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AD denuncia que no conoce el paradero del diputado Edgar Zambrano

EL PARTIDO ACCIÓN DEMOCRÁTICA denunció en la mañana de este viernes que desconoce el paradero de Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional. La tolda indicó que lo último que supo del parlamentario fue que lo habían trasladado al Palacio de Justicia en la noche de ayer, pero el organismo se encontraba cerrado.

“Aún desconocemos el paradero del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Anoche recibimos información sobre su traslado al Palacio de Justicia, pero estaba cerrado”, informó AD por Twitter.

La organización política indicó que los familiares irán a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, ubicada en El Helicoide, para exigir información.

Zambrano fue detenido en la noche del miércoles pasado en las adyacencias de la sede del partido AD. Fue acusado de participar en los hechos que se registraron en la madrugada del 30 de abril.

 

Luis Carlos Díaz, víctima de desaparición forzada

A LAS 12:30 PM DE ESTE MARTES 12 DE MARZO, las autoridades de la Fiscalía General de la República informaron a Naky Soto, esposa de Luis Carlos Díaz, que no sabían del paradero del periodista, quien según informaciones extraoficiales fue detenido a las 5:00 pm del día anterior por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Que hayan transcurrido  18 horas y que la institución encargada de garantizar el debido proceso haya prolongado la incertidumbre sobre el lugar y condiciones de detención del comunicador social, apunta a la comisión de uno de los delitos más graves establecidos en el ordenamiento  jurídico venezolano: la desaparición forzada de personas.

Soto informó que, cuando allanaron su residencia, en la madrugada de este martes 12 de marzo, pudo ver un acta policial,  que indicaba que  su esposo fue detenido “en flagrancia”.  Pero la misma víctima pudo informar que fue interceptado cuando se desplazaba en bicicleta por un sector del Country Club, en Caracas. ¿Cómo, entonces, el Sebin podría afirmar que fue detenido durante la comisión flagrante de un delito? Sería una forma de cubrir una falla de origen que podría viciar todo el procedimiento, pues Díaz fue detenido sin orden judicial, lo cual constituye una detención arbitraria.

Al parecer, la intervención de un juez penal fue posterior, a efectos de que los funcionarios del Sebin realizaran el registro en la residencia de la pareja de periodistas, de donde se llevaron teléfonos, computadoras y, también, destacó Soto, dinero en efectivo y joyas.

El hecho de que Soto haya podido ver y conversar con Díaz, apenas durante 20 minutos, no salda totalmente la violación del debido proceso. Y no solo se trataría de una detención arbitraria, pues ni antes ni después del allanamiento a la residencia de la pareja las autoridades que practicaron la aprehensión informaron sobre el lugar donde estuvo y estaría recluido, ni los motivos precisos de la acción policial en su contra. Y, además, no le permitieron la asistencia jurídica de un abogado. Todos ellos derechos garantizados en el artículo 49 de la Constitución.

Naky Soto ofreció información que indica que Luis Carlos Díaz fue sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes: “Me dijo que lo golpearon con el casco que usa para manejar bicicleta. Que, para angustiarlo, le dijeron que yo estaba detenida y me habían trasladado al Hospital Militar, a propósito de mi condición oncológica”.

La periodista aseguró que los funcionarios del Sebin fueron enfáticos en su intento de aterrorizarla: “Me advirtieron que también me podían detener a mí. Que nos podían poner un muerto en la puerta de nuestra casa, para acusarnos de homicidio”.

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, aseguró que a partir de las 10:00 pm de este lunes 11 de marzo y durante toda la madrugada siguiente, estuvieron recorriendo hospitales y centros de detención preventiva en busca de Díaz: “Fuimos a las sedes del Sebin, en Plaza Venezuela y en El Helicoide, fuimos a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, a la sede de la Policía Nacional Bolivariana… En todos esos lugares nos negaron que Luis Carlos estuviese detenido”.

Para que se configure el delito de desaparición forzada de personas no es imprescindible que transcurra largo tiempo sin saber del paradero de la víctima.

El delito está establecido en el artículo 181-A del Código Penal: “La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio”.

El silencio del fiscal general y del Defensor del Pueblo

Naky Soto afirmó que desde la misma noche del lunes informó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre la desaparición de Luis Carlos Díaz. “Solo recibimos como respuesta del fiscal unos stickers de mensajería telefónica”, aseguró la periodista.

El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz,  se sumó al silencio oficial, a pesar de que también le corresponde impedir excesos en la actuación de policías y militares .

Naky Soto contó con el respaldo de decenas de periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos de oposición que se concentraron a partir de las 11:00 am de este martes 12 de febrero, frente a la sede de la Fiscalía General de la República, en Parque Carabobo, para expresar su solidaridad y repudiar esta nueva agresión.

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, destacó que el caso de Luis Carlos Díaz forma parte de una escalada de violencia estatal que ha causado más de 40 detenciones arbitrarias de periodistas durante los dos primeros meses de 2019.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, reiteró que se trata de una política de criminalización del ejercicio del periodismo en Venezuela y que, en esta oportunidad, se utilizó el patrón de las declaraciones estigmatizantes contra un comunicador social, a partir de la cuales se emprenden agresiones, entre ellas hostigamiento judicial.

El 8 de marzo, en el programa Con el mazo dando, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se había transmitido un video a través del cual Díaz explicaba las implicaciones de un blackout informativo. Cabello  tergiversó el mensaje del periodista y trató de responsabilizarlo de la interrupción del servicio eléctrico en todo el país a partir del jueves 7 de marzo.

Soto recordó que ese video fue elaborado el 15 de febrero y difundido el 17 de febrero, es decir  casi tres semanas antes del apagón.

Correa informó que se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para preservar la integridad física y la vida del periodista detenido ilegalmente por la policía política venezolana.

Lo más concreto y grave es que hasta el mediodía de este martes, 18 horas después de la detención de Luis Carlos Díaz, las autoridades fiscales y policiales habían negado información sobre su paradero, lo cual es un elemento clave del delito de desaparición forzada de personas.

PNB desmontó esta madrugada tarima en avenida Victoria y detuvo conductores de la AN

TRES CHOFERES CONTRATADOS POR LA ASAMBLEA NACIONAL fueron detenidos esta madrugada en la avenida Victoria de Caracas, justo cuando diputados acompañaban la instalación de la tarima que serviría al acto convocado por el presidente encargado Juan Guaidó para este sábado 9 de marzo.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron en el lugar alrededor de las 2:00 AM y ordenaron desmontar la tarima, confirmó el diputado Winston Flores. También se llevaron detenidos y trasladados a El Helicoide a Freddy Quintero, Juan García y Ángel Bastidas, quienes conducían los camiones con el material para el montaje.

“La orden fue amedrentar a la compañía que estaba montando la tarima. La PNB se llevó los camiones de la tarima y una planta eléctrica. Ellos creen que haciendo esto no habrá acto este sábado, y se equivocan. El mundo entero, vea como hoy nos confiscan nuestros derechos civiles y políticos”, afirmó Flores.

En la zona también se presentaron “ballenas” de la PNB, que finalmente fueron retiradas tras la detención de los conductores, según reportó VPI. Tanto el diputado Flores, como su colega Carlos Berrizbeitia estuvieron esta madrugada frente al El Helicoide exigiendo la liberación.

“Hoy estábamos cumpliendo como diputados de la AN, con un acto de la AN, y vemos como la fuerza del Estado usurpado viene a irrumpir un acto cívico y democrático. Pero eso no va a detener la marcha y el evento. En este mismo sitio montaremos una tarima temprano para que el presidente Juan Guaidó le hable a los venezolanos y al mundo”, dijo Berrizbeitia. Confirmó que la movilización de este #9M se mantiene tal como estaba prevista.

 

Familiares de Modesto Díaz aseguran que tenía pinchazos en los brazos y no podía caminar
Falleció una hora después de una visita familiar. En el acta de defunción dice que fue de un infarto intestinal

 

@loremelendez

MODESTO RAMÓN DÍAZ, DE 63 AÑOS, no recordaba cómo había llegado al Helicoide. Sí sabía que lo habían detenido cerca de su casa, específicamente frente a la clínica Vidamed de la avenida Solano, de Sabana Grande, en Caracas. También se acordaba de que habían allanado su vivienda, aunque eso no apareciera en el expediente que levantaron sobre su caso. Después de eso, a su mente solo venía el momento en el que se despertaba preso en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se presume que murió el pasado 4 de noviembre.

De aquellas lagunas de su memoria se habían enterado sus familiares cuando lo vieron, casi dos meses después de que lo arrestaron. Lo habían capturado el 25 de agosto y dos días después lo presentaron ante tribunales, donde estuvo junto a sus abogados. Le imputaron porte ilícito de armas por supuestamente llevar consigo un fusil de asalto R15 y lo dejaron tras las rejas. Aunque sus defensores intentaron que se le otorgara un beneficio procesal que le permitiera estar en su casa por su edad y porque se trataba de un delito menor, nada consiguieron.

Durante dos meses, Díaz permaneció recluido en los calabozos del Sebin sin contacto alguno. “Nos dijeron que no lo podíamos ver porque estaba en período de adaptación”, relató a Runrun.es Queover Díaz, uno de sus hijos.

Fue el domingo 28 de octubre cuando por fin se autorizó la visita al arrestado. Al verlo, los familiares se encontraron con un hombre afectado tanto mental como físicamente. No tenía lesiones visibles, pero dicen sí lo torturaron psicológicamente. “Le habían dicho que todos los miembros de la familia estábamos detenidos”, aseguró un allegado. En los brazos, afirmó su hijo, “tenía marcas de pinchazos”, similares a los que dejan las agujas para canalizar vías venosas.

A Díaz debían trasladarlo a tribunales el jueves 1 de noviembre para su audiencia preliminar, en la cual se determinaría si su caso iría a juicio o si se sobreseería, pero aunque sí llevaron a otros detenidos, a él no lo transportaron. Eso lo deprimió, según sus parientes.

El fin de semana pasado, sus familiares fueron a verlo al Helicoide y seguía “ido” y ya no podía caminar solo. El domingo 4 de noviembre, a las 3:00 pm, Queover se despidió de él. Una hora después de este encuentro, según el acta de defunción, Díaz falleció de un infarto intestinal agudo.

A las 6:30 pm sonó el teléfono de Marvin, otro de los hijos de Modesto Díaz. Desde el Sebin le avisaban que su padre sería trasladado al Hospital Clínico Universitario de Caracas porque se sentía mal. La familia llegó al centro de salud pero tardaron horas en saber si Díaz estaba allí. Tiempo después, un médico que acababa de recibir la guardia les informó que el detenido había llegado sin signos vitales al hospital y que por eso había sido trasladado de inmediato a la morgue de Bello Monte. Allí, finalmente, hallaron el cadáver luego de constatar que algo inusual sucedía en las instalaciones: el Sebin había cerrado la calle y custodiaba los accesos de la institución.

“Aquí estaba gente de la Fiscalía, de Derechos Fundamentales y creo que también de la Defensoría del Pueblo… Para mí, él murió en el Sebin”, señala uno de los parientes.

Díaz es la tercera persona que muere en un edificio del Sebin. Hace un mes, el 8 de octubre, el concejal Fernando Albán cayó desde el piso 10 de la sede de este organismo en Plaza Venezuela, donde se encuentran los calabozos subterráneos conocidos como “La Tumba”. Aunque la versión oficial dice que Albán –detenido arbitrariamente el 5 de octubre por estar presuntamente implicado en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto– se suicidó, las incongruencias de las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, aunado a las inconsistencias del hecho –los uniformados nunca dejan solo al prisionero, ni siquiera en el baño–, y las denuncias del diputado Julio Borges, quien aseguró que al detenido lo mataron y luego lo arrojaron por una ventana, siembran dudas sobre lo ocurrido.

En abril de 2015, hallaron muerto en su celda de El Helicoide a Rodolfo González, un ex piloto de la aviación civil apodado “el aviador”. Un año antes lo detuvieron por su actuación en las protestas de 2014 y se le acusó por asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego. El gobierno indicó que se había ahorcado.

Las muertes de Díaz, Albán y González son responsabilidad del Estado. Así lo establece el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que subraya la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte. “El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”, se lee en el apartado.

Armero de funcionarios

Díaz, nacido en febrero de 1955 en San Francisco de Cara, estado Aragua, era armero de oficio. Fue sargento primero de la Guardia Nacional pero a principios de los 80 dejó el uniforme militar para quedarse con el mantenimiento y reparación del armamento. Según sus familiares, su vida la dedicó a las armas y hasta fue propietario de un local –que contó con registro mercantil– en donde las vendía. También fue miembro de la Federación Venezolana de Tiro.

Desde que se prohibió el porte de armas, Modesto Díaz solía trabajar solo con el armamento de funcionarios que conocía. “Él se movía en ese mundo”, dijo en una entrevista a VPI Marvin Díaz.

“Él era un hombre fuerte, robusto, saludable. Y en dos meses pasó a ser una persona a la que se le olvidaban las cosas. No caminaba porque la última vez (el domingo 4) los funcionarios lo trajeron a cuestas para que estuviera con nosotros. Tampoco comía porque la comida le sabía mal y pensaba que lo querían envenenar”, comentó Queover Díaz.

Modesto Díaz también perdió peso. Tenía una prótesis en la cadera y mientras estuvo recluido en el Sebin, nunca pudo usar su bastón. El aislamiento, presumen los parientes, pudo haber empeorado sus condiciones de salud. “A lo mejor cometió un error y por eso estaba allá adentro, pero no le puedes quitar el derecho a ver a su familia (…) Aislarlo dos meses, sin saber absolutamente nada, yo creo que eso no le hace bien a nadie”, recalcó Marvin Díaz. En estas últimas semanas, señaló, su padre estaba desorientado. “No era él, no era una persona que estaba en sus cabales”, acotó.

El aislamiento del detenido constituye una desaparición forzada, entendida según el Alto Comisionado para las Naciones Unidas como cualquier forma de privación de libertad hecha por agentes del Estado o por grupos que actúan con su autorización y apoyo o, seguida de “ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Estas actuaciones se han vuelto frecuentes cuando de presos políticos se trata. Sucedió con el diputado Juan Requesens, quien pudo ver a su familia 44 días después de su arresto por estar presuntamente implicado en la explosión de drones contra Maduro. Familiares de varios de los apresados por esa misma razón también permanecieron encerrados y sin ningún contacto con sus parientes durante semanas. Uno de los casos más recientes es el de Luis Lugo Calderón, el teniente retirado de la Aviación que fue detenido el 14 de octubre. Tres semanas después, su paradero se desconoce y ninguna institución pública responde.

A esas desapariciones se suman las afecciones y enfermedades. De acuerdo con cifras recabadas por la ONG Foro Penal, más de 40 % de los presos políticos tiene problemas de salud. “Hay casos mucho más graves que otros (…) A veces uno piensa que un problema por falta de atención odontológica pareciera muy simple o poco grave para un ciudadano común que tiene la posibilidad de ir a un odontólogo, que está bien en su casa y que se puede poner un pedazo de hielo en la boca. Pero para un preso que esté en situaciones paupérrimas, un problema odontológico es un dolor terrible que le causa mayores problemas de bacterias y que se puede convertir en algo grave”, dijo Alfredo Romero, director ejecutivo de la organización, en una entrevista a Unión Radio.

Aunque el acta de defunción indica que Díaz murió a las 4:00 pm, a la familia le avisaron dos horas y media después del hecho. En el espacio de causa de la muerte se lee: “infarto intestinal agudo aterosclerosis severa calificada obstructiva de arterias y sus ramas y vasos mesentéricos”.

Un médico forense consultado sobre el tema indicó que un infarto intestinal no provoca la muerte inmediata de quien lo padece. “Él tenía que haber tenido síntomas, por lo menos de dolor intestinal agudo, sangramiento rectal, distensión abdominal, vómitos”, añadió. Pero Díaz no había manifestado tener este malestar a sus familiares.

Otro especialista consultado aclaró que no siempre se presentan síntomas previos y que este tipo de afecciones se producen por una isquemia. Los parientes de Díaz, sin embargo, piensan si lo hubieran tratado a tiempo, todavía estuviese con vida.

Padre de Juan Requesens: Mi hijo está en aparentes buenas condiciones

JUAN GUILLERMO REQUESENS, padre del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, informó que cuando visitó a su hijo en El Helicoide constató que está en “aparente buenas condiciones”.

Requesens indicó que señala de tal manera el estado del parlamentario porque así se trata en el área de salud a los pacientes cuando se realiza una historia médica.

“Lo demás se va a determinar cuando lo evalúen nuestros médicos, incluso si es necesario un psicólogo o un psiquiatra”, precisó Requesens.

El padre del diputado resaltó que su hijo debe ser evaluado y sometido a ciertos exámenes debido a una cirugía que se realizó anteriormente.

 

 

Omar Mora Tosta: Se mantienen detenidos 409 presos políticos en todo el país

 

El abogado Omar Mora Tosta, aseguró que en el país se mantienen detenidos 409 presos políticos. “Diseminados a lo largo y ancho del país en diferentes sitios de reclusión”.

En el programa Primera página que transmite Globovisión, Mora Tosta dijo que seguirán luchando para que haya libertad plena para todos los detenidos. “Es importante lo que está ocurriendo porque todos nuestros presos políticos nunca merecieron estar detenidos porque nunca han cometido delito alguno”.

El abogado dijo que en el país hay una crisis institucional porque no se han hecho cumplir con las boletas excarcelación de muchos de los detenidos. “Eso es una violación clara de los derechos humanos”.

Mora Tosta acusó al gobierno de liberar presos políticos pero por otra parte mantener la política de detenciones de otros dirigentes.

 

Sebin mantiene suspendidas las visitas en El Helicoide

 

Sin visitas desde el pasado 17 de mayo permanecen 19 presos políticos en la sede del Sebin en El Helicoide. La medida se da como resultado de la protesta que realizaron los detenidos en los espacios comunes de la cárcel para exigir respeto a las boletas de excarcelaciones, traslados y mejoras de condiciones de reclusión.

Abogados y familiares denunciaron que desde hace 22 días no les han permitido el ingreso de alimentos ni de medicinas para los prisioneros que por razones políticas se encuentran en ese centro de reclusión, el cual comparten con personas procesadas por delitos comunes. Desde esa fecha, desconocen el estado físico y de salud de sus allegados.

Omar Mora Tosta, abogado que forma parte de la defensa de algunos presos políticos, declaró que a raíz de la protesta existe una suerte de retaliación que bloquea el ingreso de lo que habitualmente requieren los reclusos. “Prosigue el aislamiento y en virtud de esto, la violación de sus derechos humanos. Esperamos que esto cese”, agregó.

 

*Con información de El Nacional 

Con incertidumbre presos políticos fueron dejando sus celdas

Con mayor incertidumbre que certeza se dio inicio a la ex carcelación este sabado a algunos de los presos políticos por medio de medidas cautelares desde la sede del Sebin en El Helicoide .

Familiares de los presos esperaron por sus seres queridos, luego de que fueran trasladados a la Casa Amarilla en la tarde.

A las 6:40 salió Yeferson Rodríguez, escolta del diputado a la Asamblea Nacional Richard Blanco, el primero que abandono El Helicoide.

Posteriormente dejaron el recinto: Victor Navarro, Gregory Sanabria, Roberto Picón, Renzo Prieto, Gabriel Valles y José Vicente García.

A otros presos como Raul Emilio Baduel y Gilber Caro se les otorgará supuestamente la excarcelación desde el centro de reclusión de origen que les fue asignado.

Prohíben ingreso de alimentos a detenidos del Sebin en el Helicoide

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La organización no gubernamental Foro Penal denunció este domingo, 27 de mayo, que las autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) prohibieron el ingreso de alimentos o agua a los detenidos que están en la sede del Helicoide, al oeste de Caracas.

El anuncio lo hizo tanto el director ejecutivo de la ONG, Alfredo Romero, como Yamile Saleh Rojas, madre de Lorent Saleh, uno de los presos políticos que está en el lugar.

Saleh Rojas cuestionó la medida y criticó que los detenidos no tengan derecho a recibir los alimentos llevados por sus familiares. “Siento tanta angustia en mi corazón. Siento que mi hijo me necesita, no sé de él. Pido se respeten sus DD.HH, él es un ser humano e hijo maravilloso. ¡Un luchador incansable! Dios protege la vida de mi hijo y de todos sus compañeros”, indicó en un mensaje vía Twitter.