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Tribunal de Caracas ordena privación de libertad a dos GNB  por muerte de CC Rafael Acosta Arévalo

El Tribunal 36° en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas acordó medida judicial privativa preventiva de libertad contra los ciudadanos Estiben José Zárate Zoto, de 22 años de edad y suboficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ostentando la jerarquía de sargento segundo, y Ascanio Antonio Tarascio Mejía, de 23 años y quien ostenta la jerarquía de teniente en el mismo componente militar, por su presunta vinculación en la muerte del ciudadano Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y quien se encontraba detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El referido Tribunal de Control acogió en la audiencia de presentación la precalificación solicitada por el representante del Ministerio Público por el delito de homicidio preterintencional, por causal previsto y sancionado en el artículo 410 del Código Penal.

En la decisión del juzgado se acordó como sitio de reclusión para los dos GNB la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Periodistas lograron ingresar a Asamblea Nacional este #11deJunio

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN lograron entrar al Palacio Federal Legislativo pese a la prohibición de la Guardia Nacional Bolivariana. 

Acompañados de un grupo de parlamentarios, entre ellos la presidente de la Comisión de Medios, María Beatriz Martínez, periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que cubre la fuente legislativa lograron vencer las medidas de seguridad del organismo castrense e ingresar a la instancia parlamentaria por la entrada de la esquina El Conde, ante la mirada atónita de los uniformados. 

Esta es la segunda semana consecutiva que los profesionales de la comunicación logran vencer los obstáculos de la GNB. El martes pasado accedieron al Parlamento tras un forcejeo en la entrada principal de la instancia.

“Estamos absolutamente comprometidos con la prensa libre. Tengan la seguridad que siempre vamos a saltar cualquier obstáculo”, manifestó Martínez.

 

Efectivos de la GNB amenazaron a periodistas en cercanías de la AN

EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA  denunció este miércoles que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidió el paso de la prensa a la Asamblea Nacional.

El SNTP señaló que uno de los oficiales amenazaron a los periodistas en las inmediaciones con llevárselos detenidos. Indicó que el funcionario dio órdenes a los uniformados de actuar en contra de los reporteros en el lugar.

La sesión de la Asamblea Nacional prevista para el martes fue suspendida por la presunta presencia de un artefacto explosivo, por lo que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la GNB tomaron el Palacio Legislativo.

La sesión fue reprogramada para este miércoles a las 10:00 am.

 

 

Petróleo, oro y alimentos, el verdadero poder de los militares en Venezuela

“¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!”, hace repetir a sus seguidores Nicolás Maduro. Y estos días en que el futuro de la crisis se juega fundamentalmente en los cuarteles, el oficialismo cuenta con un ingrediente extra para asegurarse la lealtad de los 140.000 militares que tiene el país. El papel preponderante que el chavismo asignó a los uniformados en la economía de Venezuela se vería amenazado en un régimen democrático como el que propone el presidente interino Juan Guaidó.

“A los militares ya no les interesa tanto el poder político de los ministerios como el manejo de las empresas, especialmente en tres actividades que producen divisas: el petróleo, la minería y los alimentos”, explicó a La Nación Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, que el año pasado publicó el informe “El entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela”.

La petrolera estatal Pdvsa, que aporta más de 95% de los ingresos del presupuesto nacional, es dirigida desde hace año y medio por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, mayor general sin experiencia en la materia.

El segundo rubro es la minería, puesto que Venezuela ostenta una de las reservas de bauxita (de la que se obtiene el aluminio), oro y diamantes más grandes del mundo. La explotación minera está controlada por los militares a través de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, creada en 2016), presidida por el mayor general Alexander Cornelio Hernández Quintana.

Otra especialista, Francine Jacome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, Invesp, indicó que hoy “es mucho más fácil ver en qué sectores económicos los militares no tienen un dominio directo, ya que la mayor parte está bajo su control”.

Las áreas económicas que escapan de la administración castrense son “espacios muy limitados que quedaron en manos privadas: comercios, pymes, telecomunicaciones y banca”, dijo Jacome. “Pero aun allí existe una supervisión gubernamental permanente y en muchos casos mediante entes controlados por militares en actividad o retirados”, señala.

Garantía

La creciente inserción de los militares en la economía marcha coincide con el deterioro de la situación general en los últimos años y la necesidad de garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas (Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar, Ejército y Armada). Si solo fuera por su salario militar, por ejemplo, un mayor ganaría apenas el equivalente a cerca de 15 dólares mensuales, ingreso que le alcanzaría para mantener a su familia durante tres días.

Así, de la solitaria empresa Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares), fundada en 1975 y dedicada a la fabricación e importación de municiones y armamentos, los militares cuentan hoy con 20 compañías que abarcan desde la siembra y cosecha de granos hasta la fabricación de productos de limpieza, textos escolares y juguetes.

La gran pregunta entonces es si un futuro gobierno democrático podría “desarmar” este entramado para regresar el control de la economía a manos privadas. “Hasta que Guaidó no les ofrezca a las Fuerzas Armadas un plan de futuro no hay posibilidad que reviertan su apoyo a Maduro”, estimó San Miguel.

Por su parte, Jacome agregó: “En una transición a la democracia, siempre en el mediano plazo, hay que fomentar estrategias de confianza mutua que permitan el control civil sobre el sector militar”.

La especialista estableció además una relación directa entre el creciente papel militar en la economía y el incremento de los índices de inseguridad en el país más violento de América Latina, que el año pasado llegó a 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. “Es necesario que los militares vuelvan a la institucionalidad y el profesionalismo para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza”, concluyó.

Muere joven herida en la cabeza durante represión en Altamira este 1 de mayo
El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 pm. Testigos señalan que el disparo provino de la GNB

@loremelendez

JURUBITH BETZABETH RAUSSEO GARCÍA, DE 27 AÑOS, es el nombre de la joven que murió este miércoles, 1 de mayo, en medio de las manifestaciones de la Operación Libertad que se desarrollaron en Altamira, al este de Caracas.

La muchacha, segunda víctima de las protestas nacionales que se activaron por la Operación Libertad liderada por Juan Guaidó, recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza. Testigos aseguran que el disparo lo hizo un efectivo de la Guardia Nacional.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 pm en la avenida Del Ávila, que comunica a Altamira con la autopista Francisco Fajardo, en donde desde el mediodía se registró una intensa represión contra quienes protestaban en las cercanías de la base aérea militar de La Carlota.

A medida que transcurrió la tarde de este miércoles, la Guardia Nacional avanzó hacia la avenida Francisco de Miranda para atacar a los manifestantes que todavía continuaban sus acciones de calle después de siete horas.

Rausseo fue trasladada a la clínica Ávila, donde fue ingresada y sometida a una operación. Murió en medio de este procedimiento, según reporteros de varios medios audiovisuales venezolanos.

Fotos: Militares leales a Guaidó portan bandas azules en brazos y rostros

Es el distintivo. Cada uno de los uniformados que este 30 de abril se unió a la Operación Libertad que comanda Juan Guaidó, presidente encargado de la República y de la Asamblea Nacional, amarró a su brazo derecho bandas azules y utilizó las mismas para cubrirse el rostro.

Los funcionarios, que provienen de la Guardia Nacional (GNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), son la punta de lanza del alzamiento que pretende sacar a Nicolás Maduro de Miraflores.

Las siguientes imágenes de El Pitazo dan cuenta del uso de la cinta:

militares con bandas azules

militares con bandas azules brazo

militares bandas azules

militares 30 abril balas

Más información en El Pitazo.

Tras 16 años, presentan caso de la masacre de Vista Hermosa ante la Corte IDH

ESTE LUNES 8 DE ABRIL, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de siete reclusos fallecidos durante un operativo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, el 10 de noviembre de 2003.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se mostró satisfecho con el informe de fondo emitido por la CIDH, dos días después de que también presentarán ante la Corte IDH el caso de cinco presos que murieron durante un incendio dentro de una celda en el INAM “Monseñor Juan José Bernal” en San Félix, estado Bolívar, el 30 de junio de 2005.
Como se recordará, al informar sobre el primer caso, Prado sentenció: “El Estado venezolano adoptó una posición de no cumplir las recomendaciones de los organismos que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, pero queda bien claro que no se puede actuar con impunidad, y a 14 años de la tragedia finalmente avistamos una respuesta contundente de parte de un organismo internacional”.

Prado añadió que las víctimas de Vista Hermosa fueron identificadas como Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Rinaldi Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma, cuando eran internos en la Cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar. En el hecho resultaron heridos otros 27 internos.

Cabe destacar que en ese entonces el Ministerio Público solicitó cuatro órdenes de aprehensión contra cuatro funcionarios adscritos al Destacamento 81 de la GNB, identificados como capitán William José Campos Lozada, subteniente Salvador Franchi Rincones, subteniente Gustavo Emiro Puerta Martínez y el distinguido Pedro Ramón Belisario.

Además, Prado aseguró que a 16 años de estas ejecuciones extrajudiciales el Observatorio Venezolano de Prisiones continúa acompañando a los familiares de las víctimas, y participará en el litigio del caso en igualdad de condiciones que el Estado venezolano. “Lucharemos incansablemente por los derechos que le negaron a las víctimas y a sus familiares en nuestro país” puntualizó.

Al respecto, Comisión concluyó que “el Estado no ha brindado una explicación satisfactoria sobre las muertes y lesiones ocurridas bajo su custodia, de manera que pudiera desvirtuar la presunción de responsabilidad internacional que opera en tales circunstancias” Además, determinó que existen múltiples indicios que permiten concluir que el uso de la fuerza fue ilegítimo, innecesario y desproporcionado.

La CIDH concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las víctimas heridas y de los familiares de las víctimas fallecidas. Asimismo, se determinó que la investigación no ha sido exhaustiva, que las autopsias llevadas a cabo no son compatibles con los estándares internacionales aplicables, que no se ha analizado el contexto de las muertes, y que la investigación de los hechos, la cual continúa pendiente, no se ha llevado a cabo en un plazo razonable.

En tanto, la Comisión recomendó al Estado venezolano “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, tanto en el aspecto material como inmaterial, incluyendo medidas de compensación económica y satisfacción; disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los familiares de las víctimas fallecidas, así como los internos heridos, de ser su voluntad y de manera concertada; continuar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe”.

De igual manera, y según fue publicado en su página web, la CIDH recomendó al Estado venezolano “disponer mecanismos de no repetición que incluyan asegurar que tanto en la legislación como en la práctica, las fuerzas militares no tengan facultades de ingreso a los centros penitenciarios con fines de custodia o respuesta a situaciones de orden público; y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el personal de custodia de los centros de detención, incluso en situaciones de emergencia, sea de carácter civil y esté debidamente capacitado en materia penitenciaria y sobre los estándares relativos al uso de la fuerza, en los términos descritos en el informe de fondo”.

Por último, se conoció que la Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 1 de abril de 2019, y aunque el Estado informó sobre la derogatoria de la norma que facultaba a las fuerzas militares con la custodia de los centros de detención, la CIDH no contó con información sobre la implementación efectiva del cambio normativo ni sobre el cumplimiento de todas las demás recomendaciones, puntualmente las relativas a la reparación integral a los familiares, la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

Denuncian que GNB decomisó cisterna que iba a ser usado en

ALREDEDOR DE 500 PERSONAS se quedaron este sábado 30 de marzo sin recibir el almuerzo que cada fin de semana ofrece de manera gratuita la iniciativa llamada “La Olla Milagrosa” en la iglesia La Chiquinquirá de La Florida.

El párroco de la congregación, Luis Antonio Salazar, dijo que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana decomisaron el viernes un camión cisterna que había sido cancelado previamente para preparar la comida que iba a ser distribuida el sábado, en vista de la inexistencia del servicio en la zona desde inicios de semana.

“El camión tenía que llegar a las 2 de la tarde del viernes para comenzar a limpiar y cocinar para el sábado, pero un miembro de la Guardia Nacional no nos dejó verter el agua del cisterna en el tanque de la parroquia porque un Capitán necesitaba el líquido para uso personal”, dijo Salazar, quien es fraile capuchino.

Salazar dijo que insistieron en cambiar el destino del cisterna en ese momento, pero todos los esfuerzos por razonar fueron infructuosos. “Finalmente un cisterna llegó a eso de las 6 pm en horario de misa, pero ya era tarde. Además a las 7 pm se nos fue el servicio eléctrico”.

El padre dijo que los comensales, en su mayoría habitantes del barrio Chapellín, estaban indignados y tristes. “Lamentablemente esta es la situación que vive Venezuela. Los servicios básicos no existen y vivimos bajo un régimen totalitario que no puede garantizar bienestar a la persona”.

“Además que ni siquiera podemos tener agua, cuando queremos resolver tampoco nos dejan. Pero a pesar de eso nos reponemos y vamos a seguir llevando un plato de comida digno a las personas que lo necesiten”.

“La Olla Milagrosa” de La Chiquinquirá tiene dos años ofreciendo comida gratuita a las personas.