UNA SERIE DE DELITOS HAN PLAGADO las contrataciones de PDVSA y de las empresas mixtas que laboran en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), indica la investigación que el Ministerio Público (MP) llevó a cabo bajo la gestión de la fiscal Luisa Ortega Díaz.
El trabajo no ha escaseado en la Faja Petrolífera, considerada como la cuenca más grande de petróleo pesado y extrapesado del mundo, pero en distintos trámites y contratos efectuados por la estatal petrolera y sus filiales se han encontrado millonarias estafas, sobreprecios y demás irregularidades que han enriquecido a los funcionarios, pero dejado en deterioro la capacidad productiva de la única actividad que sustenta económicamente a Venezuela.
Un informe sobre dos causas investigadas en PDVSA realizado por el Ministerio Público al que el equipo de Runrun.es tuvo acceso, detalla los casos de corrupción en que estaban inmersas media docena de empresas de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y sus directivos, así como funcionarios de PDVSA.
En la investigación también resaltan nombres como el de Tarek William Saab, antiguo gobernador de Anzoátegui y actual Fiscal del MP designado por la asamblea nacional constituyente, quien está relacionado a una empresa denominada Constructora Conkor C.A., que obtuvo cientos de contratos durante la gestión de Saab como gobernador.
Exactamente entre 2005 y 2012, múltiples contratos de obras y servicios requeridos por la Gobernación al mando de Saab fueron adjudicados a Conkor, otorgados a través de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui (COVINEA), presidida por Isidro Acosta Mayz. Más de cien obras de infraestructura y vialidad con la Gobernación fueron ejecutadas por dicha empresa, pero muchas de ellas han sido denunciadas públicamente por quedar inconclusas, afirma la investigación del MP.
Además, el reporte indica que Conkor fue beneficiada con el otorgamiento de más de 50 contrataciones con PDVSA durante la gestión de Pedro León Rodríguez como director de la FPO, algunas por montos de más de un millardo de dólares, razones por las que la empresa estaba siendo investigada por Ortega Díaz.
Corrupción y deterioro en entregas a medias
Por otra parte, el patrimonio público de PDVSA dedicado al mejoramiento del Terminal de Almacenamiento y Descarga de Crudo José Antonio Anzoátegui (TAECJAA) fue afectado por delitos cometidos por empresas que trabajan en el complejo, provocando colateralmente disminuciones y pérdidas a PDVSA a largo plazo
En febrero de 2012, se ordenó el reemplazo de dos monoboyas –una especie de muelles flotantes que permiten la carga de los tanqueros a través de tuberías submarinas– en el TAECJAA, específicamente la este y la oeste, cuyo cambio incrementaría la capacidad de carga de crudo. El monto aprobado para la adquisición, desinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos fue de $76,2 millones.
Pedró León Rodríguez, quien ejercía como director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) en ese momento, conjuntamente con el Gerente del TAECJAA de la División de Mejoramiento, Jesús Osorio, autorizaron el monto de $49,8 millones para la adquisición de dos monoboyas CALM tipo torreta Modelo Standard marca Bluewater, con la empresa Bluewater Energy Services BV, a la que le fue adjudicado el proyecto directamente, sin realizar proceso licitatorio.
La orden de compra de las dos monoboyas fue emitida en julio de 2012 y entró en operación en septiembre del 2014, pero la estrategia de la Gerencia General del TAECJAA fue reemplazar una a una las Monoboyas, por lo que sólo se generó el Servicio de Instalación de la monoboya este todo a través de Bariven PSBV, como evidencia una orden de compra de octubre de 2013 por un costo total de $19,5 millones. La instalación de la monoboya este fue terminada en julio de 2015.
El reemplazo de la monoboya oeste no fue realizado, a pesar de estar contemplado en el proyecto autorizado en 2012. Para febrero del presente año, el equipo aún no había sido instalado, según pudieron comprobar fiscales del MP en inspecciones, por lo que el equipo comprado sufrió graves deterioros en su estructura.
En 2016, la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) denunció ante El Tiempo que PDVSA estaría dejando de vender 11,4 millones de barriles de petróleo por los problemas con la monoboya oeste, que estaba funcionando a 30% de su capacidad y no permitía la carga normal de crudo a los buques. Esto devino, de acuerdo a los directores de la federación, en una pérdida de 400 millones de dólares mensuales para la nación.
La investigación de la fiscalía venezolana también dio con un grupo de funcionarios y empresas de PDVSA que distrajeron recursos de un proyecto dedicado a adquirir y reemplazar once brazos de carga, 16 ganchos de amarre y un sistema de venteo del Terminal de Almacenamiento y Descarga de Crudo José Antonio Anzoátegui.
En agosto del 2011 fue aprobada por PDVSA la contratación para adquirir los reemplazos de, específicamente, 11 brazos de carga marinos, 16 ganchos de amarre de la plataforma Norte y la instalación del sistema de Venteo para el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui.
En el proyecto estaba incursa la empresa Ingeproyec NF, una compañía subcontratada por las empresas holandesas Bluewater Energy Services BV y Kanon Loading Equipment, a pesar de que dicha contratación está prohibida, señala el informe.
El servicio de procura de los 11 brazos de carga fue realizado a través de Petrocedeño-TSO a finales del 2011 por un monto de €10,7 millones, y en agosto de 2012 se contrató el servicio de instalación de los brazos, los ganchos y el sistema de venteo por €22,6 millones, el cual se pagaría en cinco hitos. Para entonces aún no se tenía comprado el sistema de venteo en sí, proceso que fue iniciado tres meses luego de la contratación de la instalación, y no fue hasta el año siguiente, en marzo del 2013, cuando finalmente fue pagado por €11,9 millones y lo recibieron en 2014.
Sin embargo, la instalación del equipo aún no era factible, pues no se habían cancelado los hitos N°4 y 5 correspondientes a la instalación de tres brazos de carga del muelle sur y al sistema de venteo respectivamente. Cabe destacar que la garantía de dichos brazos de carga ya había expirado. Además, los materiales del sistema de venteo no estaban completos, ya que faltaban tubos y codos para terminar la ruta, por lo que era necesario iniciar en 2015 el proceso de procura de los equipos faltantes.
De acuerdo a la inspección realizada por los fiscales en marzo de 2017, el sistema no había sido instalado.
A esto se le suman las transacciones presuntamente irregulares de las empresas Guevara Trainding Company, C.A, y CastilloMax Oil and Gas. El directivo de esta última, Miguel Castillo Lara, afirmó ante el MP haber recibido pagos de €780.000 por conceptos de rediseño, simulación, inspección, testigo, boletería, hospedaje, y viáticos; pagos que estaban destinados a la procura e instalación de los equipos del TAECJAA, por lo que se evidencia una desviación de los fondos por parte de las empresas contratadas por PDVSA.
El Ministerio Público imputó a diez personas por los delitos cometidos en el TAECJAA, de los cuales cinco están detenidos y otros cinco, prófugos. Las imputaciones fueron por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, artículos 54 y 72 de la LCC y asociación, artículo 37 de la LOCDOFT.
Uno de los imputados, el ex director de la FPO, Pedro León Rodríguez, se encontraba prófugo de la justicia tras la orden de aprehensión librada en febrero de 2017 por el Ministerio Público, que lo acusaba de presuntos hechos de corrupción en contrataciones. León Rodríguez había salido del país vía marítima y estuvo en República Dominicana hasta el 2 de septiembre, cuando arribó a Venezuela por el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de Porlamar, donde fue detenido por funcionarios del Sebin.
Petropiar y sus irregularidades
Desviación de procesos licitatorios, sobreprecios de hasta 10.000%, evasión de los debidos procesos, destrucción de documentos y demás irregularidades plagan a las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco que operan dentro del complejo José Antonio Anzoátegui, determinó el Ministerio Público a través de una causa iniciada en junio de 2017.
La empresa mixta Petropiar es una de las destacadas en la investigación de la fiscal: ocho de sus gerentes y supervisores se encuentran detenidos o imputados por diversos delitos.
Documentos provistos por la Consultoría Jurídica de PDVSA y por las distintas gerencias operativas de Petropiar llevan a los fiscales del Ministerio Público a concluir que muchas de las contrataciones de Petropiar se realizaron por adjudicación directa, y algunas de esas empresas contaban con poca experiencia en la industria petrolera, por lo que las que trataron con equipos esenciales para las operaciones en complejos mejoradores de crudo, terminaron entregando piezas que no correspondían con las especificaciones requeridas por PDVSA, y en otros casos, los equipos ni siquiera fueron entregados a la empresa mixta.
Uno de los casos que demuestran el otorgamiento de contratos con sobreprecio es el de la adquisición de impresoras para ser usadas en las instalaciones del Mejorador de Petropiar, un complejo para el procesamiento y del petróleo extrapesado. El informe del MP demuestra que las dos impresoras HP Color Laserjet Serie CP5525 que adquirió Petropiar en 2016 a través de la empresa Suministros Gramal, C.A. tuvieron un costo de $312.888,88; cada una con un valor de 156.444,44 dólares. Sin embargo, en el mercado una de estas puede conseguirse nueva, con instalación y sin ningún tipo de descuento, en $3.500. El sobreprecio en la contratación supera los $300.000, cifra con que podría adquirirse más de 80 impresoras.
Dicho contrato no cuenta con expediente físico ni digital, y diversos funcionarios alegaron desconocer el trámite, por lo que se presume la destrucción de los documentos, lo cual lleva a presumir la existencia de evasión en los procesos licitatorios e irregularidades en el otorgamiento del contrato. El gerente de procura de Petropiar, Humberto Sarti y el gerente general de la compañía, Edward Pérez, aprobaron el acuerdo de pago y la orden de compra de este trato.
La empresa Wespro Spare The Oil Industry Corp, una de las que estableció relaciones con Petropiar, también entra en las investigaciones de la Fiscalía. Se detectaron irregularidades en el “Mantenimiento especializado a sistema de compresión 46-ME-001 A/B/C Pdvsa Petropiar Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui” del año 2015 por un monto de $ 6.394.290,59 y un plazo de ejecución de un año. La empresa solo contaba con la autorización para contratar con el Estado por montos entre 400 y 500 U.T. -entre 600.000 y 750.000 bolívares-, no por las cantidades en que se hicieron los acuerdos. Además, presentaba irregularidades en algunos de sus papeles y en la conformación de expedientes.
La oferta en dólares no solo da como resultado una desviación de 8% ($ 473.760,86) por encima del presupuesto base, también era la oferta más alta y la que requería mayor plazo de ejecución entre las empresas invitadas a la licitación.
En otros casos de corrupción relacionados a Petropiar, antes del cambio de cabeza en Fiscalía, se tenían citados a seis ciudadanos para ser imputados por los delitos cometidos en contra del Patrimonio Público, quienes se unirían a los ya imputados y detenidos por los mismos motivos.
