COMO SI SE TRATASE DE UN CASTILLO DE NAIPES que se derrumbó de un soplido: La Asamblea Nacional ha ido perdiendo a sus representantes paulatinamente.
Con el más reciente encarcelamiento del diputado de Primero Justicia, Juan Requesens, ya suman diez parlamentarios de oposición que han sido desincorporados de sus funciones por persecución política o inhabilitación desde las pasadas elecciones legislativas de diciembre de 2015, cuando el bloque contrario al chavismo se alzó con 112 escaños para detentar en teoria la mayoria calificada.
A Requesens, parlamentario electo por el estado Táchira, lo detuvieron luego del supuesto atentado que sufrió el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto.
Le imputaron los cargos de traición a la patria, homicidio calificado en grado de frustración, instigación pública, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, daños a la propiedad y financiamiento al terrorismo por la eventual participación en el suceso acontecido en la avenida Bolívar de Caracas.
A Requesens y a su colega Julio Borges, ambos de Primera Justicia, los vincularon con el aparente ataque y la asamblea nacional constituyente, atribuyéndose funciones de la Asamblea Nacional, según lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, les retiró la inmunidad parlamentaria.
“No hay allanamiento de inmunidad porque la anc no tiene facultades para hacerlo”, dijo el segundo vicepresidente del parlamento, Alfonso Marquina. “Nuestra voz no la van callar ni que nos metan a todos presos”.
Apenas días antes, el diputado por el estado Vargas, José Manuel Olivares, también de PJ, había huido a Colombia luego que liberasen una orden de captura contra su esposa, Jofreny González, por la supuesta compra de vehículos de procedencia ilegal. Su hermano, Juan Carlos Sosa, estuvo preso en el Sebin acusado de “violencia política” y fue liberado en el marco de las excarcelaciones que promovió la anc entre mayo y junio de este año. “Ya no se limitan a perseguir al político, también van contra la familia”, dijo en ese entonces Olivares.
Los diputados del partido Voluntad Popular, Rosmit Mantilla, Renzo Prieto, Gilber Caro y Gilberto Sojo fueron electos mientras estaban en cautiverio. Mantilla salió de la cárcel casi un año después de los comicios, pero optó luego por asilarse en Francia. Prieto, Caro y Sojo recibieron medidas sustitutivas de libertad, los dos primeros por parte de la anc en junio de este año y este último en diciembre de 2016. Prieto estuvo cuatro años preso por los aparentes delitos de tráfico de armas y asociación para delinquir, Caro pasó privado de libertad un año y cinco meses luego que se le decomisara un supuesto material de guerra en su vehículo y Sojo duró dos años en El Helicoide por aparentemente llevar consigo un cargamento de C-4 con el que planeaba llevar a cabo actos terroristas, según las autoridades. El trío posee restricción de salida del país, no pueden hablar con los medios de comunicación sobre sus respectivos casos y deben presentarse ante un tribunal cada 30 días.
Otros miembros de VP como Freddy Guevara y Gaby Arellano se refugiaron bajo la protección de un gobierno extranjero para evitar ser recluidos en prisión. Guevara, a quien también la anc le suprimió la inmunidad parlamentaria, se encuentra protegido por la embajada chilena en Caracas desde noviembre del año pasado. Arellano viajó a Colombia a participar en una audiencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y posterior a enterarse de la existencia de una orden de captura en su contra, decidió quedarse en el vecino país.
Han habido inhabilitaciones como el caso de la diputada Adriana D‘Elia, a quien la Contraloría General la imposibilitó de ejercer cargo público alguno por 15 años debido a supuestos delitos de corrupción cuando se desempeñaba como Secretaria de la gobernación de Miranda entre 2008 y 2015.
Asimismo, diputados que siguen asistiendo a las sesiones han sido víctimas de persecuciones y amenazas.
El parlamentario por el estado Zulia, Tomás Guanipa, denunció a mediados de julio de este año acoso en su residencia por parte de funcionarios del Sebin. Al secretario general de Primero Justicia, la Contraloría General de la República le abrió una averiguación patrimonial.
Al diputado por el estado Lara y miembro de Voluntad Popular, Luis Florido le revocaron el pasaporte y en marzo de este año debió cruzar el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela sin el documento de identidad nacional en procura de efectuar una gira por naciones que han albergado a inmigrantes criollos. También al diputado por el estado Mérida, Williams Dávila, le aplicaron similar medida cuando se disponía a salir hacia la sede de la OEA en Washington.
Aunado a eso, el bloque parlamentario opositor ha denunciado asedio y maltratos por parte del personal de la Guardia Nacional Bolivariana que trabaja en el hemiciclo. Además aseguran que no se les paga y a los parlamentarios que viajan desde el interior a Caracas se les dificulta el traslado. “Desde hace meses no recibimos la remuneración que nos corresponde, son ingresos muy pobres, es evidente que el Psuv diseñó un esquema para que los diputados de la provincia no puedan trabajar”, dijo el parlamentario por el estado Zulia, José Luis Pirela.
“Con 76 sentencias en contra, tres diputados suspendidos, cinco exiliados, 20 lesionados, cuatro presos, cuatro asaltos al hemiciclo, seis privados de su inmunidad parlamentaria. Ataques diarios desde el Ejecutivo y todos los poderes del Estado. La AN no tiene presupuesto de funcionamiento, sin sueldos para sus diputados, muchos tienen prohibido viajar por avión. ¿Qué más quieren que haga la Asamblea Nacional para demostrar de qué lado de la historia está?”, se desprendió recientemente de una declaración conjunta en el hemiciclo.
Desbandada del Psuv hacia la ANC
El grueso de los miembros del Psuv abandonaron sus curules en la AN después de la elección de la anc en julio de 2017.
Previamente fueron desincorporándose para ocupar cargos en el gabinete de Maduro: Ramón Lobo (Economía y Finanzas), Ricardo Sanguino (Banco Central de Venezuela), Hugbel Roa (Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología), Elías Jaua (Educación), Francisco Torrealba (Trabajo y Progreso Social), Ricardo Molina (Transporte y Obras Públicas), Mervin Maldonado (Deporte y Juventud), Aloha Nuñez (Pueblos Indígenas), Dante Rivas (Comercio), Iroshima Vásquez (Viceministra para el Buen Vivir Estudiantil) y Luis Soteldo ( presidente del Instituto Nacional de Tierras). Además Calixto Ortega pasó a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia; Asdrúbal Chávez, presidente de Citgo y Rubén Avila, presidente de Pequiven.
Los diputados Diosdado Cabello, Cilia Flores, Héctor Rodríguez, Víctor Clark, Carmen Meléndez, Tania Díaz, Saúl Ortega, Dario Vivas, Earle Herrera, Roque Valero, Héctor Aguero, Julio Chávez, Sergio Fuenmayor, Héctor Zambrano, Ricardo Molina, Pedro Carreño, Christopher Constant, Victoria Mata, Ramón Magallanes, Nora Delgado, Genkerve Tovar, Gabriela Simoza, Keyrineth Fernández, Braulio Alvarez, Oswaldo Vera, Egle de los Santos Sánchez, Sol Musset, Jesús Montilla, Willian Gil, Gilberto Pinto, Gerardo Márquez, Loengri Matheus, Yolmar Gudiño, Jorge Pérez figuran entre quienes echaron un salto de la Asamblea Nacional a la anc.
Rodríguez, Clark y Meléndez posteriormente dieron un paso al costado en la anc para ocupar cargos de gobernadores en Miranda, Falcón y Lara, respectivamente. Edwin Rojas fue nombrado secretario de la gobernación de Sucre y luego designado gobernador ante la renuncia de Luis Acuña.
Ramón Calles prefirió quedarse como alcalde de Guanare en el estado Portuguesa, al igual que Omar Prieto en San Francisco, quien luego sería electo gobernador del Zulia ante la negativa de Juan Pablo Guanipa de juramentarse ante el ente presidido por Delcy Rodríguez.
En tanto, Loa Tamaronis y Amado Heredia abandonaron sus curules para asumir las alcaldías de los municipios Tucupita y Antonio Díaz en Delta Amacuro, respectivamente.
Germán Ferrer, diputado del Psuv por el estado Lara, optó junto a sus compañeros de fracción Eustoquio Contreras e Ivonne Tellez no avalar a la anc y quedarse en la AN. Juntos formaron el Bloque Parlamentario Socialista, coalición que duró poco porque Ferrer huyó del país junto a su esposa, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
De la algarabía a la impotencia
Con los 112 escaños que obtuvo la Mesa de la Unidad Democrática de 167 disponibles en las pasadas elecciones legislativas, por vez primera desde que Hugo Chávez ganara la presidencia de Venezuela en 1998 la Asamblea Nacional tenía mayoría opositora y además calificada.
Esa noche del 6 de diciembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro tildó la victoria de “circunstancial” y se la endosó a un supuesto chantaje. “No me cabe duda de que la guerra económica inhibió a parte del electorado…Por ahora”, dijo.
Jugando adelantado, la AN saliente en manos del ahora constituyentista Diosdado Cabello, nombró el 23 de diciembre de ese año a 13 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia.
La primera acción de la Sala Electoral fue admitir un recurso de impugnación contra la elecciones de Amazonas, inhabilitando así a los diputados de oposición Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, además de al representante del Psuv, Miguel Rodríguez.
Con este movimiento, la oposición pasaba a tener 109 diputados y descendía de una mayoría calificada una simple. Perdían así la posibilidad de enmendar la Constitución, iniciar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la aprobación de una Ley Habilitante, ejercer votos de censura al vicepresidente de la República e integrantes del tren ministerial, elegir y remover a directivos del CNE, Poder Ciudadano y TSJ.
Los tres parlamentarios de la oposición electos en Amazonas fueron incorporados y posteriormente desincorporados por la plenaria para evitar el desacato que alegaba el máximo tribunal de la nación. Aún así la Asamblea continuó en una anomia que tuvo uno de sus puntos de inflexión con el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica emitido por la Sala Constitucional del TSJ, que faculta al presidente para tomar decisiones en materia financiera y ha sido prorrogado trece veces desde enero de 2016.
Aunado a eso, la misma Sala Constitucional aprobó los decretos 155 y 156 en marzo de 2017 con los que anulaba la Asamblea Nacional y habilitaba al Poder Ejecutivo para legislar. Tales sentencias originaron la rebelión de los parlamentarios opositores presididos en ese entonces por Julio Borges y detonaron las protestas antigubernamentales que causaron la muerte de 157 personas, según la base de datos elaborada por Runrunes.
Pese a que los decretos fueron echados para atrás por las escuetas sentencias 157 y 158, aún no disponibles en la página web del TSJ, el órgano presidido por Maikel Moreno sigue considerando a la AN en desacato por los supuestos hechos irregulares acontecidos en los comicios legislativos de Amazonas.
A pesar que el Consejo Nacional Electoral ha convocado elecciones para la anc, municipales, regionales y hasta presidenciales desde 2016 hasta el presente. Los comicios para seleccionar nuevos diputados en Amazonas siguen sin efectuarse y por ende el TSJ sin reconocer la legalidad de la AN.
A tal punto ha llegado la indiferencia del Ejecutivo hacia el Poder Legislativo que Maduro ha presentado Memoria y Cuenta de su gestión, así como el Presupuesto de la Nación en el TSJ y más recientemente en la asamblea nacional constituyente.
A mediados de julio de este año, la AN autorizó nuevamente la incorporación de los diputados de Amazonas, pero solo Romel Guzamana atendió al llamado. “El esfuerzo realizado no valió la pena, se perdió la oportunidad de tener una mayoría calificada y nombrar nuevos rectores del CNE”, dijo Guzamana.
Lo que sí eligió la AN fue a 33 magistrados para conformar un TSJ en paralelo que a horas de su nombramiento en julio de 2017 pasó a ser un Tribunal perseguido y en el exilio. La instancia foránea condenó apenas este miércoles 15 de agosto al presidente Maduro a 18 años y 13 meses de prisión en la cárcel de Ramo Verde, además de una multa de 25 millones de dólares luego de encontrarlo culpable por los delitos de legitimación de capitales y corrupción propia en el caso de la constructora brasileña, Odebrecht.
La AN ha sancionado leyes como las de Amnistía y Reconciliación Nacional, Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Misión Vivienda, Reforma al salario del docente, Uso de Celulares en las cárceles, además de reformas a las leyes orgánicas del Tribunal Supremo de Justicia, de Explotación de Oro y Actividades de Exploración y de la Contraloría, pero todas han sido declaradas nulas e inconstitucionales por el TSJ.
