Hostigamiento

En cuanto al tipo de violaciones, las más frecuentes fueron la intimidación (5), censura (4), mientras que la amenaza, hostigamiento verbal y restricciones administrativas, ocurrieron al menos en dos oportunidades cada una

La ONG Espacio Público informó este martes que durante el mes de noviembre se mantuvo la intimidación, ataques informáticos y hostigamiento en contra de periodistas y medios de comunicación. 

Según reseña Espacio Público, los medios de comunicación y periodistas fueron las víctimas más frecuentes (83 %) de violaciones a la libertad de expresión. En total se registraron 16 violaciones en un total de 10 casos, de los cuales la mitad ocurrieron en Internet.

La ONG reseñó que los responsables de estas vulneraciones fueron funcionarios públicos (30 %), cuerpos de seguridad (23 % ) e instituciones del Estado (23 %).

En cuanto al tipo de violaciones, las más frecuentes fueron la intimidación (5) y censura (4), mientras que la amenaza, hostigamiento verbal y restricciones administrativas ocurrieron al menos en dos oportunidades cada una.  

Censura a medios y periodistas 

El 2 de noviembre, funcionarios de seguridad y directivos del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas, impidieron que las y los periodistas Lisbeth Martínez, de La Verdad de Monagas; Jefferson Civira, de La Prensa de Monagas, La Patilla y Qué Pasa en Venezuela; y José Ignacio Piñango, de Radio Fe y Alegría, cubrieran una protesta en ese centro de salud.

En el estado Trujillo, el gobernador oficialista Gerardo Márquez hostigó verbalmente y amenazó al periodista y director del medio regional Palpitar Trujillano, Andrés Briceño Sulbarán, por publicar una nota sobre la caída de una estructura navideña en la avenida Bolívar de la ciudad de Valera.

En el estado Cojedes la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Class 98.7 FM presuntamente tras órdenes de funcionarios del gobierno nacional, bajo el argumento de “extinción de la concesión de radiodifusión”.

El observatorio de internet VE sin Filtro detectó que el 20 de noviembre hubo una caída de conectividad a internet en los estados andinos, que se prolongó por más de nueve horas. Los estados más afectados fueron Barinas (la conexión a internet cayó a 54 % de sus valores normales) y Trujillo (bajó a 70 %).

Ataques informáticos y criminalización a la disidencia

Desde el 8 de noviembre, el medio regional El Carabobeño está bloqueado por varias operadoras privadas y públicas de internet en el país, según informó el Observatorio de Internet VE sin Filtro. 

Durante la mañana del 21 de noviembre, la página web del medio regional Oriente 24 sufrió un ataque informático presuntamente en retaliación por publicaciones incómodas al gobierno local de Cumaná, capital del estado Sucre, según informó su director, Jesús Rangel.

El 23 de noviembre, la página web del medio digital La Gran Aldea fue víctima de ataques DDoS o denegación de servicio, que consisten en saturar las peticiones al servidor con el uso de bots, haciendo que los portales colapsen y que su contenido no sea visible temporalmente.

El 22 de noviembre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron de forma arbitraria al activista y dirigente del partido opositor Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, al sacarlo a la fuerza de su vivienda por expresarse en contra del gobierno en su cuenta personal de X (antes Twitter).

Más sobre este tema:

Independencia judicial, libertad de expresión y derecho a participación están conculcados en Venezuela 

Leer más

*Con información de Espacio Público 

Amnistía Internacional ha alertado que las autoridades venezolanas suelen utilizar las detenciones arbitrarias para desarticular o desactivar focos de protesta social. Estas detenciones pueden ocurrir en el marco de la protesta, o en contra de quienes las convocan y organizan.

En el marco de los 25 años de la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, se realizó el evento paralelo al Consejo de Derechos Humanos “Situación del Espacio Cívico en Venezuela”, donde personas defensoras de derechos humanos y el asesor de la Relatora Especial de la ONU alertaron sobre riesgos y persecución a defensores venezolanos.

La  investigadora de Asuntos Sudamericanos de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, dijo que en Venezuela siguen vigentes la represión a la disidencia, uso excesivo de la fuerza, la tortura en centros de detención, y muchas otras situaciones que podrían representar crímenes de lesa humanidad.

“El gobierno venezolano trata de difundir una narrativa de normalización y arreglo de la situación en el país, pero la verdad es que existen más riesgos y más persecución contra quienes reclaman derechos. Sofocar el espacio cívico en Venezuela repercutiría en la obstaculización de la búsqueda de la justicia y en la exigencia derechos”, dijo.

Para Michael Phoenix del equipo de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de defensores, el Estado venezolano parece haber construido un sistema de hostigamiento en contra de defensores y para limitar su trabajo.

“Hemos hablado con más de 30 personas defensoras venezolanas y nos preocupan sus testimonios de ataque y persecución. Observamos altos niveles de inseguridad, riesgo y violencia especialmente contra mujeres defensoras y personas defensoras de comunidades indígenas en contexto de actividades mineras”.

Sistema incapaz de proteger a los ciudadanos

Según Carlos Lusverti de la Comisión Internacional de Juristas, «el sistema de justicia venezolano es incapaz de proteger a las personas, más bien se han prestado para la judicialización arbitraria”.

«El sistema judicial venezolano ha sido usado para hostigar y atacar a defensores de derechos. Los jueces y magistrados no tienen los méritos requeridos para ejecutar sus cargos y, por instrucciones, establecen condenas injustas a como dé lugar «.

Por su parte, el Centro para los Defensores y la Justicia reconoce que en la medida que se profundiza la criminalización por la defensa de derechos, varios mecanismos internacionales se han pronunciado a favor de investigar violaciones y exigir el cese de la persecución y represión de las protestas.

“La Misión de Determinación de Hechos alertó que el uso de la lógica del enemigo, por parte del gobierno venezolano para criminalizar a personas consideradas disidentes, se estaba aplicando para atacar a la sociedad civil”, dijo Marianna Romero del Centro para los Defensores y la Justicia.

Estado venezolano estigmatiza y criminaliza el funcionamiento de las ONG

Rigoberto Lobo, miembro fundador de Promedehum, resaltó que el Estado venezolano estigmatiza y criminaliza el funcionamiento de las ONG e incumple con el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Explicó las dificultades que han tenido que enfrentar las organizaciones de la sociedad civil para la realización del registro y actualizaciones reglamentarias para seguir operando en el país.

“Al menos 28% de las ONG en Venezuela no se encuentran debidamente registradas; mientras que  el 54% registradas han tenido problemas para actualizar sus juntas directivas y legalizar sus documentos internos”.  

Del mismo modo, denunció que las organizaciones que realizan asistencia humanitaria son atacadas y su trabajo es obstaculizado por funcionarios del Estado venezolano. Los insumos que entregan a las comunidades son retenidos en muchos casos.

Más sobre este tema:

ONG Encuentro, Justicia y Perdón pide cese de "tratos crueles e inhumanos" en Venezuela

Leer más

58,2% de los consultados por el IPYS manifestaron no denunciar ante organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecieron alguna restricción en su ejercicio profesional durante 2021

El acceso a la información pública se presentó como la categoría más erosionada a la hora de ejercer el periodismo en Venezuela

Según la percepción de los 534 periodistas encuestados, el acceso a la información pública y la seguridad fueron las categorías que llevaron la batuta en cuanto a restricciones

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) publicó una investigación titulada “La orquestación del silencio”  en la que determinó que la libertad de expresión en Venezuela fue calificada con 62 puntos en una escala que va de 0 a 100 puntos, que se ubica en la categoría de  una realidad con «algo de libertad de expresión».

Según la investigación, el acceso a la información pública se presentó como la categoría más erosionada a la hora de ejercer el periodismo en Venezuela.

La consulta evaluó la percepción de 534 trabajadores de la prensa de todo el territorio nacional sobre las condiciones del ejercicio periodístico entre enero y diciembre del año pasado.

El estudio de IPYS Venezuela, presentado por sexta ocasión, constató que en 2021 la opacidad y el miedo fueron los mayores riesgos que atentaron en contra de la libertad de expresión en el país.

«Los resultados revelaron una calificación general de 62 puntos que dan cuenta de unos niveles moderadamente graves para el ejercicio periodístico venezolano», señaló la investigación.

Según la percepción de los 534 periodistas encuestados, el acceso a la información pública y la seguridad fueron las categorías que llevaron la batuta en cuanto a restricciones y obtuvieron los promedios más bajos y preocupantes al ser valoradas con 37 y 54 puntos, respectivamente.

La denuncia ha quedado fuera de tono. 58,2% de los consultados manifestaron no denunciar ante organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecieron alguna restricción en su ejercicio profesional durante 2021. Asimismo, el 53,7% de los consultados afirmaron haber omitido informaciones de interés público por temor a represalias.

Concierto privado al que pocos tienen acceso

De acuerdo con la investigación, el acceso a la información pública se presentó como la categoría más erosionada a la hora de ejercer el periodismo en Venezuela.

Los periodistas consultados indicaron que este derecho obtuvo una calificación promedio de 37, lo que revela una agudización de la opacidad en el manejo de los datos relevantes para la ciudadanía, con respecto a los años anteriores.

Al desagregar este indicador se evidencia que durante 2021, el cierre o restricciones de las fuentes de información pública en instancias estatales y no estatales obtuvo una puntuación de 30 (poca libertad de expresión) en la escala.

Esto indica que la verdad oficial sobre hechos noticiosos de relevancia nacional ha sido la gran ausente. Sobre este ítem, el 43,26% de los consultados mencionó que se trataba de una situación muy frecuente y el 29,96% afirmó que era un incidente algo frecuente.

«Estos resultados han puesto de manifiesto que la información pública en el país es considerada más bien como un concierto privado, al que pocos tienen permitido el ingreso», aseguró IPYS.

Obstáculos para consultar datos públicos son muy frecuentes

El estudio reiteró que los obstáculos para consultar documentos o datos públicos en instituciones o plataformas digitales promediaron 36 puntos.  Los datos suministrados por los encuestados arrojaron que estas limitaciones eran muy frecuentes (37,45%) y algo frecuentes (28,28%).

El estudio tomó como ejemplo al El Banco Central de Venezuela (BCV), ente que sigue sin suministrar los reportes de los principales indicadores macroeconómicos de la nación. Tampoco hay boletines epidemiológicos.

«Cuando se publican algunos números, esto acarrea retrasos significativos. Por ejemplo, en marzo de 2022, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) difundió los datos del sector de telecomunicaciones del país relativos al IV trimestre de 2020. Dos años después del período correspondiente», indicó el estudio de IPYS.

Continúa la censura

Los resultados del estudio determinaron que la censura sigue resonando con fuerza en el país. De acuerdo con los datos, las instrucciones para restringir la labor informativa de los reporteros emitidas por sus supervisores alcanzaron una puntuación de 62, cuatro puntos por debajo que en 2018 cuando se situó en 66.

Según la investigación, la práctica censora se ha establecido como motivo para que los comunicadores abandonen sus espacios laborales. El despido arbitrario o renuncia forzada por razones informativas obtuvo una valoración de 81, un descenso de cinco puntos en oposición a 2018 cuando puntuó 86.

La involución en este indicador también quedó al descubierto en otras subcategorías como las presiones de los accionistas de los medios de comunicación, que puntuaron 74, un número menos que en la última medición del estudio. Un retroceso similar se observó en el tema de las presiones de los anunciantes publicitarios, una subcategoría que descendió de 87 en 2018 a 81 en 2021.

A pesar de que los hallazgos revelaron ligeras mejoras en cuanto a tópicos como los exhortos e investigaciones de instituciones estatales, que sumaron 62, y en las órdenes expresas que prohíban buscar, recibir o difundir información sobre situaciones de interés público, las vulneraciones informativas en términos de censura han tomado la batuta.

Riesgos sobre integridad física y psicológica no han disminuido

Los riesgos sobre la integridad física y psicológica de los reporteros no han disminuido en Venezuela. Por el contrario, las tendencias de este análisis reflejan que siguen siendo parte de la composición las acciones constantes de hostigamiento que ejercen los diversos actores del oficialismo y las autoridades gubernamentales hacia los trabajadores de la prensa.

De acuerdo con los consultados, en 2021 su libertad e integridad durante el cumplimiento de sus labores informativas estuvieron bajo restricciones recurrentes, y ponderaron el indicador de seguridad con 54 puntos. De igual forma, estas percepciones demostraron que las agresiones y amenazas con fines intimidatorios contra periodistas obtuvieron un promedio de 63, al igual que en 2018.Los registros del sistema de monitoreo de IPYS Venezuela constataron que a lo largo de 2021 ocurrieron un total de 140 violaciones bajo la categoría de agresiones y ataques, que comprendieron 54 hechos para infundir temor, 19 incidentes de destrucción, revisión, o confiscación de equipos y registros relacionados con el trabajo periodístico, 16 eventos de amenazas de agresión física, 15 de robos a herramientas de trabajo, y 12 de ciberagresiones a periodistas y portales de noticias.

«Bajo este marco, una tendencia preocupante y que ha cobrado fuerza en la labor del periodismo venezolano es la no denuncia luego de sufrir intimidaciones o amenazas», señaló la investigación de IPYS.

*Puedes leer el informe La Orquestación del Silencio: Estudio de Libertades Informativas completo aquí.

Cepaz registró 34 casos de persecución y criminalización ejercidos por parte del gobierno de Nicolás Maduro

Octubre fue el mes con más censura radial en Venezuela. Siete programas fueron suspendidos por motivos políticos, según el monitoreo de persecución y criminalización que publicó el Centro de Justicia y Paz (Cepaz). 

«Despertó Amazonas», «La Opinión de los demás», «Dígalo ahí», «A dos voces», «Magazine Mundial», «Contra la Corriente» y la «La Noticia en órbita» fueron sacados del aire de manera arbitraria. Con esto, aumenta a 11 el número de programas censurados en lo que va de 2021.

Cepaz también informó en su más reciente informe que Genial 89.9FM fue cerrada. Así son cinco la cantidad de emisoras que están fuera del dial como parte de la aplicación sistemática de patrones de persecución y criminalización contra los medios en Venezuela.

*Puede leer también: Provea denuncia más de 150 detenciones arbitrarias durante la cuarentena

Del total de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela durante el mes de octubre, Cepaz identificó 16 actos contra trabajadores de la comunicación, 14 contra la población, 2 contra personeros políticos de oposición y 2 contra defensores de derechos humanos.

La organización hace un llamado a la comunidad internacional a atender la necesidad de las víctimas y sus familiares de encontrar justicia frente a estas graves violaciones que hoy, bajo la complacencia del sistema judicial venezolano, se encuentran en total impunidad.

*Puede leer el informe completo AQUÍ

Las acciones de hostigamiento en contra de Prado y su familia se vienen produciendo desde el 2014

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido mantener la vigencia de las medidas provisionales otorgadas hace 11 años al abogado y defensor de derechos humanos, Humberto Prado, además de la ampliación a los integrantes de su grupo familiar.

La decisión de la CIDH de mantener y ampliar estas medidas provisionales, está basada en una campaña de ataques y desprestigio en contra de Humberto Prado y su entorno que recrudeció a partir del año 2014.

Entre 2015 y 2020 hubo más de 20 señalamientos contra Prado en medios públicos, sobre todo en el programa televisivo “Con el Mazo Dando” conducido por Diosdado Cabello en VTV, además de “acciones de hostigamiento en aeropuertos venezolanos, intervención y exposición pública de comunicaciones privadas y amenazas de invalidación de documentos de identificación”. 

El hostigamiento también afectó a Carolina Girón, esposa del también Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, quien ha sido víctima de vigilancia en su lugar de residencia y persecución. Además de ser acusada sin prueba alguna por Diosdado Cabello, el 26 de octubre de 2016, de tener una compañía en Panamá dedicada a la compraventa de material bélico.

La CIDH determinó que la situación de riesgo del defensor sigue vigente y “las medidas provisionales deben permanecer en vigencia en tanto la Corte considere que subsisten los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y la prevención de un daño irreparable a los derechos de aquéllos protegidos por tales medidas”.

El domingo 11 de septiembre de 2016, Remigio Ceballos Ichaso, jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), escribió mensajes directos e intimidatorios a la cuenta personal de Twitter de Maolis Castro, periodista en el portal web Armando Info y colaboradora del diario El País (España) en Caracas.

Ceballos Ichaso escribió estos mensajes a la periodista el mismo día que se publicó un reportaje en el portal web Armando.Info, firmado por Maolis Castro y titulado “Los expedientes ocultos de un edecán de Chávez”, en el que se señala al militar por estar involucrado en presuntos hechos de corrupción durante su gestión en la Primera Brigada de la Infantería Marina CN. Manuel Ponte Rodríguez de la Armada. El trabajo periodístico se respalda en dos expedientes administrativos disciplinarios filtrados y testimonios de militares, subordinados entonces a Ceballos Ichaso, que confirmaron su presunta vinculación con irregularidades administrativas dentro del componente militar.

Castro relató a IPYS Venezuela que luego de la difusión, a través del portal web, el contralmirante Ceballos Ichaso empezó a seguir su cuenta personal (@Maoliscastro) para escribirle el domingo, entre la 1:23 y 1:24 pm (hora de Caracas), desde su cuenta oficial de Twitter (@CeballosIchaso) dos mensajes privados: “Todo eso es falso no me importa” y “Todo en esta vida se paga el tiempo de Dúos (sic) es perfecto”.

La periodista también indicó que en varias oportunidades le solicitó una entrevista con Ceballos Ichaso para conocer su versión sobre las denuncias, pero no hubo respuestas.

Publicado en IPYS Venezuela

Espacio Público registra aumento de agresiones a periodistas que cubren protestas por comida y referendo

Desde hostigamiento por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), hasta persecución y agresiones causadas por grupos simpatizantes del oficialismo.

El reporte difundido este lunes 8 por la Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Público, indica que durante el recién finalizado mes de julio persistieron los ataques contra el ejercicio periodístico, en un contexto signado por la agudización de protestas por la escasez de alimentos y movilizaciones políticas que buscan la activación de un referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro.

El informe de Espacio Público detalla:

El 13 de julio, en medio de la cobertura a una protesta por comida en Cariaco, estado Sucre, fueron hostigados verbalmente los periodistas Carolina Isava y Román Camacho por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El funcionario cuestionaba el lugar desde donde estaban realizando la cobertura porque consideraba que no podían estar allí.

El mismo día fueron agredidos por simpatizantes del oficialismo los reporteros Rafael Hernández de NTN24 y Ricardo Sánchez del portal RicardoLoDice, en medio de la cobertura a una caminata convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Vargas. La cámara de Hernández fue robada momentáneamente y recuperada por funcionarios de la policía de Vargas; Sánchez fue agredido con una botella de plástico que partió sus lentes.

Al día siguiente, el 14 de julio, un grupo de oficialistas persiguió al diputado opositor Williams Dávila y Denisse Fernández, al salir de una actividad en el estado Cojedes. Con ellos se encontraba la periodista Astrid Carolina Rivas, de la emisora local Class 98.7FM.

Rivas relató que antes de que comenzara la persecución, ella se había acercado al grupo de oficialistas y les había tomado algunas fotos, “se percataron de que lo estaba haciendo y uno de ellos me manda a quitar el teléfono” y para resguardarse subió al carro de los diputados; al salir del lugar, el carro fue perseguido y partieron uno de los vidrios a pedradas.

El 20 de julio, la persecución judicial que enfrenta el Correo del Caroní por parte del Estado venezolano llegó a un nuevo final: La Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Bolívar ratificó la condena a cuatro años de cárcel contra el director del periódico, David Natera Febres, emitida en marzo por el Tribunal Penal Sexto de Juicio de Puerto Ordaz. Ahora no son solo los cuatro años de cárcel contra David Natera, la prohibición de salida del país y la presentación cada 30 días, la sentencia detalla, además, la inhabilitación política y la sujeción a vigilancia por una quinta parte del tiempo de la condena.

En la misma fecha, durante la cobertura de una manifestación de amas de casa por comida frente a la sede del Ministerio de Alimentación, en la avenida Andrés Bello, en Caracas, trabajadores del ente golpearon la cámara de NTN24 para evitar que grabaran lo que estaba sucediendo allí. “Llévate tu cámara” gritó un funcionario del ministerio que vestía camisa negra, justo antes de golpear la cámara.

El 21 de julio, durante una actividad de la MUD en el estado Sucre, con diputados y dirigencia local, fueron agredidos dos periodistas en menos de 12 horas. El primero fue José Rengel, golpeado con un objeto contundente en la cabeza, también intentaron robarle sus equipos cuando hacía la cobertura de la visita de los diputados al Mercado Municipal en la entidad. El periodista fue detenido en las inmediaciones del mercado por la Policía Municipal, le pedían la cámara y su teléfono para borrarle el material que había recabado.

Horas más tarde, resultó hostigada la periodista Carolina Isava por parte de funcionarios del Sebin presentes en la actividad que desarrollaba la MUD en el Colegio de Abogados de Cumaná. La reportera documentaba la agresión y requisa a un joven señalado de portar armas, cuando comenzaron a hostigarla e intentaron impedir que grabara.

Al día siguiente, el 22 de julio, el reportero gráfico Jesús Tovar, del diario Avance de Los Teques y su compañero Gabriel Ordóñez fueron hostigados en la cobertura de un motín en la sede de Poliguaicaipuro, en la capital del estado Miranda, por funcionarios de ese mismo cuerpo policial. Los funcionarios intentaron sin éxito borrar las fotos y lo dejaron en libertad, aunque ya había sido agredido, resultó con rasguños y raspones.

El 27 de julio, por orden del juez IV civil del estado Aragua, Mazzei Rodríguez, visitó las instalaciones del diario El Siglo en Maracay la juez Mendia Villegas. El diario calificó de “viciado” este proceso, mediante el cual un nuevo propietario reclama parte de sus instalaciones. Los funcionarios agredieron a tres trabajadores del diario durante la visita.

En horas de la noche del 30 de julio, durante la cobertura de la gira del dirigente opositor Henrique Capriles a Pantoño, en el estado Sucre, fueron atacados varios carros. En uno de ellos se movilizaban 8 periodistas.

Repunte semestral

De acuerdo con las estadísticas de Espacio Público, entre enero y junio de 2016 se han registrador 160 violaciones a la libertad de expresión, cifra que equivale a un incremento del 8,48% respecto al mismo período del año pasado.

El total de casos fue de 124, un 6% mayor que el primer semestre de 2015.

El hostigamiento oficial comenzó el mismo lunes 2 de mayo de 2016 cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entregó 80 cajas con 1.850 firmas para solicitar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque la verificación de 1% de las rúbricas necesarias para activar el revocatorio contra el mandatario es competencia del CNE, representantes del alto gobierno y otros poderes públicos se inmiscuyen en esta primera parte del proceso electoral con amenazas y advertencias contra los que firmaron a favor de la salida de Maduro.

Nicolás Maduro

El mismo día que fueron consignadas las primeras firmas para activar el referendo ante el CNE, Nicolás Maduro -principal implicado- designó una comisión para la revisión de rúbricas ‘una o una’. El 4 de mayo de 2016, el mandatario dijo que el referendo revocatorio «es una opción, no una obligación». Agregó que van a «tener acceso a todas las listas. El año pasado (sic) hubo miles de personas que no firmaron y aparecieron sus firmas. Vamos a tomar acciones legales con las falsificaciones de firmas. No van a sabotear lo que queda del resto del mandato».

Diosdado Cabello

El lunes 2 de mayo, el diputado del Psuv Diosdado Cabello dio una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores para avisar que contarán «una a una» las firmas entregadas por la coalición opositora. «Pronto sabremos cuántas son porque el presidente designó una comisión para su revisión», aseguró agregando que «no se había activado nada» ya que estaban en proceso inicial de pedir al CNE si pueden hacer revocatorio.

Pero las advertencias no se quedaron allí. Dos días más tarde, volvió a decir  en una entrevista a Radio Nacional de Venezuela (RNV) que revisarían «firma por firma, una por una, cada huella dactilar. El que diga que lo hizo, debe rectificar su firma en el CNE». Amenazó con despidos masivos a trabajadores de organismos del Estado que estamparon su firma para salir constitucionalmente de Maduro.

Cabello se adelantó a advertir el 27 de abril, en su programa de televisión Con el mazo dando: «no nos vamos a calar las firmas planas del año 2002».

Jorge Rodríguez

El alcalde de Libertador vuelve al terreno que recorrió como rector del CNE en el 2004 cuando se activó el referendo revocatorio contra Hugo Chavez. Ahora, como representante de la comisión especial para la revisión del proceso de solicitud del revocatorio contra Maduro, ha lanzado advertencias: «Ya sabemos que la oposición infló un millón de firmas con tan solo mirar esas cajas. Estoy seguro que pasa del millón falsificadas«.

El lunes 9 de mayo, Rodríguez vino por más: señaló que la oposición venezolana «sabe que es imposible» que se haga un referendo revocatorio en 2016 porque «no le dan los tiempos. También dijo que comenzaron a ver irregularidades en las firmas recolectadas por la MUD: aseguró que al menos 11% de las planillas están incompletas y que ya tienen el nombre de una persona fallecida. Agregó que el Psuv está en su derecho de revisar «firma por firma y nombre por nombre», alertando que la oposición busca excusas para emprender acciones violentas.

Héctor Rodríguez

El jefe del Bloque de la Patria en la AN tampoco se queda atrás en la lista de amenazas contra el revocatorio. El 2 de mayo de 2016, pidió al CNE que se transcriban “las más de 2.000.000 de firmas recogidas por la oposición” y que permitan “chequear una por una estas manifestaciones de voluntad” como lo establece la ley.

Ricardo Molina

El mismo ex ministro que en abril de 2013 amenazó con botar a los empleados del Ministerio para la Vivienda que fuesen críticos de la revolución, llamó indignos a los trabajadores públicos que se sumaron al «firmazo», durante una entrevista en el programa Primera Página de Globovisión (04/05/2016). «Es indigno trabajar en el Estado y no ser chavista. No trabajé en gobierno de adecos y copeyanos porque no creo en esos señores. Se que no están apoyando al pueblo y nunca lo apoyarán. Quien no apoye al gobierno revolucionario y trabaje en una institución del gobierno revolucionario, es un indigno«, declaró el diputado Psuv a la Asamblea Nacional.