Por: Moisés Medina y Manuel Parejo

La concepción teórica del Estado moderno se basa en garantizar los derechos naturales de los individuos: el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Lamentablemente, las instituciones en Venezuela, principalmente el gobierno central, han fallado estrepitosamente en la garantía de dichos derechos. En particular, la seguridad ciudadana y el resguardo a la vida vista como un bien público, para el caso venezolano, es provisto de forma ineficiente, ubicando a la ciudad de Caracas como una de las más inseguras del mundo. No obstante, estas debilidades no solo han venido impactando negativamente a la cotidianidad del ciudadano venezolano, sino también a la empresa privada y su normal desenvolvimiento en sus dinámicas económicas.

La inseguridad también afecta a los comerciantes…

Según cifras del Monitor de Víctimas, tan solo en el Área Metropolitana de Caracas, desde el mes de mayo de 2017 hasta septiembre de 2019, se contabilizaron al menos 3.139 ciudadanos que fueron víctimas de la delincuencia. De este total, 321 mantenían una actividad económica que le permitía generar empleo a otros venezolanos. Es decir, en poco más de dos años, al menos 321 comerciantes y empresarios perdieron la vida a manos de la violencia criminal, esta cifra corresponde al 10,25% de las víctimas totales de la ciudad capital. En resumen, en promedio, 11 comerciantes pierden la vida mensualmente en Caracas.

Desmenuzando un poco más esta cifra, al menos 161 homicidios corresponden a móviles como: robo, secuestros, sicariato y balas perdidas producto de enfrentamientos; por lo que la criminalidad civil es responsable del 50% de las muertes violentas contra el gremio empresarial. Pero el dato alarmante es que en el restante 50% (160 homicidios), según las cifras del Monitor Víctimas, al menos 105 fueron asesinados por cuerpos de seguridad del Estado por medio de ejecuciones extrajudiciales, resistencia a la autoridad o violencia política. En ese sentido, el Estado venezolano no solo es ineficiente en su rol como proveedor de la seguridad ciudadana, sino que se convierte en un actor violento contra los comerciantes y empresarios, evidenciando la falla sistemática y crisis institucional que atraviesa el país.

La violencia y su impacto en la estructura de costos de las empresas

La inseguridad afecta a las empresas, en primer lugar, a través de sus estructuras de costos, pues en un contexto de alta inseguridad como el que se vive en Caracas y en todo el país, las empresas y comercios se ven obligados a tomar medidas para protegerse; por ejemplo, realizar cambios de cerraduras, candados y puertas, la instalación de cámaras, vigilancia privada, contratación de pólizas de seguros, etc. Por otro lado, frente a la amenaza directa a la vida, en muchos casos se ven obligadas a contratar escoltas o seguridad privada, lo cual impacta en los costos operativos de la organización y en definitiva en su competitividad. Asimismo, las pérdidas ocasionadas por la delincuencia, los robos y saqueos a las empresas, daños a las instalaciones, las erogaciones ocasionadas por la atención médica y/o psicológica de las víctimas, pérdidas de tiempo laboral, entre otras, son también factores que generan costos extraordinarios a la actividad económica privada. En definitiva, la inseguridad no solo afecta a la empresa privada “ex ante”, sino que también lo hace “ex post” del suceso. 

La violencia como reductor del PIB

Si analizamos desde un punto de vista macroeconómico esta situación, según la últimas cifras disponibles, publicadas en el sitio web del Banco Central de Venezuela, tenemos que, para el primer trimestre de 2017, la contribución del sector privado al Producto Interno Bruto (PIB) era del 50,6% mientras que, para el primer trimestre de 2019 el Sector Privado solo aportó el 44,8% del total del PIB; esta disminución de casi 6 puntos porcentuales en la incidencia de la actividad privada sucede, adicionalmente, en un contexto donde para el mismo periodo (I – 2017 / I – 2019), el PIB total cayó al menos 40%. 

De acuerdo a las cifras del Monitor de Víctimas, tan solo en Caracas para 2018, se registraron 1.353 homicidios en todo el año y en lo que va de 2019 hasta el mes de septiembre, se tienen 691 casos registrados. Aun cuando, no es tan sencillo cuantificar el impacto de la inseguridad ciudadana sobre la actividad económica privada, en un contexto de opacidad estadística y poca claridad institucional, cabe preguntarnos: si bien actualmente no existen condiciones económicas y jurídicas, ni mucho menos el resguardo a la propiedad privada, que establezcan un marco macroeconómico atractivo para la inversión y para la producción, ¿Cuál pudiera ser el rol de la empresa privada en la seguridad ciudadana?, ¿Cómo se trazan las agendas de cooperación público-privadas en estos temas?.

La iniciativa civil y privada en programas de prevención de la violencia

En sociedades que sufren altos niveles de violencia y conflictividad social, las fallas del Estado en la provisión de bienes y/o servicios públicos –en específico, la seguridad ciudadana y el derecho a la vida- surgen, cada vez con más frecuencia, la coordinación de proyectos y agendas de trabajo que involucran la participación ciudadana y la inversión del sector privado, en programas referentes a la prevención del delito y la atención de las comunidades y grupos etarios más vulnerables. 

La iniciativa Vamos Convive –perteneciente a Caracas Mi Convive- es un proyecto de prevención de violencia que se enfoca en el acompañamiento social y psicológico a jóvenes que se encuentran en entornos de alta vulnerabilidad y, por ende, en situación de riesgo.  En consecuencia, busca por medio de un empleo, expandir sus horizontes y brindarles un ambiente diferente que los transforme como individuos para así evitar que caigan en la delincuencia o futuros azotes de sus comunidades. Además, no solo les provee un ingreso fijo, sino que también les permite comprender el valor del trabajo, del esfuerzo personal, del aprendizaje y la satisfacción de los logros. Estos empleos son posibles gracias a las alianzas con diferentes empresas venezolanas decididas a brindar una oportunidad y colaborar de manera concreta con la prevención del delito.

En Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios desarrolla iniciativas como la Fundación ANDI y el Centro de Estudios Sociales y Laborales (CESLA) con incidencia en áreas afectadas por la violencia, generando oportunidades de empleos, formación y sensibilizando a la población sobre el rol de la empresa privada en el desarrollo del país. Otro ejemplo, ocurre en México, donde líderes empresarios del estado de Chihuahua, establecieron el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), una iniciativa sin fines de lucro para fomentar la participación ciudadana en temas de seguridad pública. Para ello cuenta con dos Asociaciones Civiles que son Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. y Fundación Ficosec A.C. Ellos han logrado invertir en fondos para la educación primaria de los hijos de los funcionarios policiales, equipamiento para los organismos de seguridad, planes de seguros de cobertura de salud y atención médica, entre otros.

De igual manera, los Bonos de Impacto Social (SIBs, por sus siglas en inglés), constituyen otro instrumento de inversión para mejorar el impacto de programas de prevención y rehabilitación social, apoyando iniciativas en la región que buscan disminuir la reincidencia entre los jóvenes, al mejorar las oportunidades de empleo y educación en Chile y Colombia principalmente. Con un modelo de pago por resultados, busca comprometer al gobierno, el sector privado y las organizaciones sociales en el desarrollo de alternativas innovadoras y efectivas para enfrentar los desafíos sociales.

La decisión final

Cuando la empresa privada se encuentra ante una situación de alta vulnerabilidad por los hechos delictivos, se enfrenta a tres decisiones excluyentes entre sí: (1) Rendirse: esto implica resignarse y cerrar las puertas de la empresa porque es inaguantable la situación; (2) Esperar: esto es, seguir siendo víctima de la delincuencia y la criminalidad hasta que esta, por acciones del gobierno, sea combatida eficientemente y el problema se resuelva, o (3) Participar: tomando acciones efectivas para formar parte de la solución, para mejorar su entorno y seguir generando progreso en el país.

Precisamente, la última alternativa descrita, es una invitación abierta a las empresas privadas que hacen vida en todo el territorio nacional, a creer en las soluciones intersectoriales, en la participación empresarial en el desarrollo de comunidades y actividades económicas de alto impacto social que, al final del proceso, se traducen en mayores beneficios económicos y un crecimiento de la empresa.