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Guardia Nacional Bolivariana

Protestas y detenciones arbitrarias en Aragua por escasez de gasolina
Conductores pasan días haciendo cola para surtir gasolina

Durante el proceso de cuarentena, por la presencia de la pandemia Covid-19 en el país, la escasez de la gasolina ha generado largas colas, que se prolongan hasta por tres días. La situación tiene en mayor descontento a los venezolanos y los índices de violencia en el estado Aragua han aumentado.

En las estaciones de servicio de la entidad se registran interminables colas para surtirse de gasolina; al parecer, la prioridad ante la emergencia sanitaria sólo la tienen los militares. Los médicos y enfermeras caminan hasta 48 kilómetros diarios para ir a su sitio de trabajo y regresar a sus hogares, desde San Juan de los Morros -en Guárico- hasta el Hospital Nuestra Señor de la Caridad, ubicado en San Sebastián de los Reyes en Aragua, ante la ausencia de transporte público.

El pasado 27 de abril, tras varios días de cola para obtener el combustible y ante la imposibilidad de abastecerse, los aragüeños protestaron con quema de objetos en la vía de Turmero, municipio Santiago Mariño.

Así mismo, el ex concejal del municipio Sucre, en Aragua, Simón García -mejor conocido como “Pipo”-, fue detenido al protestar por las irregularidades en el suministro de gasolina en el estado, ya que tenía una semana en la fila y el combustible no llegó. Además, 5 personas más fueron privadas de libertad por, presuntamente, la misma razón, según confirmó la abogada del Foro Penal, Zuleima Siso. Por otra parte, el 1 de mayo, la Policía de Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disolvieron una protesta con bombas lacrimógenas en el sector de La Barraca en Maracay, concentración que estuvo motivada por las irregularidades en el surtido de gasolina correspondiente al terminal de placa vehicular que inició el 27 de abril.

125 personas murieron a manos de funcionarios entre enero y abril de 2020 en oriente del país
40 muertes se dieron en operativos de las Faes

125 personas murieron a manos de funcionarios policiales entre enero y mediados de abril de 2020 en los estados Anzoátegui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta, de acuerdo a la información aportada por el Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias de la Fundación de los Derechos Humanos (FDDHHANZ).

El director institucional de la mencionada Organización No Gubernamental (ONG), Alcides Magallanes, destacó que 32% de los casos (40 muertes) ocurridos en las entidades orientales e insular se han dado en operativos de Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

“El otro cuerpo de seguridad que acumula más violación al derecho a la vida son las policías estadales de Anzoátegui y Sucre (Iapes y Polianzoátegui) que acumulan 25 fallecidos (20%), seguido el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 21 víctimas (16,8%)”, detalló Magallanes.

Acotó que nueve de las muertes corresponden a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lo que representa el 7,2%. Mencionó que las instituciones municipales también participaron en presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“Se contabilizaron 10 fallecidos por parte de la Policía del Municipio Sucre en Cumaná, cuatro a cargo de la Policía Municipal de Sotillo en Puerto La Cruz,04 de la Policía Municipal de Anaco, tres por la Policía Municipal de Freites en Cantaura, 03 de la Policía Municipal de Guanipa en El Tigrito”, afirmó.

El activista de derechos humanos agregó que la Policía Municipal de Bolívar en Barcelona, la Policía Municipal de Peñalver en Puerto Píritu y la Policía Municipal de Simón Rodríguez en El Tigre, registra una muerte cada organismo.

“En el monitoreo realizado por el observatorio, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) participó en dos presuntas ejecuciones extrajudiciales y la Policía Nacional Bolivariana en un caso”.

Estado más violento 

En cuanto al panorama geográfico, Anzoátegui es el estado con más vulneración al derecho a la vida con 63 muertes, luego Sucre con 30, Nueva Esparta con 18 y Monagas con 14.

“85% de los fallecidos del estado insular fallecieron en supuestos enfrentamientos con las FAES, hechos que fueron desmentidos por familiares de las víctimas”, explicó Magallanes. 

El exdiputado (PSUV) Juan F. García denuncia que la GNB “secuestró” el Centro de Profesionales del estado Apure 
El “secuestro” del Centro de Profesionales del estado Apure por la GNB “es una salvajada y una demostración más de que aquí la violencia del fusil pisotea la civilidad”, denuncia el exdiputado (PSUV) Juan Francisco García @jufraga12 .  

 

Juan Francisco García, exdiputado del PSUV, denuncia que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) “secuestró” las instalaciones administrativas del Centro de Profesionales del estado Apure. Se hizo, según el exparlamentario, para instalar el Comando de la Zona 35, Desur, de ese componente militar

La sede del referido centro profesional había albergado “por décadas” las oficinas administrativas del Colegio de Abogados, Colegio de Médicos, Colegio de Veterinarios, Colegio de Odontólogos y el Colegio de Farmaceutas. Y era escenario de encuentros deportivos, ferias de comida y de calzados, encuentros binacionales de la comunidad colombo-venezolana, y muchos otros eventos sociales de la comunidad apureña.

Ante la ocupación de la sede por parte de la GNB, García reclama al ministro de Defensa: “¿General Padrino López, por qué la Guardia Nacional roba a los profesionales apureños?“.

Y precisa que “arbitrariamente la Guardia Nacional tomó las instalaciones, secuestrando todos los documentos, bienes muebles y archivos de los profesionales registrados en los distintos colegios“. Asimismo, señaló la prohibición de entrada de los representantes y de los colegiados a la sede profesional”.

Instalaciones del Centro de Profesionales del estado Apure. Foto cortesía Juan F. García.
Archivos y enseres del Colegio de Abogados, del Centro de Profesionales del estado Apure. Foto Juan Francisco García.

“Este hecho desnuda la vulnerabilidad del sistema de justicia venezolano, resalta el atropello de las FANB y el autoritarismo de los militares que tienen el beneplácito de actuar como dueños de la sociedad en un sistema dictatorial que reprime, encarcela y asesina al pueblo venezolano”, agregó.

Tras la ocupación del inmueble, la GNB remodeló y pintó todas las áreas, que estaban en precarias condiciones “por la incapacidad financiera de los distintos colegios para mantenerla”, admite García. Sin embargo, reclama que este componente militar “no ha tenido la disposición de comunicarle al pueblo apureño, ni a ninguno de los interesados, el motivo de esta barbaridad”.

Sin autonomía judicial

Los representantes de los colegios han ejercido procedimientos judiciales ante los tribunales con competencia civil del estado Apure, consignando los documentos de propiedad del inmueble “tomado por asalto”, indicó el denunciante.

A la jueza Milvida Utrera, del Tribunal Tercero del municipio y ejecutora de medidas judiciales en San Fernando, le correspondió hacer la inspección ocular extrajudicial. Sin embargo, el paso a las instalaciones le fue bloqueado por guardias nacionales, comunicando que el acceso estaba prohibido por órdenes superiores de la Guardia Nacional, “según consta en los autos correspondientes del tribunal señalado”, precisa García.

Lamenta el exparlamentario que “aunque se efectúen los procedimientos y los funcionarios locales actúen diligentemente, bien sabemos que el poder judicial funciona en Venezuela como un apéndice del régimen, sin ninguna autonomía”.

Reclamo a Vladimir Padrino

García reclama que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, “consienta esta arremetida de representantes indignos de la Guardia Nacional contra los profesionales”:

– En el caso del Colegio de Abogados, al cual pertenezco desde hace unos 13 años, todos los archivos y bienes fueron expuestos prácticamente a la intemperie. Esta salvajada es una demostración más del irrespeto a la academia, al estudio, a la ciencia, a la civilidad en Apure y Venezuela. Aquí mandan el fusil, las armas, la violencia. Poco a poco nos han despojado de lo que nos pertenece individualmente y también colectivamente, como este caso-, agrega el exparlamentario.

Como en Doña Bárbara

A continuación, rescata las semejanzas entre la situación actual, mantenida por “los militares que mantienen un irrestricto apoyo al régimen de Maduro y se creen superiores a nosotros los civiles”, y lo que sucedía en Doña Bárbara, la novela donde el escritor costumbrista Rómulo Gallegos retrata la vida del llano profundo:

– Hoy, como en Doña Bárbara, se reedita la lucha entre la barbarie representada en la Guardia Nacional, y la civilización encarnada en un pueblo que defiende sus derechos. Ellos nos superan en el uso de la fuerza para resolver los conflictos, de la fuerza y de las armas; a nosotros nos asiste la racionalidad, la decencia, la ciencia, el servicio y el respeto.

La indignación del exparlamentario por lo que califica de despojo de la sede del Centro de Profesionales del estado Apure por parte de la Guardia Nacional se patenta en la acusación de “inmoralidad que contamina todo el cuerpo de las FANB”:

– Cargamos con el peso de la historia apureña, de lucha, de heroísmo, de valentía, de arrojo; nuestro talento no se lo debemos a un uniforme, es producto del esfuerzo de nuestras familias, de nuestras idiosincrasia, de nuestra cultura, somos apureños de bien y defendemos lo que nos roban unos cuantos ladrones”.

Protocolos de seguridad ciudadana

Una muestra más de lo que, en su opinión, reafirma la “inexistencia” del Estado de Derecho en Venezuela y específicamente en una entidad fronteriza como el estado Apure, donde, advierte el exdiputado, “da pavor denunciar cualquier hecho delictivo, porque todos los organismos de seguridad están contaminados y penetrados por la delincuencia y por los grupos irregulares, que actúan libremente amparándose en la omisión y hasta colusión de las autoridades. Son innumerables los casos donde efectivos de la Guardia Nacional y de otros organismos de seguridad se han visto envueltos en robos y hechos de violencia”.

Concluye García con una sugerencia a la población: “ante la sistemática la violación de nuestros derechos, los venezolanos tenemos que hacer nuestro propio protocolo de seguridad y estar alertas de toda situación donde nuestra integridad se pueda ver comprometida”.,

Juan Francisco García es exdiputado a la AN (PSUV) por el estado Apure. Expresidente de la subcomisión de Cultos y Regímenes Penitenciarios de la Asamblea Nacional. Actualmente dirige la comisión de organización del Movimiento Democracia e Inclusión, MDI, del estado Apure.

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Presuntos integrantes de la banda “El Ciego”, que domina la zona minera de La Paragua, arremetieron contra la comunidad para hacerse de los yacimientos mineros

Durante la noche de este viernes, 22 de noviembre de 2019, un grupo de hombres armados atacó el pueblo de Ikabarú, al sur del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, y asesinó al menos a seis personas, entre ellos, a un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana.

De acuerdo con reportes de habitantes de la comunidad indígena, quienes dispararon fueron los integrantes de la banda “El Ciego”, que domina la zona minera de La Paragua, a unas tres horas de Ciudad Bolívar, capital del estado. Decenas de ellos arribaron al lugar con armas largas, vestidos de negro y en busca de un hombre llamado Cristóbal, quién supuestamente está a cargo de la mina “Caraota” de Ikabarú. Al no encontrarlo, arremetieron contra sus allegados.

Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas de Foro Penal, informó que entre los asesinados está Edidson Ramón Soto, de 47 años, un indígena pemón oriundo de Ikabarú. También confirmó la muerte del sargento mayor de la Guardia Nacional, Antonio Perera.

Ikabarú, próxima al parque nacional Canaima, es una comunidad del sector 7 (también llamado Ikabarú) del territorio pemón, en donde habitan tanto indígenas como no indígenas. Se trata de una zona minera reconocida como tal por el Estado desde hace décadas. Quienes controlan los yacimientos son los mismos habitantes de la zona. De hecho, ellos deben pagar un procentaje a los caciques del sector para poder trabajar.

La masacre cometida por la banda armada ocurrió para que este grupo armado tomara el mando de esas minas.

El fiscal general designado por la Constituyente indicó en rueda de prensa que por el tráfico de cocaína líquida se detuvieron a 29 personas

Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, alertó este jueves 7 de noviembre sobre una nueva modalidad de tráfico de drogas con cocaína líquida,

“Al disolverse la cocaína es más difícil de detectar con Rayos X. Además, se puede mezclar con otros compuestos como aceites, lociones, champú y licores”, dijo Saab en rueda de prensa.

Según su explicación, “una vez que la droga líquida llega a su destino, puede regresar a su estado original mediante un proceso de decantación, filtrado y prensado, recuperándose cerca del 90% del producto” añadió Saab.

 

Indicó que durante este 2019 se detectaron 20 casos de tráfico de cocaína líquida. Fueron incautados 69 kilos con 505 gramos, valorados en 2 millones de dólares. Por esto, se procesaron a 29 personas de las cuales 19 fueron acusadas y tres ya fueron condenadas.

Destacó el caso del venezolano Farit Perdomo Yunda, quien se dirigía a Madrid, España, fue acusado el 20 agosto por la comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte.

“El 23 julio efectivos de la Unidad Especial Antidrogas de la GNB en el aeropuerto. Detectaron en el doble fondo de una maleta 18 láminas de diversos tamaños con cocaína líquida, cuyo peso aproximado fue de 5 kilogramos”, precisó.

Además, dijo que en el bolso de mano del mismo pasajero se detectaron otras 16 láminas con un peso aproximado de 3 kilos 200 gramos.

 

Presuntamente, Johandry Chacín Balza forma parte de la misma red de narcotráfico, por lo cual se emitió una orden de captura en su contra.

Tribunal de Caracas ordena privación de libertad a dos GNB  por muerte de CC Rafael Acosta Arévalo

El Tribunal 36° en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas acordó medida judicial privativa preventiva de libertad contra los ciudadanos Estiben José Zárate Zoto, de 22 años de edad y suboficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ostentando la jerarquía de sargento segundo, y Ascanio Antonio Tarascio Mejía, de 23 años y quien ostenta la jerarquía de teniente en el mismo componente militar, por su presunta vinculación en la muerte del ciudadano Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y quien se encontraba detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El referido Tribunal de Control acogió en la audiencia de presentación la precalificación solicitada por el representante del Ministerio Público por el delito de homicidio preterintencional, por causal previsto y sancionado en el artículo 410 del Código Penal.

En la decisión del juzgado se acordó como sitio de reclusión para los dos GNB la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Periodistas lograron ingresar a Asamblea Nacional este #11deJunio

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN lograron entrar al Palacio Federal Legislativo pese a la prohibición de la Guardia Nacional Bolivariana. 

Acompañados de un grupo de parlamentarios, entre ellos la presidente de la Comisión de Medios, María Beatriz Martínez, periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que cubre la fuente legislativa lograron vencer las medidas de seguridad del organismo castrense e ingresar a la instancia parlamentaria por la entrada de la esquina El Conde, ante la mirada atónita de los uniformados. 

Esta es la segunda semana consecutiva que los profesionales de la comunicación logran vencer los obstáculos de la GNB. El martes pasado accedieron al Parlamento tras un forcejeo en la entrada principal de la instancia.

“Estamos absolutamente comprometidos con la prensa libre. Tengan la seguridad que siempre vamos a saltar cualquier obstáculo”, manifestó Martínez.

 

Efectivos de la GNB amenazaron a periodistas en cercanías de la AN

EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA  denunció este miércoles que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidió el paso de la prensa a la Asamblea Nacional.

El SNTP señaló que uno de los oficiales amenazaron a los periodistas en las inmediaciones con llevárselos detenidos. Indicó que el funcionario dio órdenes a los uniformados de actuar en contra de los reporteros en el lugar.

La sesión de la Asamblea Nacional prevista para el martes fue suspendida por la presunta presencia de un artefacto explosivo, por lo que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la GNB tomaron el Palacio Legislativo.

La sesión fue reprogramada para este miércoles a las 10:00 am.