La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció este 11 de marzo un discurso sobre Venezuela en la 46° sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Allí señaló que, en su reciente presentación sobre Venezuela ante ese Consejo, reconoció «las medidas positivas adoptadas por el gobierno» de Nicolás Maduro. Además, aseguró que su oficina seguirá prestando asistencia técnica.
A continuación, resumimos su discurso en 21 claves:
Informó que continúan recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega.
Al recordar los anuncios de reformas policiales, pidió que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica.
Manifestó que «el acceso a servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria».
Refirió, citando lo dicho por algunas organizaciones, que el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año.
Indicó que alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Recordando el naufragio de Güiria, apuntó: «La muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes».
Dijo que el Fiscal General denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas.
Saludó las soluciones ad hoc adoptadas para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento en centros de detención: «Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos».
Expresó preocupación por los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades.
Sumó que garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco.
Reiteró su llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente.
Añadió: «Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONG, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos».
Aseguró que le inquietan crecientes signos de reducción del espacio cívico.
La oficina de Bachelet ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios
Denunció que, en la actualidad, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria. Más ONG siguen siendo investigadas por motivos similares.
También denunció que en enero se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones.
En esta misma línea, agregó: «Esto no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales».
Afirmó que, en la jornada electoral de diciembre, su oficina documentó al menos 15 casos de intimidación y acoso a periodistas, y se documentaron declaraciones que condicionaban el acceso a los programas sociales al ejercicio del voto.
A propósito del próximo ciclo electoral, recordó a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes.
Señaló que el nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones.
Cerró su intervención indicando que apoya un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales.
Información del Centro para los Defensores y la Justicia (@DefensoresDDHH_)
