El allanamiento y el proceso judicial que llevaron a prisión a los asesores de la MUD, Roberto Picón y Arístides Moreno, están manchados por contradicciones y omisiones en cada documento del expediente, al que tuvo acceso Runrun.es de manera exclusiva
Picón fue acusado con base en evidencias recogidas de una casa que no era suya, por objetos y documentos que no le pertenecían, y que fueron cambiados durante el análisis, realizado por el único funcionario sin autorización para el proceso
EL 22 DE JUNIO DE 2017 FUE UN JUEVES LARGO. En el día, en plena fase final de los cuatro meses de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, un militar adscrito al grupo de la policía aérea de la base La Carlota asesinó a David Vallenilla al dispararle con un arma larga; horas después, ya de noche, el Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvo a los asesores de la Mesa de Unidad Democrática, Roberto Picón y Arístides Moreno, en la casa del segundo, en Altamira.
En los videos del allanamiento a la casa de Moreno se ven a los dirigentes opositores María Corina Machado y Freddy Guevara -hoy protegido en la Embajada de Chile en Caracas por acusaciones de instigación pública y asociación para delinquir- y a varios miembros del Sebin. Las imágenes son borrosas y confusas. Dos días después, el presidente Maduro se refirió al hecho y dijo que se habían incautado equipos con los que “se estaba preparando un proceso de hackeo, intervención y sabotaje a todo el sistema informático (del CNE)”. De acuerdo con el primer mandatario, Picón y Moreno tendrían entre sus planes sabotear la elección de constituyentistas el 30 de julio.
Picón y Moreno están presos en la sede del Sebin de El Helicoide. Los primeros días de su encierro, Picón vivió en un baño insalubre, sin luz ni ventilación, y tuvo que cuidar la limpieza del pequeño lugar para no enfermarse. Luego, por 17 días, compartió el baño de 2×8 metros con el magistrado Ángel Zerpa, antes de que le concedieran casa por cárcel. En total, los primeros 87 días no recibió luz solar de forma directa, declaró su hija Isabella Picón durante una entrevista a Tal Cual el 24 de septiembre.
La detención de Picón y Moreno, ambos imputados por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de objetos militares de la Fuerza Armada Nacional, cumple 5 meses. El caso, llevado desde el inicio por tribunales militares, pasó el 5 de octubre a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, más específicamente a la competencia del Magistrado Maikel Moreno, también presidente del máximo tribunal.
Ese expediente que tiene Moreno en sus manos fue obtenido en exclusiva por Runrun.es.
El motivo de allanamiento no se encontró
Una serie de particularidades llaman la atención en dos documentos fundamentales que integran el expediente judicial del caso de Roberto Picón y Arístides Moreno: la solicitud y la orden de allanamiento de la residencia de este último. Ninguno de los dos cumple con el artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), pues no especifican la razón para requerir el allanamiento a la casa de Moreno más allá de una presunción, de una fuente no identificada, sobre la tenencia de objetos militares, los cuales nunca encontraron en el lugar.
Para llevar a cabo un allanamiento, el cuerpo de seguridad debe presentar una solicitud ante un tribunal, y luego la orden –absolutamente necesaria para realizar la operación– debe especificar “el motivo preciso del allanamiento, con indicación exacta de los objetos o personas buscadas y las diligencias a realizar”, según se explica en el numeral 4° del artículo 197 del COPP.
Los motivos que presentó la Fiscalía Militar para allanar la vivienda de Moreno están relacionados con la presunta tenencia de material de interés criminalístico para una investigación que no evidencia relación alguna con los dos acusados, según la información en el expediente.
El Sebin alegó que uno de sus funcionarios obtuvo información de que en el lugar había armas de fuego, chalecos antibalas, municiones, prendas y documentos militares así como explosivos pertenecientes a la FANB, pero ninguno de estos objetos fue encontrado en la morada. A pesar de ello, fueron incautados otros objetos, y tanto Moreno como Picón fueron detenidos.
La investigación penal con que vinculan a Picón data de mayo de 2017, cuando funcionarios del Sebin detuvieron a dos estudiantes y activistas del partido Voluntad Popular, María Andreina Montilla de 20 años y David Sosa Escalante de 21, por los delitos militares de traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada.
Orden de allanamiento:
Acta de Investigación Penal:
Tampoco argumentan como un documento de un obsoleto movimiento político, con fecha del viernes 3 de febrero de 2003, se relaciona con la presencia de Picón en casa de Moreno ese 22 de junio de este año, casi 14 años después de su creación.
El hombre #19 ¿Quién es Cristóbal Tirado?
La Fiscal Militar Segunda, teniente Yusnagry Pérez, solicitó permiso para que 18 funcionarios participaran en el allanamiento. Pero fueron 19 los que hicieron el procedimiento. Las actas posteriores tienen el nombre del integrante extra que no estaba autorizado, y este decimonoveno hombre fue quien manejó las evidencias incriminatorias del caso de Picón, las mismas que no coinciden en los diversos documentos.
Cristobal Antonio Tirado Duraman es primer inspector del Sebin, organismo adscrito a la Vicepresidencia de la República, en donde labora desde el 2009. Tiene 31 años y es originario de Ciudad Piar, estado Bolívar. Está inscrito en el Distrito Capital para votar.
En 5 de los 6 documentos de registro de evidencias físicas, Tirado fue el único funcionario que realizó todos los pasos de la cadena de custodia –la fijación, la colección, el embalaje, el etiquetaje y la preservación– a pesar de que cada fase debe ser manejada por un funcionario distinto.
(Recomendamos ver los documentos en pantalla completa)
Específicamente, el funcionario analizó pruebas que pesan en la acusación a Picón, como los “dispositivos de almacenamiento” en que encontraron documentos supuestamente creados por Moreno y Picón para presuntamente “sabotear al sistema electoral”. Realizó también un análisis a 18 teléfonos móviles y 2 computadoras portátiles, como afirma el registro de las evidencias, a pesar de que en el acta de allanamiento solo fueron incautados 7 teléfonos móviles y 1 computador portátil.
Al no estar Tirado autorizado por la orden de allanamiento para realizar el proceso, como indica el artículo 197 del Copp, el funcionario faltó al artículo 184 del Código Penal por “abuso de sus funciones y faltar a las condiciones establecidas por la ley” al introducirse en la vivienda y realizar pesquisas, considerado como un delito contra la inviolabilidad del domicilio que puede ser penado con prisión de 6 a 30 meses. De ser comprobado que el funcionario del Sebin actuó por algún interés privado, la pena aumentaría en una sexta parte, advierte la legislación.
¿Quién abrió la puerta la noche del 22 de junio?
Las piezas del rompecabezas que forman el allanamiento a la casa en Altamira el 22 de junio de 2017 no coinciden entre sí. Distintos documentos que conforman el expediente del caso cuentan distintas historias, por lo que ni siquiera se conoce con exactitud quién abrió la puerta de la vivienda esa noche.
El acta del allanamiento indica que la operación inició a las 10:20 p.m. y cuando alguien identificado como “Arístides Méndez” abrió la puerta al cuerpo de seguridad. El nombre probablemente fue una de las equivocaciones del Sebin, ya que “Méndez” es el segundo apellido del acusado Arístides Moreno.
La información de ese documento la contradice el testimonio del «Testigo Uno», un trabajador de una empresa de seguridad contratada por Moreno que prestaba servicio en la casilla principal a la entrada de la residencia, cuando afirma haber abierto la puerta “como a las 7:20 p.m”. En su testimonio, el «Testigo Dos» indica que el procedimiento comenzó a las 07:30 p.m., mientras que el «Testigo Tres» asevera que todo inició a las 7:10 p.m.
Fuentes cercanas al caso afirman que el proceso comenzó efectivamente entre las 7:10 p.m. y las 7:30 p.m., ya que cuando los líderes opositores se acercaron a Altamira para denunciar la actividad, los funcionarios estaban por terminar.
El fantasma de la Coordinadora Democrática recorre el Sebin
La antigua coalición opositora contra el gobierno de Hugo Chávez, la Coordinadora Democrática, fue disuelta en 2004 tras apenas dos años de su formación. 13 años después, un documento supuestamente hallado en la gaveta de un mueble en la casa de Moreno revivió al olvidado movimiento para acusar a Picón, quien solo estaba allí de visita.
“Defensa Nacional”, un cambio estratégico en el posicionamiento del grupo político de “OPOSICIÓN” es literalmente el nombre que lleva el documento sobre la Coordinadora Democrática, a la cual se hace referencia 6 veces dentro de las 21 páginas que lo conforman. El impreso fue considerado como “un elemento de convicción adecuado e idóneo para determinar la existencia de un hecho punible”, tras un análisis de expertos del mismo Sebin.
El análisis de contenido y mensajes, realizado por una funcionaria del Sebin de la Sala de Análisis Prospectivo Estratégico, y el informe de experto de otro funcionario de la Dirección de Contrainteligencia, coinciden en que el documento evidencia ”el planteamiento de unos objetivos centrales con miras a fracturar y dividir el apoyo al Gobierno Bolivariano, que planificaba el acusado Roberto Picón”.
Pero los expertos no argumentan cómo vinculan a Picón con el presunto documento que no se encontraba en su posesión, y no presentan evidencias de que alguna vez estuviese en sus manos.
Tampoco argumentan como un documento de un obsoleto movimiento político, con fecha del viernes 3 de febrero de 2003, se relaciona con la presencia de Picón en casa de Moreno ese 22 de junio de este año, casi 14 años después de su creación.
De hecho, el expediente cuenta distintas descripciones sobre el lugar en que fue encontrado el documento. El acta de allanamiento dice haberlo encontrado en la gaveta superior de un mueble en la habitación principal, aunque las fotografías de las evidencias la ubican en la sala principal de la casa, e indican que bajo las hojas se encontraba una granada de mano que otros documentos alegan fue hallada en la oficina.
Fotografía del allanamiento:
Acta de allanamiento:
Interior del documento anexado al expediente:
Siete celulares incautados en la casa de Moreno están descritos en el acta de allanamiento. Pero en el registro de todas las evidencias aparecen 18 teléfonos. De los 11 móviles restantes se desconoce su procedencia
El pisapapeles explosivo
La habitación que funge como oficina en casa de Arístides Moreno tenía una objeto particular: un pisapapeles sobre su escritorio, que en otra época fue una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial, pero que lleva décadas desactivada y no sirve para más que decoración sobre la mesa.
La granada fue uno de los elementos que el Sebin no dudó en incautar, registrándolo bajo el delito militar de Sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Pero las descripciones y las fotografías muestran, en dos oportunidades, dos granadas distintas obtenidas de dos lugares diferentes, a pesar de que funcionarios del Sebin solo afirman haber encontrado una.
La primera imagen apunta a que el explosivo, una “granada fragmentaria de material metálico color negro” estaba en la oficina, sobre el escritorio de Moreno. La segunda indica que el “presunto artefacto explosivo de tipo granada fragmentaria, envuelto con cinta adhesiva de color beige” estaba debajo de la carpeta donde encontraron el documento “Defensa Nacional”, cuya ubicación tampoco queda clara.
Los teléfonos de nadie
Siete celulares incautados en la casa de Moreno están descritos en el acta de allanamiento. Pero en el registro de todas las evidencias aparecen 18 teléfonos. De los 11 móviles restantes se desconoce su procedencia, y el único funcionario que podría saberlo es quien los analizó: Cristóbal Tirado, el mismo decimonoveno hombre que procesó demás pruebas que no coinciden entre sí.
Tres fotografías respaldan el acta: el Iphone de color blanco fue encontrado en la sala de estudio u oficina, y en el closet del pasillo que lleva a la habitación principal había otros seis teléfonos móviles: un Motorola blanco, dos Blackberry Q10 negros, un Blackberry Curve negro, un Vtelca blanco, un Alcatel negro y un Logic negro.
Es en el registro de las evidencias físicas colectadas donde fueron analizados 18 teléfonos móviles, con sus debidos seriales y especificaciones, pero sin identificar el lugar en que fueron encontrados: tres Blackberry Q10 negros, un Blackberry Limited Classic, dos Blackberry Curve 9320, un Blackberry 9300, un Blackberry 9360, un Logic Naranja y otro negro, un Philips E103, un Alcatel One Touch PIXI, un Nokia Negro y rojo con una tarjeta SIM de Movilnet, un Vtelca x991 Blanco y Naranja, un Vtelca V865M Negro y rojo con una tarjeta SIM de Movilnet, un Motorola G blanco con una tarjeta SIM de Movistar, un Nobux Flame 2 Negro con una tarjeta SIM de Digitel y finalmente un Iphone blanco y plateado con una tarjeta SIM de Verizon.
En el operativo también fue incautada una laptop Sony Vaio gris que, a pesar de no aparecer en las fotos, está incluida en el registro del acta del allanamiento. Pero el documento muestra otra laptop, una Canaima modelo MG101A3 de color blanco que no está nombrada en ningún documento previo. El acta también menciona un grabador digital de video (DVR) que no es nombrado en ninguna otra parte de la investigación.
¿Computadoras o disco duro?
El caso sustenta parte de los delitos de traición a la patria y rebelión en una carpeta digital llamada “Plan ANTCON” que el Sebin afirma fue creada por Picón y Moreno y presuntamente encontrada en una de los dispositivos electrónicos recabados como evidencia en la casa de este último.
En la supuesta carpeta hay ocho documentos con listados de centros electorales dispuestos para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio, y nombres de supuestos militares, lo que llevó a expertos del Sebin a presumir que los dos acusados planeaban un boicot al proceso electoral. Pero los funcionarios fallan en detallar de qué equipo extrajeron los documentos, y las pocas descripciones que ofrecen en los análisis no coinciden entre sí.
En tres de las actas de la investigación aparecen tres descripciones distintas del dispositivo que contenía la carpeta. En el acta de allanamiento con orden se describen “tres unidades de almacenamiento masivo portátil de color gris”. En las fotografías tomadas durante el allanamiento se pueden ver tres CPU, hallados en el sótano de la vivienda, descritos como “tres unidades de procesamiento central”. El siguiente documento, el registro de cadena de custodia de evidencias físicas, realizado un día después del allanamiento por Cristóbal Tirado, detalla cuatro disco duros portátiles de diferentes colores: un Toshiba rojo, un WD rojo, un Seagate azul y un LG blanco. Finalmente la acusación, con fecha 10 de agosto, habla de “tres dispositivos de almacenamiento de color gris”.
En el lugar no apareció tampoco ninguno de los “servidores” que el presidente Nicolás Maduro describe en su alocución del domingo 25 de junio.
Acta de allanamiento:
Fotografía:
Registro de cadena de custodia:
Acusación:
El expediente lleva algunas semanas en manos del presidente del TSJ, Maikel Moreno. Sin embargo, el caso no ha sido revisado y sus irregularidades tampoco han sido investigadas, a pesar de que el expediente pasó de la jurisdicción militar a la jurisdicción ordinaria.
