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Soborno y abuso de autoridad son los delitos más cometidos por cuerpos de seguridad en las comunidades
El estudio reflejó que 47% de los consultados afirmaron que conocen de delitos cometidos por los cuerpos de seguridad, entre ellos sobornos, asesinato, trafico de armas y narcotráfico

 

 

Los sobornos y abusos de autoridad son los delitos que más cometen los cuerpos de seguridad del Estado, esto según el informe semestral “Vivir en Venezuela”, del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno (CIP). 

El estudio, publicado este miércoles, 26 de octubre, y realizado en 14 estados del país, se basó en una investigación comprensiva sobre cómo vive y resiste el venezolano una cotidianidad compleja. 

El estudio reflejó que 47% de los consultados afirmaron que conocen de delitos cometidos por los cuerpos de seguridad, entre ellos sobornos, asesinato, trafico de armas y narcotráfico, sin dejar de lado el abuso de autoridad, que es el segundo más reconocido por los entrevistados.

Entre los principales delitos identificados por las comunidades y que fueron perpetrados por los cuerpos de seguridad destacan: Sobornos (51.9%), abuso de autoridad (17.8%), robos (11.1%), asesinatos (8.9%), tráfico de armas (5.2%), y narcotráfico (5.2%). 

El informe del CIP determinó la presencia de bandas criminales en las comunidades estudiadas, en entidades como Zulia, Táchira, Guárico, Aragua, Bolívar, Sucre y Lara.

Entre los delitos comunitarios más documentados por el estudio destacan los robos, extorsiones y secuestros. 

En el estado Sucre, existe la trata de personas, según el informe. “Sí, una mujer y su familia se dedicaban a mentirle a jovencitas con falsas ofertas de trabajo en Trinidad y Tobago que terminaba en prostituirlas”, reflejó como comentario una persona encuestada.

Fallas en los servicios y delincuencia son los principales problemas en comunidades venezolanas

Según los resultados del informe, los servicios de agua, luz y gas representan un problema para el 90.1% de las personas entrevistadas durante todo el semestre.

En el período de tiempo estudiado, el 21.9% de las protestas que se produjeron estaban relacionadas con el agua potable. 26.7% por fallas eléctricas, 30.5% por aguas negras y 21% por la falta de gas doméstico. 

El estado de las vías, aseo, transporte y el alumbrado público, servicios que deberían ser garantizados por el Estado, presentan fallas que aquejan a las comunidades. 

Además de la presentación de los datos, el CIP lanzó oficialmente el Observatorio de las Dinámicas Comunitarias, una plataforma centrada en la presentación de una investigación basado en la convivencia humana.

*Puede leer el informe completo AQUÍ

Fallas en los servicios y delincuencia son los principales problemas en comunidades venezolanas
Sobre la delincuencia, los datos revelan que “con respecto al nivel de inseguridad, el 45% percibe que en su comunidad es grave o muy grave

 

El Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno (CIP) publicó este miércoles, 26 de octubre, el informe semestral “Vivir en Venezuela”. El estudio se basó en una investigación comprensiva sobre cómo vive y resiste el venezolano una cotidianidad compleja. 

El estudio, realizado en 14 estados del país, determinó que las constantes fallas en los servicios públicos y la delincuencia son los principales problemas en las comunidades venezolanas estudiadas. 

Según los resultados del informe, los servicios de agua, luz y gas representan un problema para el 90.1% de las personas entrevistadas durante todo el semestre.

En el período de tiempo estudiado, el 21.9% de las protestas que se produjeron estaban relacionadas con el agua potable. 26.7% por fallas eléctricas, 30.5% por aguas negras y 21% por la falta de gas doméstico. 

El estado de las vías, aseo, transporte y el alumbrado público, servicios que deberían ser garantizados por el Estado, presentan fallas que aquejan a las comunidades. 

Además de la presentación de los datos, el CIP lanzó oficialmente el Observatorio de las Dinámicas Comunitarias, una plataforma centrada en la presentación de una investigación basado en la convivencia humana.

La inseguridad es grave 

Sobre la delincuencia, los datos revelan que, “con respecto al nivel de inseguridad, el 45% percibe que en su comunidad es grave o muy grave.

Entre los principales delitos dentro de las comunidades encuestadas destacan: Robos (71.10%), tráfico de drogas (46.10%), extorsión (27.7%), prostitución (16.5%), secuestro (6.16%), sicariato (10%), homicidio (9.7%), hurto (8.7%), acoso sexual, violación (6.8%). 

47% de los consultados también expresaron que conocen de delitos cometidos por los cuerpos de seguridad, entre ellos sobornos, asesinato, trafico de armas y narcotráfico sin dejar de lado el abuso de autoridad que es el segundo más reconocido por los entrevistados.

Sociedad civil y gremios nacionales debatieron crisis de violencia e inseguridad en Venezuela
Representantes del Frente Amplio Venezuela Libre capítulo Táchira, expusieron la grave situación de violencia que azota a la entidad y los pasos fronterizos

Por medio del ciclo de encuentros «Más Ideas de Todos», sociedad civil y gremios de Falcón, Nueva Esparta, Táchira, Lara y Yaracuy debatieron grave crisis de violencia e inseguridad en Venezuela. Precisaron a través del encuentro que la unificación de todos los sectores de la nación y el aporte de ideas generarán soluciones cívicas y políticas para salir de la crisis humanitaria, de inseguridad y económica que vive el país.

Desde el estado Yaracuy, diferentes profesionales, dirigentes políticos y actores de la sociedad civil abordaron el tema de inseguridad que viven los ciudadanos, señalando que se deben ejecutar acciones cívicas de presión interna, que conlleven a la exigencia de acuerdos políticos para la inmediata solución de los graves problemas de los venezolanos.

Además, aseguraron que con estos encuentros cada sector debe crear propuestas válidas y positivas para generar una propuesta única de acción conjunta que permita el fortalecimiento del tejido social.

Por su parte, representantes del Frente Amplio Venezuela Libre capítulo Táchira, expusieron la grave situación de violencia que azota a la entidad y los pasos fronterizos. Recalcaron que es necesaria una propuesta que pare la ola de inseguridad que transitan los tachirenses.

 

Asimismo, líderes políticos y sociales de Barquisimeto, estado Lara, aseveraron que la clave para lograr acuerdos para alcanzar la democracia y libertad de Venezuela pasa por una unidad amplia, precisando también que durante el encuentro «Más Ideas de Todos» se busca soluciones a la crisis compleja que viven gran parte de los sectores de Venezuela.

*También puede leer: ¿Cómo usar VPN de forma segura para navegar en sitios bloqueados en Venezuela?

Autoridades aprueban el ingreso temporal de la policía a LUZ tras incremento de robos
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia autorizó la vigilancia de los cuerpos de seguridad dentro de las instalaciones durante el período de cuarentena por el COVID-19, debido al incremento de los robos

 

Las autoridades de la Universidad del Zulia (LUZ) aprobaron el viernes 8 de enero el ingreso de los funcionarios de los cuerpos de seguridad a las instalaciones de la casa de estudios para ejercer labores de vigilancia y resguardo durante el período de la cuarentena por el COVID-19, debido al incremento de los robos en el recinto universitario.

El Consejo Universitario declaró la emergencia en materia de seguridad, pues en 2020 se contabilizaron al menos 15 robos y en los primeros días de 2021 se registraron dos. 

La información se dio a conocer mediante un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la LUZ, en el que destacan que el resguardo interno de las instalaciones universitarias por parte de los efectivos policiales será coordinado por la Dirección de Seguridad Interna (DSI) de la casa de estudios.

Indicaron que se creará un comando unificado LUZ-Gobernación para ejecutar las acciones del plan de seguridad, que estará dirigido por el presidente de la DSI, Andry Sánchez, y el secretario de Seguridad Ciudadana del Zulia, Ricardo Lugo.

Según el documento, los cuerpos de seguridad también velarán por el resguardo de las adyacencias de la universidad y patrullarán los accesos a la casa de estudios. 

#MonitorDeVictimas / Mataron a un comerciante informal en La Hoyada
Desconocidos le propinaron un golpe en la cabeza y murió cuatro días después

Francisco Zambrano @franzambranor / Fotografía: Carlos Ramírez

De un traumatismo severo en la cabeza falleció el pasado martes 30 de junio, Raúl Díaz, de 66 años de edad. 

Su hermana Nelly Díaz, en la morgue de Bello Monte, aseguró que personas desconocidas atacaron a Díaz con un objeto contundente el pasado sábado 27 de junio a las 3:00 am en las inmediaciones de La Hoyada.

Fue llevado a un centro asistencial donde murió cuatro días después.

Díaz era comerciante informal del Mercado de Coche y vivía solo en una pensión en el centro de Caracas.

Dejó a una hija mayor de edad que emigró a República Dominicana.

 

el futuro de la juventud en sectores populares

 

 

 

#MonitordeVíctimas | La empresa privada: rendirse, esperar o participar. Una decisión para enfrentar la violencia en Venezuela

Por: Moisés Medina y Manuel Parejo

 

La concepción teórica del Estado moderno se basa en garantizar los derechos naturales de los individuos: el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Lamentablemente, las instituciones en Venezuela, principalmente el gobierno central, han fallado estrepitosamente en la garantía de dichos derechos. En particular, la seguridad ciudadana y el resguardo a la vida vista como un bien público, para el caso venezolano, es provisto de forma ineficiente, ubicando a la ciudad de Caracas como una de las más inseguras del mundo. No obstante, estas debilidades no solo han venido impactando negativamente a la cotidianidad del ciudadano venezolano, sino también a la empresa privada y su normal desenvolvimiento en sus dinámicas económicas.

 

La inseguridad también afecta a los comerciantes…

Según cifras del Monitor de Víctimas, tan solo en el Área Metropolitana de Caracas, desde el mes de mayo de 2017 hasta septiembre de 2019, se contabilizaron al menos 3.139 ciudadanos que fueron víctimas de la delincuencia. De este total, 321 mantenían una actividad económica que le permitía generar empleo a otros venezolanos. Es decir, en poco más de dos años, al menos 321 comerciantes y empresarios perdieron la vida a manos de la violencia criminal, esta cifra corresponde al 10,25% de las víctimas totales de la ciudad capital. En resumen, en promedio, 11 comerciantes pierden la vida mensualmente en Caracas.

Desmenuzando un poco más esta cifra, al menos 161 homicidios corresponden a móviles como: robo, secuestros, sicariato y balas perdidas producto de enfrentamientos; por lo que la criminalidad civil es responsable del 50% de las muertes violentas contra el gremio empresarial. Pero el dato alarmante es que en el restante 50% (160 homicidios), según las cifras del Monitor Víctimas, al menos 105 fueron asesinados por cuerpos de seguridad del Estado por medio de ejecuciones extrajudiciales, resistencia a la autoridad o violencia política. En ese sentido, el Estado venezolano no solo es ineficiente en su rol como proveedor de la seguridad ciudadana, sino que se convierte en un actor violento contra los comerciantes y empresarios, evidenciando la falla sistemática y crisis institucional que atraviesa el país.

 

La violencia y su impacto en la estructura de costos de las empresas

La inseguridad afecta a las empresas, en primer lugar, a través de sus estructuras de costos, pues en un contexto de alta inseguridad como el que se vive en Caracas y en todo el país, las empresas y comercios se ven obligados a tomar medidas para protegerse; por ejemplo, realizar cambios de cerraduras, candados y puertas, la instalación de cámaras, vigilancia privada, contratación de pólizas de seguros, etc. Por otro lado, frente a la amenaza directa a la vida, en muchos casos se ven obligadas a contratar escoltas o seguridad privada, lo cual impacta en los costos operativos de la organización y en definitiva en su competitividad. Asimismo, las pérdidas ocasionadas por la delincuencia, los robos y saqueos a las empresas, daños a las instalaciones, las erogaciones ocasionadas por la atención médica y/o psicológica de las víctimas, pérdidas de tiempo laboral, entre otras, son también factores que generan costos extraordinarios a la actividad económica privada. En definitiva, la inseguridad no solo afecta a la empresa privada “ex ante”, sino que también lo hace “ex post” del suceso. 

 

La violencia como reductor del PIB

Si analizamos desde un punto de vista macroeconómico esta situación, según la últimas cifras disponibles, publicadas en el sitio web del Banco Central de Venezuela, tenemos que, para el primer trimestre de 2017, la contribución del sector privado al Producto Interno Bruto (PIB) era del 50,6% mientras que, para el primer trimestre de 2019 el Sector Privado solo aportó el 44,8% del total del PIB; esta disminución de casi 6 puntos porcentuales en la incidencia de la actividad privada sucede, adicionalmente, en un contexto donde para el mismo periodo (I – 2017 / I – 2019), el PIB total cayó al menos 40%. 

De acuerdo a las cifras del Monitor de Víctimas, tan solo en Caracas para 2018, se registraron 1.353 homicidios en todo el año y en lo que va de 2019 hasta el mes de septiembre, se tienen 691 casos registrados. Aun cuando, no es tan sencillo cuantificar el impacto de la inseguridad ciudadana sobre la actividad económica privada, en un contexto de opacidad estadística y poca claridad institucional, cabe preguntarnos: si bien actualmente no existen condiciones económicas y jurídicas, ni mucho menos el resguardo a la propiedad privada, que establezcan un marco macroeconómico atractivo para la inversión y para la producción, ¿Cuál pudiera ser el rol de la empresa privada en la seguridad ciudadana?, ¿Cómo se trazan las agendas de cooperación público-privadas en estos temas?.

 

La iniciativa civil y privada en programas de prevención de la violencia

En sociedades que sufren altos niveles de violencia y conflictividad social, las fallas del Estado en la provisión de bienes y/o servicios públicos –en específico, la seguridad ciudadana y el derecho a la vida- surgen, cada vez con más frecuencia, la coordinación de proyectos y agendas de trabajo que involucran la participación ciudadana y la inversión del sector privado, en programas referentes a la prevención del delito y la atención de las comunidades y grupos etarios más vulnerables. 

La iniciativa Vamos Convive –perteneciente a Caracas Mi Convive- es un proyecto de prevención de violencia que se enfoca en el acompañamiento social y psicológico a jóvenes que se encuentran en entornos de alta vulnerabilidad y, por ende, en situación de riesgo.  En consecuencia, busca por medio de un empleo, expandir sus horizontes y brindarles un ambiente diferente que los transforme como individuos para así evitar que caigan en la delincuencia o futuros azotes de sus comunidades. Además, no solo les provee un ingreso fijo, sino que también les permite comprender el valor del trabajo, del esfuerzo personal, del aprendizaje y la satisfacción de los logros. Estos empleos son posibles gracias a las alianzas con diferentes empresas venezolanas decididas a brindar una oportunidad y colaborar de manera concreta con la prevención del delito.

En Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios desarrolla iniciativas como la Fundación ANDI y el Centro de Estudios Sociales y Laborales (CESLA) con incidencia en áreas afectadas por la violencia, generando oportunidades de empleos, formación y sensibilizando a la población sobre el rol de la empresa privada en el desarrollo del país. Otro ejemplo, ocurre en México, donde líderes empresarios del estado de Chihuahua, establecieron el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), una iniciativa sin fines de lucro para fomentar la participación ciudadana en temas de seguridad pública. Para ello cuenta con dos Asociaciones Civiles que son Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. y Fundación Ficosec A.C. Ellos han logrado invertir en fondos para la educación primaria de los hijos de los funcionarios policiales, equipamiento para los organismos de seguridad, planes de seguros de cobertura de salud y atención médica, entre otros.

De igual manera, los Bonos de Impacto Social (SIBs, por sus siglas en inglés), constituyen otro instrumento de inversión para mejorar el impacto de programas de prevención y rehabilitación social, apoyando iniciativas en la región que buscan disminuir la reincidencia entre los jóvenes, al mejorar las oportunidades de empleo y educación en Chile y Colombia principalmente. Con un modelo de pago por resultados, busca comprometer al gobierno, el sector privado y las organizaciones sociales en el desarrollo de alternativas innovadoras y efectivas para enfrentar los desafíos sociales.

 

La decisión final

Cuando la empresa privada se encuentra ante una situación de alta vulnerabilidad por los hechos delictivos, se enfrenta a tres decisiones excluyentes entre sí: (1) Rendirse: esto implica resignarse y cerrar las puertas de la empresa porque es inaguantable la situación; (2) Esperar: esto es, seguir siendo víctima de la delincuencia y la criminalidad hasta que esta, por acciones del gobierno, sea combatida eficientemente y el problema se resuelva, o (3) Participar: tomando acciones efectivas para formar parte de la solución, para mejorar su entorno y seguir generando progreso en el país.

Precisamente, la última alternativa descrita, es una invitación abierta a las empresas privadas que hacen vida en todo el territorio nacional, a creer en las soluciones intersectoriales, en la participación empresarial en el desarrollo de comunidades y actividades económicas de alto impacto social que, al final del proceso, se traducen en mayores beneficios económicos y un crecimiento de la empresa.

 

 

Caracas entre las cuatro ciudades más violentas de la región en índice del BID

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE es la región más violenta del planeta, con 39% de los homicidios, mientras que los robos triplican la media y concentra 41 de las 50 metrópolis más peligrosas, según un estudio del BID presentado este jueves en Santiago.

Con sólo el 9% de la población mundial, la región es la única del mundo donde la principal causa externa de muerte es el homicidio (52% de los fallecimientos). Las ciudades de Caracas, San Pedro Sula, San Salvador y Acapulco son las más violentas del orbe, con tasas de homicidios de 10 a 20 veces mayores que la media mundial, por encima de los 80 por cada 100,000 habitantes.

Los índices de violencia no ceden pese a los mayores niveles de desarrollo alcanzados en los últimos años. «En este sentido, la región es una anomalía», afirma el estudio «Crimen y violencia, obstáculos para el desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe», del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre 2004 y 2014, la mayoría de los países experimentaron tasas de crecimiento económico anual cercanas al 4%, en tanto bajaron sus índices de pobreza. Los ciudadanos, además, «se volvieron más saludables y alcanzaron un mayor nivel de estudios».

Pero «los indicadores más relevantes de incidencia delictiva, de victimización, y de percepción de inseguridad se mantuvieron elevados».

Y la poca confianza de la ciudadanía hacia las instituciones es otro factor relevante, por eso «es necesario crear instituciones eficientes, policías profesionalizadas y más cercanas al ciudadano», señaló a la AFP Nathalie Alvarado, directora de Seguridad Ciudadana del BID.

Mientras busca soluciones, América Latina se mantiene como la región más violenta del mundo: El 39% de los homicidios tienen lugar aquí, donde en menos de dos décadas se contabilizan más de 2.5 millones de homicidios, un 75% de ellos ocurridos con arma de fuego.

Y el futuro no es alentador. Si la situación y las tendencias se mantienen, se espera que la tasa de homicidios crezca de 22 asesinatos por cada 100,000 personas en 2017 a alrededor de 35 para 2030.

La tasa de robos es también altísima. Por cada 100,000 habitantes, la región registra 321.7 robos, mientras que la media es de 108.

Triste récord
La rápida y desordenada urbanización, el estancamiento de la productividad en las ciudades y el desempleo juvenil son los factores que estarían detrás de este triste récord, según el BID.

En la región, hay 7.1 millones de jóvenes desempleados y 15.1 millones que ni estudian ni trabajan. «La evidencia ha demostrado que un aumento del 1% en el desempleo juvenil conduce a 0.34 homicidios adicionales por cada 100,000 personas», según el informe.

Hay también «una banalización y normalización» de la violencia, advierte Lucía Dammert, experta en temas de seguridad de la Universidad de Santiago.

A lo anterior se suma la presencia del crimen organizado -expresado en bandas del narcotráfico, trata de personas y minería ilegal- junto con un alto uso de armas de fuego, sobre todo en Centroamérica.

«Con esa presencia de armas, hay un aumento de la utilización de la violencia para terminar con problemas cotidianos», explicó Dammert a la AFP.

Existe también en la región una baja legitimidad de la policía y la justicia. Solo 20 de cada 100 homicidios resultan en una condena, casi la mitad de la tasa global de 43 por cada 100.

«Tenemos que crear sistemas que no sean un obstáculo para la rendición de justicia ya que sentimos una gran impunidad en América Latina», comentó Alvarado.

Esa sensación de impunidad lleva a denunciar sólo el 45% de los delitos.

El reporte del BID, presentado en el marco de la 10º semana de la Seguridad Ciudadana desarrollada en Santiago, también alerta sobre el alto costo del crimen para la región: 3.5% de su PIB anual.

Combatir los delitos
Para combatir el crimen, el BID recomienda respuestas innovadoras centradas en labores de los municipios, en la anticipación de los delitos y el análisis de datos en tiempo real.

Bajar los índices de inseguridad «no es tarea fácil, pero estamos viendo en esta semana de la Seguridad que muchas ciudades de América Latina y muchos países han bajado las tasas de homicidios», remarcó Alvarado.

«Lo que tenemos que ver ahora es cuales son los elementos transformadores para que se hayan dado esas bajas» y asegurar desde el BID que ese conocimiento esté disponible para toda la región, concluyó.

#MonitordeVíctimas | 107 personas han sido asesinadas en 12 masacres en Bolívar desde 2016

@carlos_dhoy

DESDE EL AÑO 2016 HAN OCURRIDO UNA DOCENA DE MASACRES VINCULADAS CON LA EXPLOTACIÓN DE ORO en poblaciones ubicadas al sur del estado Bolívar, masacres que han cobrado la vida de 107 personas.

La última de estas matanzas ocurrió el pasado fin de semana cuando al menos siete personas fueron asesinadas en el sector El Bochinche, municipio Sifontes del estado Bolívar por supuestos integrantes de la organización guerrillera colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), aun cuando para las autoridades policiales venezolanas este caso sería parte de un enfrentamiento entre bandas criminales nacionales.

Según un conteo de informaciones periodísticas publicadas en los últimos dos años 12 masacres han sido perpetradas por grupos irregulares en el denominado Arco Minero del estado Bolívar, zona que prácticamente se encuentra en manos de bandas lideradas por los denominados pranes.

Según los reportes de prensa muchos de los crímenes múltiples ocurridos en esta zona estarían relacionados con dos tipos de enfrentamientos.

Por una parte según las autoridades la mayoría de los casos son consecuencia de guerras entre grupos armados rivales por el control de las minas.

Esta sería la causa de la masacre de El Bochinche donde la banda liderada por alias “El Coporo” habría atacado a sus rivales para hacerse del control de un yacimiento de oro.

Por otra parte en muchos de los casos de asesinatos múltiples ocurridos en el estado Bolívar se observa la participación de efectivos militares y policiales, quienes reportan haber sido atacados cuando realizaban patrullaje en la zona. El resultado de esas emboscadas es un número importante de decesos en las filas de quienes atacan y ninguno en las filas de los emboscados.

Una tercera opción que está cobrando fuerza es la participación de irregulares colombianos en el negocio minero. Grupos como el ELN, disidentes de las FARC, miembros de grupos paramilitares y miembros de las denominadas Bacrim, o Bandas Criminales estarían incursionando en la zona minera ante la ausencia o con la complicidad de los cuerpos de seguridad del estado.

Dos años de masacres

11 septiembre 2018 Once personas resultaron muertas en un enfrentamiento con comisiones del Ejército y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ocurrido en el sector El Triunfo

25 de Agosto 2018 Seis personas fueron asesinadas en el sector El Silencio, municipio Sucre del estado Bolívar

22 de agosto 2018 Es asesinado el índer indígena Misael Rondón

3 de Agosto 2018 Tres hombres mueren al hacer frente a comisiones mixtas que realizaban patrullaje en la mina El Salto eb el sector El Perú, al realizar revisiones en el área se localiza una fosa común con 14 cráneos humanos en su interior

5 de junio 2018 Cinco indígenas fueron asesinados en el sector San Luis de Morichal, municipio Sifontes del estado Bolívar

19 de mayo 2018 Cinco mineros mueren en un supuesto enfrentamiento entre bandas rivales ocurrido en el yacimiento La Janza en El Callao

16 de mayo 2018 Un enfrentamiento en una mina en el sector Caorín. Municipio Roscio del estado Bolívar deja seis personas muertas

10 de febrero 2018 En el yacimiento La Cicapra murieron 17 hombres y una mujer en una incursión de la brigada 51 de Infantería de la Selva.

9 Septiembre 2017 Mina Las Babitas, sector El Manteco, Municipio Piar 10 personas fueron asesinadas un operativo conjunto entre el Ejército y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

10 septiembre 2017 En el sector El Triunfo, municipio Sifontes del estado Bolívar, 11 personas murieron presunto enfrentamiento con organismos de seguridad del Estado.

8 de marzo 2016 Masacre de Tumeremo, 28 mineros desaparecieron, presuntamente asesinados por integrantes de la banda de El Topo, la noche del 14 de marzo de 2016, la labores de búsqueda de los mineros desaparecido de Tumeremo fueron dadas por concluidas con el hallazgo de 17 cadáveres