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Verifícalo será la herramienta de los ciudadanos para confirmar la información

EL PRÓXIMO 3 DE MAYO SE PRESENTARÁ a la sociedad civil venezolana la aplicación “Verifícalo”, durante un evento que se realizará a partir de las 10 de la mañana en el Impact Hub, en la torre Parque Ávila, en la avenida Francisco de Miranda en Caracas.

Ante la proliferación de noticias falsas y la desinformación en Venezuela y el mundo, así como la necesidad de confirmar, la alianza de medios integrada por Runrun.es, Tal Cual y El Pitazo, Chicas Poderosas Venezuela y SDI Consultores, con el apoyo de la Embajada Británica en Caracas, promovió la creación de una novedosa herramienta de fact-checking llamada “Verifícalo”, que permitirá a la sociedad civil venezolana corroborar si una información es falsa, cierta o híbrida.

Jeanfreddy Gutiérrez, coordinador de Verifícalo, explicó que se trata de una herramienta que permite empoderar a los ciudadanos a través de la verificación de noticias de dudosa procedencia. ”Por lo tanto, cada vecino, activista, hombre o mujer, o persona que está en un grupo de WhatsApp, podrá ser un replicador de noticias verificadas sin intervención directa de un periodista y, en consecuencia, es una oportunidad para que la sociedad civil reciba el reconocimiento dentro de su círculo social a través del uso responsable de la tecnología”.

Para la conceptualización y elaboración de esta herramienta participó un equipo multidisciplinario, integrado por Vanessa Moreno Losada, Jeanfreddy Gutiérrez y Shari Avendaño, periodistas del portal de noticias Efecto Cocuyo, y Gina Domingos, diseñadora de este medio digital; Yorman Guerrero, periodista de la web informativa Prodavinci; el desarrollador web Carlos Vizcaya, y José Alejandro Molina, estudiante de comunicación social de la Universidad Santa Rosa de Lima. “Crear Verifícalo fue una experiencia realmente extraordinaria porque permitió que varias disciplinas se integraran en función de un mismo objetivo: que los ciudadanos tengan a su alcance una plataforma que les permita vencer la desinformación”, agregó Jeanfreddy Gutiérrez.

Carmen Riera, directora de SDI Consultores, precisó que esta herramienta se creó en cinco meses y fue producto de un Hackatón que se realizó el año pasado y que contó con la participación de periodistas, diseñadores y programadores. Consiste en crear canales de WhatsApp de cada medio de comunicación social “donde los usuarios podrán preguntar cuándo una información es verdadera, falsa o un híbrido. Estas preguntas se recibirán en las redacciones y se responderán dependiendo de si ya se tiene comprobada esa información o si se tiene que hacer una investigación al respecto”.

El embajador del Reino Unido en Venezuela, Andrew Soper, explicó que su país apoyó el diseño de la aplicación porque la desinformación y la circulación de “noticias” no verificadas constituyen “una amenaza a los fundamentos de la democracia”, pues “erosionan la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y generan incertidumbre y miedo en la población”.

El diplomático destacó que la herramienta forma parte de los esfuerzos internacionales del Gobierno británico en este ámbito, que es una prioridad para el Canciller Jeremy Hunt. ”Es una expresión de nuestra voluntad de seguir trabajando junto a nuestros aliados locales por la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo seguro en Venezuela”, expresó.

Finalmente, Soper manifestó su deseo de que la aplicación “contribuya a mitigar los efectos desestabilizadores y el alcance de algunas noticias falsas y rumores en Venezuela”, pero aclaró que esta es una labor compleja que requiere del esfuerzo conjunto de los ciudadanos y los medios de comunicación. ”El proyecto es nuestra contribución a esta tarea, pero debemos estar claros en que este es un proceso a largo plazo para fortalecer el acceso a la información veraz y la libertad de expresión”, afirmó.

La presentación de la aplicación “Verifícalo” contará con la participación de los periodistas César Batiz, Carmen Riera y Luis Carlos Díaz, quien conducirá la ponencia “La importancia de construir certezas”. Además, se contará con la participación del embajador Soper y la periodista Vanessa Moreno, en representación del equipo creador de la herramienta.

 

El Mañanero #26Sep: las 7 noticias que debes saber

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes en la ONU ayuda internacional para restaurar la democracia en Venezuela, donde a su juicio un “régimen represivo” de Nicolás Maduro ha declarado en bancarrota a la nación y ha sumergido a su pueblo en la pobreza.

mañanero vespertino Lo que debes saber

Acusados por boicot los 53 gerentes de Madeirense privados de libertad

Lluvias en el estado Vargas inundan las calles y dejan dos niñas muertas

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Cilia Flores, Padrino López, Delcy y Jorge Rodríguez son sancionados por EEUU

#MonitordeVíctimas | La Dolorita llora a su barbero tras ser asesinado por el FAES

 

mañanero vespertino Ve esto

Jorge Arreza intentó colarse en la reunión del presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su homólogo Iván Duque a la cual no fue invitado.


mañanero vespertino La cita

“Sanciones nada mas y nada menos que con la primera dama de Venezuela, nunca se había visto algo así, si me quieren atacar, ataquenme a mi, no se metan con la familia, no sean cobardes. Su único delito es ser mi esposa, como no pueden con Maduro se van con Cilia, pero tampoco van a poder con Cilia porque es una mujer fuerte, combatiente”, dijo Maduro. #24Sep.

Precio de @BarrilVenezuela es $69.93 base a WTI de  $72.17.

La noticia es la esperanza, por Sebastián de la Nuez

 

La hegemonía comunicacional continúa viento en popa. Ya no es un trapo rojo acá u otro más allá que se saca de la manga Nicolás Maduro en una cadena, no. Ahora se sabe que el chavismo ha sido, desde el principio, un gigantesco gobelino rojo y sofocante echado sobre casi un millón de kilómetros cuadrados para despistar al país democrático. El paquetazo de hace unos días fue solo otra puntada en el zurcido del gobelino, ya bastante desgastado, con el cual se estrenó Hugo Chávez en 1998

 

“El gobierno miente. No importa cuándo leas esto”.

Tuit fijado por Luis Carlos Díaz

 

 

@sdelanuez

 

Porque tiene la sartén por el mango —es decir, a las Fuerzas Armadas, al menos hasta nuevo aviso—, por su músculo petrolero —aún debilitado— y su cerebro cubano,  el grupo gubernamental sigue marcando la agenda informativa venezolana y manipulando las tendencias en algunas redes sociales. El espectro comunicacional es mayormente rojo, el control hegemónico sigue viento en popa y hay algo imposible de soslayar y es que, sea como sea, las decisiones gubernamentales afectan la vida de la gente, directa e inapelablemente. Esa es una condición esencial de la noticia: que el hecho afecte a un número extraordinario de personas dentro de un entorno determinado.

El paquetazo chavista anunciado por Nicolás Maduro ocupa los titulares en estos días, por encima del caso Requesens y por encima, también, del paro convocado por una parte de la oposición. Es justo que así sea pues el conjunto de decisiones afecta de manera decisiva el futuro de treinta millones de personas. Pero el país civilizado no tiene porqué permanecer, ahora, durante semanas, dándose cabezazos contra la pared. El país civilizado es capaz de producir su propia agenda informativa e imponérsela al grupo gubernamental.

Hay intersticios. La tecnología juega a favor del más inteligente, del más estratégico, del mejor preparado. Las reacciones al paquetazo son una bola de nieve que va adquiriendo forma de parálisis a medida que avanza y arrolla otras posibilidades de comunicación. Por cierto: hay un vídeo de José Guerra, una voz autorizada, que debería alcanzar records de viralidad pues dice todo lo que debe decirse sobre ese cúmulo de errores que ha decretado Nicolás Maduro.

Sin embargo, en la dispersa, atormentada y confundida opinión pública venezolana debería tomar mayor cuerpo aquella oferta informativa relacionada con el país posible. Sencillamente porque ese país posible se atisba claramente en los puntos de luz que han construido organizaciones no gubernamentales, universidades, grupos comunitarios, fundaciones, empresas. Ese país alternativo, cercano, plausible, está allí, dentro del infierno llamado Venezuela. Es un milagro. Y dentro de ese país alternativo, hay gente. Líderes, promotores sociales, educadores, activistas de diversas causas, intelectuales.

El autor español José Antonio Marina, en Las culturas fracasadas, alude al concepto de inteligencia social, capacidad que tienen las sociedades de ampliar las posibilidades vitales de sus ciudadanos. Por supuesto, debe haber muchas maneras de ampliar tales posibilidades vitales. Una manera simplista de resumirlas o compendiarlas, y dar la receta fácil para Venezuela, sería algo así como “ponga en práctica todo lo contrario a lo que ha hecho el chavismo durante estos veinte años”: tendría pleno sentido puesto que, haya sido adrede o no, el resultado de las políticas sociales en las últimas dos décadas ha sido, sin dudas, el socavamiento de las capacidades vitales de la sociedad en todo sentido, en todos los ámbitos.

Pero no es así de fácil dar fórmulas inapelables. La belleza de todo esto —la hay dentro de la tragedia— es que la manera ardua pero segura de fortalecer la sociedad, empoderándola con herramientas y no con dádivas, creando tejido social, se ha venido dando entre las malas noticias y a pesar de ellas. Sobre esas experiencias hay que poner una lupa. Son replicables. Sus prácticas deberán ser convertidas en políticas de Estado cuando esta pesadilla pase. Constituyen un haber sin desperdicio. Hay emprendimientos mediáticos como La vida de nos, que ponen de bulto la solidaridad del venezolano, los avatares de la emigración a marcha forzada, la valentía de la mujer criolla y los casos de reconciliación entre bandas de jóvenes en algunas barriadas. Esa línea de trabajo hay que ampliarla, favorecerla, mimarla. Que sea lectura obligada en las escuelas, al menos en las escuelas no vigiladas por el chavismo.

Hay, por otra parte, una vistosa documentación sobre violaciones a los Derechos Humanos y corrupción en portales que ejercen el periodismo de investigación asociados entre sí y con investigadores o medios de otros países: Armando Info, El Pitazo, Runrun.es, Crónica Uno; pero todo ello no basta. Hay que diseñar el país deseado desde ahora, y ese diseño no hay que inventarlo puesto que está en marcha. Los medios y las redes deben reflejarlo, eso sí.

En la Venezuela actual, la esperanza es noticia sobre todo atendiendo a lo que también es característico de lo noticioso: aquello que sorprende por oculto o desusado. Si la esperanza no encuentra difusión y enaltecimiento, la bola de desazón y desconcierto echada a andar con el paquetazo va a producir efectos secundarios, psicológicos y de otro tipo.

Ya lo dice Leonardo Padrón en sus tuits recientes, recordando la sempiterna retórica chavista, la de ocultar la verdad con palabras amañadas. Pone etiquetas grandilocuentes a una entelequia (“país potencia”) o disfraza al producto supremo del fracaso económico (“bolívar soberano”). Nada es verdad en el chavismo, todo es maquillaje, tergiversación y apropiación indebida, incluso del lenguaje. Es un error dividir la era chavista entre un antes y un después de la muerte del golpista. Ha sido todo el tiempo el mismo proceso, una contumaz línea tipo “Pallá es que vamos” con alguna que otra sinuosidad o traspiés pero sin jamás perder su norte. Por eso, este último paquetazo no es un paquetazo madurista. Es chavista. Todo lo que padece el país es obra y designio de Chávez, “el supremo”.

 

Panquecas sin harina ni huevos, por Ramón Hernández

SupermercadoVzla

En alguna parte, no en el Diario Vea, ni en Últimas Noticias, mucho menos en el panfleto gratuito de nombre Caracas o en Venezolana de Televisión y demás medios que integran la red de verdades oficiales, me enteré de los ecocidios intensivos y extensivos que perpetran empresas mineras y gambusinos solitarios en los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y sus vecindades.

Hasta cerca del Salto Ángel, la maravilla natural que tanto enorgullece a los venezolanos, han instalado campamentos para acometer la búsqueda de coltán, oro, diamantes o cualquier otro mineral precioso, metal o no, que cumpla con el esquema capitalista de dar ganancias que dupliquen al infinito la inversión, sin importar el impacto ambiental ni los daños al patrimonio nacional.

En toda la inmensa zona que abarca el denominado “arco minero” la actividad es efervescente. Todos los días llegan equipos, mangueras, bombas de agua, rastrillos, tiendas de campaña, cavas, cajas de whisky, caviar, perniles y muchas bateas de lavar oro. Obvio, como las minas son a cielo abierto, no se excavan túneles sino que van diluyendo el terreno con chorrerones de agua a alta presión y después con la bandeja se van apartando meticulosamente las pepitas amarillas. También se utiliza mercurio, otra técnica. Los dos procedimientos son mortales para el ambiente y los pobladores. La gran ventaja para el gobierno y sus funcionarios es que es una manera rápida de obtener dinero, de acumular capital, esa actividad que tanto demonizan en los manuales social-marxistas.

Un gran contraste. Mientras en las grandes y medianas ciudades, en los pequeños caseríos y pueblos de paso todos los días son iguales y no hay días “hábiles”, que es lo mismo un domingo que un martes, y, como escribió Gaby, el único propósito de cada quien es llegar vivos a casa y con algo que comer para la familia, la velocidad con la que se destruye la Gran Sabana y se contaminan los ríos casi supera la estadounidense para crear trabajos, empleos productivos. Solo en diciembre el número llegó a 140.000, pese a los mensajes desestabilizadores de Donald Trump por Twitter.

El mandón venezolano habla tres o cuatro horas diarias por cadena de radio y televisión, todavía no ha igualado el récord de su predecesor de no orinar en nueve horas y media, pero a pesar de los motores y motorcitos, de la enorme cantidad de fábricas, comercios y hasta kioscos de chucherías que han cerrado, no ha creado un solo empleo nuevo, duradero, sustentable, porque la “chamba juvenil” es un plan de becas sin pedir nada a cambio, ni notas ni aprendizaje, solo tener carnet de la patria, ese QR en el cual se transmutó el video de doble vía del Gran Hermano de 1984, la distopía de George Orwell, sin alardes literarios.

Pareciera que en los próximos meses la alternativa será morirse de hambre o ir a buscar oro o lo que sea, olvídese de los perniles, el combo de Navidad y el regalo de Reyes. Pero tampoco se ilusione. No es fácil ni barato. La poncherita para separar la arena del oro, y colar, le puede costar hasta 3 millones de bolívares; la balanza digital de joyero, 30 millones; agregue el triple en mangueras, bomba de agua, armamento, provisiones, cobija, chinchorro y ron, para nombrar lo más importante, aunque queda por sumar transporte y coimas a los guardias nacionales y demás pranes; todo eso no lo puede costear con sus prestaciones ni el ejecutivo mejor pagado de una transnacional que todavía cobre en bolívares.

Insisto, lo más seguro que se asoma en el horizonte es hambre pareja y más blablablá. No hace mucho tiempo decían que era muy exagerado remontarse a las hambrunas de Ucrania, de Corea del Norte, Camboya y China, que Venezuela tenía las mayores reservas de petróleo del mundo y nadie moriría de hambre. ¿Cuántos niños van? Mi amigo el emprendedor dice que será multimillonario si lograr convencer a los gourmets de que nada es más delicioso que una hamburguesa de petróleo crudo, un perro caliente con salsa de asfalto o una reina pepiada topless: sin mayonesa, sin pollo ni aguacate. Vendo utopía socialista y regalo la travesura de la razón de Hegel.

@ramonhernandezg

El Nacional

OVP hace un llamado a garantizar la integridad de los defensores de derechos humanos en Venezuela

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La Declaración sobre los defensores de los derechos humanos fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, con ocasión del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así lo recordó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien en un día como hoy destaca la importancia de velar por la integridad los defensores de derechos humanos en Venezuela.

“En esta declaración se destaca que todos tenemos una función que desempeñar como defensores de los derechos humanos, y además se presta atención al acceso a la financiación de sus organizaciones y al intercambio de información sobre las normas de derechos humanos. Asimismo, se enuncian algunos deberes concretos de los Estados y la responsabilidad de todos con respecto a la defensa de los derechos humanos, además de explicar su relación con el derecho nacional”, recalcó Prado.

En reiteradas oportunidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación por el uso indebido del derecho penal para criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos en Venezuela, tomando en cuenta que los principales obstáculos para desempeñar su labor son las agresiones, amenazas y hostigamientos; campañas de desprestigio; violaciones al domicilio, actividades de inteligencia; restricciones al acceso a la información, controles administrativos y financieros, e impunidad en las investigaciones de ataques sufridos por defensores y defensoras.

En tanto, las principales formas de criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos derivan de los pronunciamientos de funcionarios públicos que los acusan sin pruebas fidedignas de la comisión de delitos en la ausencia de decisiones judiciales. En el caso más cercano el Observatorio Venezolano de Prisiones enfrentó las acusaciones del entonces Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, hacia Humberto Prado, así como las continuas acusaciones perpetradas por Diosdado Cabello en su programa televisivo.

En ese sentido, Prado puntualizó que las declaraciones estigmatizantes en contra de los defensores de derechos humanos en Venezuela pueden llegar a lesionar tanto el derecho a la integridad personal, el derecho a la honra y dignidad y el principio de presunción de inocencia, deslegitimando su labor frente a la sociedad, por lo que exhortó al Estado Venezolano a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y otorgarles el máximo grado de garantías para cumplir con su función en beneficio del pueblo.

Por último, el director del OVP hizo un enérgico llamado a rechazar cualquier forma de violencia y promover la búsqueda de soluciones con absoluto apego a los derechos humanos, así como también felicitó a todos los defensores que día a día promueven la observancia y la defensa de los derechos humanos en el país. “No hay Democracia sin Derechos Humanos y no hay Derechos Humanos sin Democracias. Los Defensores representan la punta de lanza de las Democracias en el mundo y es un trabajo de Alto Riesgo”, puntualizó.

 

Odio recíproco, por Marianella Salazar

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En un contexto de crisis terminal como la que vivimos, el régimen aprueba una ley contra el odio para controlar el acceso a la información.

En Venezuela 17 millones de personas –según cifras de Datanálisis– están conectadas a Internet; 92% se informa a través de las redes y 83% lo hace por Twitter, que se ha convertido en un arma explosiva contra la censura. Hoy por hoy la población no tiene otro modo de acceder a la información sino a través de las redes sociales, especialmente el Twitter, que es la herramienta más democrática y veloz, donde se ejerce más la libertad de expresión; por eso, en el marco de la ley contra el odio, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, anuncia que Conatel regulará las redes a través de mecanismos tecnológicos, e impedirá que proliferen las políticas de odio, ¡censura pura y dura!, como sucede en China, donde bloquean desde el Twitter hasta el Whatsapp, como parte de una política de Estado, por la cual Pekín dicta lo que se puede ver y publicar en la red.

También en Irán la compañía estatal Telecom dispone de algo así como un botón que le permite apagar Internet y los teléfonos móviles.

En Cuba, una comisión interministerial restringe las noticias que se difunden a través de Internet para impedir que se use de forma contrarrevolucionaria. El organismo que aprueba las conexiones, Etecsa, aplica serias restricciones para que solo los turistas extranjeros y un grupo de privilegiados vinculados al gobierno puedan navegar por Internet. La blogosfera cubana padeció en la llamada primavera negra –2003– los efectos de una fuerte oleada represiva que culminó con 75 disidentes en la cárcel y 20 periodistas tuvieron que soportar condiciones inhumanas en prisiones por el solo hecho de ejercer un derecho tan humano como la libertad de expresión.

La ley contra el odio no solo establece multas de hasta 100.000 unidades tributarias para las personas que inciten o promuevan el odio, sino que podrán ser castigados con prisión de 10 a 20 años si fomentan discriminación o violencia contra una persona o conjunto de personas. Por instigación al odio y ultraje contra funcionario fue acusada y encarcelada en el Sebin por más de un año, la abogada Inés González Árraga, mejor conocida como Inesita la Terrible, por tuitear un mensaje que disgustó al gobierno; ella junto con otros seis “tuiteros” fueron arrestados y marcados como “los tuiteros del terror”. Inés González, actualmente en el exilio, recibió medida humanitaria de casa por cárcel cuando le fue diagnosticado un tumor uterino.

Esta ley contra el odio también es consecuencia de los llamados escraches que se volvieron virales a través de las redes. En el texto de esa ley ha trabajado el psiquiatra Jorge Rodríguez, que ha sido objeto de repudio, tanto él como sus hijos, en diversos puntos del planeta, donde son descubiertos por venezolanos que desahogan verbalmente en ellos todo el sufrimiento de una diáspora que sobrevive en países donde su existencia no es amenazada como en la Venezuela del socialismo del siglo XXI, que solo garantiza hambre, enfermedad y muerte.

El origen de tanta rabia hacia los jerarcas está en el sentimiento de humillación a causa de un grupo que hace sufrir hasta lo indecible a una población que muere de mengua o por falta de medicamentos y de futuro. El odio no es necesariamente irracional, forma parte de los instintos humanos; por eso resulta ilusorio eliminar con una ley cualquier agresividad o violencia que brota de la certeza de haber sido estafados, acosados y llevados al precipicio. El ministro psiquiatra lo sabe, desempeña su oficio burocrático con una sonrisita sarcástica que recuerda la aterradora película Psicosis de Hitchcock cuando muestra el vertiginoso abismo del mal.

@AliasMalula

El Nacional

Freedom House: Aumento de censura y bloqueos limitan internet en Venezuela

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El internet en Venezuela pasó a ser declarado “no libre”, según el informe anual que publica hoy la organización Freedom House. El acceso disminuyó debido al aumento de la censura, bloqueos y ataques técnicos contra medios y organizaciones no gubernamentales.

Muchos gobiernos de todo el mundo han aumentado drásticamente sus intentos de manipular la información en las redes sociales, lo que contribuyó a que este sea el séptimo año consecutivo de declive general de la libertad en internet. En América Latina se destaca el retroceso en Venezuela, México y Ecuador.

Las tácticas de manipulación y desinformación en Internet desempeñaron un papel importante en las elecciones de al menos 18 países, incluido Estados Unidos, lo que dañó la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus líderes sobre la base de noticias objetivas y debates auténticos, indica el documento, adelantado a la prensa.

El informe “Libertad en Internet 2017”, que se presenta este martes en Washington, se centra en el periodo que va entre junio de 2016 y mayo de este año, y evalúa la situación en 65 países, que suman 87% de los usuarios de internet en el mundo.

“La manipulación del contenido en línea contribuyó a un séptimo año consecutivo de disminución general de la libertad en internet, junto a un aumento de las interrupciones del servicio de internet móvil y un aumento de los ataques físicos y técnicos contra los defensores de Derechos Humanos y medios independientes”, concluye.

Los gobiernos de un total de 30 países desplegaron alguna forma de manipulación para distorsionar la información en internet, siete más que los 23 del periodo anterior.

“Los comentaristas pagados, trolls, bots, sitios de noticias falsas y medios de propaganda fueron algunas de las técnicas utilizadas por los líderes para inflar su apoyo popular y esencialmente avalarse ellos mismos”, indica el reporte.

La mayoría de los gobiernos se enfocaron en la opinión pública dentro de sus propias fronteras, pero otros buscaron expandir sus intereses en el extranjero, ejemplificado por una campaña de desinformación rusa para influir las elecciones estadounidenses.

Por tercer año consecutivo, China fue “el peor abusador” de la libertad en internet en el mundo, seguido por Siria y Etiopía.

Menos de una cuarta parte de los usuarios de internet del mundo reside en países donde la red se designa como “libre”, lo que, según los parámetros de Freedom House significa que no existen grandes obstáculos para el acceso, restricciones onerosas de contenido o violaciones graves de los derechos de los usuarios, como vigilancia sin control o repercusiones injustas por el discurso legítimo.

Desde junio de 2016, 32 de los 65 países evaluados en el reporte vieron deteriorada su situación y los retrocesos más notables los registraron Ucrania, Egipto y Turquía.

De México se denuncian las “prácticas de vigilancia ilegal” recogidas en las investigaciones que revelaron que el spyware del gobierno atacaba de manera abusiva a las personas involucradas en la investigación de la corrupción y los abusos contra los Derechos Humanos.

Y sobre Ecuador se señala que durante la campaña electoral de las presidenciales se piratearon cuentas de redes sociales de políticos, periodistas y activistas de la oposición para difundir desinformación.

Freedom House es una organización independiente con sede en Washington que da seguimiento al estado de la libertad, la democracia y los derechos humanos en el mundo.

#MonitorDeVíctimas | Apertura de nuevas morgues bloquea acceso a la información de homicidios en Caracas
Cobro de vacuna para el retiro de cadáveres, confusión de cadáveres, ruleteo de familiares, tardanza en la entrega de cuerpos y limitaciones en el acceso a la información son algunas de las irregularidades que se han registrado con la apertura de cuatro nuevas morgues en Caracas. El objetivo de descongestionar con eficiencia la antigua morgue de Bello Monte sigue siendo un reto

 

@nmatamoros

EN JULIO DE 2017 SE CONCRETÓ LA APERTURA de cuatro nuevas morgues para Caracas, anunciada en octubre de 2016 por el Ministro para las Relaciones, Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. La primera en abrir sus puertas fue la morgue de Coche, que funciona en un anexo del hospital Leopoldo Manrique Terrero, ubicado en la calle La Zea de esa parroquia. Le siguió la medicatura de El Llanito, instalada cerca del hospital Domingo Luciani y usada para la práctica exclusiva de exámenes forenses. Paralelamente se activó el servicio de medicina forense en una sede adjunta al hospital Ana Pérez de León II, que recibe los fallecidos en circunstancias violentas, provenientes del este de la ciudad. Recientemente inició operaciones la de Caricuao y solo ofrece exámenes forenses. Aunque la morgue de Bello Monte continúa en funcionamiento, los patólogos que allí laboran solo practican autopsias a los muertos por enfrentamientos.

A los pocos días de haberse concretado este nuevo sistema de distribución de los cadáveres “para mejorar la calidad del servicio”, algunas irregularidades han surgido. Una de ellas ha sido la exigencia de pagos por la entrega de cadáveres. Cobran hasta un millón de bolívares para agilizar la entrega de los cuerpos a sus familiares. El pasado 7 de julio, los funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) que laboran en Bello Monte, identificados como Katherine Castro y Gustavo Espejo, fueron capturados por agentes de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc, cuando pedían dinero a un deudo a cambio de la entrega de un cadáver.

El familiar de la víctima, indignado denunció el caso al Ministerio Público. En las investigaciones se determinó que a través de mensajes de texto, ellos negociaban pagos con familiares de otras víctimas, a pesar de que en las instalaciones de esta dependencia, adscrita al Viceministerio de Investigación Penal, fueron colocados afiches que indican que está “prohibido cobrar por tramitar la entrega de un cadáver”. Espejo, uno de los implicados, es hijastro del actual director del Senamecf, Coronel retirado de la Guardia Nacional, Carlos Enrique Fernández.

Un funcionario del Senamecf, quien prefirió mantener su nombre en reserva indicó que este tipo de prácticas ilícitas no se han detenido. “No hay supervisión. Los empleados extorsionan y los parientes de las víctimas no se atreven a denunciar por miedo. Los amenazan. Si se atreven a delatarlos ante la Fiscalía, a los medios de comunicación o a los cuerpos de seguridad, no entregan los cadáveres”, dijo.

Alí Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que hay formas de hacer una denuncia pública sin necesidad de que los nombres de quienes la formulen queden al descubierto. “A través de Provea pueden canalizarse. Ellos visibilizan los casos y hacen acompañamientos jurídicos para que las autoridades tomen acciones. Las irregularidades deben ser reclamadas sin miedo. Es la única forma de que este tipo de delitos no queden impunes”, dice el activista de derechos humanos.  

Desinformación deriva en ruleteo

El cobro ilegal es solo una de las fallas derivadas de la activación de las nuevas morgues. El ruleteo de cadáveres y familiares también se ha vuelto una práctica común. A los deudos de Yeison Urbano, quien el pasado 2 de agosto fue asesinado de varios disparos para robarlo en el sector Las Dos Bodegas de Mariche, les dijeron que su cuerpo había sido llevado a la morgue de Bello Monte. Allí los funcionarios informaron que el cadáver no fue trasladado a esa dependencia. No aparecía en la base de datos. Durante la mañana del 3 de agosto Pedro Urbano, padre de Yeison hizo un periplo por otras dos morgues. “Estaba desesperado porque necesitaba saber dónde estaba el cuerpo de mi hijo.

En Coche me dijeron que no lo habían llevado. De allí me fui hasta el Pérez de León, en Petare. Un funcionario que está en la puerta me atendió. Tenía una lista con las identidades de 10 cuerpos, entre ellos figuraba el de mi hijo. No fue sino hasta el día 4 de agosto en la tarde, cuando lo entregaron”, reseña el allegado.

A los parientes los controlan con canales de información restringidos en todas las instancias. Esto los convierte, según el vocero de la ONG, en víctimas por partida doble. Ellos no solo tienen que lidiar con el dolor de haber perdido un familiar en circunstancias violentas, sino también deben peregrinar por varias morgues para ubicar los cuerpos.

“El Senamecf debe habilitar en la página web una pestaña que muestre los números de cédula de los cadáveres que fueron ingresados a esas dependencias para que los allegados ubiquen a sus deudos de forma rápida”, propone Daniels.

Según el comisario, Luis Godoy, ex jefe de Homicidios del Cicpc y hasta ex coordinador nacional del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses, en la morgue de Bello Monte se ofrecía todos los domingos ruedas de prensa sobre el número de cadáveres que eran ingresados durante la semana. “Precisaba cuántos eran trasladados por homicidios, suicidios y por accidentes de tránsito. También notificaban de aquellos que no habían podido identificar y daban información sobre algunas características físicas para que sus allegados los localizaran. Bajo este mecanismo, se establecía un control y no había cabida a ruleteos, ni a confusiones como las que se registran actualmente”, recuerda Godoy.

Tres semanas antes del incidente reportado con Yeison, los familiares de Juan Ernesto Calofré, víctima de la violencia, tuvieron que hacer varios recorridos para localizarlo. A Juan Ernesto lo habían asesinado la mañana del 10 de julio, a pocos metros de la estación Capuchinos del Metro de Caracas. Lo mataron para quitarle un celular que había comprado un mes antes del crimen. Tras enterarse de lo ocurrido por un conocido que avistó el cadáver en la vía pública, su padre Manuel

Calofré, acudió a Bello Monte. Allí a través de un celular, dos funcionarios les mostraron las imágenes de los muertos que fueron trasladados ese día. Su hijo no estaba allí. Se trasladó a Coche y le dijeron que tampoco había sido llevado a esa dependencia. Visitó el Pérez de León y nuevamente regresó a Bello Monte y no había noticias sobre el paradero del cuerpo de su hijo de 25 años de edad. La mañana del 12 de julio acudió a Coche y le confirmaron que el cadáver sí estaba allí. “Pague varias carreras de taxi en recorridos infructuosos. Estaba angustiado, me imaginaba que mi hijo fuese enterrado en una fosa común como un perro sin amo. Este tipo de errores, no tiene nombre. Juegan con la paciencia y el dolor de los deudos”, dijo.

Calofré no piensa formular la denuncia ante el Ministerio Público porque no cree en la justicia. “Planteó el caso y qué. ¿Van a destituir a los funcionarios que negaron que mi hijo se encontraba en la morgue de Coche?. No creo, en este país estos casos quedan así. No hay quién repare el daño causado”, expresa el afectado.

El día 13 de julio el cuerpo de Calofré fue entregado. Sus parientes no pudieron velarlo porque estaba en proceso de descomposición. La cava donde lo habían depositado, mientras tramitaban su retiro, se dañó. No pudo conservarse. “No lo pude velar. Hasta eso me fue negado. No sé quiénes lo mataron, ni lo sabré porque estos homicidios quedan impunes. Y,  por estar de un lado a otro, no tuve tiempo de darle un funeral digno, de despedirlo como quería”, dice Calofré, invadido por un sentimiento de impotencia.   

Morgue El Llanito

Morgue en El Llanito. Foto: AVN

Confusión de cadáveres

El caso de la familia Arriechi Ramírez rebasó las irregularidades en la entrega de cuerpos. Los padres del niño Luis Arriechi estuvieron a punto de enterrar un cadáver que no era el de su hijo. Diana Ramírez, madre del pequeño relató que la mañana del 2 de junio de 2017, el pequeño se encontraba con su tía haciendo la cola para comprar pan, frente a un establecimiento, ubicado en El Cementerio. Cuando la tía dio la vuelta, el niño que se había alejado para orinar, no regresó. Lo buscó entre las personas de la fila y no lo halló. Fue reportado como desaparecido. El 7 de julio, su madre recibió una llamada de parte de funcionarios del Cicpc. Le notificaron del hallazgo del cuerpo de un niño en Caucaguita. El cuerpo fue tiroteado y quemado. El cadáver tenía una cicatriz en la mejilla y una cortada en la pierna.

El hijo de Diana Ramírez reunía características similares. Eran muchas coincidencias. La desaparición del niño había sido denunciado ante los medios de comunicación, un representante del Idena había visto la noticia y al ver la fotografía del pequeño, se dio cuenta que el niño estaba vivo y recluido en una institución de protección en Los Chorros. Se comunicó con el esposo de Diana, quien acudió para verificar la noticia. “Faltaban dos horas para enterrar a un cuerpo que no era el de mi hijo”, relata la mujer.

Solo una disculpa recibieron los padres de Luis por parte del Senamecf sobre lo ocurrido. “No investigaciones, ni culpables. No hicimos presión para ello porque la alegría de saber que nuestro hijo estaba vivo, ocupó nuestra atención”, manifiesta Diana Ramírez. La gravedad de lo sucedido, en la opinión del Daniels, ameritaba que el personal a cargo de la autopsia fuese destituido y sometido a un proceso de averiguación. “Un hecho de este tipo es pagado con cárcel en una sociedad donde los derechos humanos son respetados”, dice el especialista.

Para José Monque, patólogo y ex director de la Morgue de Bello Monte, este tipo de casos son un ejemplo de desorganización y falta de información del personal. En las morgues habilitadas, a su juicio, debe haber unas oficinas de atención que manejen una base de datos detallada sobre los cadáveres. “quiénes son, su edad, el móvil del crimen, en caso de que sea un homicidio o la presunta causa de muerte, si está en investigación, o por identificar. “El personal debe recibir un adiestramiento para manejar esa información y tratar con los dolientes, de lo contrario las fallas persistirán”, advierte.

Ocultamiento de cifras

El plan de descongestionamiento y descentralización de la morgue de Bello Monte, si bien puede ser positivo, podría llevar implícito un objetivo que dista de optimizar el servicio forense: el ocultamiento de las cifras de homicidios. Entre el 1ro de mayo y el 31 de agosto de 2017 Monitor de Víctimas registró 637 homicidios en el Distrito Capital (municipios Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre), mientras que en 2016 esa dependencia tuvo una tasa 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 3.065 casos.  

Para el comisario Godoy, ocultar cifras forma parte de una política de Estado del actual gobierno. La distribución de los cadáveres es una barrera que impide llevar un conteo preciso de los cadáveres. “No hay interés en que se conozca el número de homicidios porque el gobierno es objeto de críticas sobre su gestión en materia de seguridad, y en lugar de buscar soluciones, opta por cerrar el acceso a la información”. Los jefes de las diversas divisiones del Cicpc ofrecían periódicamente una data sobre los homicidios, robos y secuestros. A final de año, en lo que respecta a los homicidios, se entregaba un informe estadístico de los casos policialmente resueltos, de aquellos que estaban en proceso de investigación y de algunos que por su complejidad, no se habían esclarecido”, refiere el ex jefe policial al añadir que estos datos permitían hacer un diagnóstico de la situación en materia de seguridad para luego proponer planes destinados a reducir la cifra con la ayuda de las comunidades y de expertos.

El cierre de la oficina de prensa del Cicpc a mediados del año 2001, según Godoy, constituyó la primera piedra para la edificación de una muralla para evitar que la comunidad obtenga por la vía oficial cifras de la criminalidad. “La apertura de nuevas morgues es la excusa para impedir que se conozcan esos datos, es un muro impuesto para censurar”, asegura el comisario. Desde ese entonces y hasta la fecha, las ONG que defienden el acceso a la información y la libertad de prensa han iniciado una cruenta lucha para que los periodistas y la población tengan datos. No solo en materia de seguridad, sino en salud, educación y otros sectores.

Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, ha documentado cerca de 300 denuncias sobre atropellos contra los periodistas que cubren la fuente de sucesos. “Cuando llegan a entrevistar a los familiares, los funcionarios le dicen que no pueden pasar a la sala de espera. Han llegado al extremo de amenazar a los deudos con retrasar la entrega de cadáveres si se atrevan a declarar a la prensa. Fue creado un cerco metálico para impedir que los periodistas ingresen a hacer entrevistas”, indica el representante de la ONG.

Correa junto con miembros de otras organizaciones ha acompañado manifestaciones, protagonizadas a las puertas de la morgue de Bello Monte para exigir el derecho de informar. La más reciente se produjo el 3 de agosto de 2016, a causa de la cerca que fue instalada en las afueras de esa dependencia. Los periodistas fijaron carteles con frases como: “Informar no es delito”, “La cerca no tapa los crímenes”. Pese a la contundente protesta, el cercado no fue demolido y en los accesos fueron colocados dos funcionarios del Senamecf que se paran cual perros guardianes para frenar la entrada de los periodistas. El caso, explicó Correa, fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, esta instancia le pidió al gobierno venezolano referencias sobre la tasa de criminalidad y le fue negada.