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Femicidios

Doble pandemia: confinamiento y femicidios en el primer mes de cuarentena
Entre el 13 de marzo y el 13 de abril se registraron 19 femicidios en Venezuela. 
Femicidios dejan a 21 niñas y niños huérfanos en el primer trimestre de 2020.

Entre el 1 de enero y el 13 de abril se registraron 85 femicidios, siendo enero y marzo los meses con mayor incidencia; 38 y 23 casos, respectivamente, según lo informado por el más reciente informe del Observatorio Digital de Femicidios, una iniciativa creada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), que funciona desde al año 2019.  

Solo en el primer mes de cuarentena en Venezuela se registraron 19 femicidios, uno cada 36 horas. Cuatro de esas 19 mujeres eran menores de 18 años; seis de los femicidios tuvieron un móvil de venganza; y dos de los 19 casos fueron en contra de niñas menores de 10 años, que además involucran violencia sexual. 

En 12 de los 19 casos, es decir el 64%, no han logrado la aprehensión de los culpables. En otras palabras, se mantiene el patrón de impunidad que ya caracteriza a los femicidios en Venezuela. 

Para el segundo mes, entre el 13 de abril y el 13 de mayo, la cifra de femicidios ronda los siete casos, de acuerdo al monitoreo que el observatorio realiza. La actualización de esta data será presentada en el transcurso de la semana que viene. 

Primer trimestre de 2020 con lupa

Los resultados obtenidos por el observatorio, a partir de un monitoreo a los medios de comunicación, encontró que 40 de las 85 mujeres fueron asesinadas en sus propias casas; El 25.9 % de las mujeres víctimas de femicidios eran madres y 3/85 estaban embarazadas; 8/85 tenían menos de diez años y dos de ellas presentaron signos de violencia genital o paragenital. 

Los estados con el mayor número de femicidios fueron Distrito Capital (11), Miranda con (9) Aragua (9) y Zulia (9). Al hacer un cruce con los meses de ocurrencia, en enero la región con más femicidios fue Miranda; en febrero fue Distrito Capital; y en marzo Zulia y, nuevamente, Distrito Capital. 

La impunidad persiste en el país. En el 56, 5% de los casos no ha sido posible establecer la edad del agresor, lo que guarda estrecha relación de la falta de identificación de los mismos. En 44 de los 85 casos,  el agresor huyó del lugar de los hechos y no fue aprehendido, sin que sea posible ubicar información sobre su ubicación posterior. Esto representa un 51,8%. 

En los 4 casos donde logró determinarse que el agresor era un funcionario policial o militar, en 3 de ellos se cometieron los femicidios/feminicidios por medio del uso de arma de fuego. Luego de haber cometido el femicidios/feminicidios, 9 agresores se suicidaron; y 1 lo intentó sin éxito. Uno de los que se suicidó, era funcionario policial.

Ante esta data, Godoy resaltó que es importante determinar si las armas de fuego utilizadas para perpetrar los asesinatos fueron las de uso oficial; y de ser ese el caso, el Estado tendría que tomar medidas.

“Cuando hay un arma de fuego en casa, la posibilidad de resistirse es casi nula, la posibilidad de escapar, casi nula, y  la posibilidad de que un tercero entre a ese hogar, también es baja”, sentenció.

En la conferencia de prensa realizada de manera virtual, también se hizo mención al caso de femicidio en el que un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) acabó con la vida de su pareja y luego se suicidó, en frente de sus dos hijos. 

Enfrentamiento entre bandas es un posible móvil de femicidios 

En un 49% de los casos no se estableció de primera mano la motivación aparente del femicidio. Ante esta cifra, la coordinadora de Género de Cepaz, Carolina Godoy, comentó la posibilidad de que en el país se están perpetrando femicidios “para escribir la violencia entre bandas”. 

Detalló que en estos casos se han registrado actos de violencia como la exposición pública de los cuerpos y la incineración después de perpetrado el femicidio. De los 85 femicidios registrados, 17 mujeres fallecieron abaleadas; 3 fueron lanzadas a la vía pública; y 2 incineradas. 

“No quiere decir que las mujeres pertenezcan a algún grupo delincuencial, sino que la situación bajo la cual se llevó a cabo el feminicidio pudiera estar relacionado con grupos de riñas entre delincuencia organizada, incluso, casos de venganzas entre grupos de diferentes células”, reza el informe publicado en la página web de Cepaz. 

Godoy, hizo un llamado a reportar los crímenes que ocurren en contra de las personas trans en Venezuela. “La única forma de hacer presión es levantando información”, dijo. Recalcó además que la data es la que permite visibilizar constantemente la violencia en contra de la mujer. 

También recalcó que organizaciones de la sociedad civil siguen activas en la atención psicosocial remota. 

Codehciu registró 3 femicidios en Bolívar durante el primer trimestre de 2020
En medio de la pandemia por Coronavirus y ante la emergencia humanitaria compleja, las mujeres, niñas y adolescentes siguen en una situación de extrema vulnerabilidad

En los primeros tres meses de 2020 nuevos nombres de víctimas de violencia basada en género fueron reportados en medios de comunicación bolivarenses, monitoreados por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). Durante este período, se registraron 3 femicidios.

Caroní es el municipio con más casos de violencia basada en género, con 28. Le siguen: Angostura del Orinoco, con 6; El Callao, con 3; por último Piar, Roscio y Cedeño con 1 registro cada uno.

Juntos suman un total de 40 registros en el estado Bolívar, entre enero y marzo. Cifras que dibujan un panorama de alerta: son 5 casos más que en el primer trimestre del año 2019.

Femicidios

Las historias hablan tan fuerte como los números. El femicidio de Soleima del Carmen Álvarez, de 31 años, ocurrió en el municipio Roscio, en Guasipati, el 28 de enero. Recibió un impacto de bala en la cabeza a quemarropa, en la cocina de su casa. Reportes de prensa indicaron que se trató de una presunta venganza.

El caso fue catalogado por la organización como femicidio pasivo. Uno de los elementos que caracterizan a esta categoría describe el asesinato de una mujer por crimen organizado, o relacionado a las actividades de bandas criminales.

Pero Álvarez es tan solo una de las tantas mujeres que entre enero y marzo de 2020 fueron agredidas por la violencia basada en género. En la cuenta de Instagram de la periodista guayanesa Pableysa Ostos, el asesinato de Estefani Carolina Maita, de 26 años, generó alarma en los bolivarenses.

Según lo narrado por la periodista, el femicidio se llevó a cabo luego de una discusión entre la víctima y el victimario que evolucionó en violencia física, y Maita fue asesinada con un disparo en la cabeza.

Una bebé que nació sin signos vitales protagoniza otra de las historias.

A través de otro reporte de prensa, Codehciu monitoreó el caso de Sarai Lostte quien, como denunció a los medios, debido a que no fue atendida de manera digna mientras daba a luz, sufrió la pérdida de su bebé en enero.

Lostte llegó al hospital Uyapar, en el municipio Caroní, y fue recibida pero el personal de salud le informó que no estaba lista para parir. Dos días después, luego de malestares físicos, decidió volver; la ingresaron nuevamente solo para decirle lo dilatada que estaba, pero la bebé no tenía signos vitales. La muerte de la menor junto a la de Maita suman dos casos de femicidio activo.

Codehciu recalca que entre las características del femicidio activo se observan las muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica, pero también pueden efectuarse durante situaciones de violencia armada; entre otras, se toma en cuenta el infanticidio femenino dentro de esta categoría.

Tipos de violencia basada en género

La información desglosada según los tipos de violencia basada en género arroja que, además de los 3 femicidios, hubo: 4 actos lascivos; 4 amenazas; 11 casos de violencia física y 6 de violencia sexual; 3 registros de presunta trata de personas; 1 dato de violencia doméstica; 2 registros de violencia obstétrica y 6 jóvenes desaparecidas.

Durante marzo, mes donde se dio inicio a la cuarentena por la pandemia de Coronavirus en Venezuela, Codehciu contabilizó 10 casos de violencia basada en género; en enero hubo 7. Febrero superó a ambos con 23.

“En los primeros tres meses del año 2020 se han presentado distintos escenarios que agravan la situación de emergencia humanitaria compleja (EHC) en Venezuela, repercutiendo de esta forma la vida de las mujeres en particular (…)”, señala la organización en su reporte.

También agrega: “La CIDH expresó su preocupación por los femicidios ocurridos en los primeros 10 días del mes de enero en Venezuela, ya que se contabilizaron ocho muertes, incluyendo una niña de 10 años”.

Con respecto a las edades de las víctimas los datos son: de violencia sexual, entre los 8 y 13 años; de actos lascivos, entre los 8 y 12 años; de presunta trata de personas, adolescentes de 12,13 y 15 años; de las seis mujeres desaparecidas, hay tres jóvenes de 12,14 y 15 años.

Alerta y prevención

La Organización no Gubernamental hace énfasis en la importancia de la educación sobre género y prevención de la violencia, y protección de las mujeres ante contextos de violación de derechos humanos. Sobre esto, el Estado tiene una responsabilidad regional e internacional según lo establecido en la Convención de Belém Do Pará.

El contexto de Emergencia Humanitaria Compleja, como lo indica el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela, publicado en julio 2019, vulnera de manera directa la vida digna y deja expuestas a madres, hijas, abuelas, trabajadoras del gremio de salud, mujeres pacientes de enfermedades crónicas, y demás.

La llegada de Covid−19 agrega otro panorama conflictivo en la realidad de la mujer venezolana ya que el aislamiento social afecta en el aumento de la violencia doméstica, y dificulta la denuncia, alejando más aún los mecanismos de defensa de las mujeres, niñas y adolescentes.

Codehciu se opone a la violencia machista y su consecuencia más grave y visible: el femicidio. Insiste en la prevención y atención oportuna y permanente de las sobrevivientes; es por esto que junto a HIAS, brindan apoyo psicosocial telefónico durante el período de distanciamiento social.

Mairis Balza, Coordinadora general de Codehciu, agrega: “Le decimos a la mujer que ha sido agredida por su condición de mujer que no está sola. Que no merece ese trato y que puede superar las condiciones que han conllevado a esa situación”.

Gota a gota inicia el acoso psicológico
La violencia psicológica es muy sutil y pasa desapercibida fácilmente. Una experticia forense o psicológica ayuda a hacerla visible
En el acoso psicológico el hombre no siempre es el victimario y la mujer la víctima

 

Gabriela Henríquez y Maria Josefa Maya / @gchenriquez1 y @fefamaya

 

Yo hago esto por tu culpa. Yo te trato así porque tú eres bruta. No puedes con todo lo que deberías. Yo me molesto porque tú me haces molestar. Acabo de leer unos mensajes tuyos con tu jefe. No hablamos en todo el día porque tú no me llamaste. Siempre que estás con tus amigos no me prestas atención. Quiero despertarme en la mañana y saber que tú vas a venir a trabajar conmigo. Tú eres muy especial, pero conmigo vas a ser más especial porque yo tengo dinero y contactos. 

Las frases anteriores son recogidas de los testimonios de tres víctimas de acoso psicológico entrevistadas por Runrun.es. Con ellas, sus agresores mostraron los primeros indicios de este tipo de violencia. 

El acoso psicológico no es más que violencia psicológica. Según la psicóloga Magdymar León, se trata del  tipo de maltrato de una persona hacia otra que genera un daño psíquico emocional. El maltrato psicológico es uno de los 21 tipos de violencia tipificado por la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

La psicóloga y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), explicó que la violencia psicológica no es solo una acción puntual, sino que son diferentes manifestaciones de calificación, agresión verbal, chantaje y coerción. Estas manifestaciones siempre tienen como fin generar un daño psíquico en la víctima.

El psicólogo clínico, Francisco Sánchez, considera que el acoso psicológico puede ser interpretado como una violencia simbólica porque esta se expresa a nivel cultural, donde se demuestran las profundas desigualdades de poder que existen, por ejemplo, entre el poder de un hombre y el de una mujer. Magaly Huggins, psicóloga clínica y criminóloga, añade que es muy sutil, pasa desapercibida fácilmente y tiende a confundirse con la violencia verbal. 

El debate público sobre este tipo de violencia hacia la mujer se hizo visible una vez el caso de Morella León López, una mujer que estuvo secuestrada y sometida a maltratos por 31 años por Mathías Enrique Salazar Moure, en la ciudad de Maracay, estado Aragua, se hizo público. También en los primeros dos meses del año 2020 varias mujeres han levantado su voz a través de redes sociales, especialmente Twitter, y contado sus experiencias con algún tipo de violencia de género, en particular, con el abuso o maltrato psicológico. 

 

No eres tú, no estás loca ni sola

Estudiadas, profesionales graduadas, con años de experiencia laboral y, en algunos casos, atravesando situaciones en las que se encontraban emocionalmente vulnerables. Conocen a un hombre en su entorno laboral y al cabo de un tiempo se vuelven pareja… Sin saber que se verían abrumadas por el acoso psicológico. 

Alicia Hernández, periodista, aseguró que la persona maltratadora en su caso, hablaba muy mal de sus parejas anteriores. Su agresor se refería a otras mujeres, con quienes sostuvo una relación simultánea a Hernández, como “amigas”. Luego, Hernández afirma que el discurso cambió. “Empezó a ponerme en contra de las otras mujeres. Me decía: “es una loca”, “está obsesionada por mí”, “la dejé y quedó mal”. Cambia las versiones de casi todas sus ex parejas. Era algo muy extraño”, indicó.

 

Se conocen en el trabajo

Vanessa, un nombre utilizado para proteger la identidad de esta mujer, conoció a su agresor en su lugar de trabajo. Conversaron por un periodo extendido, hasta que finalmente coincidieron en la misma ciudad y empezaron a salir. Si bien no fueron pareja, estuvieron en esa “zona gris” por unos cinco meses. 

Ella no estaba interesada en mantener una relación formal y con exclusividad ya que había pasado poco tiempo desde que había puesto punto final a una relación anterior de más de seis años. Para ese entonces, Vanessa explica, ella se encontraba en una situación bastante vulnerable en términos emocionales. 

Andrea Hernández, escritora en el medio digital Cinco 8 mantuvo una relación a distancia de unos nueve meses con David Parra. Dos años después de haberla finalizado confiesa que la duración de su relación es difusa y ese periodo de su vida lo caracteriza con la palabra “nebuloso”. 

En octubre de 2017, luego de haber trabajado juntos en un mismo libro, ambos formalizaron su relación, siendo este el primer noviazgo con un hombre de Hernández. En sus propias palabras, este fue un cambio bastante nuevo para ella y un periodo de descubrimiento en el que David se refugió mucho. 

 

Tic toc, empieza el control

“Siempre hacía ese tipo de preguntas de si yo estaba saliendo con alguien, o viéndome con alguien. Siempre estaba con un tema de que yo solamente le prestaba atención al trabajo, a mis amigos, o que si estaba en la calle no lo llamaba”, explicó Andrea Hernández.

Vanessa, por su parte, cuenta que cuando tenía aproximadamente un mes saliendo con su ex-pareja, este le revisó sus conversaciones en el teléfono y eran frecuentes las discusiones en torno a que él quería que Vanessa renunciara a su empleo para ir a trabajar con él.

“Yo lo confrontaba directamente y le decía que por qué quería estar tan en control de mi vida, y él tendía como a romantizar todo esto y se posponía la discusión”, contó. 

Los horarios de sueño y de trabajo de Andrea Hernández se vieron afectados. “Él me llamaba a las 12:00 am y me reclamaba que él me tenía que llamar porque yo no lo había hecho en todo el día. Todo siempre desde lo bajito y desde lo dolido que estaba (…) También  me mantenía en conversaciones muy horribles y extensas a las tres o cuatro de la mañana para contarme que había salido con otra mujer, y yo me sentía súper mal al respecto. No dormía… Si yo estaba en la oficina y él me llamaba y yo le decía que no podía hablar porque estaba trabajando, entonces él me decía que yo nunca dedicaba tiempo para él”, comentó. 

Vanessa explicó que algunos de los indicios que no notó durante su relación de afecto con su agresor, pero luego de un tiempo reconoce como episodios de abuso psicológico, son el negar que él mantenía relaciones con otras mujeres, o reconocerlo finalmente y desprestigiar a esas chicas. Pedir nudes, pero nunca mandarlos de vuelta; revisarle el teléfono; generar conflictos por una supuesta relación amorosa entre el jefe de Vanessa y ella, a pesar de que esta realmente no existía; aislar a Vanessa de sus amigos dentro y fuera de Venezuela; reclamar que en las reuniones de trabajo la intención de los inversionistas con ella era mantener relaciones sexuales; y más.  

“En nuestra relación también hubo prácticas de abuso sexual (…) En una oportunidad él y yo habíamos terminado, yo tenía gripe y me sentía muy mal. Él se ofreció a traer una sopa a mi casa y al llegar se me lanzó encima inmediatamente”, aseguró. Vanessa añadió también que considera que su ex-pareja se aprovechó de esa vulnerabilidad física que tenía en ese momento.

 

Termina la relación, inician las secuelas

Si bien Vanessa en varias ocasiones intentó terminar con esta persona, él la presionaba mucho, la buscaba en su hogar, le escribía a través de redes sociales. Finalmente, luego de unos seis meses, acabó la relación. Buscó ayuda terapéutica ya que sufría de ataques de pánico por las noches y no podía comer ni trabajar. “Yo no estaba triste porque estaba despechada, estaba triste porque me violentaron y no lo sabía”, sentenció. 

Andrea Hernández decidió culminar su relación luego de que David le aseguró y posteriormente negó en repetidas ocasiones que mantenía relaciones paralelas con otras mujeres. Al hacerlo, tuvo que bloquearlo por todos los medios de comunicación y cerrar sus redes sociales. Solo cuatro meses después fue que Andrea identificó que se encontraba en una relación abusiva y logró contactar con cuatro mujeres más con las que David mantuvo relaciones amorosas al mismo tiempo.  

En el caso de Alicia Hernández, ella finaliza su relación con el agresor al saber que este tenía otras parejas en paralelo. “Al principio (de terminar la relación) yo no era consciente de todo lo que me había pasado. No era consciente de que había sufrido violencia física, psicológica y sexual. Con la violencia sexual sí fui más consciente enseguida. Porque él había estado con alguien más. Poner en riesgo la salud de una persona de esa manera, es violencia. No dejarme decidir sobre mi cuerpo en ese sentido es violencia”, sentenció. 

 

¿Cómo opera la violencia psicológica?

León aseguró que la violencia psicológica usualmente ocurre como todo tipo de violencia, cuando las partes involucradas, es decir, agresor y víctima, se encuentran en una relación inequitativa de poder. Debido a esto, el agresor está capacitado para enviar mensajes que tengan como objetivo lastimar a la víctima. Estos mensajes pueden descalificar, agredir verbalmente, y en ciertos casos seducirla, causando que esta dude de sus propias decisiones, apreciaciones y opiniones.

“Usualmente, todos los comentarios son dirigidos a socavar las fortalezas personales de la víctima”, afirmó la psicóloga de Avesa.

Magaly Huggins, psicóloga clínica y criminóloga agrega que la violencia psicológica se ejerce por lo general a través de la violencia verbal, y no necesariamente contiene insultos. Puede evidenciarse en el uso de palabras con doble sentido que le puede dar a entender a la mujer muchas cosas, el uso de gestos de desagrado ante la presencia de la persona, o expresiones de celebración hacia otras mujeres; también menciona el control excesivo sobre la mujer. 

“La violencia psicológica es muy sutil, pasa desapercibida fácilmente, tiende a confundirse con la violencia verbal, pero como la violencia verbal es clara, es distinta a la violencia psicológica. Se trata de ese juego manipulador y seductor que va devaluando, encerrando y disminuyendo la creencia de la mujer en sus capacidades. No deja huellas. Para verla tienes que hacer una experticia forense, psicológica, con una persona muy bien entrenada para que se pueda hacer visible este tipo de violencia”, detalló. 

Alicia Hernández, indicó que empezó a ver indicios de maltrato de manera más clara. “Empecé a observar este tipo de maltrato que se llama “Gaslight”. Te convencen y manipulan de un modo que te vuelve loca”, expresó Hernández. El nombre de este tipo de violencia  es tomado de la película Gaslight, de 1994, la cual cuenta una historia de violencia machista psicológica. En el filme, el marido manipula a su esposa con sutileza hasta convencerla de que ella se imagina cosas, recuerda mal las discusiones y hasta le hace dudar de su cordura. En eso, básicamente, consiste este tipo de maltrato psicológico.

Es fundamental señalar que en la ejecución del acoso psicológico, el hombre no siempre es el victimario y la mujer la víctima. Los expertos consultados para este trabajo aseguraron que esto puede ocurrir de forma inversa, en relaciones homosexuales y también en una relación laboral.

 

Indicios y señales para la mujer y su entorno

Las tres mujeres entrevistadas por Runrun.es aseguraron que la mayoría de las señales de alerta no son reconocidas en el momento. León, explicó que esto se debe a que no siempre son fáciles de detectar porque pueden haber muchos elementos que las disimulen.

“Que la persona agresora solo se centra en aspectos negativos de la mujer, en los defectos que ella tiene y que sólo los, que destaque en público, que la humille frente a otras personas, son algunos ejemplos”, expresó León. 

En uno de los testimonios, una de las víctimas afirmó que la persona agresora la persuadía para que renunciara a su trabajo. En otro de los casos de acoso psicológico, la persona afectada comentó que el agresor revisó sus conversaciones privadas en redes sociales. “No sé cuántas veces lo hizo. Un día salí del baño y él tenía una expresión bastante extraña. La respuesta de él fue: “Acabo de leer unos mensajes tuyos con tu jefe”, afirmó. 

Por otra parte, uno de los testimonios recopilados mencionó que la persona maltratadora criticaba su forma de vestir en caso de portar una prenda con escote. 

Además de los indicios mencionados anteriormente, en el caso de Alicia Hernández, el agresor llegó a controlar los círculos sociales con los que ella se relacionaba. 

Huggins explica que cuando en una relación comienza el control excesivo sobre lo que hace o con quien se relaciona socialmente la mujer, inicia el cuestionamiento a cualquier acción autónoma que ella tome y se generan ofensas como elogiar a otras mujeres junto a la pareja. “Está frente a señales de alerta que no deben ser ignoradas”, aseguró. 

Sánchez detalla que hay señales que deben alertar a la mujer y a su entorno: que el hombre la comience a aislar de los demás  poco a poco, que le diga que sólo puede que ser cuidadora de hogar, un excesivo control sobre las acciones de la mujer a través de mensajes de texto y por teléfono, que el hombre actúe mal y luego se arrepienta en repetidas ocasiones; y en el caso de la comunidad, dejar de ver a una mujer en todo un fin de semana luego de haber escuchado gritos o llantos en su hogar. 

 

¿Qué hacer en caso de sufrirla?

Tamara Adrián, diputada a la Asamblea Nacional y miembro de la sub-comisión para la mujer, explica que la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia​ tipifica la violencia psicológica. No obstante, detalla que el Estado no ha tomado acciones o generado políticas públicas que realmente ayuden a las mujeres venezolanas. 

“El Estado ha desaparecido las casas de abrigo que protegerían temporalmente a la mujer en casos de violencia para ser sacadas del entorno en donde la están sufriendo, han desaparecido las políticas públicas que en algún momento había implementado InaMujer en el Distrito Capital”, aseguró la diputada. 

Adrián añade que la violencia psicológica se detecta a través de una denuncia y una vez llega a manos de los jueces de protección de violencia, ellos refieren a la mujer a alguna ONG u organizaciones de la sociedad civil que cuenten con psicólogos o psiquiatras que eventualmente ayudan en los casos de violencia psicológica. 

De acuerdo al Código Procesal Penal vigente en Venezuela, el proceso para recibir asistencia del Estado al sufrir violencia de género consiste en denunciar el hecho ante la Defensoría del Pueblo, el  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), o ante cualquier cuerpo policial. También se pueden realizar las denuncias a través de las Organizaciones No Gubernamentales, para que ellas apoyen y acompañen a la mujer antes de que presente su denuncia ante un organismo del Estado. 

Seguido de esto, inicia un proceso judicial en contra de la persona que presuntamente cometió los hechos de violencia de género y posiblemente se le detenga para determinar la responsabilidad penal que pudiese tener. Finalmente, y culminado el proceso judicial, se emite una sentencia en referencia a la acusación que la mujer hizo en contra del presunto abusador. 

“Para que el cambio social se dé, no basta una ley. Es necesaria la implementación de una ley a través de cambios sociales y eso se hace a través de políticas públicas (…) Onu Mujeres estima que dependiendo de los países, vencer la violencia basada en género y lograr un cambio estructural de igualdad de la mujer tardaría entre 80 y 400 años”, añadió Adrián. 

Alicia Hernández comunicó los pasos que la ayudaron a ella a superar su experiencia hace un par de años. 

Lo primero que hizo fue encontrar a un amigo en quien confiar. Buscar ayuda psicológica, especialmente un especialista que esté familiarizado con el maltrato psicológico. En el caso de ser mujer, Hernández señaló que un psicólogo especializado en violencia de género es ideal. Ella se apoyó en amigos y familiares que estuvieron ahí para acompañarla. Además, cortar relaciones con el agresor fue de gran ayuda. 

Andrea Hernández, aseguró que su agresor era muy convincente y hablaba con mucha propiedad sobre cómo él era una persona completamente distinta a como otras personas le indicaron a ella . 

Por eso, aconseja a otras mujeres confiar en lo que piensan y sienten, y escuchar lo que las personas de su entorno les dicen, ya que si hacen un señalamiento es a partir del cariño que existe. Asegura que otras personas pueden ver las cosas desde afuera y analizarlas objetivamente. “La  verdad es que a veces estamos tan inmiscuidas y envueltas en el abuso que no podemos ver las señales y hay gente que sí las puede ver por nosotras”, añadió. 

 

¿Realmente la víctima controla las decisiones que toma?

León asegura que no existe consentimiento libre e informado cuando hay una relación inequitativa de poder o cuando hay una situación de manipulación y chantaje. Es decir que la aceptación de la víctima ante alguna situación con la persona agresora en un contexto de violencia, este consentimiento no tiene lugar. 

La coordinadora de Avesa explicó esto a través de un ejemplo: “hay un caso de una adolescente de 15 años y un hombre de 25 años, existe una diferencia cognitiva, recorrido personal de destrezas y conocimientos que marcan una relación muy desigual. El que una chica haya “aceptado” alguna solicitud de un hombre con esta característica, definitivamente demuestra que ahí hay una relación desigual y, por tanto, ese consentimiento no es libre”, dijo.

“Digamos que bajo ningún concepto yo entendería como que esa aceptación es realmente válida”, afirmó la psicóloga de Avesa.

 

“Normalizar” la  violencia contra la mujer

“Como siempre digo, cuando tú no lo percibes es que tú eres parte del problema. Cuando tú te das cuenta de qué es lo que está mal y tomas una actitud para cambiarlo, en ese momento es cuando te conviertes en parte de la solución”. Así caracteriza Tamara Adrián la normalización del maltrato a la mujer en la sociedad venezolana. 

Sánchez explica que a nivel cultural existen ciertas pautas que aminoran la figura de la mujer y que son aceptadas. Por ejemplo, señala que se legitima por la sociedad que un hombre ejerza poder sobre la mujer.

El psicólogo clínico señala que las mujeres se enfrentan a la dificultad de no saber ante quién denunciar ya que el hombre, en algunos casos, mantiene vínculos con los cuerpos de seguridad, puede estar armado o puede ser parte de una banda armada, por lo que la mujer teme que su denuncia sea fácilmente detectada y se generen represalias en su contra. 

Asimismo, Sánchez indica que el entorno social de una mujer de clase social más desfavorecida puede estar compuesto por una asociación civil o un consejo comunal con mujeres tan parecidas a ella, por lo que se normalizan las manifestaciones simbólicas negativas en contra de la mujer. 

“La violencia psicológica no solo se da entre parejas, también en familias, comunidades, e instituciones religiosas. Cuando a la mujer se le dice “tienes que tolerarlo para preservar el matrimonio”, se le está diciendo que el beneficio de una institución social con el matrimonio está por encima del bienestar psicológico de ella; ahí hay un ejercicio de violencia psicológica muy profundo”, añade el psicólogo. 

Huggins indica que existe una estructura cultural que señala que la mujer depende del hombre y que él la escoge para ser la madre de sus hijos, y esa es precisamente una de las principales razones de los femicidios. Detalla que es una práctica común de los hombres que cometen asesinatos a las mujeres prohibir a sus ex-parejas salir con otros hombres ya que ellas son las madres de sus hijos y, por lo tanto, su propiedad. 

Para la coordinadora de Avesa las bases culturales que están detrás de toda forma de violencia, incluida toda la violencia psicológica contra las mujeres, son las bases que apoyan al patriarcado. 

“Si se suma esta visión negativa hacia las mujeres con el hecho de que como sociedad se ha validado o se ha legitimado la violencia como manera de imponerse sobre el otro, o como manera de resolver los conflictos, se va viendo cómo en el país se va reproduciendo cada vez más estos hechos de violencia de toda naturaleza”, señaló León. 

Agrega que es necesario que la población venezolana reflexione en cómo dejar a un lado la violencia y buscar otros mecanismos para comunicarse y resolver conflictos. “No es válido que sigamos apoyando o aprobando los comportamientos violentos, los comportamientos de que el más fuerte tiene la razón o que el más fuerte es el que tiene más valor. Apoyar este tipo de comportamientos es en definitiva apoyar la violencia en sus diferentes manifestaciones”, dijo.

#MonitorDeVíctimas | Aumento de femicidios en Caracas deja huellas en huérfanos y familias

Katherine Pennacchio y Gabriela Henríquez / @KathyPennacchio y @GCHenriquez1 

 

La mañana del 7 de mayo de 2018, como todos los días, Maribel del Carmen Cornieles Carrillo llegó temprano a la farmacia San Roque, en el sector Longaray en la parroquia caraqueña El Valle, a buscar las verduras y hortalizas que vendía en un puesto informal en la calle. Su cuñado, Fernando Sayago le permitía guardar la mercancía en ese establecimiento.

Pero ese día a los pocos minutos de haber entrado a la droguería, apareció en el lugar Leidys Giovanny Gil Muñoz, de 44 años de edad, quien tras sostener una discusión con Cornieles Carrillo, le disparó en la cabeza y luego se quitó la vida. 

Gil, había sido pareja de Maribel Cornieles por escasos tres meses. La víctima tenía 37 años de edad y era madre de dos hijos, de 13 y 9 años.

 

 

Este fue uno de los seis femicidios que ocurrieron en la parroquia El Valle entre 2017 y 2019 y uno de los 46 acaecidos en los cinco municipios de la Gran Caracas y el estado Miranda, en el mismo periodo: Municipio Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre. 

“Femicidio es definido como “la muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser tales” o “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”. Así, “el femicidio surge a partir de la insuficiencia de repercusión que tendría el femicidio para dar cuenta tanto de la misoginia presente en esos crímenes y la responsabilidad estatal al favorecer la impunidad de éstos”, explica en su sitio web el colectivo feminista latinoamericano, Cotidiano Mujer. Agrega además que ambos términos tienen un elemento en común: la impunidad. 

Las cifras obtenidas de Monitor de Víctimas en los últimos tres años indican que los femicidios han aumentado en 46%, mientras que los homicidios a mujeres en la capital del país han disminuido en 27%. Se totalizan 207 homicidios a mujeres, de los cuales 46 son femicidios, es decir, representan un 22%. 

Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), explica que la violencia contra la mujer ha aumentado, por un lado, por razones vinculadas a la crisis humanitaria en el sentido de que las mujeres están cada vez más vulnerables económicamente frente a los hombres, pero también por razones culturales. 

Argumenta que en el caso de que un grupo familiar tenga dificultades de transporte y los ingresos que obtiene son muy pocos, las mujeres suelen tomar la decisión de quedarse en casa ya que se mantiene la visión de que el hombre es el que sale a trabajar. Esto, explica León, hace más vulnerable económicamente a la mujer frente a su pareja y además restringe un poco los vínculos sociales y amistades, por lo que aísla más a la mujer y se va generando una brecha de género. 

“En otras condiciones, ambos saldrían a trabajar o incluso la mujer, estando en casa, tenía mayor acceso a trabajos informales que le generaban algún tipo de ingreso económico. Esto con la crisis ya no es posible”, dijo la coordinadora de Avesa.

Patrones de asesinatos a las mujeres

Los datos de Monitor de Víctimas también reflejan que la mayoría de los casos de femicidios son perpetrados por conocidos, como fue el caso de Maribel Cornieles. 

De los 46 casos, entre 2017 y 2019, sólo siete fueron a manos de desconocidos. El 80%, 37 de los femicidios en Caracas ocurrieron a manos de cónyuges, familiares o amigos. 

 

Para la coordinadora de Avesa, los patrones que surgen de los datos de Monitor de Víctimas concuerdan con la explicación de las diferencias económicas entre los géneros y las creencias culturales. “Ante este control del hombre sobre la mujer, se van generando situaciones de violencia que pueden llegar a esta máxima expresión que es el femicidio”, comentó. 

Añade que, al analizar los casos de femicidios, se observa que son el resultado de una serie de agresiones, que en algunos casos no fueron denunciadas, en otros sí lo fueron, pero no se les prestó la debida atención, casos en los que la mujer no recibió apoyo y el contexto la criminalizó, por lo que terminó a merced del agresor. 

Las estadísticas de Monitor de Víctimas también arrojan que 30 de los 46 femicidios sucedieron dentro de las viviendas de las víctimas; y 17 de los 46 femicidios reportados en Caracas fueron perpetrados con armas de fuego, cortas mientras que 12 de estos 46 casos fueron perpetrados con armas blancas. 

 

Femicidios

 

En referencia al tipo de armas utilizadas en los femicidios, León explica que el hecho de que las armas de fuego encabecen la lista da cuenta de la existencia del poco control en el uso de las armas, así como la facilidad que puede tener una persona para acceder a una. “Esto también nos va mostrando que tenemos un gran número de personas armadas en el país y en las comunidades”, agregó. 

“El uso de armas blancas en los femicidios suelen ser utensilios de hogar, lo que evidencia que son delitos que ocurren en el propio hogar y comunidad. Es lamentable que en tu propio hogar es en donde incluso puedes correr más riesgos”, dijo. 

Luis Izquiel, Investigador sobre crimen organizado y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela explica que existen diversas estimaciones sobre el número de armas en manos de la población venezolana. 

La última realizada por el Observatorio Venezolano de violencia indica que podrían existir en el país 3 millones 500 mil armas de fuego (…) Adicionalmente, la última versión oficial sobre el porte de armas emitida por la Dirección Antiextorsión y Secuestro (D.A.E.S), el organismo encargado de dar los permisos, señaló que  había un poco más de 20 mil portes de armas. Si contrastamos estas cifras, prácticamente el 99% de las armas están ilegales”, aseguró Izquiel. 

 

El profesor de Criminología añade que el en Venezuela no existe la compra libre de armas y solo el Estado las transporta y suministra a través de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM). Sin embargo, argumenta en la realidad hay muchas armas en circulación en el país que provienen de la posesión de ellas, anterior a la prohibición; del extravío de armas de los cuerpos de seguridad, incluyendo los cuerpos castrenses; y del contrabando a través de la frontera. 

Huérfanos por la violencia 

Luisaelena Echarry Rojas tenía 36 años cuando fue asesinada por su esposo, el 18 de enero de 2018, con quien estaba llevando a cabo un proceso de separación. 36 puñaladas con un cuchillo de cocina acabaron con su vida. 

Con su muerte, tres hijos menores de edad quedaron huérfanos. Dos de ellos de su primer matrimonio y, el más pequeño, de cinco años en ese momento, del segundo matrimonio con el hombre que la asesinó. 

El más pequeño de los hijos de Luisaelena, ahora con ocho años de edad, se encuentra bajo la custodia de su abuela. Maira, hermana de la víctima, asegura que el asesinato de Luisaelena fue muy duro para el niño, quien acudió a un psicólogo para entender qué había pasado con sus dos padres. 

Los familiares de Echarry piden justicia y, aunque aseguran que un proceso judicial no va a devolverles a Luisaelena, van a conseguir paz. 

Los datos de Monitor de Víctimas registran que entre 2017 y 2019 se han quedado huérfanos 151 niñas, niños y adolescentes. De esa cifra, 48 son a causa de femicidios, lo cual representa 31,7% de los casos. 

Femicidios

 

Para Abel Saraiba, psicólogo y psicoanalista, coordinador del Programa Creciendo Sin Violencia de Cecodap, la muerte de la madre de un niño es una experiencia que puede ser catalogada como traumática, incluso desestructural para un niño, teniendo presente que la sociedad venezolana es matricentrada. “Es decir, es una sociedad en donde la madre ocupa un lugar fundamental dentro de la crianza, en la gestión de los afectos y en un conjunto de procesos vitales para un niño y, en consecuencia, el hecho de que ella sea asesinada genera un efecto de orfandad muy grande”, explicó. 

Asimismo, para el psicólogo e investigador de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), Francisco Sánchez, el asesinato de una madre tiene tres tipos de repercusiones en un niño. La primera de ellas es la emocional o psicológica ya que se trata de una experiencia en la que los niños se sienten desprotegidos porque ya no está su cuidadora y se quedan en manos de un familiar.

“Más aún si el asesinato lo cometió el padre o el cónyuge de la mamá. Eso somete a los niños a una experiencia de mucha ambivalencia y ambigüedad que va a perdurar”, dijo Sánchez. En segundo lugar, está la repercusión a nivel familiar ya que esto genera mucho estrés y angustia. Señala además que tener que contarle al niño lo sucedido y contener la situación perfila el desamparo en el que se encuentra la población porque estos niños y estas familias no encuentran unas vías institucionales con las que poder trabajar este sufrimiento. 

En tercer lugar, la afectación de un menor de edad se presenta a nivel escolar como fallas a nivel académico, problemas de conducta y emocionales, propios de la experiencia que están viviendo. 

El niño puede tener un aislamiento profundo, problemas de conducta, convertirse en oposicionista o rebelde, problemas de agresividad, cambios en el rendimiento escolar, falta de atención o incluso dejar de hacer las cosas que antes le gustaban; por ejemplo, si antes iba con su mamá al fútbol, puede que le deje de gustar porque es un recordatorio constante de lo que fue su experiencia”, explicó Sánchez. 

En opinión de ambos psicólogos es fundamental buscar ayuda para poder conseguir y brindar apoyo emocional  al niño, y así procesar la experiencia de dolor. Indican que este apoyo puede ser terapéutico, psicológico, de un trabajador social, o incluso de una comunidad religiosa a la que se pertenezca. 

Asimismo, señalan que el proceso para superar la muerte puede estar entre seis meses, pudiéndose extender hasta los dos, o incluso hasta los 15 años; todo dependerá de los recursos con los que cuente el niño para sobrellevar el duelo. 

El Valle en números rojos 

En los últimos tres años los índices de violencia contra la mujer en la Parroquia El Valle han estado en números rojos. De la totalidad de 46 femicidios, seis han sido en la zona, lo cual representa 13% de los casos. Esto es un alto número en comparación con otras parroquias que tienen entre cuatro y cero casos.

Las otras parroquias con más asesinatos de mujeres son Macarao, Sucre y El Hatillo, con tres casos cada una. 

Adriana Desiret Rivero Ozorio, Maribel del Carmen Cornieles Carrillo, Yesenia Carolina Franklin Chaparro, Andrea Yulimar Quintero Santiago, Sheila Yarivette Silva Jiménez y Melissa Arcila Ruiz  fueron las víctimas en El Valle. 

 

En El Valle, el hogar de estas mujeres, predominan edificios residenciales que bordean la avenida principal y grandes barrios populares hacia las zonas más elevadas. En esta parroquia viven 155 mil personas, según el Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz. En El Valle también están las principales entradas del complejo militar Fuerte Tiuna, cuenta con la línea 3 del metro de Caracas y el principal terminal de transporte de la ciudad. Sin embargo, esto no proporciona seguridad. 

Jacqueline Gómez, líder comunal del sector San Andrés en El Valle, explica que ha sentido en los últimos años un aumento de la violencia en la zona. “En mi sector no se escuchan muchos casos de violencia de género, se oye más hacia Los Jardines y Longaray. Pero no hay respeto para nadie. No importa su condición, si es mujer o adulto mayor”, dijo Gómez. 

Por su parte, Maribel Escalante, líder comunal del sector Longaray en la parroquia explica que “se ven muchos robos en las estaciones del metro y en las camioneticas. Hay poca presencia policial en la parroquia. Las mayores afectadas son mujeres”.

Escalante no considera que en su sector sea un lugar foco de femicidios. No obstante, en la misma zona donde vive, en los últimos años han ocurrido varios casos que han impactado a la comunidad. Un caso muy sonado ocurrió la noche del domingo 22 de octubre de 2017. Sheila Yarivette Silva Jiménez, de 38 años de edad, fue lanzada desde el piso 11 por su pareja de un urbanismo de Misión Vivienda.

Silva era empleada de la Alcaldía de Libertador, coordinaba el programa Madres de la Patria en la zona y ayudaba a agilizar los carnets de la Patria que el gobierno de Nicolás Maduro implementó desde mediados 2017. Allegados señalaron que, debido a su posición, tenía buena relación con el alcalde Jorge Rodríguez.

 

 

Según reportara Runrun.es en su momento, de acuerdo con testigos, Silva Jiménez había sostenido una fuerte discusión con su novio, identificado como Ángel José Mosqueda, de 28 años de edad, el sábado 21 de octubre de 2017. Él se había marchado de la casa a raíz del conflicto, pero en horas de la noche del domingo, regresó para cometer el asesinato. Intentó fugarse pero los vecinos lo impidieron. 

Días después de lo ocurrido, movimientos feministas se concentraron en la sede del Consejo Municipal cercano al Palacio Legislativo para repudiar el asesinato de Silva Jiménez, y el aumento de femicidios en la capital, y a su vez exigir celeridad en las investigaciones que den con las penas de estos individuos.

 

 

Casos sin resolver y poca impartición de justicia 

El pasado lunes 20 de mayo de 2019 Melissa Sidney Arcila Ruiz dejó a sus hijos en el transporte escolar y regresó a su apartamento en el edificio Unep de Los Jardines de El Valle. En la entrada fue sorprendida por su exnovio, José Gregorio Pérez, quien la sometió y apuñaló con una tijera.

Sus familiares aseguran que Arcila Ruiz había acudido con anterioridad a la Fiscalía y al Cicpc para reportar que el hombre la había golpeado. Sin embargo, las autoridades no actuaron. 

Katherine Andreína González León fue asesinada por su cónyuge, con quien compartía diez años de relación y tres hijos. Tenía 24 años de edad. En el pasado Katherine había hecho tres denuncias ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Ministerio Público, por comportamientos agresivos y abusivos en su contra, pero esta instancia no le dio respuestas oportunas. 

Diosanel Gómez, prima de Katherine, cuenta que el día de las madres del año 2017, luego de cuatro meses de acoso y amenazas a través de la red social Instagram, el cónyuge de Katherine le envió un mensaje indicándole que debía acercarse a casa de su madre porque sino mataría a sus tres hijos, a su familia y a ella. Luego de una discusión y de un forcejeo en el carro de su esposo, éste le disparó cinco veces a Katherine, intentó dispararle al padre de ella, y luego acabó con su vida. 

A pesar de las numerosas denuncias en contra de su cónyuge ante la Fiscalía, no se obtuvo ninguna respuesta. “De hecho, una vez la tuvo secuestrada y Katherine logró escaparse. Ese mismo día ella lo denunció ante la fiscalía y él montó una denuncia en contra de ella, por abandono de hogar”, dijo Gómez. 

Aunque el Cicpc tiene un programa de prevención social destinado a la disminución de los homicidios a mujeres y que su director Douglas Rico publica constantemente en sus redes sociales los logros en la materia, son pocos los casos que en realidad llegan a resolverse. Gran parte de los que son reseñados como satisfactorios es porque los agresores se quedaron en la escena del crimen o intentaron suicidarse pero no por una acción propia de investigación de los funcionarios.

 

La organización no gubernamental Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) afirma que todas las mujeres víctimas de violencia merecen justicia y que la opacidad en la información y ausencia de datos oficiales dejan a cientos de mujeres víctimas de delitos sin la opción de lograr el cumplimiento de la ley. Ponen como ejemplo el caso de Angela Aguirre, joven asesinada el 23 de marzo de 2019 en el río Caroní, en Guayana, donde la familia ha denunciado que mediante sobornos el caso se estaba enfriando.

Esta debilidad en la impartición de justicia, según expertos, pone aún en más riesgo a las mujeres. “La mujer está siendo victimizada no sólo por la situación país que afecta a todos por igual, sino también por la falta de justicia”, dijo la psicóloga Magaly Huggins, psicóloga y experta en género y violencia. 

Asimismo, Madgymar León explica que a medida que las inequidades de género se van profundizando, hay más probabilidades de que ocurran situaciones de violencia contra la mujer. 

“Cada vez hay una visión más desvalorizada hacia la mujer y a esto se le suma toda la impunidad en torno a la violencia contra la mujer. Te puedo decir que en el informe de Mujeres al Límite de 2017, en el que participó Avesa, vemos una altísima tasa de impunidad en los casos de impunidad. Menos del 1% llega a juicio”, aseguró León. 

Explicó también que este porcentaje indica que ante la denuncia, las mujeres no están obteniendo la debida respuesta de protección y de acceso a la justicia, por lo que los delitos quedan impunes y tienden a repetirse; y, por ende, va aumentando su frecuencia e intensidad. 

“Todos esos elementos están ahí generando una mayor vulnerabilidad en las mujeres venezolanas a la violencia y esto explica el mayor número de femicidios. Por eso vemos como mes a mes el número de femicidios reportados en la prensa va aumentando significativamente”, sentenció la coordinadora de Avesa. 

La experta en estudios de la mujer agregó que ante la situación de crisis en el país hay otros casos de mujeres que quedan vulnerables a situaciones de extorsión sexual o sexo por supervivencia. “Esto lo vemos con frecuencia en muchos mercados populares, en donde lamentablemente cada vez hay más casos de mujeres, adolescentes y niñas que mantienen algún tipo de contacto sexual con hombres que ahí laboran”, aseguró. 

 

Concluye que todos estos elementos generan un conjunto de situaciones en donde las inequidades de género se van profundizando y, ante relaciones de género inequitativas, existen más probabilidades de que ocurran situaciones de violencia contra la mujer, lo cual explica el aumento en el número de femicidios. 

Venezuela se enfrenta a una falta de estadísticas oficiales sobre los femicidios. La última data oficial publicada corresponde al 2015, cuando el Ministerio Público confirmó 121 femicidios consumados en todo el país. Luego de eso, en agosto de 2019, el fiscal general Tarek William Saab indicó en una declaración que el Ministerio Público había registrado 554 causas de femicidios en los últimos dos años.

Es por esta razón que los casos de de femicidios en Venezuela son registrados por organizaciones no gubernamentales o proyectos como Monitor de Víctimas, que recoge las estadísticas de Caracas y Miranda. 

A continuación presentamos a las víctimas restantes, entre 2017 y 2019, en el área metropolitana de Caracas.

 
La prevención es clave para evitar el asesinato de mujeres por violencia de género. Y vale preguntarse qué hizo o dejó de hacer el Estado venezolano para proteger a las víctimas reportadas en lo que va de enero de 2020

Reporte Proiuris

Los recientes reportes de asesinatos de mujeres en contextos de violencia de género vuelven a abrir el debate sobre la diferencia entre los términos femicidio y feminicidio. Un debate necesario en Venezuela, donde el  derecho de las mujeres a una vida  libre de violencia no está garantizado y amerita mucho más que una ley.

A través de la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2014, se incorporó el “femicidio”. En el artículo 15 se define como “la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado”. En el artículo 57 se precisa  que “el que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, que será sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión”.

Precisamente en 2014, la Real Academia Española desechó el término femicidio y convalidó el término feminicidio, definido como el “asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”. Sin embargo, las máximas autoridades de la lengua española se quedaron cortas en relación con el avance del debate sobre la violencia de género, sobre todo en América Latina.

El término femicidio, como una traducción al castellano del vocablo inglés femicide, se atribuye a la escritora sudafricana Diana Rusell, quien lo promovió durante el encuentro de aproximadamente 2.000 mujeres de 40 países para la organización del Tribunal Internacional sobre Crímenes contra Mujeres, que tuvo lugar en Bruselas, en 1974.  Junto con la investigadora estadounidense Janet Caputi, Rusell definió el femicidio como el “asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de posesión hacia las mujeres”.

En consonancia con el principio de progresividad en materia de derechos humanos, los desarrollos teóricos de Rusell fueron objeto de revisión y reinterpretación en procura de mayores y mejores estándares de protección. En ese sentido, los mayores aportes los hizo la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, en la década de los 90 y en el contexto de la proliferación de asesinatos de mujeres por razones de género en Ciudad Juárez.

Al acuñar el término feminicidio, en vez de femicidio, Lagarde puso el acento en la responsabilidad del Estado, ya sea por acción o por omisión. Su razonamiento es sencillo: la mayor garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es la prevención efectiva. Y justamente allí lo que hace o deja de hacer el Estado marca la diferencia entre la vida y la muerte. 

En muchos casos, los feminicidios constituyen el desenlace extremo de otras formas de violencia de género sufridas por la víctima, que no son atajadas oportunamente. En muchos casos, como ocurre en Venezuela, la institucionalidad creada para proteger a las mujeres es ineficiente. Valga una pregunta: ¿cuántos feminicidios se podrían evitar en Venezuela si  las unidades receptoras de denuncias y las fiscalías especializadas ofrecieran medidas de protección y acompañamiento efectivo a las mujeres que sufren violencia de género, incluso aquellas que padecen el síndrome de la mujer maltratada y se resisten a denunciar a sus agresores? 

Además de la falta de prevención y a efectos de la resemantización del término feminicidio, Lagarde llama la atención sobre la impunidad, pues  no hay duda de que el Estado es responsable de la investigación, enjuiciamiento y sanción conforme a Derecho de los asesinatos de mujeres por ser mujeres. Una segunda pregunta: ¿Los feminicidios son investigados por dependencias especializadas y con enfoque de género del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas o, simplemente, quedan en manos de la División contra Homicidios, como si fueran cualquier homicidio? 

Lagarde es generosa en argumentos, pues considera que detrás de los feminicidios están motivaciones estructurales relacionadas con la desigualdad de género, en términos culturales, políticos y jurídicos; así como la feminización de la pobreza.

En el portal feminicidio.net se resume la elaboración conceptual que Marcela Lagarde ha hecho sobre el feminicidio: “Es el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz. El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, maltrato, abuso, vejaciones y daños continuos contra las mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas”.

Y una tercera pregunta: ¿qué hicieron o dejaron de hacer las instituciones del Estado venezolano responsables de la prevención de la violencia de género para evitar los feminicidios ocurridos en Venezuela en lo que va de 2020?

1.180 casos de abuso sexual y aumento de femicidios en lo que va de 2019

VENEZUELA HA REGISTRADO EN lo que va de año 1.180 casos de abuso sexual y un incremento en los feminicidios, informó este martes el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Tenemos un balance a nivel nacional de 1.180 casos de abuso sexual”, dijo el director del cuerpo, Douglas Rico.

El funcionario explicó que las autoridades venezolanas han dado “respuesta en un 63%” de estos casos, por los que han detenido a 627 personas.

“Estamos mejorando las funciones (…) contra la violencia de género para dar una mayor respuesta a estas mujeres que son víctimas de abuso sexual”, aseguró.

Rico señaló que el Cicpc está realizando “campañas” para hacer frente a los feminicidios en vista del “incremento que se ha venido dando” en ese delito, aunque no ofreció cifras al respecto.

El fiscal general, Tarek Saab, indicó este mes que el Ministerio Público ha registrado 554 causas de feminicidios en los últimos dos años. De ese total, la Fiscalía consiguió 1.537 imputaciones, 430 acusaciones y 119 condenas.

Según Saab, se han dictado 110.498 medidas de seguridad en casos de violencia contra la mujer desde agosto de 2017 y las unidades de atención a delitos de violencia machista serán reestructuradas “para prestar mejor servicio a las afectadas”.

La Justicia venezolana informó este mes de dos condenas, de 21 y 29 años de prisión, contra dos hombres por violar a una niña de nueve años y estrangular a una joven, respectivamente.

Además, la Fiscalía acusó la semana pasada a otro hombre por la muerte de su pareja, de nacionalidad colombiana, en un hecho que se registró en el estado venezolano de Táchira.

Luisa Kislinger: El Estado dejó sobre los hombros de las mujeres la emergencia humanitaria

CON LUISA KISLINGER COMO EXPERTA en temas de género, la Asamblea Nacional dio un debate y aprobó un proyecto de acuerdo en el que rechaza la violencia contra la mujer venezolana dentro y fuera del territorio nacional. 

La diputada Manuela Bolívar (VP-Miranda) se encargó de iniciar la discusión y presentar a Kislinger, que esperaba sentada al lado de la tribuna de oradores vestida de pantalón oscuro, camisa azul claro y zapatillas negras. Con un discurso escrito en hojas blancas, la internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, condenó – ante unos diputados distraídos y hablando en voz baja – que el Estado venezolano dejó sobre los hombros de las mujeres la emergencia humanitaria y aumentó las desigualdades.

Kislinger reclamó que actualmente las colas por comida y medicina están conformadas – en su mayoría- por mujeres, que tampoco tienen garantizados derechos sexuales y reproductivos con una escasez de anticonceptivos de un 80% y un repunte en los femicidios.

“El año pasado de 75 mil denuncias sobre violencia de género solo 1% llegó a juicio. La impunidad es total”, alertó.

Al finalizar el discurso, fue acompañada por Bolívar al palco de invitados del Hemiciclo, donde escuchó con atención al resto de diputadas que intervinieron y denunciaron la situación de las mujeres venezolanas.
 
Entre ellas a la diputada María Teresa Pérez (AP-Lara) que aseguró que las mujeres pierden al menos 10 horas para poder comprar alimentos. Igualmente denunció que hay una alta tasa de mortalidad materna y que al menos un 20% está asociada a adolescentes que se practican abortos, porque “les negamos una oportunidad de decidir”.
 
Lo importante y lo urgente
 
Sobre esto también habló la diputada Tamara Adrián (VP-Distrito Capital) al asegurar que el Parlamento puede actuar sobre el aborto, el matrimonio igualitario y el reconocimiento a la comunidad LGBTI, porque la trata de personas afecta de forma desproporcionada a mujeres trans y hombres gays. 
 
Adrián reflexionó que estas problemáticas no son solamente importantes si no también urgentes, lo que fue aplaudido por la mayoría de diputados y provocó que las mujeres se levantaran para reconocerla.
 
Las mujeres indígenas también estuvieron presentes el debate con la denuncia de la diputada Nirma Guarulla (MVP-Amazonas), que aseguró que los mineros ilegales y miembros de la Fuerza Armada Nacional que hacen vida en esas comunidades, las violan y no tienen donde denunciar, porque “no hay gobierno”.
 
Con el apoyo de todos los diputados se aprobó un Acuerdo en el que se le exige al Estado el cumplimiento del mandato de Naciones Unidas y demás convenios internacionales sobre derechos de las mujeres. Además de incorporar la visión de género en la Comisión Especial de Ayuda Humanitaria, iniciar una investigación para ofrecer cifras sobre la violencia contra la mujer, femicidios y formas de esclavitud moderna. 

 
¿Cómo podemos prevenir los Feminicidios en Venezuela?

Por: Ignacio Azpurua, Frima Udelman y Guillermo Sardi

 

ES BIEN SABIDO QUE LA GRAN MAYORÍA de las víctimas de homicidio en Caracas y en Venezuela son hombres. Monitor de Víctimas estima que, en el 2018, solamente en la capital, constituyen el 90% de las muertes violentas y de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, entre 1996 y 2014, constituyeron en promedio el 93% de ellas. En contraste, según estas mismas fuentes, las víctimas de feminicidio, no superan el 10% del total de las víctimas, lo que hace que sea un tema poco abordado.

A pesar de que los homicidios a mujeres sea un tema poco tratado, resulta importante traer sobre la mesa que las mujeres también sufren las consecuencias de la violencia. Estas consecuencias, no solo son sufridas por ellas y sus familiares, sino a su vez tienen un efecto colateral en la sociedad.

Especialmente, en el caso cuando las mujeres víctimas de homicidio son madres de sectores populares, existe una pérdida significativa de redes de apoyo en las comunidades donde hacen vida. La experiencia que hemos tenido desde Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, es que las madres suelen ser el motor principal de organización de actividades dentro de las comunidades y las más importantes proveedoras de soporte emocional en sus familias.

En este sentido, la violencia contra la mujer y el feminicidio resulta un elemento esencial de ser comprendido y abordado en un programa de políticas públicas de seguridad ciudadana. En un primer lugar, es necesario hacer una tipificación sobre las dinámicas de violencia de género en el país, para luego generar una propuesta para abordarla. Aunque no hay datos oficiales disponibles al respecto, es posible, al menos en la ciudad de Caracas, hacer un análisis detallado de los datos recabados por el Monitor de Víctimas.

Con base en el Monitor de Víctimas en el año 2018, el promedio de edad de las víctimas mujeres fue de 35 años, siendo un número mayor que el promedio de los hombres que está entre los 28 y 29 años. A su vez, los oficios más comunes de las víctimas mujeres eran estudiante y ama de casa respectivamente., lo que refleja es que este tipo de víctimas suelen no tener ocupaciones que les permitan tener una independencia económica a pesar de que la tendencia es que sean mayores de 30 años. Estos datos sugieren que entre menos oportunidades de ascenso socioeconómico tengan las mujeres, más susceptibles están a ser víctimas de homicidio.

A su vez, de acuerdo con el Monitor de Víctimas, en el año 2018, los tres tipos de victimarios de feminicidio más comunes son los desconocidos, conocidos y los cónyugues. En el caso de los cónyugues, es la única categoría que es mayor en las mujeres que en los hombres, lo que refleja que un porcentaje significativo de los perpetradores del feminicidio suelen tener una relación previa con la víctima, a diferencia de las víctimas hombres. No obstante, es preciso reflejar que el robo destaca como el móvil más frecuente reportado en el 2018, lo que indica que las mujeres también son susceptibles a la violencia urbana.

Considerando esta panorámica, ¿Cómo podemos darle respuesta a la problemática de los feminicidios? Las políticas públicas que han demostrado ser efectivas para abordar los feminicidios, son aquellas que hacen más accesible las instituciones del sistema de administración de justicia a las mujeres.

Para lograr una prevención efectiva de la violencia de género hacia las mujeres, evitando que el resultado final sea el homicidio, es necesario entender cómo suelen ocurrir estas dinámicas. La violencia en contra de la mujer suele ocurrir de forma progresiva, en donde los perpetradores tienden a ser hombres con los que las mujeres tienen o tuvieron una relación previa, ya sea familiar o de pareja, los cuales van realizando micro-agresiones previas que van aumentando en intensidad hasta llegar al feminicidio.

La creación de una unidad de policía comunitaria enfocada en prevenir que estas micro-agresiones escalen hasta la violencia letal constituye una alternativa que ha tenido resultados efectivos en Latinoamérica. Desde la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, partimos de la premisa que este tipo de unidades policiales, para que puedan cumplir con su objetivo, deben recibir el entrenamiento adecuado y crear relaciones de confianza con la comunidad.

Estas unidades policiales estarían entrenadas en hacer seguimiento focalizado a familias donde existe violencia doméstica y a hombres que han sido registrados como agresores, ya sea por la denuncia de las mismas víctimas o de la comunidad. Cuando las personas que no son víctimas pero sí testigos de este tipo de actos rompen el silencio y denuncian, la labor policial preventiva es significativamente más efectiva.   

El seguimiento focalizado que hacen estos funcionarios no solo implicaría responder cuando ocurra una denuncia de agresión, ya que a veces las víctimas denuncian cuando la violencia ha escalado unos niveles donde el riesgo de muerte es muy alto. En los enfoques policiales orientados a la solución de problemas (En inglés: problem oriented policing), proponen que el seguimiento focalizado es efectivo en la disuasión del crimen en la medida que esta estrategia sea preventiva. Lo que significa que debe ser sistemática y constante a través del tiempo, a pesar de que no hayan denuncias.

Los funcionarios policiales de estas unidades, entrenados en estrategias de mediación de conflicto, durante las visitas a los hogares de las familias, deben ser capaces de lograr reducir los niveles de hostilidad en las disputas domésticas. A su vez, este tipo de policías deben funcionar como conectores con organizaciones especializadas en programas de atención integral para mujeres víctimas de violencia y sus familias, así como con instituciones especializadas en trabajar con hombres agresores. De manera que, durante las visitas de seguimiento focalizado, parte de sus funciones constituye, inicialmente, poner a las personas en contacto con estas organizaciones y en segundo lugar, hacer un seguimiento de que efectivamente sí están asistiendo a la atención requerida.

Por último, existen casos donde los niveles de agresión han escalado a un nivel tan significativo que los hogares no constituyen lugares seguros para las mujeres y los demás miembros de la familia. De acuerdo con el Monitor de Víctimas, en el 2018, los hogares fueron el segundo contexto más común donde ocurrieron feminicidios. En estos casos de mayor riesgo, estas unidades policiales especializadas en la violencia de género, deben estar entrenadas en proveer protección a las mujeres y a los demás miembros familiares, llevándolas a instituciones que le puedan brindar un sitio donde quedarse transitoriamente.

En conclusión, una política pública de seguridad ciudadana efectiva para reducir los feminicidios, implica la alianza entre las víctimas, la comunidad, la policía y organizaciones externas especializadas en brindar atención integral tanto a las víctimas como a los agresores. En la medida que estos actores tengan una acción coordinada, podrá ser efectivo lograr que las mujeres sean menos vulnerables a la violencia y tengan un acceso igualitario a la justicia y a la movilidad social.