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Kellogg anuncia acciones legales por el uso indebido de su marca en Venezuela

LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE DE ALIMENTOS Kellogg informó este martes que ejercerá “las acciones legales pertinentes” por la apropiación de sus activos y el uso indebido de su marca en Venezuela, país en el que sus instalaciones fueron expropiadas en 2018 por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Reafirmamos que el uso de nuestras marcas no se encuentra autorizado en el territorio de Venezuela por virtud de la expropiación y toma de nuestras operaciones por parte del Gobierno de Venezuela desde el pasado 15 de mayo de 2018”, indica la compañía en un comunicado difundido en medios.

La compañía denunció “la apropiación, uso y comercialización indebida” de sus activos en suelo venezolano, donde operó por más de 100 años, y adelantó que ejercerá “las acciones legales pertinentes”.

En su comunicado, sostiene que los productos “ostentan ilegalmente las marcas Kellogg” y advierte que la empresa “no produce ni comercializa, de forma directa o indirecta, ninguno de sus productos en Venezuela”.

En mayo del 2018 la empresa norteamericana comunicó el cierre indefinido de Alimentos Kellogg, la filial que operaba en Venezuela, a través de un aviso en el que informaba que “se ha visto forzada a cesar sus operaciones en el país”.

Tras conocerse el cierre, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció la expropiación de las instalaciones de Alimentos Kellogg y luego se reiniciaron operaciones bajo control estatal.

En los supermercados se consiguen productos con las marcas de la compañía estadounidense como Corn Flakes y Zucaritas, cuyos empaques además tienen impresos logos del “Gobierno Bolivariano de Aragua”, la región en la que están ubicadas las plantas expropiadas y cuyo titular es el dirigente oficialista, Rodolfo Marco Torre.

Vicepresidente electo de Brasil: el régimen de Maduro caerá por sí solo

HAMILTON MOURAO, vicepresidente electo de Brasil y general en la reserva, dijo este viernes en una entrevista a el diario “Folha de Sao Paulo” que el “régimen” de Nicolás Maduro “caerá por sí solo” y mostró su temor a una posible “guerra civil violenta” en Venezuela.

“Existe una corrupción muy grande en las Fuerzas Armadas venezolanas. Perdieron la mano en relación a la misión que tienen en el país. El régimen de Maduro caerá por si solo. Esa es la realidad”, indicó Mourao.

El vicepresidente, quien fue agregado militar en la embajada brasileña en Caracas desde 2002 a 2004, descartó una intervención en militar en el país porque “no forma parte de la tradición diplomática” de Brasil inmiscuirse “en asuntos internos de otros países”.

“Lo que Brasil puede hacer es participar del esfuerzo conjunto internacional para que la democracia vuelva al país, pero con una presión diplomática, sin represalias”, amplió.

Sobre las futuras relaciones del gobierno de Jair Bolsonaro, que asumirá el poder el próximo 1° de enero, con otros países, Mourao declaró que “la posición de Estados Unidos es incuestionable” en el escenario internacional por ser una “potencia hegemónica” de “gran proyección tecnológica”.

Gustavo Petro dice que en Venezuela gobiernan

El candidato de izquierdas a la Presidencia de Colombia Gustavo Petro aseguró hoy en el acto de cierre de campaña en Bogotá que en Venezuela gobiernan “fuerzas de la muerte” dedicadas a la industria extractiva.

“Allá quieren seguir viviendo de exportar petróleo y acabar la vida en el planeta, son fuerzas de la muerte, así se llamen izquierdistas”, dijo Petro, del movimiento Colombia Humana, acerca de Venezuela, un régimen con el que le han vinculado en numerosas ocasiones a lo largo de la campaña.

Frente a esa situación, aseguró que en Colombia quienes quieren mantener esa industria extractivista son el aspirante uribista y favorito en las encuestas, Iván Duque, así como el también derechista y exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Por ello, consideró que “la política ya no se divide en izquierdas y derechas, sino en la política de la vida y de la muerte”.

Petro subrayó que si gana las elecciones desarrollará una política para separar a Colombia “paulatinamente del petróleo y del carbón”, para lo que puso un límite de diez años.

“Estoy proponiendo una confluencia democrática como en Chile de tal manera que los dirigentes que quieran pactar un acuerdo para aplicar un programa común para transitar la economía colombiana hacia la producción” no minero-energética, concluyó.

El candidato del movimiento Colombia Humana aparece segundo en todas las encuestas para la primera vuelta de las elecciones que se celebrará el próximo 27 de mayo.

España afirma que sanciones a funcionarios venezolanos son un incentivo a la negociación

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El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, subrayó hoy que las sanciones aprobadas por la Unión Europea (UE) contra siete altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro por la “represión” en Venezuela, son “un incentivo para ayudar a la negociación” y la decisión “puede ser reversible”.

“Siempre hemos concebido las sanciones como un incentivo para ayudar a la negociación, por lo tanto es una decisión que puede ser reversible o suspendible, en cuanto se constate que hay avances en la negociación”, dijo Dastis a su llegada al Consejo de ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas.

Los países de la UE acordaron el pasado jueves sanciones contra siete altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro por la “represión” Venezuela, que implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario.

Los embajadores de los Estados miembros de la UE lograron un “acuerdo político” para someter a medidas restrictivas a una “lista” de siete altos cargos venezolanos, una decisión que será ratificada hoy por los ministros.

Dastis afirmó sobre si se han producido avances en la negociación que “hasta el momento no parece ser el caso”.

Las sanciones están ya acordadas y se suman a las impuestas en noviembre, un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la “represión interna” en Venezuela.

La nueva ronda de diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela prevista para el pasado jueves en Santo Domingo quedó aplazada tras las tensiones surgidas en los últimos días y ahora se busca una nueva fecha.

Casa Blanca espera que sanciones causen “un cambio de comportamiento” en el gobierno de Maduro

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La reciente ronda de sanciones económicas a Venezuela por parte de EE.UU. tienen como objetivo “un cambio de comportamiento” del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, y “no un cambio de régimen”, indicó hoy Rick Waddell, encargado de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

“Esperamos que las sanciones concretas a Venezuela cambiarán su comportamiento sin dañar al pueblo venezolano”, afirmó Waddell en un discurso en la conferencia anual de la CAF-Banco de Desarrollo de Latinoamérica que concluye hoy en Washington.

Waddell recalcó que estas acciones contra el Gobierno venezolano “no buscan necesariamente un cambio de régimen”, sino “un retorno a los procesos democráticos”.

No obstante, el general retirado estadounidense advirtió de que de seguir el proceso actual, Venezuela se convertirá en “un estado fallido y “en la segunda dictadura de Latinoamérica”, en referencia a Cuba.

Las palabras de Waddell se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmase una orden ejecutiva el 25 de agosto por la que prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal”.

Estas fueron las primeras sanciones dirigidas directamente al sistema financiero venezolano y después de varias rondas contra altos cargos del gobierno de Maduro.

Waddell retoma así el discurso habitual y de menor confrontación defendido por Washington respecto a Venezuela.

Después de haber sostenido de manera reiterada que la solución a la aguda crisis económica y política de Venezuela debe ser pacífica y a través de elecciones, Trump sorprendió el mes pasado al asegurar que no descartaba la opción militar.

Estas declaraciones generaron rechazo tanto desde Venezuela como desde el resto de Latinoamérica, y marcaron el primer viaje del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a la región el pasado mes de agosto en el que insistió en la necesidad de aumentar “la presión multilateral” y trató de rebajar la tensión, al dejar de lado la opción militar.

El secreto detrás del código QR del carnet de la Patria y la ANC

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Una plataforma tecnológica implementada por el gobierno de Nicolás Maduro permite vigilar al votante, sus necesidades, su ubicación, todo dispuesto en el reverso de un documento del carnet de la patria.

Al menos 14 millones de personas, según el gobierno, han sido censadas en el país a través del sistema de vigilancia con el que el propio presidente bromea públicamente diciendo que le permite saber cuántas personas hay en una sala e incluso quiénes están embarazadas.

La tarjeta de identificación tiene en la parte posterior un código QR (código de respuesta rápida por sus iniciales en inglés), una evolución del código de barras que permite el almacenamiento y lectura de una lista de información ilimitada según su requerimiento.

El sistema, financiado por el Estado, ha sido puesto a la orden del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para dar seguimiento a los votantes y permitir su ubicación gracias a la información almacenada durante su proceso de registro.

Esta tecnología es la principal herramienta usada por el gobierno, a través del partido, para promover la votación el próximo 30 de julio, cuando se elegirá a los integrantes la asamblea nacional constituyente, un proceso en el que el mayor reto del chavismo es alcanzar una alta participación.

Dentro del proceso, en el que se comenzó a censar y a distribuir carnets desde principios del año, se almacenó información sobre beneficios recibidos por el gobierno, militancia en partidos políticos, si forman parte de las familias que reciben alimentos subsidiados por el Estado y sobre sus redes sociales.

Uno de los operadores del sistema que no quiso identificarse asegura que esta tecnología permite que una vez chequeada la persona quede registrada en una base de datos y se puede saber “quién no pudo movilizarse”.

“Sí, podemos”, dijo el operario en pleno simulacro de la plataforma mientras pasaba decenas de tarjetas frente al lector, para responder a la pregunta sobre si podrían saber quiénes no se habían movilizado para ese ensayo de la votación, que se realizó el mismo día que la consulta opositora contra la constituyente.

Desde hace más de seis meses el gobierno ha estado visitando casa por casa, viendo la necesidad que registró la persona cuando solicitó el carnet.

La base de datos sirve a una estructura superior del partido del gobierno para la elección de los candidatos de la constituyente denominada la “maquinaria 4×4”, los cuatro pilares de la campaña electoral de los partidarios de Maduro para refundar el Estado.

Una fuente del Gabinete aseguró que es también el primer recurso que se usará a lo largo de la campaña y para ello el Gobierno comenzó hace tres meses a reservar seis millones de cajas del CLAP que serán distribuidas por los líderes del partido.

El banco de información que dispone hoy el chavismo le permite saber que de casi 15 millones de personas registradas 57% son mujeres; 32% tienen entre 15 y 35 años de edad; 34% de 35 a 55 años, y 33% más de 55 años; y 98% son alfabetizados.

91% de los registrados tiene acceso a los CLAP; y 34 % percibe un ingreso menor al salario mínimo, de acuerdo con los datos divulgados por el propio gobierno.

Más información en Tal Cual.

Los grandes logros de Maduro, por Luis Fuenmayor Toro

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Abrir las compuertas del Guri, recibir los billetes nuevos que llegan para reemplazar los viejos, informar la existencia de café en los mercados y una extracción dentaria hecha, la entrega de dos viviendas, la graduación de unos abogados, el otorgamiento de unos microcréditos, una amigdalotomía, la instalación de un puente de guerra, la llegada de unos contenedores con víveres, la venta al público de unos dólares, la elevación en dos céntimos del precio del petróleo, el traslado al BCV de unos kilos de oro, el encendido de un horno en SIDOR, es decir, hechos comunes y rutinarios de la Venezuela de hace pocos años, situaciones además usuales y no sujetas de particular atención en ninguna parte del mundo, constituyen hoy los logros gigantescos y únicos del presidente Maduro en sus cuatro años de gestión.

Son productos de la genialidad y trabajo tesonero del Jefe del Estado, junto con todos sus inmediatos colaboradores bajo su batuta magistral, para servir al pueblo venezolano y a los interese estratégicos del país. ¿Qué sería de Venezuela sin estos frutos del trabajo desinteresado de la revolución bolivariana? Sus desprendidos lideres entregando todo sin recibir nada y, además, bajo las críticas miserables de los vende patria, de los oligarcas, de los explotadores mezquinos, incapaces de reconocer absolutamente nada de la gran obra realizada y metas alcanzadas. Nunca antes, explica el Gobierno, se había otorgado ni siquiera una pequeña ayuda a los pobres, se encontraban marginados cuando llego Chávez; en cambio hoy reciben los beneficios de las misiones, de los CLAP y, como si fuera poco, de las OLP.

La beca láctea, el subsidio familiar, el programa alimentario escolar, el Banco Obrero entregando viviendas, la educación gratuita, el subsidio al pasaje estudiantil, el suministro de medicamentos, los programas de vacunación, el programa de alimentos estratégicos, las meriendas y comedores de Instituto de Nutrición y varios otros programas sociales, nunca existieron según estos novelistas de la política. De los pobres sólo se ha ocupado la revolución, pues antes estaban totalmente marginados, cuando la realidad es que siempre han estado marginados y recibiendo limosnas, porque eso asegura la lealtad electoral con quienes los ayudan.

Recordemos que la imagen del partido del pueblo, que así se llamaba a Acción Democrática, era la de “Juan Bimba”, una suerte de campesino con sombrero de cogollo y alpargatas y con un pan debajo del brazo. Nuestros políticos siempre han hecho demagogia con los pobres para obtener su respaldo electoral, pero sin ejecutar programas estructurales que acabaran con la pobreza, por aquello que luego los autodenominados bolivarianos confesaron públicamente: no podían sacar de la miseria e ignorancia a sus votantes porque corrían el peligro de no obtener más sus votos. Afirmar, por tanto, que en el pasado adecocopeyano no existían programas sociales es una manipulación mentirosa de la opinión pública. Y para colmo, hoy la mayoría de los programas sociales del Gobierno son prácticamente inexistentes.             

Compra de drones: cuando la revolución vigila desde el aire

Reverol Molina Drone

Luis Alejandro Borrero / El Pitazo

Los vecinos notaron algo extraño. Antes de los masivos allanamientos en los Altos Mirandinos en mayo, que precedieron a la “Operación Tun Tun por la Paz”, pequeños aparatos sobrevolaban San Antonio de Los Altos, en Miranda. Eran manejados por control remoto. Se trataba de drones, usados en una política de vigilancia que esa vez terminó con al menos 30 detenidos y varias incautaciones de herramientas utilizadas por manifestantes en las protestas.

Un dron es perfecto para la vigilancia. Son sigilosos, pequeños, ágiles y versátiles. Su definición formal es la de vehículo aéreo no tripulado. Son capaces de realizar, de manera autónoma, un vuelo sostenido y controlado. Además son reutilizables y pueden tener motores de explosión, a reacción o eléctricos. Este último tipo es el que se utiliza en ambientes urbanos.

No solo en Miranda se han utilizado. En Palma Real, al norte de Valencia, se reportó que hubo drones recorriendo la urbanización que, desde el inicio de las masivas protestas antigubernamentales en abril, ha sido un símbolo de la resistencia. Misma receta: sobrevuelos de reconocimiento y luego allanamientos masivos.

La compra y utilización de drones para la vigilancia en operativos de inteligencia es una política de Estado.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la compra de drones para reforzar los dispositivos de seguridad llamados “cuadrantes de paz”. Hizo el anuncio el 17 de enero de este año. El mayor general detalló que para ese momento había instalado 2.119 cuadrantes. La meta era de 2.300 al finalizar 2017. Entonces, era momento para que el Gobierno se fuera de compras.

Trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Monagas (Petromonagas) filtraron un documento que prueba que el Gobierno destinó 7 millones 484 mil 170 dólares para comprar drones, a través de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La aprobación del contrato la hizo Edgar Sifontes, presidente de la estatal petrolera.

Los drones también sirven para la contrainteligencia. El 18 de mayo en Maracaibo, dos infociudadanos contaron a El Pitazo que durante un escenario de represión salieron a tomar fotografías de cómo la Guardia Nacional lanzaba bombas lacrimógenas en zonas residenciales Mara Norte.

Con sus celulares, se escondieron detrás de un aire acondicionado industrial en uno de los edificios. De pronto, empezaron a caer bombas cerca del aire acondicionado —donde en teoría no había nadie, pues los guardias no tenían rango de visión. Cuando levantaron la mirada vieron un dron sobrevolando encima de ellos, equipado con una cámara y, presumiblemente, transmitiendo en directo su ubicación.

El basamento legal para la contratación directa es el numeral 2 del artículo 101 de la Ley de Contrataciones Públicas, refrendada en la Gaceta Oficial 6.154 del 19 de noviembre de 2014. Ese apartado especifica que la adquisición de material mediante contratación directa puede hacerse —sin importar el monto— cuando “las condiciones técnicas de determinado bien, servicio u obra así lo requieran o excluyan toda posibilidad de competencia o si, habiendo adquirido ya bienes, equipos, tecnología, servicios u obra a determinado proveedor o contratista, el contratante decide adquirir más productos del mismo proveedor o contratista por razones de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad con los bienes, equipos, la tecnología o los servicios que ya se esté utilizando”.

Además se agrega: “el volumen relativamente bajo del contrato propuesto en comparación con el contrato original, el carácter razonable del precio y la inexistencia de otra fuente de suministro”.

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Es decir, el artículo que cita el documento oficial filtrado de Petromonagas demuestra una relación comercial previa a la compra que se autorizó en noviembre del año pasado.

La razón social de la empresa —de actividades primarias de exploración y explotación de crudo— no tiene nada que ver con la seguridad u orden interno. Tampoco queda claro el papel de un organismo militar como la Dgcim en la transacción a través de una petrolera.

Petromonagas es la misma empresa señalada en 2017 por la Asamblea Nacional. El parlamento aprobó por unanimidad un documento en rechazo a la venta de acciones de la empresa a la estatal rusa Rosneft. Esa transacción, por 500 millones de dólares, violó la Constitución, según los diputados.

El piloto García: un hombre clave

A 2.438 kilómetros de la sede de Petromonagas, en el condado de Sunrise en Florida, Tito García Montero sube una foto a su Instagram. Está probando los nuevos modelos de drones.

El hombre es un amante de la aviación y militar retirado venezolano radicado en Estados Unidos. También una persona clave en la transacción filtrada: García es presidente de TGM Aviation LLC —registrada en 2015 en Florida—, la proveedora de los equipos voladores por más de 7 millones de dólares al gobierno de Nicolás Maduro a través de Petromonagas.

Registros empresariales del país norteamericano muestran como responsable de TGM Aviation al teniente retirado de la Aviación Militar. García es natural de Caracas, cursó estudios en el liceo militar Jáuregui y luego entró a la Academia Militar de la Aviación, donde se graduó en 2003. Estudió desde 2006 a 2007 investigación de accidentes aéreos en la Escuela Superior de Guerra Aérea.

La empresa no aparece registrada en el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), un requisito indispensable para proveer al Estado de bienes o servicios. Uno de los socios o personas cercanas a García es Claudia Crescenzi Duva. La mujer aparece como directora en Global Bussines TCG, de la cual, el exoficial es presidente desde 2012 hasta la fecha, según uno de sus perfiles en redes sociales.

Esta segunda empresa aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), pero se especifica que no está inscrita, pues no terminó el proceso. Según el perfil de García, se desempeña como presidente de esa segunda firma (Global Bussines).

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En Venezuela, García aparece ligado a otras empresas. Es la persona de contacto en la Constructora Corazón de España C.A., una empresa registrada con archivos en la oficina auxiliar de Pdvsa en Maturín, cerca de Petromonagas. La constructora se inscribió en el RNC en 2012 (requisito indispensable para hacer negocios con el Gobierno). Se venció un año después y actualmente está inhabilitada para contratar con el Estado según el RNC.

Crescenzi también tiene nexos empresariales en Venezuela: es la persona de contacto en la Almaduan JCA C.A., con sede en Puerto Cabello, y actualmente inhabilitada para contratar con el Estado.

El exaviador lo reconoce: hace negocios con el Gobierno. En el perfil de la red social aparece un comentario de una persona interesada en comercializar drones hacia Venezuela.

García, a través del perfil @Tito_rector, le responde al usuario: “Gracias, hermano. Sí, yo vendo al gobierno venezolano drones profesionales para vigilancia y usos industriales”, dijo en un comentario publicado hace 28 semanas. Pero sobre su registro, detalles de los contratos, modelos de los drones confeccionados y márgenes de ganancias no hay datos públicos.

El Pitazo intentó comunicarse con García a través de sus redes sociales y correos electrónicos disponibles en el RNC para obtener una opinión sobre sus vinculaciones con el Gobierno. Para el momento de la publicación de este reportaje no había respuesta del empresario.

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Mercado en auge

El mercado de los drones dejó de ser incipiente. En la actualidad, la gama de posibilidades es amplia y satisface una gran variedad de necesidades. La unidad de investigación de El Pitazo ha comparado los modelos con cámara integrada de las dos principales fabricantes: las empresas chinas DJI y Syma. Los resultados comparativos de precios respecto con la orden de compra de Pdvsa demuestra que con esa cantidad de dinero se podría comprar entre 4.408 y hasta 152.025 drones, dependiendo del precio.

Es decir, suponiendo que el Gobierno desplegara un dron por cuadrante, quedarían entre 2.289 y 149.906 unidades más de las que podría requerir. Eso representa un porcentaje de compra de entre 162% y 664% más de lo que se necesita.

En el caso de que sean dos dispositivos por cuadrante y se utilizara uno de los modelos más costosos (DJI Phantom IV Pro Display), cuyo precio ronda los 1.697,99 dólares, al menos 170 unidades sobrarían.

Los modelos avanzados no son baratos. En algunos portales web de Venezuela especializados en ventas los equipos pueden conseguirse con precios que oscilan entre los 200 mil bolívares —modelos que no son para la recreación y que tienen autonomía de batería mayor a 15 minutos— hasta los 9 millones de bolívares en sus modelos más avanzados. Hay incluso publicaciones que exceden los 13 millones de bolívares.

De acuerdo con análisis disponibles en Internet, una de las marcas más destacadas en el apartado drones es DJI. Su modelo Phantom IV convencional, al que se le puede adaptar una cámara para la videovigilancia, puede costar 858 dólares.

En el país hay vendedores que lo ofrecen por siete, nueve y hasta 13 millones de bolívares. Otros más accesibles, como el DJI Phantom III puede tener un precio de 550 dólares.

Pero TGM Aviation LLC no prueba drones de marcas existentes únicamente. Tito García es fabricante. Sus redes sociales empresariales están repletas de modelos propios, cuya confección se ve mucho más avanzada y funcional que la de las marcas chinas.

El monopolio del marco legal

En agosto de 2016, durante una rueda de prensa, a espaldas de Reverol había 11 unidades móviles —tipo camiones— equipadas con aparatos de vigilancia. El ministro dijo que eran parte de un sistema integrado de monitoreo y vigilancia.

“Con la finalidad de ejercer un monitoreo permanente de todas las actividades inherentes a la seguridad ciudadana y a garantizar el orden interno y la paz”.

Añadió la adquisición de 30 nuevos drones y la publicación en Gaceta Oficial de una resolución conjunta de los Ministerios de Interior, Justicia y Paz; y el de Transporte Aéreo y Acuático para regular el uso de las aeronaves pilotadas a distancia.

El 29 de agosto de 2016, Reverol anunció que el uso de drones estaba prohibido hasta el 5 de septiembre, luego de que el Gobierno diera con un presunto plan desestabilizador que sería ejecutado en la marcha convocada por la oposición para el 1° de septiembre denominada “La Toma de Caracas”.

El ministro especificó que pilotar aeronaves no tripuladas sería castigado con la confiscación de los aparatos. También prometió que en 120 días los organismos debían desarrollar un sistema de registro de este tipo de aparatos y que toda persona que tuviera uno debía notificarlo al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) para obtener un permiso.

El 31 de agosto se publicó la Gaceta Oficial 40.978, en la que existe una resolución del Ministerio de Defensa. Allí se explica que el vuelo de drones es un asunto de seguridad nacional y que puede ser sensible para la estabilidad del Estado en algunas zonas. Por eso el plan de vuelo, despegue y aterrizaje de los drones manejados por civiles debe estar previamente autorizado por el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas y también debe contar con una planilla de registro llenada y aprobada con las características de la aeronave.

Contra los opositores

Los esquemas de vigilancia del Gobierno han funcionado no solamente contra la delincuencia organizada —como ha prometido Reverol— sino contra objetivos políticos. La noche del 6 de febrero del año pasado la esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, denunció que un dron sobrevoló su casa. El dispositivo grabó durante varios minutos a través de la ventana de su casa y en los cuartos de sus hijos.

Cuando la activista de derechos humanos se percató, cerró de inmediato las cortinas hasta que el dron se marchó. Pero no le queda duda: era manejado por organismos de inteligencia “para amedrentarla”. Eso fue tres días antes de que Reverol anunciara un plan para la vigilancia con drones como parte del dispositivo Carnavales Seguros 2016.

En este video puede ver algunos de los usos que el Gobierno le da a los drones:

Otro caso es el del exdirector de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la AN, Alejandro Puglia. El joven permaneció 56 días privado de su libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide. Su aparente delito fue volar un dron durante la gran marcha convocada por la oposición denominada “La Toma de Caracas” el primero de septiembre de 2016. El argumento de la juez 37 de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Yesenia Maza, fue presunto “favorecimiento bélico”.

La semana del 5 de junio, durante disturbios en los edificios “Los Verdes”, en el sector El Paraíso de Caracas, vecinos reportaron que drones sobrevolaron los apartamentos. Allí, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) han tumbado los portones de conjuntos residenciales para dar con el paradero de manifestantes encapuchados. Pero están, al igual que en Maracaibo, apoyados desde el aire.

En zonas de alta conflictividad, como el estado Táchira, las unidades militares ya han anunciado el uso de los aparatos voladores para la vigilancia de actividades principalmente opositoras.

El jefe de la Región de Estratégica de Defensa Integral (Redi), el general José Morantes Torres, anunció que drones serían utilizados para monitorear las concentraciones y protestas.

“A partir de ahora no aceptaremos que la marcha dé las sorpresas que se reúnen en un lugar y no sabemos para dónde van”, se lee en una declaración recogida por el diario La Nación de San Cristóbal.

Lo que ven los vecinos de San Antonio de Los Altos en el cielo y en Valencia es lo mismo que vieron Tintori o Puglia. O lo que divisan los habitantes de Maracaibo o “Los Verdes” en El Paraíso: una política de Estado para la vigilancia. Y a pesar de ser costosa, ya tiene recursos, proveedores y un futuro promisorio fuera de Venezuela, en los cálidos atardeceres de Sunrise, en Florida.

Nota del editor: Este reportaje fue realizado por la Unidad de Investigaciones de El Pitazo. Participaron en la reportería César Bátiz, Jesús Alberto Yajure y Luis Alejandro Borrero. Se utilizaron datos aportados por Pola del Guidice desde San Antonio, estado Miranda. Fue escrito por Luis Alejandro Borrero