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Capacidad de presión del Psuv fue mermada por negligencia gubernamental
La crisis de los servicios públicos, la cada vez más compleja dinámica económica nacional y «el hambre» han dejado sin efectos los discursos intimidatorios del gobierno de Nicolás Maduro hacia los trabajadores de la administración pública y beneficiarios de sus programas sociales

 

El Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela) cierra el 2023 con síntomas claros de debilidad entre sus bases. Las elecciones primarias de la oposición del 22 de octubre, en las que hubo una alta participación, incluso en sectores populares que históricamente fueron considerados como cunas chavistas, dejaron ver el deseo de cambio político de la población; mientras que la baja afluencia que hubo en el referendo sobre el Esequibo, realizado por el oficialismo el pasado 3 de diciembre, evidenció que el poder de convocatoria de la tolda roja, aún con amenazas y presiones de por medio, es precaria.

En el último evento comicial, el referendo, el gobierno de Nicolás Maduro escaló las presiones sobre trabajadores de la administración pública y beneficiarios de sus programas sociales para que participaran en el mecanismo consultivo sobre el territorio Esequibo.

En recorridos realizados por TalCual y medios regionales del interior del país se constató que los centros electorales estuvieron vacíos en toda la jornada, pese a que el Estado exigió a las personas a dejar constancia de que acudieron a las urnas electorales, con selfie incluida.

Hartos del hambre

«No es secreto para nadie que la votación del Psuv ha ido mermando significativamente en las últimas elecciones en la medida que crece el rechazo contra el Gobierno», dice, enfático, el sociólogo y analista político Damián Alifa. Aunque reconoce que ha habido un esfuerzo comunicacional por revertir esta situación, renovar la propaganda del partido para hacerla más fresca y juvenil, «el desgaste del Ejecutivo hace que todas estas estrategias sean en vano».

Para el experto, el referendo consultivo, en el que el Gobierno hizo un esfuerzo significativo por concentrar seguidores, «fue una demostración de su disminución en la capacidad de movilización».

 

Pese a lo anterior, Alifa admite que el Psuv tiene enormes ventajas, debido a que cuenta con todo el apoyo del Estado, «o mejor dicho, el Estado impone la hegemonía del partido en todos los ámbitos de la vida pública«.

«La lectura es que el Estado ha perdido capacidad de coerción y ha debilitado sus redes clientelares, en la misma medida en que ha perdido recursos y en la medida en que la relativa ‘apertura económica’ abre posibilidades para que la gente busque opciones complementarias a los programas del Gobierno, cada vez más precarizados», subraya.

Con Alifa coincide Daniel Varnagy, doctor en ciencias políticas. En entrevista telefónica dice a TalCual que «no es que haya menos miedo» entre la ciudadanía a las represalias del poder, sino que «hay mucho cansancio». Explica que la gente esta harta del incumplimiento de las promesas por parte de Nicolás Maduro y su cúpula de funcionarios del Psuv.

Varnagy recalca que antes estaba la amenaza, en simultáneo con la dádiva, pero ahora está el chantaje sin ninguna retribución.

«El venezolano está de nuevo en una conflictividad económica tan grande que ya no es que no tengo miedo, sino que ahora está cansado de tener miedo y hambre». 

Varnagy, también profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB), comenta que el referendo sobre el Esequibo fue un punto negativo para el Estado. Considera que la abstención fue una clara evidencia de que ese proceso no estaba alineado a las necesidades de la ciudadanía.

No hay capacidad para presionar

«Cuando Maduro convoca al referendo lo hace para poder calibrar el estado anímico de su estructura y tener claro cuál es su músculo electoral. Lo que se vio en esa prueba fue que la maquinaria electoral del oficialismo está en su peor forma. Eso quedó claro para las autoridades del Psuv, pero también para el ala militar del propio partido, la FAN fue testigos de la soledad de Maduro y de la apatía que se ha generado entre las propias filas», dice la académica y consultora política Carmen Beatriz Fernández.

En sintonía con Alifa y Varnagy, afirma que en Venezuela la tragedia económica es tan colosal que los esfuerzos del poder de intimidar ya no dan resultados. Fernández, quien tiene un Ph.D. en comunicación pública por la Universidad de Navarra, destaca que el Estado no la tiene capacidad de presionar que tuvo en años anteriores.

«Hoy es la administración pública la que le ruega a sus funcionarios para que vayan a trabajar y no deje los puestos desiertos ¿Con qué va a presionar a la gente?», se pregunta.

La experta hace referencia a diferencias que existen puertas adentro del oficialismo. Recuerda que estudios de encuestadoras han arrojado como resultado que al menos 25% de la población se considera chavista, pero solo uno de cada ocho venezolanos votaría por Maduro.

«Dentro del chavismo hay diferencias, no solo en el liderazgo, sino que se siente la necesidad de cambio de quiénes están en las bases y que incluso los ha llevado a mirar opciones de la oposición, como María Corina Machado, dirigente nacional de Vente Venezuela», expone.

Alifa también cree que genuinamente hay disputas internas en el oficialismo. Sin embargo, insiste, en decir que lo que debilita a la base electoral del chavismo es el desgaste de la gestión de Gobierno, la crisis económica continuada y la terrible situación de los servicios públicos.

Otro perfil en el PSUV

«Tenemos que entender que la alta dirigencia del Psuv ha cambiado su perfil. Cuando ese partido fue fundado la mayor cantidad de miembros eran personas que provenían de clases medias y bajas y tenían muchos pensamientos radicales. Ahora muchos de ellos ya no pertenecen a las mismas clases, sino a estratos altos y muy altos», describe Daniel Varnagy.

Enfatiza que las aspiraciones y deseos de las autoridades son distintos a los que tenían hace algunos años. «Ahora es una izquierda con una calidad de vida que no quiere perder y eso hace que algunos ojos estén mirando a otros candidatos», señala.

Tal es el cambio de perfil, añade el analista, que el nivel de actuación de los militares, aunque es el mismo, ahora tienen una visibilidad sustancialmente menor. «Para los civiles no está clara cómo es la correlación de fuerzas de los militares en el Estado, cosa que si era evidente años atrás», añade.

En las últimas semanas surgieron informaciones extraoficiales de que eventualmente Nicolás Maduro podría no ser el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones presidenciales del 2024. Funcionarios como Diosdado Cabello, primer vicepresidente de esta la organización, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) del 2020, han negado estos rumores bajo el alegato de que la oposición está «desesperada» por dividir al bloque chavista para sumarse algunos puntos.

Sobre este punto, Carmen Beatriz Fernández, directora de la firma DataStrategia, dice que aunque cree que genuinamente hay gente que sí ha planteado una candidatura distinta a la de Maduro, no lo ve como un táctica política viable. Argumenta que el razonamiento de la «popularidad» que pueda tener el mandatario «es demasiado democrático» y «Maduro no está donde está por democrático, sino por el manejo que tiene en el poder, incluyendo la legitimidad que le concedió la FAN y eso no tiene nada que ver con popularidad».

Por su parte, Alifa no da crédito a los rumores. Expone que los cambios en la distribución del poder dentro del chavismo son «bastante traumáticos». Recuerda que la toma del poder de Maduro «costó varias purgas, desplazamientos y delicados compromisos y equilibrios».

A su juicio, no es fácil cambiar eso de un día para otro, a los fines de una estrategia electoral. «El cambio de candidato no garantiza un crecimiento significativo en el caudal electoral, hay un desgaste muy generalizado del Gobierno. Así que creo que la estrategia va a ser, por ahora, sostener la candidatura de Maduro pero controlar los parámetros electorales para garantizarle la victoria», reitera.

 

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Kellogg’s demandó a Venezuela por uso ilegal de sus marcas
El pasado 9 de noviembre, la empresa del Corn Flakes presentó la acción judicial por incumplimiento de un tratado bilateral con Reino Unido

 

Para sumar otra acción judicial contra el Gobierno de Nicolas Maduro, la multinacional Kellogg’s presentó una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) el pasado 9 de noviembre.

La empresa Kellogg Latin America Company (One) Limited, subsidiaria en Reino Unido de Kellogg’s, acusa a Venezuela de “incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones Venezuela – Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte de 1995”.

La multinacional reclama el uso indebido de sus marcas en Venezuela, luego de que el gobierno chavista se apropiara de las plantas de producción de Alimentos Kellogg’s, S.A. hace cinco años.

En vista de la escasez e hiperinflación que padeció Venezuela en 2018, la empresa de cereales decidió cesar sus operaciones después de décadas.

La respuesta del madurismo fue expropiar las instalaciones y los activos y supuestamente ceder el manejo de la empresa a los trabajadoresMaduro atribuyó la partida de Kellogg’s a una “guerra de las trasnacionales y del imperialismo” contra Venezuela.

“La empresa se la hemos entregado a los trabajadores y está produciendo con la clase obrera industrial. El pueblo tiene un presidente y un Gobierno que lo protege y Kellogg’s va a seguir produciendo, ahora en manos de la clase obrera”, dijo Maduro.

 

Meses después de la expropiación, cajas de cereales con un descolorido cartón de la marca Kellogg’s comenzaron a aparecer en los anaqueles con el lema “Juntos todo es posible” en la parte trasera.

En 2019, la empresa emitió un comunicado en el que denunció la expropiación de sus activos y el uso indebido de su marca en Venezuela. Advirtió que tomaría las “acciones legales pertinentes”.

Un año después, en plena pandemia de la COVID-19, se incluyó una mascarilla al dibujo del gallo de Corn Flakes que caracteriza a la marca.

La compañía resaltó que ese cambio en la imagen se efectuó sin autorización y que violaba los derechos de autor.

Para más información, visite Tal Cual

Convite: Adultos mayores están desprotegidos en Venezuela 
El Estado no brinda una política que los proteja y garantice alimentación y medicinas 

 

Para Luis Francisco Cabezas, coordinador nacional de Convite, las políticas desarrolladas por el Estado para proteger a los adultos mayores son insuficientes.

“Las personas de la tercera edad lastimosamente no cuentan con una estabilidad que les permita disfrutar de sus últimos años, pues no hay estrategias o planes sólidos que puedan abarcar todo el abanico de necesidades que un adulto mayor demanda”, dijo Cabezas.

Pese a la creación de programas como Amor Mayor y el otorgamiento de bonos, el Gobierno de Nicolás Maduro carga sobre sus hombros el peso del salario mínimo más bajo de la región y uno de los más paupérrimos del mundo de apenas 130 bolívares o el equivalente a 3 dólares mensuales.

En Barquisimeto, la capital del estado Lara, es común ver en los semáforos a personas de la tercera edad pidiendo dinero o algún donativo en comida. 

El octogenario Orlando Marín dijo que su situación causa tristeza, pues de joven trabajó arduamente para labrarse una vejez digna y ahora lo que devenga no le alcanza ni para comer.

Asimismo, Edgar Sánchez indicó que en su juventud se veía disfrutando de una apacible vejez, pero esto se desvaneció con la llegada del chavismo al poder y en especial de Maduro. Alegó que en la actualidad su sueldo no le alcanza ni para un blíster de pastillas y que depende de lo que le envíen sus familiares en el extranjero.

De acuerdo con Convite, luego de obtener una pensión o estar jubilados, la mayoría de los adultos mayores se han visto en la obligación de volver a trabajar para subsanar la incapacidad de alimentarse o comprar medicinas.

Por tal razón, las ONG como Convite instan a las autoridades nacionales a recapacitar y establecer verdaderas políticas que resguarden a estas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y ya no pueden valerse por sus propios medios.   

Con información de La Prensa de Lara  

 

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Para Una Ventana a la Libertad, Puente Ayala fue otra entrega negociada 
Al igual que en Tocorón y Tocuyito, nada se sabe del paradero del pran de la cárcel ubicada en Barcelona
De acuerdo con familiares de reclusos, estos han sido trasladados a Nueva Esparta, Guárico y Sucre

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la palabra toma significa “conquista u ocupación por la fuerza de una plaza o ciudad”. Pero para la ONG Una Ventana a la Libertad, la ocupación de los penales Tocorón, Tocuyito y más recientemente Puente Ayala en el estado Anzoátegui no se trata de “tomas” como lo quiere hacer ver el Gobierno de Nicolás Maduro sino más bien de entregas negociadas.

“La comisión estaba negociando con los jefes del penal y estos ya habían comenzado a sacar sus pertenencias de allí, incluso, este domingo permitieron las visitas y los muchachos nos advirtieron que se iban a entregar y que ya habían entregado las armas. Al pran no lo vimos ayer. Muchos creen que le permitieron salir junto con su gente, a menos que les hayan dado un privilegio de salir antes y estar en un área segura”, detalló una de las testigos de la llamada Operación Cacique Guaicaipuro a cargo del Ministerio de Interior y Justicia, que este lunes actuó en la cárcel ubicada en Barcelona. 

Al igual que con Héctor Guerrero Flores alias “Niño Guerrero” y con “Richardi”, pranes de Tocorón Tocuyito, respectivamente, nada se supo de Yunior Yagüez, alias “Pata e’ Queso”, líder negativo de Puente Ayala. 

Parientes de los internos de la cárcel anzoatiguense contaron que el pasado viernes 27 de octubre, algunos grupos de privados habían  expresado su disposición a entregarse.

Una de las mujeres que esperaba saber de su concubino contó que había pasado una semana junto con su pareja en el interior de la cárcel, pero éste le pidió que se fuera porque estaba por llegar la comisión a tomar las instalaciones de la prisión. 

“Parece que aquí negociaron solo con un grupo porque estamos muy poca gente aquí esperando saber de nuestros familiares, los días de visita asiste muchísima más gente que los que hoy vinieron a ver saber de los traslados. Necesitamos saber a dónde llevan a nuestra gente”, reclamó una de las parientes de un recluso.

Hasta la noche de este lunes 30 de octubre, 13 autobuses habían salido de Puente Ayala con destino a los estados Nueva Esparta, Guárico y Sucre.

“Eso lo hemos podido saber por contactos que tenemos y que nos han informado, pero aquí nada está confirmado, nosotros seguimos sin confirmar a dónde se llevaron a nuestros parientes y tenemos derecho a saberlo”, resaltó la familiar de un recluso.

 

LEA  En la cárcel de Puente Ayala tampoco atraparon al pran

La retórica incendiaria que amenaza el acuerdo de Barbados
Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta asamblea constituyente, anunció una investigación contra la Comisión Nacional de Primaria dos días después que Cilia Flores, dirigente del PSUV, pidiera judicializar a los organizadores de la elección opositora
La administración madurista persigue con la garra de sus cuestionadas instituciones a los organizadores del evento opositor días después de firmar un acuerdo parcial sobre los derechos políticos y electorales

 

@Andrea_GP21

No transcurrió ni una semana desde que la administración de Nicolás Maduro suscribió un acuerdo con la Plataforma Unitaria en la isla de Barbados y desde que Estados Unidos levantó las principales sanciones al oficialismo para que el bando gubernamental atacara la elección primaria, poniendo en entredicho su cumplimiento de los acuerdos.

Después de que la Comisión Nacional de Primaria emitió su primer boletín en donde se presentaron los resultados parciales de la elección del domingo 22 de octubre, distintos voceros del oficialismo arremetieron contra el proceso y sus organizadores.

En la elección primaria resultó ganadora María Corina Machado, por el partido Vente Venezuela, con más del 92 % de los votos, según los boletines de la Comisión Nacional de Primaria. Estos resultados, así como la participación de 2,3 millones de venezolanos dentro del país en el proceso, fueron refutados por los oficialistas, quienes a pocas horas de celebrado el proceso comenzaron a tildar de “fraude” y “estafa” la elección.

Con esos comentarios y señalamientos de voceros principales del oficialismo como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Cilia Flores, así como de algunos políticos que dicen ser de “oposición”, la administración madurista persigue con la garra de sus cuestionadas instituciones a los organizadores del evento opositor, el cual se efectuó de forma autogestionada al no contar con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

 

Tomando en cuenta que en los acuerdos parciales firmados de Barbados se habló sobre los derechos políticos y electorales ante la venidera elección presidencial del año 2024, quedan abiertas varias interrogantes: ¿Cuál será la respuesta de los promotores internacionales del diálogo en Barbados y sus garantes? ¿Habrá presión de la comunidad internacional? ¿Continuarán las negociaciones a pesar de esos mazazos a la mesa?.

A continuación, una línea de tiempo que enumera los hitos de la retórica incendiaria que amenaza con dinamitar el acuerdo de Barbados:

Central Bolivariana discute con el gobierno un acuerdo salarial para trabajadores de la administración pública
«La central se preocupa por la situación. Hacemos todos los esfuerzos para que tenga mejor salario, pero también seguridad social. El Gobierno Nacional y la central estamos sentados para buscar una solución para el mes de octubre», afirmó Orlando Pérez

Foto: Alejandro Paredes Pérez/Versión Final

Orlando Pérez, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), confirmó que la organización sindical entabla conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para llegar a un acuerdo con respecto al salario de los trabajadores de la administración pública.

En una entrevista que concedió a Unión Radio, el Pérez afirmó que se instaló una mesa de diálogo con autoridades del gobierno para discutir un ajuste salarial y el convenio colectivo de trabajadores del sector educativo.

Sin embargo, aclaró que las conversaciones no se centran solo en la remuneración, sino en los beneficios sociales.

«Instalamos la comisión con el tema no únicamente de la remuneración nominal. También presentamos temas de prestaciones sociales, el banco digital, seguro social, vivienda y formación permanente. Hablamos de salario social, que no es el aumento nominal, lo que llega por dinero, sino que hablamos de vivienda, de salud», argumentó.

 

Asimismo, señaló que se pretende llegar a un acuerdo para octubre, por lo que es posible que ese mes se produzca algún anuncio relacionado con el salario.

«La central se preocupa por la situación. Hacemos todos los esfuerzos para que tenga mejor salario, pero también seguridad social. El Gobierno Nacional y la central estamos sentados para buscar una solución para el mes de octubre», afirmó.

De acuerdo con el vicepresidente de la Central Bolivariana, de concretarse un incremento de la remuneración, deben implementarse otras políticas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. En este sentido, propuso el control de precios como mecanismo para evitar que la empresa privada incremente el precio de los bienes y servicios que ofrece.

 

«Tiene que haber un acuerdo con Fedecámaras y los comerciantes porque especulan con los precios. Inmediatamente que hay un aumento los tipos disparan los precios a nivel nacional. Si el aumento se diluye rápidamente, se pierde el esfuerzo del Gobierno y de los sindicatos», sostuvo.

*Con información de TalCual

CPI niega solicitud al gobierno de Maduro de suspender facultades investigativas de Karim Khan
Los jueces de la Sala de Apelaciones señalan que el fiscal sostiene que Venezuela «no ha demostrado que la investigación del fiscal volvería a traumatizar a las víctimas, o que daría lugar a la contaminación de pruebas»

Los jueces de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI)  negaron la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro que pretendía suspender las facultades investigativas del fiscal Karim Khan.

De acuerdo con la ONG Provea, esta decisión implica que el fiscal Khan seguirá investigando mientras se tramita la apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que lo autorizó a partir del 27 de junio pasado a reanudar la investigación por crímenes contra la humanidad.

 

Mediante una resolución publicada este jueves, 20 de julio, los jueces de la Sala de Apelaciones de la CPI rechazaron la solicitud «por efecto suspensivo de la referida resolución de Antejuicio de Sala».

En el texto, los jueces explicaron que el gobierno chavista presentó su notificación de apelación en la que, entre otras cosas, solicitaba «que se suspenda la aplicación de la decisión».

La decisión, según Provea, es similar a la tomada por los jueces en la Situación de Filipinas, donde también se negaron a suspender las facultades investigativas del fiscal.

Como primer argumento, el gobierno señaló que la reanudación de las funciones investigativas del fiscal Karim Khan tendría consecuencias irreversibles en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Gobierno y la Oficina del Fiscal.

 

Para los jueces de la Sala de Apelaciones, Venezuela «no ha demostrado que la implementación de la decisión crearía una situación irreversible, o que sería muy difícil de corregir o que podría potencialmente frustrar el propósito de la apelación».

«El fiscal sostiene que su oficina ha declarado en muchas ocasiones y públicamente que sigue comprometido con la cooperación en el marco del Memorándum de Entendimiento (y su implementación) en el caso de que la investigación se reanudara», añade el texto.

Además, la resolución señala que el fiscal sostiene que Venezuela «no ha demostrado que la investigación del fiscal volvería a traumatizar a las víctimas, o que daría lugar a la contaminación de pruebas», agregando que esas afirmaciones «resultan especulativas».

A juicio de Provea, es «muy contradictorio que un Estado que no ha garantizado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, se diga ahora preocupado porque la investigación del Fiscal de la CPI cause traumas innecesarios a víctimas y testigos y pueda además ‘mancillar la evidencia'».

 

Cepaz explica por qué las inhabilitaciones violan el ejercicio de los derechos políticos
El Centro de Justicia y Paz aseveró que las inhabilitaciones están dirigidas a crear una oposición a la medida del gobierno de Nicolás Maduro de modo de asegurar una victoria que le permita mantenerse en el poder por un nuevo periodo

 

A propósito de las recientes inhabilitaciones políticas de los líderes de la oposición por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) explicó que estas medidas violan el ejercicio de los derechos políticos y obstaculizan el camino hacia unas elecciones auténticas y democráticas.

Según expone Cepaz, las inhabilitaciones a los líderes políticos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha sido un patrón de persecución ejercido desde al menos el año 2002.

El Centro de Justicia y Paz explicó que las inhabilitaciones políticas representan un patrón de persecución que incluyen detenciones arbitrarias, apertura de procedimientos judiciales, destitución de cargos públicos, allanamientos irregulares a viviendas, allanamientos de la inmunidad parlamentaria, amenazas, hostigamientos, violencia, e incluso ataques contra los familiares del liderazgo opositor.

«Los ataques sistemáticos contra el liderazgo político de oposición, constituyen una violación al ejercicio de los derechos políticos de las víctimas directas (…) y también de los derechos de la población que no puede votar libremente por el liderazgo por cual se sientan representados», afirmó la ONG. 

Otro elemento importante que destaca Cepaz es que la normativa venezolana contempla las inhabilitaciones políticas a los cargos de elección popular como una pena accesoria, es decir, que la misma es consecuencia de una principal que debe derivarse de una sentencia firme, dictada por un tribunal.

«Lo anterior se traduce en la imposibilidad de que un órgano como la Contraloría General de la República pueda con una decisión administrativa inhabilitar a un ciudadano de ejercer el derecho a ser elegido a cargos de representación popular, ya que no tiene la competencia para tomar este tipo de decisiones, pues como lo hemos mencionado, estas decisiones recaen sobre un tribunal», afirmó Cepaz.

El Centro de Justicia y Paz aseveró que las inhabilitaciones están dirigidas a crear una oposición a la medida del gobierno de Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales del año 2024, de modo de asegurar una victoria que le permita mantenerse en el poder por un nuevo periodo.

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