Un alto estratega de la moneda virtual respaldada por el gobierno de Venezuela fungió como pasante en el Congreso de Estados Unidos y alguna vez organizó protestas contra el mismo gobierno socialista al que ahora ayuda a evadir las sanciones financieras impuestas por Washington.
Gabriel Jiménez, de 27 años, se vio catapultado a una especie de estrellato tecnológico en Venezuela el mes pasado cuando apareció en la televisión nacional junto con el presidente Nicolás Maduro y dos empresarios rusos a la hora de firmar un contrato para posicionar al petro, el nombre de la moneda cibernética, entre los inversionistas internacionales.
“Es una empresa fundada y dirigida por jóvenes genios de Venezuela, muchachos y muchachas de Venezuela que tienen una de las empresas más avanzadas en tecnología blockchain del mundo”, afirmó un sonriente Maduro al develar el petro, refiriéndose a la compañía de Jiménez, de nombre The Social Us.
Fue un cambio de imagen notable para Jiménez.
En repetidas ocasiones, Maduro ha elogiado al petro como una forma de superar las sanciones financieras impuestas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, las cuales le impiden al gobierno venezolano –al que le urge el dinero en efectivo– emitir nuevos bonos de deuda. Pero hasta hace poco tiempo, Jiménez había estado manifestándose en favor de esas mismas acciones de Washington para castigar al líder de Venezuela por encarcelar a sus opositores y destruir la economía petrolera.
Abogado de profesión que se describe como entusiasta de las innovaciones, Jiménez pasó varios años trabajando en un banco en la República Dominicana donde su padre, Gabriel Jiménez Aray, era uno de los gerentes principales. Pero la institución se desplomó en 2014 y su papá fue uno de varios ejecutivos venezolanos acusados por esa nación caribeña de defraudar a los ahorradores con 30 millones de dólares.
Tras concluir la universidad, Jiménez comenzó a viajar a Estados Unidos para tomar clases de inglés y cursos de verano en las universidades de Harvard y George Mason. En 2013 lanzó The Social Us, una compañía que registró en Florida como desarrolladora de páginas de internet y de aplicaciones.
En 2014, Jiménez trabajó cinco meses como pasante en Washington para la republicana Ileana Ros-Lehtinen, dura crítica de Maduro. Un sondeo escrito que llenó al ser contratado, del cual la oficina de la legisladora proporcionó una copia, enlistaba en un inglés deficientemente escrito que sus metas en la pasantía eran obtener “conocimiento y experiencia acerca de la defensa de la democracia”.
Sus colegas lo recuerdan como un animoso opositor gubernamental que ayudó a organizar una caravana, conocida como Trip For Freedom (Recorrido por la Libertad), en la que miles de exiliados venezolanos viajaron en autobús a Washington para presionar al gobierno de Barack Obama para que sancionara al de Maduro. En fotografías de ese evento se puede ver a Jiménez de pie en un podio junto a Ros-Lehtinen en el Capitolio mientras se dirige a sus partidarios frente a una bandera estadounidense y fotografías de estudiantes venezolanos presuntamente torturados por las fuerzas de seguridad.
Ahora su ex jefa cree que él o cualquier otra persona detrás del petro también deberían ser sujetos de sanciones.
“Gabriel llegó a nuestra oficina y dijo que quería aprender cómo respaldar la libertad y la democracia”, dijo Ros-Lehtinen en un comunicado. “En lugar de ello, parece que está utilizando las libertades que Estados Unidos le proporcionó para ayudar en los intentos del régimen de Maduro de consolidarse en el poder y destruir las instituciones democráticas de Venezuela. Los que trabajan para apoyar al régimen de Maduro y proporcionarle un salvavidas financiero han elegido el bando al que pertenecen y deberían esperar enfrentar todas las consecuencias de darle la espalda a su pueblo”.
En una entrevista, Jiménez dijo que su labor para el gobierno estaba encaminada a un propósito de mayor alcance, apolítico: darle fuerza a los venezolanos que pasan apuros para alimentarse en un contexto de una inflación de cuatro dígitos.
Dijo que su trabajo en lo que se convertiría en el petro comenzó cuando regresó a Venezuela en 2015 y se unió a otros emprendedores tecnológicos con el fin de diseñar una moneda digital. Entonces el grupo trató de asociarse con el gobierno con la esperanza de sacar del mercado negro las transacciones de los venezolanos en monedas virtuales, y ponerlas en circulación legal. En esa época, los así llamados mineros del bitcoin –otra moneda virtual– enfrentaban ser arrestados o extorsionados por parte de agentes gubernamentales.
Si el petro tiene éxito, señala, los venezolanos podrán intercambiar libremente sus bolívares inservibles por una moneda más estable, lo que les daría la oportunidad de reunir un capital y ahorrar. En la actualidad, la única forma en que la mayoría de los venezolanos pueden evadir los estrictos controles de cambios impuestos en 2003 es adquirir divisas de reconocida solidez en el mercado negro ilegal.
“Esto se trata de darle oxígeno a una población, no a un gobierno”, afirmó Jiménez en una entrevista en la animada oficina en Caracas de The Social Us, donde una docena de jóvenes programadores trazaban códigos con plumones rosados sobre ventanas de cristal que dan hacia las copas de los árboles y diseñaban materiales para promocionar el petro.
Es una concesión a las autoridades que muchos en la floreciente comunidad del llamado software de cadena de bloques (blockchain) de Venezuela –casi todos ellos opuestos ideológicamente al gobierno– están dispuestos a aceptar.
A pesar de ello, nadie niega que el gobierno será el primero y tal vez el mayor beneficiado.
Este mes, Maduro dijo que el gobierno había recibido compromisos de los inversionistas para adquirir 5.000 millones de dólares en la moneda virtual durante la fase de preventa que concluye esta semana. Si realmente se concretan, representarían un beneficio imprevisto equivalente a más de la mitad de las reservas de Venezuela en dólares, dinero al que el gobierno se aferra desesperadamente mientras hace malabares para reembolsar millones de dólares en bonos que no ha pagado e intenta erradicar la escasez generalizada de productos.
Sin embargo, legisladores estadounidenses presionan para que Washington aplique una respuesta firme, ante el temor de que otros países que enfrentan sanciones de Estados Unidos –como por ejemplo Irán y Rusia– pudieran emular el ejemplo de Venezuela, o que el petro pudiera ser utilizado por redes criminales o funcionarios corruptos para lavar dinero.
De los dos rusos que también firmaron acuerdos con el gobierno para ayudar a desarrollar el petro, uno de ellos, Denis Druzhkov, director general de una compañía llamada Zeus Trading, fue multado con 31.000 dólares por la Bolsa Mercantil de Chicago y se le prohibió efectuar transacciones durante tres años por comerciar en forma fraudulenta con contratos de futuros. El otro, Fedor Bogorodskiy, vive en Uruguay y el gobierno lo describió como director de una compañía, Aerotrading, cuyo sitio de internet sólo cuenta con una página y no proporciona información sobre la empresa.
Ninguno hizo declaraciones acerca de su labor con el gobierno venezolano. Pero en respuesta a la solicitud de comentarios, en un correo electrónico firmado por “El equipo Zeus” se afirma que Druzkhov había sido invitado a Venezuela como un experto, y que Zeus no participa en el proyecto. Indicó también que, como parte del acuerdo de Druzhkov con la Bolsa Mercantil en 2014, no reconoció haber violado ninguna norma.
Los senadores demócratas Bill Nelson y Bob Menendez, así como su colega republicano Marco Rubio, exhortaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos –el cual es el responsable de aplicar las sanciones– a que combata el uso del petro, de forma que no sea utilizado para evadir la prohibición de que los estadounidenses le presten dinero al gobierno de Maduro.
El Departamento del Tesoro indicó en enero que el uso del petro podría dar la apariencia de estarle proporcionando una línea de crédito a Venezuela, y le advirtió a todos los estadunidenses que utilizar esa moneda virtual conlleva el riesgo de violar las sanciones estadounidenses.
Jiménez, cuya preferencia en el uso de zapatillas deportivas y pantalones de mezclilla deja entrever un estilo de persona brillante poco interesada en los convencionalismos sociales similar a otros directivos del Silicon Valley, dijo que nunca pretendió evadir las sanciones de Washington. Argumenta también que el petro _un producto financiero que no genera intereses ni cuenta con una fecha de pago como la que tienen los bonos gubernamentales_ no cumple los requisitos del tipo de instrumento de deuda que el gobierno de Trump está sancionando.
En lugar de ello, Jiménez dice que pretende “democratizar” el acceso al sistema financiero global para los emprendedores en apuros, así como descentralizar el sistema de divisas operado por el gobierno de Venezuela, al que muchos culpan de la crisis económica.
“No podemos quedarnos con los brazos cruzados estando en Venezuela, viendo lo que nosotros estamos viviendo, nuestros amigos, nuestras familias”, señaló. “Sería una irresponsabilidad el hecho de no hacer nada”.
