezuela

IPYS Venezuela registra 31 demandas por difamación contra periodistas y medios

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La acción penal ejercida contra los reporteros de Armando.info es la número 31 que registra IPYS Venezuela, por los delitos de difamación e injuria, y que llegaron a los tribunales nacionales entre 2002 y 2017.

Estas demandas han sido ejercidas en su mayoría por funcionarios públicos y contratistas del Estado, contra 40 periodistas y representante de medios de comunicación.

El caso más reciente fue la causa contra Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, reporteros y editores de Armando.info, portal especializado en periodismo de investigación.

Los periodistas fueron acusados por el empresario colombiano Alex Saab, quien introdujo la demanda por los delitos “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”, de acuerdo al expediente al que tuvo acceso IPYS Venezuela en enero de 2018.

El hecho ocurrió luego de la publicación del reportaje “De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro”, que se difundió el 3 de septiembre de 2017, en el que los periodistas revelaron irregularidades en la importación estatal de alimentos en Venezuela, a través de negociaciones que involucran al Presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de la empresa Group Gran Limited, que ha suscrito contratos con el gobierno nacional, por más de 120 millones de dólares para la venta de toneladas de alimentos importados, de acuerdo a la investigación. La investigación encontró vinculaciones con otros funcionarios venezolanos, así como la relación con empresarios colombianos investigados por, supuestos, delitos de narcotráfico.

Este trabajo de investigación descubrió la relación de Alex Saab, cercano a la senadora colombiana Piedad Córdoba, con el negocio de la venta de las bolsas de comida que reparten los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en Venezuela, y que había sido denunciada anteriormente por la abogada y ex-fiscal general del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz.

La pena por estos delitos sería de dos a cuatro años de prisión y multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.), en el caso del delito de “difamación agravada continuada”. Mientras que el delito de “injuria agravada” es castigado con prisión de uno a dos años y multa de doscientas a quinientas unidades tributarias (200 U.T. a 500 U.T.), si el hecho se ha cometido haciendo uso de un medio público.  Saab acusa como principal responsable al periodista Roberto Deniz, autor del escrito y, de igual forma, responsabilizó a Poliszuk, Scharfenberg y Meza, por ser directivos del medio.

Patrón de demandas 

El caso más emblemático fue la demanda penal y civil contra David Natera y el periódico el Correo del Caroní, del estado Bolívar, del que él es dueño y editor. Luego de tres años de juicio el editor de este periódico local fue condenado por la justicia venezolana, y actualmente el periódico tiene abierta una causa civil, que supone una sanción económica que podrían llevar a la quiebra a esta empresa editorial. Yamal Mustafá, director de Primicia, otro periódico del Bolívar -y también contratista de la gobernación de la entidad- lo demandó por delitos de difamación luego que el Correo del Caroní publicara, entre 2012 y 2013, una serie de reportajes de investigación sobre hechos de corrupción en Ferrominera del Orinoco, principal empresa estatal, en los que estaba implicado Mustafá.

Este mismo patrón se aplicó en la demanda contra 22 directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, quienes fueron acusados por difamación agravada por Diosdado Cabello, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. La denuncia fue admitida y los tribunales ordenaron la prohibición de salida del país. En paralelo corre una demanda civil que implicaría sanciones económicas contra estas empresas mediáticas. Cabello ejerció esta acción penal luego de que estos diarios y portales replicaran una denuncia que lo implicaban en delitos de narcotráfico, que originalmente fue producida por el diario ABC de España.

 

Instituciones y periodistas denuncian desaparición del reportero Jesús Medina

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El periodista Jesús Medina, de la web Dólar Today, está desaparecido desde la tarde de este sábado, 4 de noviembre, cuando envió un mensaje de alerta a un colega. «Me agarraron, urgente», escribió antes de quedar incomunicado.

La denuncia fue publicada en Twitter por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y por el Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela (Ipys Venezuela), quienes exigieron al Estado respuesta ante el paradero desconocido del comunicador.

 

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edinson Lanza, se hizo eco del reclamo.

Hace un mes, Medina y dos reporteros extranjeros fueron detenidos por orden de Rigoberto Fernández, director del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, por supuestamente haber tomado imágenes del internado judicial. Los periodistas pudieron salir luego de que el Ministerio Público exigiera su liberación. Tras este hecho, el periodista venezolano indicó en su cuenta en Twitter que había sido víctima de amenazas por las fotos que publicó en la web sobre Tocorón.