Fiscal

El organismo pidió al ejecutivo oficialista presentar “una réplica, que no exceda 10 páginas, a más tardar el 20 de abril”, 8 días antes de lo previsto 

La Corte Penal Internacional (CPI) pidió al gobierno de Nicolás Maduro presentar “una réplica, que no exceda 10 páginas, a más tardar el 20 de abril”, para responder a un argumento del fiscal Karim Khan, quien desestimó las razones presentadas por el ejecutivo en torno a la reapertura de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Esta fue la reacción de la Sala de Cuestiones Preliminares a la solicitud del gobierno, que había pedido su autorización para “responder a varios elementos” señalados por el fiscal “como máximo el 28 de abril”, y que tendrá que presentar ahora ocho días antes.

Los puntos que el gobierno pretende responder son dos: una comparación de la evaluación del fiscal con la de la sala de cuestiones preliminares a la hora de iniciar las investigaciones; y la forma en la que “la supuesta intención discriminatoria se reflejaría en los procedimientos internos”.

“Considerando el alcance limitado de la réplica, y con el fin de asegurar la conducción expedita del procedimiento, la Sala invita a Venezuela a presentar una réplica, que no exceda las 10 páginas, a más tardar el 20 de abril de 2023”, señaló la Sala, que solo autorizó al gobierno a contestar a la primera cuestión de carácter legal, pero no a la segunda.

La réplica

El  1 de noviembre, Khan solicitó a la Sala autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, después de que quedó en suspenso a solicitud del gobierno. Dos semanas después, la Sala pidió a este presentar sus observaciones sobre la solicitud del fiscal.

El 1 de marzo, el fiscal recibió unas observaciones presentadas por el gobierno, a las que respondió en un documento transmitido el día 28 del mismo mes. En su reacción formal, el ejecutivo pidió más tiempo para contestar a estos dos puntos concretos y sostuvo que la respuesta del fiscal “planteó una nueva cuestión que el Estado no podía haber anticipado razonablemente” .

El fiscal señaló entonces, el 31 de marzo, que los temas identificados por el equipo legal del gobierno “no son nuevos” y “podrían haber sido razonablemente anticipados”, pero dejó en manos de la Sala la decisión de dar o no más tiempo y autorizar los puntos a los que puede responder.

El reglamento de la CPI dispone que el país o el fiscal «solo podrá contestar a una respuesta con el permiso de la Sala” y que esta “debe limitarse a cuestiones nuevas planteadas en la respuesta, que el participante que reacciona no podría haber previsto razonablemente”, dice literalmente la norma.

En este sentido, la Sala consideró que la cuestión relacionada con la “evaluación” del fiscal es algo que el gobierno “no podría haber anticipado” y por eso tiene hasta el 20 de abril para responder, pero dejó fuera la cuestión “discriminatoria” porque esta sí “podría haberse anticipado” de argumentos presentados anteriormente, por lo que esto “no merece una respuesta”, señala la Sala.

Gobierno de Maduro reacciona contra el fiscal

Sobre este intercambio de argumentos legales sobre la apertura de la investigación, el gobierno de Maduro acusó el 3 de abril al fiscal Karim Khan de «instrumentalizar» la justicia «con fines políticos», tras la publicación del documento del 31 de marzo, en el que la Fiscalía desestima los argumentos presentados por el ejecutivo.

«Una vez más, el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos», dijo el gobierno en un comunicado oficial difundido por la Cancillería.

Además, recordó que, el 28 de febrero, presentó ante la CPI «un sólido documento que desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».

Información de EFE

El menor de edad sufrió un esguince cervical y un derrame cerebral después de que un compañero de clases lo intentara asfixiar y lo golpeara en la cabeza cuando cayó al suelo

Los familiares del niño de 11 años decidieron declarar ante los medios de comunicación luego de que el director del colegio no quisiera intervenir en el caso

Tarek William Saab, fiscal designado por el gobierno de Nicolás Maduro, solicitó a su homólogo de Perú, Pablo Sánchez Velarde, investigar la agresión xenofóbica que sufrió un estudiante venezolano de 11 años en una escuela al norte de Lima. 

«Ayer remití oficio a Pablo Sánchez Velarde, fiscal general de Perú, por el grave hecho de xenofobia cometido contra un niño venezolano por parte de un compañero de clases, quien lo golpeó fuertemente generándole un derrame cerebral y esguince cervical», dijo Saab en su cuenta de Twitter, donde compartió la carta enviada al funcionario peruano, fechada el 6 de mayo.

1) #NoALaXenofobia… ayer remití oficio a Pablo Sánchez Velarde #Fiscal General de Perú: por el grave hecho de #xenofobia cometido contra un niño venezolano, por parte de un compañero de clases quien lo golpeó fuertemente generándole un derrame cerebral y esguince cervical. pic.twitter.com/vVY8KqQb0x

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 7, 2022

Asimismo, solicitó «sus buenos oficios» a las autoridades peruanas para que comiencen con las investigaciones pertinentes, con el fin de «obtener justicia» para el joven, al que llamó «víctima de una feroz campaña contra Venezuela».

El menor sufrió un esguince cervical y un derrame cerebral después de que un compañero, presuntamente, lo intentara asfixiar y lo golpeara en la cabeza cuando cayó al suelo, según ha relatado su familia a los medios locales de Perú.

Asimismo, sus familiares también denunciaron negligencia médica luego de que el hospital que atendió al menor de edad autorizó que le dieran alta médica, a pesar de que requería una intervención quirúrgica y que aún presentaba contusiones, fuerte dolor de cabeza, vómitos y mareos como secuelas de la agresión.

Por ese motivo, la familia ha acudido a las redes sociales para pedir ayuda para atender al menor.

Autoridades condenan la agresión

El Ministerio de Educación de Perú anunció que se ha ordenado una investigación para determinar las responsabilidades en este caso de agresión escolar y que coordina con el Ministerio de Salud para dar las facilidades a la familia hasta lograr la recuperación del menor.

Por su parte, Oscar Pérez Torres, presidente de la organización Unión Venezolana en Perú, dijo a través de Twitter que ha hecho el acompañamiento a la familia para que el niño pudiese ser afiliado al Seguro Integral de Salud de Perú y la documentación de extranjería exigida para poder ser atendido.

A esta hora podemos informar que hemos logrado que el niño Yohangel, víctima de una brutal golpiza en su colegio de Lima, haya sido afiliado al Seguro Integral de Salud – SIS, como también que tenga su Carnet de Extranjería. #NoMasBullying pic.twitter.com/IUtrlZl9xD

— Oscar Pérez Torrez (@oscarabp) May 6, 2022

La Embajada de Venezuela en Perú también condenó «enérgicamente» la agresión sufrida por el niño venezolano e instó a las autoridades peruanas a que actúen para establecer sanciones a quienes estén involucrados en el caso en todos los ámbitos.

La Embajada de Venezuela en el Perú condena enérgicamente la brutal agresión a la que fue sometido el niño venezolano Jhoangel Jesús Zambrano Alvarado, de 11 años en el centro educativo Víctor Raúl Haya de la Torre, en el Distrito Puente Piedra.

— @embaVEPerú (@EmbajadaVzlaPer) May 6, 2022

«Estamos iniciando gestiones ante las instituciones del Estado peruano a fin de exigir la actuación inmediata a nivel escolar, policial, judicial en el propósito de que se aplique todo el peso de la ley a los responsables», señaló la embajada venezolana en su cuenta de Twitter.

Con información de EFE y TalCual

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Miguel Oyer, de 17 años, relató que sufrió «abuso de poder» por parte de los vigilantes de la tienda Traki

El fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Saab anunció la madrugada de este 16 de mayo que se realizará una investigación por el presunto maltrato que recibió un adolescente por parte de algunos vigilantes de la tienda Traki de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

A través de su cuenta de Twitter informó que el Ministerio Público (MP) designó a un Fiscal Regional con competencia en Derechos Humanos en el estado Bolívar para investigar el caso.

“Designado Fiscal 2do Regional con competencia en DD. HH. para que investigue la denuncia realizada por un adolescente que revela ser objeto de maltratos por vigilantes en Traki que lo sometieron a vejaciones y humillaciones públicas”, dijo Saab.

El joven Miguel Oyer, de 17 años, contó el pasado 15 de mayo a través de su cuenta de Instagram que, el pasado 14 del mismo, sufrió un “abuso de poder” por parte de los vigilantes de la tienda Traki.

“Los vigilantes me revisaron el morral. En mi bolso tenía algunos productos, dinero en efectivo y una lata de galletas que había comprado el 12 de mayo. Cuando me pidieron que los acompañara al baño me dijeron que sacara todas mis pertenencias”, contó Oyer.

 

 

 

 

 

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Posteriormente, denunció que luego de no haberse encontrado el registro de que compró las galletas en Traki, los vigilantes fotografiaron su cédula y a él.

“Un vigilante me dijo que me levantara la camisa y que me bajara los pantalones, solo vieron, no me tocaron, me subí los pantalones y metieron todas mis cosas al bolso. Debo decir que todo esto fue sin la presencia de mi representante”, manifestó.

Luego de que este caso se hiciera viral por redes sociales, la tienda Traki involucrada se pronunció y le pidió disculpas al adolescente.

“Hola Miguel, gracias por hacernos llegar esta información. No hay palabras para remediar la situación pero pedimos disculpas. De inmediato haremos todas las averiguaciones pertinentes”, comunicó @trakienganchate en el post de Instagram del joven @migueloyer16.

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Tarek William Saab indicó que los fiscales superiores del país tienen orden de seguir con las investigaciones porque este hecho puede estar ocurriendo en otros lugares

El fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab informó que la ciudadana Catherine María Esté Rodríguez, fue detenida por el presunto caso de corrupción en Pdvsa Gas Comunal.  

Saab indicó que Esté era directora de articulación institucional y política de esta empresa del Estado. «Actuando bajo el mando directo del expresidente de esta empresa, Jacob Grey (detenido la semana pasada), desvió el gas licuado de petróleo destinado a la distribución entre los sectores más vulnerables del estado Mérida», añadió.

El fiscal indicó que eso lo hizo con la finalidad de otorgarlo a empresas privadas que lo comercializan a precios «desmedidos» y en divisas. «Esta ciudadana, usurpando funciones, movilizó y entregó sin consentimiento de EMCOMERSA, que tiene a su cargo estos vehículos en comodato: 5 cisternas, 2 camiones y 1 chuto, a la empresa de servicios Transporte Lombardo para realizar supuestas reparaciones», dijo. 

«Adicionalmente, ordenó al taller de servicio, sin cumplir con los protocolos operativos y administrativos; la movilización de las cisternas para traslados de gas licuado de petróleo desde las fuentes primarias hacia plantas privadas de ese estado», explicó.

Igualmente dijo que estas cargas de gas se facturaban a nombre del proyecto Nevado Gas, que está encargado de la distribución de gas a precio subsidiado en el estado Mérida y eran vendidas por Esté Rodríguez a plantas privadas en dólares y ella presuntamente se quedaba con la ganancia. 

«En el mes de enero la Corporación para la Protección del Pueblo de Estado Mérida (CORPOMERIDA), reportó irregularidades en el despacho del producto, así como en el empleo irregular de las unidades de transportes que formalmente se mantenían en el taller Transporte Lombardo en proceso de reparación. Esto dio inicio a la investigación», señaló Tarek William Saab.

En las investigaciones, reveló el fiscal, se demostró que las autoridades de Gas Comunal estaban cobrando mil dólares estadounidenses a las empresas privadas comercializadoras en Mérida por cada cisterna de gas que cargaran en las fuentes primarias.

Saab ratificó la orden de todos los fiscales superiores del país para que hagan las investigaciones, «porque debemos inferir que esta situación pudiese estar ocurriendo en otros lugares. Quizás no sean hechos aislados». 

Además dijo que hasta el momento hay cinco detenidos por este caso y no descartó que en las próximas horas se ejecuten nuevas aprehensiones. Agregó que Catherine María Esté Rodríguez fue solicitada por la presunta comisión de corrupción agravada, peculado de uso, concierto de funcionario con contratista, usurpación de funciones y asociación.

Su detención se dio el pasado domingo, 7 de febrero, en Caracas y fue presentada al día siguiente. Pero el Tribunal declinó la causa al estado Mérida. 

DHL en la mira

Tarek William Saab denunció, en la misma alocución, una supuesta modalidad de estafa con tarjetas de crédito, descubierta en el mes de enero en Caracas. Señaló que funcionarios de la Dirección de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada del CICPC identificaron a un ciudadano que captaba a mensajeros de la empresa de encomiendas DHL. 

El objetivo, según explicó el fiscal, que les entregaran tarjetas de crédito que eran enviada por bancos extranjeros tales como Bank of America o Wells Fargo, a sus clientes en el país, a través de DHL. «Este ciudadano sustraía información contenida en las tarjetas, así como los “chips inteligentes”, y posteriormente los implantaba en plásticos de tarjetas de crédito de bancos nacionales, dijo.

Explicó que estas tarjetas eran enviadas a Estados Unidos, donde un «cómplice» realizaba los consumos, defraudando a los titulares. «Además, les colocaba un chip dañado a las tarjetas internacionales, que eran devueltas al courier; quien luego las devolvía al sobre para hacerle entrega al cliente de la entidad bancaria. Finalmente, el cliente se enteraba que su instrumento financiero había sido suplantado cuando se comenzaban a reflejar los consumos en su estado de cuenta», agregó.

Saab anunció que el supuesto estafador fue detenido por el CICPC en el Centro Comercial Concresa, justo cuando un mensajero de DHL le entregaba varios sobres con tarjetas y se le incautaron dos teléfonos celulares, cinco sobres que contenían cinco tarjetas de créditos de distintos bancos extranjeros. 

El ciudadano encargado del robo de los chips se llama Yoibert Alexis Mijares Matheus y, según el fiscal, manifestó tener una oficina donde realiza esta operación en el Centro de Seguros La Paz, en la California Norte. En dicha oficina fueron incautadas 1.070 tarjetas de diferentes entidades financieras, un dispositivo skimmer -utilizado para robo de la información de la tarjeta- dos scanner-teléfono, una estación para soldar, bolsas de correspondencia de DHL y otras evidencias. 

Además de Yoibert Mijares, fueron detenidos Juan Alberto Rivas Infante y Michel Giussepe Del Vecchio David, ambos empleados de DHL. A Mijares se le imputaron los delitos de manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, posesión de instrumentos para falsificación, fraude electrónico y asociación, a Michel Del Vecchio y Juan Rivas se les imputó manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, violación de correspondencia privada por empleado del servicio de correo y asociación. 

Finalmente, Saab señaló que a los tres se les dictó medida privativa de libertad y que las investigaciones continúan para establecer la identidad del resto de los supuestos cómplices. 

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La organización no gubernamental Provea alerta que la tortura y las desapariciones forzadas son prácticas cada vez más comunes en Venezuela. Demostrado ahora con el asesinato del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo, cuando se encontraba bajo la custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En un comunicado aseguraron que de los 100 casos de tortura registrados durante 2018, 7.5 fueron cometidos por agente de la Dgcim. «Fue por lo tanto el organismo que más torturó en 2018 y desde 2017 se vienen incrementado las denuncias contra ese organismo policial tanto por prácticas de tortura como por desaparición forzada de personas».

También los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas tiene registro de que los casos más graves se produjeron  en los locales del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dgcim en Caracas y en los destacamentos y otras instalaciones de la Guardia Nacional «lo que también sugiere la existencia de un patrón de comportamiento de estas fuerzas». 

Provea critica, en el caso del Capitán Acosta Arévalo, que el régimen de Nicolás Maduro emitiera un comunicado «dirigido esencialmente a deshumanizar a la víctima, enmarcando los hechos en un contexto de “enemigos de la Constitución y la paz” y diciendo que la víctima estaba imputada “por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”.

Otro aspecto que resalta la ONG es el silencio de la Defensoría del Pueblo, designado por la ANC, «¿Podría esa omisión recurrente y sistemática, de una institución con un deber constitucional de proteger, llegar a ser considerada en el futuro como una omisión dolosa por parte de la Corte Penal Internacional?», se preguntan.

Sobre el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, constaron que solo se pronunció luego de que Nicolás Maduro diera la orden de investigar. «Pese a que de oficio podía iniciar las investigaciones solo actuó cuando su jefe le dio la orden demostrándose la manera como el Ministerio Público fue convertido en un instrumento al servicio de quienes detentan de hecho el poder y no al servicio de los derechos de la población, la verdad y la justicia».

Es por esto que Provea considera que ni la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General son instituciones confiables para adelantar investigaciones sobre el asesinato de Acosta Arévalo. Exhortan al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a crear una Comisión Internacional integrada por expertos independientes que investigue «las graves las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y como actividad inmediata el asesinato del Capitán Rafael Acosta».

El Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab aseguró que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó es el autor intelectual de una «trama de corrupción» en Colombia, con el manejo de los recursos para la ayuda de los militares que cruzaron la frontera el pasado 23 de febrero.

Aunque no presentó pruebas, Saab indicó que van a imputar a Kevin Rojas y Rossana Barrera, «por legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir» y que solicitarán a Colombia las evidencias. 

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Igualmente señaló que estos ciudadanos serían los autores materiales de hechos de corrupción y que Guaidó sería el autor intelectual. 

«Guaidó ha dirigido personalmente esta mafia de corrupción puesto que nombró a unos ciudadanos para que se robaran unos fondos para una supuesta ayuda humanitaria y los usaran de manera bochornosa», enfatizó.

El Fiscal indicó que como los fondos que administran estas personas, designadas por la Asamblea Nacional, son aprobados desde Venezuela, «corresponde a nuestra jurisdicción investigar».

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«Solicitamos formalmente que nos entreguen todos y cada uno de los indicios que tienen allá en Colombia, que son parte de la comidilla global de esta mafia que sin llegar al poder son hampones», agregó Saab.

Además aseguró que Guaidó y «sus secuaces inflaron el número de militares desertores para robarse el dinero. Sin ellos tomar el poder han hecho cosas como las descritas, ¿cómo sería si llegaran al poder?».

El fiscal general del Ministerio Público, Tarek William Saab, informó este martes sobre el desmantelamiento de una red de narcotráfico manejada por el venezolano Yoel Palmar que operaba entre República Dominicana, Colombia y Venezuela.

Saab consideró a Palmar como «el mayor capo en el tráfico de drogas desde Venezuela hacia República Dominicana», y alegó que es el dueño del casino Malecón Palace ubicado en Santo Domingo.

El narcotraficante fue identificado a partir de una previa incautación de 140 panelas de droga en el aeropuerto Las Américas de Santo Domingo en República Dominicana provenientes de Venezuela, que terminó con la aprehensión de 13 personas pertenecientes a la organización criminal, entre ellos cinco Guardias Nacionales Bolivarianos (GNB) y cinco funcionarios del Aeropuerto de Maiquetía. Saab detalló que la intercepción de una llamada telefónica hizo posible determinar que Palmar «era el financista y dueño de la droga».

La extradición de Palmar será gestionada por dos altos funcionarios del MP, tras haber sido detenido hace pocos días en Dominicana.

Esta sería la primera detención de un narcotraficante en los últimos años, anunció el fiscal. La última captura fue la del jefe del cartel de La Guajira, Hermágoras González, en 2008.

Saab acusó a la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, y su administración ante el MP, de haber protegido a Palmar y demás narcotraficantes. «Vean las cifras de la anterior gestión, son más las personas sobreseídas en casos de drogas que los condenados», señaló el fiscal designado por la Constituyente.

Fiscal General de la República, Tarek William Saab, @TarekWiliamSaab denunció que Palmar fue protegido por la anterior administración del Ministerio Público

— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) December 19, 2017

Lucha contra drogas y corrupción

A modo de balance para el cierre del año, Saab informó que desde agosto, cuando asumió la dirección de la Fiscalía, se han destruido 27 laboratorios clandestinos de drogas y 3 campamentos en el estado Zulia. Asimismo, aseguró que han sido apresadas 734 personas vinculadas a delitos de drogas hasta el 18 de diciembre.

También recordó que el MP ha investigado 150 empresas por irregularidades en importaciones, así como los casos de corrupción en Pdvsa, Cadivi y Cencoex.

Sobre la detención del actor Manuel «Coko» Sosa, aseguró que se iniciaron las acciones civiles para recuperar «el 100 % de lo indebidamente apropiado» por el también empresario, para que sea devuelto al Estado venezolano.

Este miércoles Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, afirmó que Vladimir Padrino López fue quien originó la Masacre de Barlovento, ocurrida en octubre del año pasado.

La funcionaria en el exilio se refirió al ministro de Defensa luego de que él señalara que su gestión como fiscal fue un «momento oscuro para la historia» de Venezuela.

«Para mí es un reconocimiento que un criminal como Vladimir Padrino López descalifique mi gestión. En lortegadiaz.com ya está disponible el documento de la Operación Rondón que promovió este violador de derechos humanos y que originó la Masacre de Barlovento», indicó en su cuenta de Twitter.

En la página de Ortega Díaz se explica que la Operación Rondón fue una orden expresa de Padrino López «para la aplicación de la violencia física y psicológica por parte de efectivos militares contra la población civil, especialmente en perjuicio de los sectores más desfavorecidos».

Señala que la operación consideraba a ciudadanos como objetivos militares, por ello autorizó la utilización indiscriminada de fuerza letal «contra un supuesto enemigo interno».