Familiares de presos políticos

Las defensoras de los derechos humanos dijeron que se desconoce por qué el Estado paralizó las liberaciones de presos políticos que se dieron en diciembre

Familiares de presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a la administración de Nicolás Maduro implementar medidas humanitarias o indultos para consumar la salida en libertad de sus parientes.

Theresly Malavé, abogada y directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, denunció que en la nación aún hay 286 presos políticos. Detalló que de ese total 171 tienen más de dos años detenidos.

Durante una rueda de prensa realizada este 9 de enero, Malavé aseveró que la permanencia de ciudadanos por más de tres años tras las rejas es una violación al Código Orgánico Procesal Penal.

Asimismo, explicó que todas estas personas pueden estar en libertad por decaimiento de la medida. Precisó que hay aprehendidos por razones políticas que esperan juicio desde hace nueve y hasta siete años.

La defensora de los derechos humanos apuntó que del total de los presos políticos 13 son mujeres civiles y cinco son militares. «Están presas por ser hermanas o amigas o por estar en el directorio telefónico de un investigado por temas políticos», reclamó.

Precisó que 117 de los detenidos son hombres civiles y 151 militares. Mencionó que 35 son ciudadanos que padecen enfermedades graves y que de no ser atendidos pueden morir.

Señaló que los tribunales no han concedido ni una medida humanitaria a privados de libertad que tienen estos padecimientos. Cuestionó que el Estado, «que no puede proveerles de salud, tampoco les de su libertad».

Por su parte, la defensora de derechos humanos Yajaira Castro abogó por medidas humanitarias o indultos para consumar la liberación de los presos políticos.

«No queremos que pasen a formar parte de la lista de presos políticos que han muerto estando en custodia del Estado. Para poder liberar a los presos políticos hay fórmulas alternativas. Está en las manos del gobierno porque ni siquiera de los jueces», dijo.

Hay 103 presos políticos condenados y que le corresponden las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena.

«En 2023 tuvimos la esperanza de que se dieran más liberaciones. Aún nos faltan. De los cuales no son solo ellos, sino también 286 familiares que deben estar pendientes de ellos, que tienen que proveerles desde la alimentación hasta los medicamentos.

Afirmó que la administración madurista es el único que puede liberar a los presos políticos y subrayó que hay un abanico de mecanismos para hacerlo. «No queremos que pasen a formar parte de la lista de personas que murieron en custodia del Estado».

Las defensoras de los derechos humanos dijeron que se desconoce por qué el Estado paralizó las liberaciones de presos políticos que se dieron en diciembre, cuando se produjo el canje por el empresario colombiano Álex Saab, acusado de lavado de dinero.

*Con información de TalCual

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«Es injusto que John Álvarez esté tras las rejas. Estoy pidiendo la libertad de John Álvarez y de todos los presos (políticos) que están tras las rejas», señaló la madre del estudiante, Wenderlin Peña

Texto y fotos: @Andrea_GP21

Miembros de la sociedad civil se concentraron este jueves, 1 de noviembre, en la Plaza Brión de Chacaíto, en Caracas, para exigir a la administración de Nicolás Maduro la liberación de todos los presos políticos.

La manifestación también fue replicada Madrid, España, y fue organizada por la ONG Voces de la Memoria. En el encuentro, los participantes también exigieron el «cierre de los centros de tortura» que existen en Venezuela.

Además, Tineo recordó que desde el año 2014 hay 314 muertos como consecuencia de «ese patrón de persecución», de los cuales el 97 % de los casos se mantiene «en total impunidad».

«Apenas un 3 % ha obtenido sentencia y apenas de los autores materiales o perpetradores. El resto de la cadena de mando se mantiene totalmente impune», denunció Tineo.

#1Nov 12:50 p.m. Inicia concentración para exigir la liberación de presos políticos en la Plaza Brión de Chacaíto. Participan familiares y ONG pic.twitter.com/D3AUBDAjFh

— Runrunes (@RunRunesWeb) November 1, 2023

Por su parte, la abogada Ana Leonor Acosta señaló que «cuando no hay justicia para los presos políticos, no hay justicia para los venezolanos».

Asimismo, señaló que funcionarios de seguridad los han acechado y son ellos mismos quienes muchas veces han terminado encarcelados. «Esto nos tiene que llamar a la reflexión», dijo.

Las voces de los familiares

En la concentración participaron los familiares de presos políticos y pidieron la liberación de sus parientes. 

Entre los asistentes se encontraba Sugled Gasparini, hermana de John Gasparini, quien es un preso político condenado recientemente a 16 años de prisión.

«Nos alegramos porque liberaron a cinco personas, pero por otra parte sentimos tristeza. No solamente son cinco personas, son más de 300 presos políticos que merecen el abrazo de su familia, que merecen pasar unas Navidades junto a sus hijos, madres y esposos», dijo.

Gasparini manifestó que lo único que piden los familiares es la liberación de todos los presos políticos.

Sugled Gasparini, hermana de John Gasparini, condenado a 16 años de prisión: "Es momento de que le den libertad a todos los presos políticos" pic.twitter.com/oqAcUKhgNb

— Runrunes (@RunRunesWeb) November 1, 2023

Por su parte, la señora Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, uno de los sindicalistas condenados a 16 años de prisión, alzó su voz para que los venezolanos sepan que «en Venezuela se tortura, no solo a los presos políticos, sino a los familiares».

«Hacen un tratado y no lo cumplen. Cada día para nosotros es una esperanza, y cada día al llegar la noche, nuestros familiares siguen presos», declaró Oropeza a los medios.

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«Es injusto que John Álvarez esté tras las rejas»

Wenderlin Peña, madre del estudiante John Álvarez, manifestó que su hijo, quien apenas tiene 24 años y «le han robado 63 días de su vida».

«Es injusto que John Álvarez esté tras las rejas. Estoy pidiendo la libertad de John Álvarez y de todos los presos (políticos) que están tras las rejas», señaló.

Pero además, Peña pidió al gobierno de Nicolás Maduro que libere a su hijo. «Mi hijo no puede estar tras las rejas. No le pueden robar su futuro, que tanto le ha costado», dijo.

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La protesta de activistas de Derechos Humanos y de derechos sindicales y políticos se reunieron para acompañar la protesta virtual en New York, Estados Unidos, donde proyectaron en el Time Square videos de realidad virtual sobre los espacios del Helicoide acompañado de los testimonios de las víctimas de tortura venezolana

Bajo una llovizna, familiares de presos políticos y representantes de ONG venezolanas sobre derechos humanos protestaron el 19 de septiembre en la Plaza Francia de Altamira, municipio Chacao de la Gran Caracas, por la liberación de los privados de libertad y el cierre de los centros de tortura en el país denunciados por la Misión Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU en octubre del año pasado.

Su convocatoria coincidió con la proyección del proyecto «Realidad Helicoide», que transmitió desde el Time Square de Nueva York, en Estados Unidos, videos de realidad virtual y testimonios de víctimas de tortura en el antiguo centro comercial del centro de Caracas y que ahora el Estado venezolano usa de prisión y centro de tratos crueles y sistemáticos que la comunidad internacional ha denunciado por años. 

«Estamos reunidos para exigir una mejora en los recursos para la educación y para la salud. Que esos recursos estatales no sirvan para infringir la tortura y se infrinja represión en este país», denunció Karina Molina, miembro del Comité para la Libertad de los Luchadores Sociales, quien defiende la inocencia de seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de cárcel este primero de agosto luego de estar privados de libertad por un año. 

«Los cuerpos de seguridad reciben cualquier cantidad de recursos para mantener el terror que tienen contra el pueblo. Cualquiera que levante la voz contra la circunstancias que vivimos, por un sueldo digno, por una mejor educación, por una mejor salud, nos responden con las cárceles en este país», agregó. 

Bajo presión 

Al iniciar la concentración, a las 05:30 p.m., un vehículo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), uno de los organismos señalados por la ONU de tratos crueles hacia los presos políticos, se montó en las aceras de la Plaza y estuvo a menos de ocho metros de la protesta. Otros cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se quedaron durante toda la manifestación.

Los cuerpos de seguridad grababan a los manifestantes, pero los ciudadanos no podían grabar a los funcionarios. 

«Los familiares también nos sentimos presos y decidimos perder el miedo a la persecución de funcionarios como hay en estos momentos. Nosotros no somos terroristas. Estamos cansados ya de las torturas, estamos cansados ya de las desapariciones forzosas, estamos cansados ya de los crímenes de lesa humanidad. Ya basta, Nicolás Maduro», expresó Franklin Caldera, director de la ONG Familia SOS Libertad.

Los familiares celebraron que el 20 de septiembre la ONU publicará su cuarto informe sobre la determinación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Estos documentos, publicados desde el 2018, han alimentado la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Nicolás Maduro y otros miembros específicos de su gobierno. 

«No dejar solos a los familiares de presos políticos»

Bajo el obelisco que decora la plaza caraqueña, los manifestantes pegaron los nombres de los 281 presos políticos que la ONG Foro Penal actualiza cada mes. Si el viento o la humedad despegaba algún papel del concreto rugoso, alguien lo volvía a pegar y reforzar. 

«Los jóvenes (menores de 25 años) no conocemos lo que es vivir en democracia. Hemos crecido bajo un mismo régimen que mata amigos, se los llevan detenidos y los torturan. Ya basta de que eso siga sucediendo. No nos van a callar, no nos van a detener. Pero no podemos dejar solo a los familiares (de presos políticos) y a los activistas. Necesitamos que toda la ciudadanía alce la voz. Dejemos de normalizar lo que está mal», advirtió la coordinadora de la Alianza de Mujeres en la Política, Evelyn Pinto. 

La dirigente destacó que esta protesta «se está realizando en paralelo en Nueva York», donde, además de la proyección del proyecto «Realidad Helicoide», los dirigentes de la ONU y de otros estados del mundo están reunidos en su 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones. Pinto agregó que los centros de tortura documentados por la ONU, más allá de clausurarse, deben convertirse en un futuro en museos de la memoria para no repetir los crímenes de lesa humanidad en el país.

Mientras tanto, la CPI alegó que la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela seguirá en pie, pese a las peticiones del gobierno de Maduro de dimitirlas. La Oficina de Defensa Pública de Víctimas de la Corte Penal Internacional aseveró que recibió 156 denuncias de torturas que no han sido atendidas con la debida diligencia por la justicia venezolana en un comunicado de prensa el 13 de septiembre. 

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Detallaron que alrededor de 400 detenidos están dentro del recinto cancelario, quienes han padecido de tuberculosis, escabiosis, entre otras enfermedades infecciosas por las condiciones insalubres del recinto

Créditos: Radio Fe y Alegría. Foto: archivo

Los familiares de los detenidos en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), delegación Maturín, denunciaron a Radio Fe y Alegría Noticias las condiciones de hacinamiento y la proliferación de enfermedades de la piel que hay en ese centro de reclusión.

Detallaron que alrededor de 400 detenidos están dentro del recinto cancelario, quienes han padecido de tuberculosis, escabiosis y los llamados “nacidos” en la piel, debido a la insalubridad del sitio.

Uno de los familiares consultados, que no quiso dar su nombre por temor a represalias, dijo que los privados de libertad tienen que turnarse para poder sentarse o dormir un rato.

Yaritza Veliz, madre de uno de los detenidos, dijo entre lágrimas que no hay un solo día que no vaya a llevarle alimentos a su hijo que está en los calabozos.

«Estoy denunciando porque a mí me duele mi hijo. Ellos son seres humanos y se les debe tratar bien. No es justo que ellos pasen más de mediodía sin comer nada. Queremos que la ministra venga a atender directamente esta situación, queremos que sean atendidos y tratados dignamente», expresó.

En este sentido, Ricxy Girott, una de los familiares protestantes, aseguró que algunos de los que saben que están enfermos, no se les garantiza el tratamiento médico.

«Solo le llevan al hospital cuando ven que se está muriendo el muchacho. Hay muchos detenidos que no pueden caminar de lo enfermo que están. No pueden dejar a esos presos a la buena de Dios», opinó Girott.

Retardo procesal

Señaló que lo mismo ocurre en los tribunales, porque al familiar de Girott le han diferido la audiencia 11 veces. «Si no es porque al fiscal le duele la uña, o al juez le duele algo. Es inhumano todo lo que hacen».

Las madres de los privados de libertad hicieron un llamado a la ministra de Servicios Penitenciarios, Myrelis Contreras, para que se aboque en atender estas condiciones «inhumanas».

Los familiares pidieron a las autoridades en materia de seguridad dar un buen trato a los reclusos de los distintos calabozos que existen en el estado Monagas.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, los centros de detención llevan años con una sobrepoblación. En su último informe que recaba los datos del año 2022, que la capacidad real instalada en Venezuela es de 20.438 personas, pero se tienen recluida a más de 33.558. Cerca del 164,19 % de la población en 14 cárceles se encuentran en hacinamiento de riesgo crítico. La tuberculosis y la desnutrición son las principales causas de muerte en los centros penintenciarios, según la ONG.

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LOS FAMILIARES DE VARIOS PRESOS POLÍTICOS detenidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda, fueron notificados el pasado viernes, 16 de agosto, de la suspensión de visitas a varios de los detenidos. Así lo confirmaron dos videos publicados por la ONG Foro Penal, en los que parientes contaron que les impidieron ver a los suyos.

De acuerdo con el director ejecutivo de Foro Penal, Alfredo Romero, estos reclusos están incomunicados en el Anexo B de la cárcel. A través de los familiares se supo que al menos dos de los afectados, el teniente Luis Alejandro Mogollón y el sargento Luis Alexander Bandres Figueroa, tienen medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de Mogollón, quien padece de Linfoma de Hodgkin (un tipo de cárcer), la CIDH ordenó al Estado venezolano el pasado 7 de marzo que protegiera el derecho a la vida, integridad personal y salud del militar detenido y que posibilitara su tratamiento médico conforme a los estándares internacionales aplicables. 

«Necesito saber qué está pasando, porque mi hijo tiene una condición de salud muy delicada. Si ustedes recuerdan, mi hijo sufre de Linfoma de Hodgkin, tiene convulsiones. El Estado no se ha hecho cargo de su salud y no ha sido medicado ni nada», denunció la madre de Mogollón, quien agregó que el teniente tenía fracturas craneales laterales que no habían sido tratadas.

Las medidas cautelares sobre Bandres Figueroa fueron dictadas el 28 de febrero de este año y contemplaron, además de la protección de sus derechos humanos, la adopción de condiciones de detención apegadas a normas internacionales.

«Yo exijo una fe de vida, quiero saber que Bandres está bien, que está en Ramo Verde y no le ha sucedido nada malo», pidió la esposa del sargento detenido, Andrea Hernández.

#17Ag Esposa del SM3 del Ejército Luis A. Bandres pide fe de vida de su conyuge.

Familiares de #PresosPolíticos denuncian la prohibición de visitas en Ramo Verde. Bandres tiene medidas cautelares de la @_cidh. Varios presos políticos son víctimas de tortura. #LiberenABandres pic.twitter.com/lcM2OUILLu

— Foro Penal (@ForoPenal) August 18, 2019

#16Ag madre del 1er tte. Luis Alejandro Mogollón pide fe de vida de su hijo.

Familiares de #PresosPolíticos denuncian la prohibición de visitas en Ramo Verde y que tienen a varios Presos Políticos incomunicados. Mogollón tienen medidas cautelares de la @_cidh. #LiberenAMogollon pic.twitter.com/X7ZJTFFmKB

— Foro Penal (@ForoPenal) August 18, 2019

Familiares de presos políticos denunciaron maltratos físicos y psicológicos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a quienes iniciaron huelga de hambre en El Helicoide desde hace dos semanas.

La madre de Ángel Contreras, Katiusca Ravelo, manifestó que a pesar de que a su hijo no lo habían lastimado en los dos años que lleva en la prisión, desde hace once días que empezó la huelga, funcionarios del  Sebin lo han maltratado físicamente.

“Sé que lo golpean. Lo agarran por el cuello, lo esposan y le hacen daño”, denunció. “No nos dejan llevarle suero o medicinas”, aseguró. «Ángel ha tenido muchas migrañas, gastritis y hasta úlceras”.

“La audiencia la han diferido reiteradas veces. El 17 de julio fue la última, que no solo difirieron sino que el juez decidió anular todas las audiencias para comenzar legalmente desde cero el caso el 13 de enero del 2017”.

Contreras de 30 años fue detenido el 8 de mayo de 2014 mientras manifestaba en los campamentos del PNUD en la avenida Francisco Miranda frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Lo acusan por ocultamiento ilícito de armas.

Por otro lado el hermano del preso político, Renzo Prieto, Omar Prieto, denunció que no ha podido ver a su familiar desde que inició la huelga.

“Lo que más nos preocupa es su estado de salud. No sabemos si tiene cuidados médicos, como suero u otro insumo”, expresó, quien igualmente subrayó que ha presentado la denuncia ante la Defensoría del Pueblo pero no le han dado respuesta. “Ni siquiera han ido hasta la prisión para verificar la condiciones de los reclusos”, denunció.

Además, manifestó que los funcionarios no han permitido visitas de sus familiares o abogados. «Los funcionarios del Sebin nos dicen que hasta que no levanten esa protesta no lo vamos a poder ver”, agrega Prieto.

Prieto fue detenido el 10 de mayo del 2014 mientras caminaba en Las Mercedes. Lo acusan por agavillamiento y asociación para delinquir. “Fue prácticamente un secuestro. El Sebin lo agarró sin orden de captura mientras estaba en la calle en camino a un centro comercial”, agregó su hermano.

Prieto de 23 años es entrenador deportivo y pertenecía al movimiento estudiantil de Táchira. En diciembre del año pasado fue electo como diputado por ese estado.

“Le pido a las autoridades que no violen más sus derechos. Él fue escogido por un pueblo, déjenlo trabajar como debe ser”, concluyó Prieto.

Familiares de los presos políticos solicitaron a los mediadores internacionales en la mesa de diálogo que asistan al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide para constatar el estado de salud de los privados de libertad.

“Hay 14 presos políticos en huelga de hambre, esto es una situación dramática y difícil porque se ha violado el estado derecho y los debidos procesos legales”, indicó un familiar durante una concentración frente a El Helicoide.

#8dic Hoy día visitas de abogados no permitieron entrar a Helicoide a visitar presos políticos en huelga de hambre. Son 9 en huelga

— Alfredo Romero (@alfredoromero) 8 de diciembre de 2016

Asimismo exigieron al gobierno establecer un acuerdo con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para la liberación de los detenidos por causas políticas. El pasado domingo 4 de diciembre varios presos políticos se declararon en huelga de hambre, debido al incumplimiento del Ejecutivo en los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo, especialmente por la liberación de los recluidos.

Hay presos políticos en huelga de hambre y el Gob debe respetarlo. Tenemos información de tortura y aislamiento a quienes están en huelga

— Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia) 8 de diciembre de 2016

Crudo testimonio de la madre de Bassil Da Costa, pide libertad de presos políticos para navidad, a pesar de que ella no tendrá a su hijo. pic.twitter.com/gPENUIHSJ7 — Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia) 8 de diciembre de 2016

Asimismo, el abogado de Foro Penal, Alfredo Romero, estuvo acompañando a los familiares y transmitiendo sus declaraciones desde Periscope. Romero aprovechó la ocasión para invitar a una caminata por la libertad de los presos políticos en varios estados del país el próximo sábado 10 de diciembre.

Busca tu Estado y participa este Sábado, 9am con familiares de presos políticos y ONGs en el Día de los DDHH #CaminataLibertad pic.twitter.com/3FHRleQzyZ

— Alfredo Romero (@alfredoromero) 8 de diciembre de 2016

Moreno, madre de la dirigente estudiantil detenida

@bonnbar

SANDIS MORENO DEBIÓ ESPERAR CUATRO DÍAS para volver a ver a su hija, Sairam Rivas, luego de que fuera detenida por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)  la madrugada del jueves 9 de mayo de 2014. Entre el momento en que se enteró del desmantelamiento del campamento de protesta en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, del cual formaba parte la dirigente estudiantil y cuando finalmente pudo abrazarla, transcurrieron unas 96 horas de angustia e incertidumbre.

El día anterior a la detención de Sairam y otros cientos de jóvenes, Moreno, quien vive y trabaja en Guatire, había estado en Caracas para ser entrevistada junto a otras mamás de estudiantes para un reportaje que saldría publicado en un diario nacional el siguiente domingo, Día de las madres. Aprovechó el viaje a la capital para visitar a su hija, presidenta del centro de estudiantes de la escuela de Trabajo social de la UCV,  en el llamado “campamento de la libertad”, instalado desde febrero como parte de las protestas. Esa noche, que llovió a cántaros e inundó las carpas, fue la última vez que vio a su hija antes de ser  detenida.

“Como a las 6 de la mañana del jueves 9 de mayo, me llamó mi hermana para avisarme que habían allanado los campamentos de Altamira y Chacao. Hasta ese momento me quedé tranquila. Pero cuando prendí el televisor, vi en el noticiero que también la GNB había desmantelado el campamento de la Plaza Sadel y se había llevado a los estudiantes al Fuerte Tiuna. Me entró una angustia enorme”, rememora.

Se fue de inmediato con su esposo al Fuerte Tiuna en busca de su hija. En el Core 5, se encuentran con un numeroso grupo de representantes preocupados por sus hijos detenidos, sin saber lo que iba a ocurrir. Allí esperaron hasta las 5:30 de la tarde, cuando comenzaron a leer una lista de nombres. “Un guardia dijo entonces que si no eran mencionados, teníamos que buscarlos en otro sitio. La espera por escuchar el nombre de Sairam fue terrible. Cuando tuvimos la certeza de que estaba allá, nos pidieron retirarnos y esperar hasta el día siguiente cuando fueran presentados a los tribunales”, recuerda.

Vuelven a Caracas al día siguiente. A las 9 de la mañana del viernes 10 serían trasladados al Palacio de Justicia en autobuses. “Nos dimos cuenta de que llevaban a los muchachos esposados. Sairam me confirmó luego que siempre los mantuvieron con esposas”, cuenta Moreno. En tribunales, los familiares esperaron por alguna respuesta todo el día. A la 1:30 de la madrugada, el abogado del Foro Penal que lleva su caso,  Alonso Medina Roa, les dijo que a esa hora ya nada se podía hacer. Que primero enjuiciarían a los jóvenes de los campamentos de Chacao y Altamira y que volvieran a casa por esa  noche.

El sábado 11 transcurre la segunda jornada de incertidumbre en el Palacio de  Justicia. Moreno llega temprano de Guatire con su esposo, hermanas y sobrinas. Allí aguardaron hasta las 8:30 de la noche, cuando comienzan a salir jóvenes con sentencia. “Aquello fue una escena horrible: muchachos y familiares que lloraban, gritaban. Cuando nos dijeron que Sairam no saldría, no lo podíamos creer: ¿cómo mi hija no va a salir? ¿cómo habíamos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que una muchachita buena, sana, de familia se quedaría tras las rejas? Todos nos volvimos locos. El abogado nos lo dijo claramente: ‘No hay manera de sacar a Sairam. Es un trofeo para el gobierno”. Alegó que la buscaban desde hace tiempo, nunca le perdonaron que ganara el centro de estudiantes de Trabajo social de la UCV en 2012.

Esa noche se presentó un momento de confusión. “En medio de esa situación tan terrible, comenzaron a gritar que venían los colectivos a atacarnos, que teníamos que irnos. Comenzaron a llegar en motos. Quizás fue una decisión del gobierno para que los familiares no pudiésemos reclamar nada. No nos quedó otra que meternos en nuestros carros e salir corriendo de allí. Llegamos a Guatire desesperanzados”.

El domingo 12, día de las madres, Moreno recibe una llamada a las 3 de la tarde del abogado, avisándole que su hija y otros diez estudiantes serían traslados al Sebin, en el Helicoide y que ya podían llevarle ropa y comida. Desde el jueves anterior hasta ese día, no le habían permitido bañarse ni cambiarse.

“La vida de todos se ha trastornado. Ha sido una experiencia muy difícil para la familia. He tenido que abandonar mi trabajo para trasladarme a Caracas a visitar a Sairam los miércoles y sábados, atender entrevistas, asistir a reuniones y ruedas de prensa para denunciar la injusticia contra de mi hija y los estudiantes.  Por fortuna, cuento con el apoyo de mis jefes y  compañeros”, describe Moreno

“Sairam tiene una fortaleza increíble, la que no tengo yo”, admite su madre. “Se mantiene serena, tranquila y con actitud luchadora. Siempre le pregunto cómo puede una muchacha tan inquieta estar encerrada en un espacio tan pequeño. Mientras, pide muchos libros, sigue leyendo sin parar, formándose, escribiendo cartas a todo el mundo, hasta al Papa”.

Moreno cuenta que a Sairam no le permiten tomar sol. “Un día de visita le comenté a un guardia porque tanto encierro y me contestó: no te empieces a poner exquisita como la gente de Simonovis. No tenemos personal femenino para movilizar a las muchachas, así que mejor se quedan allí tranquilas”.

Aún no hay sentencia sobre el caso de Sairam. Se encuentra dentro del plazo de 45 días de averiguaciones. Su madre quiere que su hija retome su vida, pero está consciente de su lucha. “Hay que seguir adelante en esta protesta, que es de todos. Debemos apoyar a los estudiantes. Le pido al gobierno que acabe la represión, que deje a los jóvenes tranquilos y persiga más bien a los delincuentes”.