Gladys Gutiérrez

El magistrado Maikel Moreno fue electo como nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, según la cuenta oficial de twitter de la institución.

Moreno reemplazará en la silla del máximo ente de la justicia en Venezuela a Gladys Gutiérrez.

Extraoficialmente la designación de Moreno habría contado con el consenso de los 32 magistrados.

«Yo desde este momento al frente del Tribunal Supremo de Justicia y conjuntamente con los compañeros magistrados, estaremos 24 horas al día trabajando para acabar con la impunidad, la corrupción en este país», dijo Moreno.

Moreno Pérez, quien seguirá al frente de la Sala de Casación Penal, dio a conocer el resto de las autoridades que le acompañarán en el TSJ, con la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, como primera vicepresidenta y presidenta de la Sala Electoral; y como segundo vicepresidente asume el magistrado Juan José Mendoza Jover, quien presidirá la Sala Constitucional.

Fueron ratificadas como presidentas de las Salas Político Administrativa y de Casación Social, las magistradas María Carolina Ameliach Villarroel y Marjorie Calderón Guerrero, respectivamente, y el magistrado Yván Darío Bastardo Flores es el nuevo presidente de la Sala de Casación Civil.

Como vicepresidentes de las Salas del Alto Tribunal fueron electos: el magistrado Arcadio Delgado Rosales (Sala Constitucional); magistrado Marco Antonio Medina Salas (Sala Político Administrativa); magistrado Malaquías Gil Rodríguez (Sala Electoral); magistrado Francisco Ramón Velázquez Estévez (Sala de Casación Civil); magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno (Sala de Casación Penal) y el magistrado Jesús Manuel Jiménez Alfonzo (Sala de Casación Social).

Moreno se desempeñaba como primer vicepresidente del TSJ. Además fue Cónsul en Roma y agregado en la Embajada de Trinidad y Tobago.

El nombre de Moreno apareció en la palestra pública cuando en 1989 fue encontrado culpable por el asesinato de Rubén Gil Márquez, mientras se desempeñaba como efectivo de la extinta Disip y además era escolta del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez.

Apenas pasó un año en prisión y salió a la calle por un beneficio procesal, trabajó en un juzgado en Caracas como secretario. Luego de múltiples andanzas fue Juez 34° del Área Metropolitana de Caracas y Presidente de la Sala Séptima de Apelaciones.

Actuó en la defensa de Richard Peñalver, uno de los llamados «pistoleros de Puente Llaguno» y fue demandado por los abogados del Comisario Iván Simonovis, quienes lo acusaron de «forjar actas». También participó en las averiguaciones del caso de Danilo Anderson.

El ex magistrado Luis Velásquez Alvaray lo acusó de pertenecer a la banda de los «Enanos», una agrupación compuesta por magistrados, jueces y fiscales que supuestamente sobornan y extorsionan desde las más altas esferas del poder judicial.

Magistrado Maikel José Moreno Pérez fue elegido por la Sala Plena como nuevo Presidente del Tribunal Supremo de Justicia

— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 24 de febrero de 2017

Primera Vicepresidenta del TSJ es la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre y el Segundo Vicepresidente el magistrado Juan José Mendoza Jover

— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 24 de febrero de 2017

El Tribunal Supremo de Justicia dio inicio al año judicial 2017 con un acto oficial en su sede, al cual acudió el presidente de la República, Nicolás Maduro, y en el que la presidenta del TSJ, la magistrada Gladys Gutiérrez, presentó el informe anual del Poder Judicial.

Durante el acto, Nicolás Maduro elogió la constitución de 1999 que, según él, unió la voz del pueblo y la de los políticos, al igual que al TSJ por llevar «una doctrina tan completa con la constitución de 1999, porque si en algún lugar se logró llevar la doctrina de Simón Bolívar fue en está constitución». Además, aprovechó la ocasión para crear una nueva misión.

Para el presidente, el año 2016 «demostró ampliamente la transparencia jurídica, ética, capacidad de respuesta y la calidad indestructible del poder judicial para plantarse ante poder fácticas nacional e internacionales para hacer cumplir la ley ante campañas de todo tipo” en un sistema donde ninguna persona está por encima de las leyes y el Tribunal Supremo de Justicia.

“Estoy muy claro de los que son mis atribuciones, jamás pensaría en faltar a alguna ley del poder judicial (…) jamás ninguna de las personas que están acá han recibido una llamada mía para alterar las leyes, ninguno de ustedes jueces de la república han recibido una llamada mía o de mi Gobierno, no se puede aceptar”, dijo.

En sus declaraciones afirmó que la mayor parte de la población venezolana apoya al TSJ y sus acciones.

Asimismo, expresó los esfuerzos que ha hecho y hará por el diálogo. «He ordenado a la comisión de diálogo que sigamos buscando por la vía de la palabra para lo que va a ser inevitable, que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional acate todas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia para restablecer el orden constitucional”, sentenció.

“¿Qué pasaría si esa asamblea se le ocurría aprobar la pena de muerte? … Esa Asamblea Nacional tomó el poder no para la mayoría no para el pueblo sino para ellos (…) su estado de desacato lo ha llevado no respetar el estado de derecho. Les digo señores magistrados que cuentan con mi apoyo para restablecerle al pueblo su poder legislativo”.

Gran Misión Justicia Socialista

Nicolás Maduro creó una nueva misión que establece una alianza entre el poder Judicial, el Ciudadano y el Ejecutivo para avanzar en el tema penintenciario. La idea había sido propuesta por el difunto presidente Chávez, y fue adaptada a los Cuadrantes de Paz, afirmó.

«Asumamos la Gran Misión Justicia Socialista para construir la paz en el hogar, en la comunidad, en la calle, para construir la paz que nuestra patria reclama. Ese es el compromiso que hemos venido a asumir».

Por su parte, el defensor del pueblo Tareck Willian Saab informó que la creación de esta Misión  ayudará a resolver los problemas que hay en distintas comunidades de todo el país y permitirá avanzar en la justicia social que requiere los afectados por distintas causas.

Infome del Poder Judicial

La magistrada indicó que el órgano judicial, en ejercicio de sus funciones constitucionales, emitió una serie de sentencias durante el año 2016 para dar respuesta a las “transgresiones” de la Carta Magna proferidos, a su juicio, por el Poder Legislativo representado por la actual Asamblea Nacional que, de acuerdo con el TSJ, se encuentra en desacato.

“El alto juzgado y el poder judicial vienen demostrando que nada desviará su compromiso de cumplir con las competencias que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga y reafirma su lealtad al pueblo”, apuntó.

De acuerdo con los datos que maneja el Sistema Estadístico Único del Poder Judicial, el TSJ logró durante el 2016 un total de un millón 591 mil 661 sentencias en todos los ámbitos materiales y judiciales del país, que según Gutiérrez, supera las cifras en ejercicios anteriores de este poder del Estado.

Asimismo, detalló que el órgano judicial ha logrado un 92% de interconectividad de las sedes de las presidencias de los circuitos judiciales penales y un 88% en las sedes de las rectorías judiciales, por lo que destacó que existe celeridad procesa.

Indicó que durante los últimos cuatro años se ha registrado un “crecimiento” exponencial de jueces de la República en relación a los 16 años anteriores.

Esta actividad había sido programada para el 3 de febrero, pero dada la intensa agenda de actividades conmemorativas del bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora en la primera semana de febrero, fue pospuesta para este martes.

*Con información de Panorama y El Universal

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, juramentó a las rectoras del Consejo Nacional Electoral Tania D’ Amelio y Socorro Hernández.

Gutiérrez dijo que la Sala Constitucional conoció de la imposibilidad de la Asamblea Nacional para hacer los nombramientos de los rectores del CNE y por haberse vencido el lapso tramitó de acuerdo con el reglamento del TSJ y siguiendo los precedentes se hizo cargo de la juramentación tras un estudio minucioso de la causa abierta.

Añadió que por la importancia del Poder Público, en este caso la rama electoral, la Sala tomó la medida por la omisión del Parlamento y ceñida a la Constitución Nacional.

Agregó que la decisión tomada servirá para el buen desenvolvimiento del país y darle continuidad al poder electoral. Dijo que se mantendrán atentos a garantizar la supremacía de la Constitución.

Con información de Unión Radio 

Desde el 11 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia designó como ponente de la sentencia que determinará el alcance de la inmunidad parlamentaria a la presidente del Poder Judicial y de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, según la Cuenta N° 124 de la Sala Constitucional. Al principio, la magistrada Carmen Zuleta de Merchán tenía la responsabilidad de responder una solicitud de interpretación del artículo 200 de la Constitución, que garantiza un fuero a los miembros de la Asamblea Nacional para que puedan ejercer sus funciones.

La petición fue efectuada el 7 de junio de 2016, por los abogados Enrique Tineo Suquet y Francisco Artigas Pérez, y el ciudadano César Tillero Montiel, representantes del Movimiento Ética Socialista. El MES emplazó al TSJ a precisar cuál de los dos supuestos establecidos en el artículo 200 es aplicable a un parlamentario si es sorprendido en flagrancia cometiendo un delito de cualquier tipo. Es decir, establecer si el procedimiento para allanar la inmunidad es viable cuando el crimen sucede cuando está como parlamentario o fuera del ámbito legislativo. «La medida está dirigida a evitar el abuso de poder de los parlamentarios y la protección del acceso a la justicia de los ciudadanos», alegaron.

Sigue leyendo esta nota de Hernán Lugo-Galicia en El Nacional

Antiguos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), exfuncionarios del Gobierno, familiares de altos jerarcas de la revolución y hasta un acusado de homicidio que defendió a tres pistoleros chavistas. Así está integrado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, principal arma empuñada por el presidente Nicolás Maduro para atacar a la Asamblea Nacional (AN).

Fue una especie de último regalo navideño. Antes de despedirse de su mayoría en el Parlamento, el oficialismo aprobó el 23 de diciembre del 2015 –en una sesión extraordinaria– la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes para asegurarse el control sobre la cúpula del Poder Judicial.

Los efectos de la renovación del TSJ, integrado por un total de 32 jueces titulares, ya se han hecho sentir en el tablero político venezolano. En solo siete meses, el máximo juzgado ha dictado 24 sentencias contra la AN, limitando sus facultades constitucionales de control, bloqueando la aplicación de todas las leyes aprobadas y dejando sin efecto sus decisiones.

Con base en esos fallos judiciales, Maduro impuso un decreto de emergencia económica que le permite manejar los fondos públicos sin someterse a la vigilancia del Poder Legislativo. Adicionalmente, el Jefe de Estado resolvió arrebatarle el presupuesto a la Cámara por considerar que la misma está “en desacato”, luego de que su presidente, Henry Ramos Allup, declaró que no obedecerían los criterios de los magistrados.

¿Quiénes son?

De abogada del chavismo a jueza “imparcial”. Antes de asumir la presidencia del TSJ, Gladys Gutiérrez ocupó la Procuraduría General de la República por órdenes del difunto comandante Hugo Chávez.

Su currículum incluye haber sido directora jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros, diputada suplente del extinto Movimiento Quinta República (fundado por Chávez) y embajadora de Venezuela ante el Reino de España.

Gutiérrez encabeza la Sala Constitucional, la más poderosa de las seis que integran el organismo y el principal azote del Parlamento. De sus siete magistrados, cuatro han militado públicamente en el chavismo, verbigracia el exviceministro de Educación, Luis Damiani Bustillos.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia está conformada por 7 magistrados, lo que la hace la más numerosa de todas con excepción de la Plena, donde participan los 32 magistrados que componen el máximo tribunal.

Actualmente sus miembros son cuatro hombres y tres mujeres, entre las que está la presidenta del TSJ: Gladys Gutiérrez. Tres de ellos forman parte de los llamados magistrados “exprés”, nombrados el 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional saliente, y los cuatro restantes son anteriores a esa fecha.

Acceso a la Justicia realizó una investigación con la intención de saber si esas personas cumplen con el perfil que establecen la Constitución en su artículo 263 y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) en su artículo 37. Cuatro de los magistrados no cumplen los requisitos, sobre dos de ellos hay dudas y apenas uno, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, tiene el perfil establecido para ese rol.

Aquellos que no tienen los requisitos en regla son la presidenta Gladys Gutiérrez Alvarado, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson. A todos ellos les falta un requisito constitucional que ofrece tres alternativas: a) haber ejercido la abogacía durante al menos 15 años y tener un título universitario de posgrado en materia jurídica, b) haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y c) ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula (en este caso Constitucional) durante al menos 15 años.

Gladys Gutiérrez y Calixto Ortega poseen título de posgrado en Derecho pero no han ejercido la abogacía por 15 años; Luis Fernando Damiani y Lourdes Suárez no tienen ni posgrado en Derecho (a pesar de que Damiani tiene posgrados pero en ciencias sociales) ni ejercicio de la abogacía por 15 años, y ninguno de los cuatro cumple con las alternativas “b” o “c” antes mencionadas.

En los casos de Gladys Gutiérrez y Calixto Ortega se suma el hecho de que no está claro si renunciaron a su militancia política, lo que es una exigencia de la LOTSJ para asumir el cargo que ostentan. Es importante resaltar que dicha renuncia debe ser expresa, por escrito y de conocimiento público, tal como han hecho otros ex-militantes del PSUV en el pasado cuando pasaron a ocupar cargos que exigen que no sean activistas políticos.

Por otra parte, tenemos a los magistrados Juan José Mendoza Jover y Carmen Zuleta de Merchán, de cuyo perfil existen dudas sobre el cumplimiento de los requisitos, porque su honorabilidad ha sido puesta en entredicho en el pasado y eso va en contra de lo establecido en la Constitución. En el caso de Zuleta, fue acusada en 2014 por el penalista zuliano Morly Uzcátegui de usar influencias en su beneficio, mientras que Mendoza fue señalado por el abogado José Amalio Graterol de intentar destituir a María Lourdes Afiuni en 2012 para así corregir el error que cometió al suspenderla de su cargo sin que mediara un proceso a tal efecto.

Es importante hacer notar que la honorabilidad se puede determinar, entre otros, por la ausencia de señalamientos, de ahí la relevancia de estas denuncias que ponen automáticamente en duda la idoneidad de estas dos personas. Juan José Mendoza resulta cuestionable además pues tampoco se sabe si renunció a su anterior militancia partidista.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El juez constitucional es el guardián de la Constitución y del ciudadano, y en particular el garante de los derechos humanos. Obviamente para desempeñar tan importante y ardua labor debe ser independiente políticamente y tener la máxima calificación jurídica posible. Si no se cumplen estos requisitos, ¿Cómo va a haber protección para ti como venezolano frente al poder? ¿Quién defiende tus derechos?

Perfil de Magistrados Del TSJ Julio 2016 by Yeannaly Fermin on Scribd

AMBIENTE DE RENUNCIAS.

Cuando vi este tuit de @hramosallup muy temprano en la mañana, 5:46 a.m, señalando: «crecieron los enanos: en el seno del TSJ empleados y obreros amotinados critican abiertamente a los «magistrados» pese a espionaje interno» decidí indagar en el tema y aproximarme a las fuentes internas del máximo tribunal hoy devenido en el peor ejemplo para cualquier tribunal del mundo, donde hasta en África hay tribunales decentes y respetuosos de las constituciones de sus estados y por ende de los Derechos Humanos y políticos de sus ciudadanos.

Tenía razón Ramos Allup. Hay un grupo de más de 50 personas, entre los cuales hay abogados, personal administrativo, de carrera, contratados, obreros y de seguridad, en fin de todas las áreas, que se están reuniendo para renunciar en bloque.

Pues bien ¿qué es lo que nos plantean estos ciudadanos?

La lista de sus planteamientos es amplia y variada. Comienzan por señalar que la rojita Presidenta Gladys Gutiérrez -graduada «express» en un cuestionado curso en España- es absolutamente apática y sorda ante algunos temas sensibles  como son los siguientes:

*Aumento de sueldos. ( Un abogado casi gana sueldo mínimo )
*Inseguridad. ( Asesinatos y robos a personal del TSJ en los alrededores de la institución )
*Ausencia de programas de capacitación, adiestramiento y formación, etc.
*Diferencia exagerada entre los incentivos laborales de los magistrados con el resto del personal.
Como colofón apuntan que estos ciudadanos dicen ser víctimas de las decisiones judiciales emanadas del TSJ y cuya única responsabilidad es de los magistrados que las dictan. El rechazo social de los ciudadanos a quienes laboran en el Tribunal ha venido creciendo desde el 23 de diciembre de 2015 cuando inconstitucionalmente degradaron esa instancia y la convirtieron en un apéndice de Miraflores y el PSUV.

Lo que serían renuncias masivas, en bloque, podrían  producirse en poco tiempo.

Revisando me encontré que se han reportado más de 300 renuncias en lo que va de año en rechazo a la política de manejo de personal de la «magistrada» Gutiérrez.

Están muy molestos con la Presidenta. No aumenta sueldos por lo que ya un abogado gana casi sueldo mínimo. Además, los funcionarios son asesinados y atracados en las puertas del TSJ, incluyendo a los funcionarios de seguridad, y la Presidenta ni pestañea.

Los Magistrados no lo dicen públicamente, pero en secreto lo comentan y hasta se molestan con lo que sus subalternos les cuentan.

Y por último, estos funcionarios son víctimas de múltiples ataques y reproches por las decisiones judiciales tomadas por los magistrados, cuando son exclusivamente ellos ( los magistrados ) los responsables de las mismas.

Los informes que circulan entre los empleados dan cuenta de varias sentencias «intervenidas» que indicarían acciones «Non Sanctas» desde la instancia superior del Tribunal.

Recuerdan que la presidenta se ganó la confianza de Hugo Chávez cuando le prestó un apartamento propiedad de ella y su esposo Fernando Lisera en el edificio Mediterráneo en la subida hacia El Hatillo. Además se encargó en Madrid del hijo de Chávez cuando estuvo en tratamiento médico en la capital española.

Esta nota de Tal Cual del 8/5/2013 reseña su actividad en el chavismo como persona de absoluta confianza personal del galáctico:

«Gutiérrez acompañó al presidente Hugo Chávez desde sus primeras aspiraciones presidenciales, cuando era dirigente del MVR. Luego participó como miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional, llegó a ser candidata a la Gobernación de Nueva Esparta y posteriormente diputada (suplente) de la Asamblea Nacional por la misma entidad. Se convirtió en una persona de extrema confianza para el fallecido Jefe de Estado, con quien habría sostenido una relación bastante personal.

Su llegada al máximo tribunal del país el 9 de diciembre de 2010 ocurre luego de haber sido Procuradora General de la República desde 2006, aún cuando no había sido juez de larga trayectoria. Antes fungió como embajadora de Venezuela ante el Reino de España, cónsul general de Venezuela en Madrid, ministro consejero en la embajada de Venezuela en España y directora-jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros».

Nadie recuerda haber coincidido con ella en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Gladys María Gutiérrez Alvarado -actual presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela- ha sido noticia esta semana al descubrirse que la lectura de su tesis en 2011 tuvo lugar en Zaragoza ante un tribunal que tenía entre sus miembros a dos profesores de Podemos. Uno de ellos fue Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y fundador del partido morado. “Me enteré de la noticia por la prensa. No sabia quién era ni que se había doctorado aquí”, cuenta un veterano profesor zaragozano.

Es normal que nadie la recuerde: el periplo del ‘brazo judicial’ de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por Zaragoza se limita a tan sólo tres visitas. Dos fueron para hablar con el director de su tesis, el profesor de Derecho Constitucional Francisco Palacios, y una última para defender su trabajo El nuevo paradigma constitucional latinoamericano. En sus dos primeros paseos por Zaragoza ni siquiera durmió en la ciudad: vino y se fue en AVE. Tiene casa en Madrid porque está casada con un español, hijo de padres inmigrantes, que vive en Venezuela y al que conoció allí. Sin embargo, en su tercera visita, el día que leyó su tesis, sí hizo noche en Zaragoza en uno de los hoteles con más renombre de la ciudad, el Palafox, un cinco estrellas con el que la Universidad tiene un convenio para este tipo de actos.

Bebiendo una Coca Cola Zero, Francisco Palacios dice estar abrumado por la noticia adelantada porEl Mundo. Él fue el director de su tesis y también es de Podemos porque se presentó a las primarias de este partido en Aragón, aunque no consiguió los votos necesarios para entrar en el Consejo Ciudadano. Gladys le ha llamado por teléfono estos días:

-¿Qué le dijo?

-Me dijo que menudo follón que se había montado. Y me preguntó que qué podía hacer. Le dije que contara la verdad. Que ella estudió el Diploma de Estudios Avanzados en la Complutense y que luego se doctoró en Zaragoza ante un tribunal plural, que le concedió cum laude por unanimidad, con un tema que manejaba a la perfección porque ella misma había sido protagonista de la historia.

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza defiende que se siguió el proceso normal para seleccionar a los miembros del tribunal: el director de la tesis propuso sus nombres, su Departamento no puso reparos y la comisión valoró positivamente los currículos de todos los profesores al entender que eran expertos en el tema. “Podría haber traído a Pablo Iglesias o a otra gente. Pero propuse que el presidente del tribunal fuera Manuel Ramírez Jiménez”, recuerda Palacios. Ramírez Jiménez falleció hace un año y fue un catedrático de Derecho Político de gran prestigio, cuyo pensamiento viró del PSOE a la derecha. “Sus ideas eran la antítesis del chavismo”, señalan todos los profesores consultados por EL ESPAÑOL. En el tribunal también estuvo Andrés García Inda, que ahora es el director del colegio de los Jesuitas de Zaragoza y al que tampoco se le relaciona con el partido de los círculos.

SENTENCIAS POLÉMICAS

Gladys Gutiérrez, de 54 años, está siendo criticada por su supuesta falta de imparcialidad desde que se convirtió en presidenta del Tribunal Supremo en 2013, un mes después de que Nicolás Maduro fuera nombrado presidente. Su primera sentencia polémica fue declarar “inadmisibles” los diez recursos interpuestos por la oposición venezolana ante el presunto fraude cometido en las elecciones que Maduro ganó a Henrique Capriles en abril de 2013 por tan solo un 1,49% de los votos.

Desde que la oposición logró la mayoría en la Asamblea, Gutiérrez Alvarado se ha convertido en la punta de lanza de Maduro para neutralizar al Parlamento. En este sentido, ha ordenado cumplir el Decreto de Emergencia Económica pese a que había sido rechazado por la Asamblea, única institución con capacidad para validar este tipo de decisiones presidenciales, según la Constitución venezolana. También ha tumbado la promulgación de normas aprobadas por el Parlamento, como la Ley de Amnistía y Reconciliación.