Expresión

El diputado destacó los «insultos personales» y las «descalificaciones» que tuvieron que aguantar por parte de los parlamentarios chavistas

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado español, Javier Maroto, afirmó este martes que fue testigo de un ataque a la libertad en Venezuela, luego de que su intervención y la de otros compañeros en el Parlamento venezolano desatara una trifulca entre diputados opositores y chavistas.

«Hemos sido testigos de un hecho que va contra la libertad y la expresión y la normalidad democrática en este Parlamento, y esos testigos vamos a ser voces de la dignidad fuera de este país, en representación de todos los venezolanos», dijo Maroto en declaraciones a la prensa.

Acompañado del diputado José Ignacio Echániz, la secretaria de Relaciones Internacionales del PP, Valentina Martínez Ferro y la presidenta del Comité Electoral Nacional del partido, Belén Hoyo, Maroto destacó los «insultos personales» y las «descalificaciones» que tuvieron que aguantar por parte de los parlamentarios chavistas.

«Cuando en un Parlamento como este existe tal falta de libertad, cómo no lo estará pasando el pueblo venezolano cuando no hay testigos delante, esa es la conclusión que nos llevamos», dijo.

«Ha habido aspectos tan esperpénticos como tener que escuchar a diputados chavistas en un intento fallido de insultarnos al grito de: ‘¡Viva Cataluña libre!’. Quien defiende algo así y cree que con eso se está defendiendo la democracia no tiene ni la más remota idea de lo que significa esa palabra», agregó.

El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, fue escenario hoy de una reunión denominada «Encuentro parlamentario mundial por la democracia en Venezuela» en el que participaron también diputados de Costa Rica, Argentina, Italia, Nicaragua y Suiza.

La intervención por sorpresa de los senadores españoles Maroto y Echániz acabó en una trifulca con insultos entre los congresistas opositores y oficialistas.

Maroto tomó la palabra por invitación de la diputada opositora Delsa Solórzano del partido Encuentro Ciudadano, cuando comenzó a recibir insultos y gritos desde la bancada chavista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Los insultos fueron respondidos por los opositores con salvas de aplausos y vivas a la «libertad».

 

El Presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Diputado Tomás Guanipa expresó que la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el proyecto de Ley de Transmisiones Simultáneas, Medios Públicos y Publicidad Oficial, se convertirán en instrumentos para liberar el ejercicio del periodismo y fortalecer la libertad de información y expresión en la ciudadanía.

Tomás Guanipa precisó que «estos instrumentos legales  van a servir para liberar el ejercicio del periodismo y más importante aún, para que el ciudadano común pueda tener la libertad de expresión necesaria para poder informarse  y poder decidir lo que quiere escuchar, lo que quiere ver  y hacerse su propia idea de lo que ocurre en el país».

El parlamentario explicó que durante la reunión de este jueves fue recibido el informe de la secretaria sobre las actuaciones de la consulta pública a la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y al proyecto de Ley de Transmisiones Simultáneas, Medios Públicos y Publicidad Oficial, realizada según los lineamientos establecidos en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia para regular la materia, proceso que se realizó en todas las regiones del país.

«Con esto estamos culminando el proceso de consultas públicas tal cual como lo establecen las leyes  y la semana que viene el día martes se hará la discusión artículo por artículo en la sub comisión de medios y el día miércoles y jueves estaremos haciendo  en la Comisión en pleno para poder ir la semana del 11 de julio  a debatirla, discutirla y aprobarla en su segunda discusión en la Plenaria», detalló el parlamentario.

A juicio del también Secretario General Nacional de Primero Justicia la próxima aprobación de estos instrumentos «es muy importante, porque nosotros  teníamos la expectativa de entregar esta ley como un reconocimiento  a los periodistas de los medios  de comunicación que tanto le está costando cumplir con su función en un momento en el cual el gobierno insiste en  atacar la libertad de expresión».

El Diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital informó además que durante la jornada de este miércoles, fue presentada al seno de la comisión una nueva denuncia sobre el cierre de tres nuevas emisoras de radio, dos en el estado Yaracuy y una en Barinas.

 

AN cuenta con un apoyo del 65% de la población

 

Al ser consultado sobre la propuesta del ex- gobernador de Aragua Didalco Bolívar de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la abolición de la Asamblea Nacional, el líder de la alternativa Democrática en Caracas indicó que sería un nuevo error de la cúpula madurista que intenta mantenerse en el poder.

Tomás Guanipa precisó «el Poder Público nacional de mayor legitimidad en este momento es la Asamblea Nacional que acaba de ser elegida por los venezolanos. Nicolás (Maduro) apenas llegas al 15% de aceptación entre los venezolanos, 65% de los venezolanos apoya el trabajo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional».

Recordó que la representación de la Mesa de la Unidad Democrática acumuló más votos que los que sumó Nicolás Maduro, al momento de ser electo presidente de la República por una mínima diferencia.

El parlamentario advirtió que es momento de dejar de poner obstáculos a la participación de los ciudadanos, «no jueguen con la paciencia de los venezolanos, durante la semana de la validación bajo la conflictividad por el tema de la alimentación porque la gente ve vivo el revocatorio y lo observa como el camino para salir de los problemas de Venezuela de forma pacífica y electoral».

 

*Con información de La Patilla

 

Una cámara oculta grabó las detenciones de la policía a Damas de Blanco y opositores el pasado domingo 16 de agosto en La Habana – Cuba, así lo publicó el portal yusnaby.com

La cámara muestra a las Damas de Blanco y activistas caminando por calle 26 hacia la tercera avenida, después de finalizar su habitual acto en el Parque Gandhi por la democracia, derechos humanos y la libertad de los presos políticos, luego aparecen policías arremetiendo y arrestando a manifestantes pacíficos.

El video muestra como los policías conducen a los detenidos con el brazo ejerciendo presión alrededor del cuello y como los montan en automóviles y camionetas.

 

 

La prohibición de salir de Venezuela a 22 directivos de medios de comunicación, entre ellos los directores de El Nacional, Tal Cual y La Patilla,forma parte del rosario de agresiones contra la libertad de expresión y las intimidaciones contra los periodistas que el régimen de Nicolás Maduro ha adoptado como una de sus principales estrategias.

Las constantes amenazas del presidente y sus colaboradores contra periodistas y medios que se atreven a criticar la deriva de un régimen que está sumiendo a Venezuela en la miseria hacen poco creíble que la decisión adoptada por un juzgado de Caracas sea fruto de la reflexión independiente de un poder Ejecutivo que ha invadido todas las esferas de la vida pública venezolana y que lo mismo decide el encarcelamiento injustificado e indefinido de opositores o el racionamiento de alimentos.

La decisión atenta contra los dictámenes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que establece que no comete delito quien reproduce información de terceros. Los medios acosados reprodujeron información del diario Abc que vinculaba a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, con el tráfico de drogas. Por si fuera poco, los 22 acusados ni siquiera han sido citados ante el juez, prescindiendo de cualquier atisbo de derecho a la defensa.

Maduro sabe de sobra que matando al mensajero no se elimina al mensaje. Venezuela vive una situación desastrosa. Acosar a los periodistas no es la solución.

 

 

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP),Tinedo Guía, alertó este martes sobre la grave crisis que vive la libertad de expresión en Venezuela, que se manifiesta con el cierre de medios impresos por falta de materiales como el papel, la demanda a 22 directivos de los medios de comunicación y la no renovación de concesiones a medios radioeléctricos, colocándolos al margen de la ilegalidad con situaciones que estarían propiciando la autocensura.

Guía manifestó que se ha agudizado la «hegemonía comunicacional por parte del Gobierno» y exhortó a las autoridades a respetar la Constitución Nacional, ya que en el mes de marzo de este mismo año fueron registradas 37 violaciones a la libertad de expresión.

Hizo un llamado a todos los comunicadores agremiados o no agremiados a que denuncien cualquier irregularidad ante el CNP y organismos competentes.

Agresiones

Geisha Torres, periodista que laboraba en el área deportiva del canal de televisión Tves, denunció ser víctima de innumerables agresiones a través de las redes sociales por su postura política, lo que ha conllevando,  a  su juicio, un despido injustificado por parte del medio donde laboraba.

«El argumento que me dieron es que no tenían presupuesto, pero que casualidad que me estoy estrenando en TVES», indicó Torres.

 

WASHINGTON (AP) — Ecuador, Honduras, México, Perú y Venezuela obtuvieron la peor calificación en una década debido a la violencia e intimidación que gobiernos y entes criminales ejercieron sobre sus periodistas, denunció el miércoles Freedom House.

Al difundir su informe anual sobre 199 países, la organización defensora de la libertad de prensa con sede en Washington mantuvo entre las 65 naciones del orbe sin prensa libre a esos países latinoamericanos y conservó a Cuba entre los 10 países más represivos del mundo pese al reciente acercamiento de la isla a Estados Unidos.

Uruguay y Costa Rica continuaron siendo las dos únicas naciones latinoamericanas entre los 63 países con prensa libre, según el estudio.

Los 71 países con restricciones parciales a la libertad de prensa incluyeron a Chile, El Salvador, República Dominicana, Brasil, Bolivia, Perú, Panamá, Argentina, Nicaragua, Colombia, Paraguay y Guatemala.

Aunque permaneció entre los países con prensa libre, Estados Unidos desmejoró su calificación debido a los maltratos sufridos por periodistas que cubrían las protestas en Ferguson, Misuri, y porque el gobierno del presidente Barack Obama ha empleado ocho veces una ley de 1917 para formular cargos por presuntas filtraciones de información confidencial, más que todos los gobiernos previos juntos.

La organización señaló que la aplicación de una ley de comunicaciones de 2013 deterioró aún más un entorno comunicacional marcado por la autocensura y la intimidación en Ecuador, donde varios medios prominentes redujeron la frecuencia de sus producciones, modificaron sus líneas editoriales o cesaron operaciones por completo.

La calificación de Honduras desmejoró debido a la formulación de cargos penales por sedición contra un reportero político, a la aprobación de una nueva ley sobre información confidencial y al debilitamiento del periodismo crítico ante la censura oficial y un apoyo casi incondicional de los dueños de medios al gobierno.

Freedom House dijo que además de que los periodistas sufren actos de violencia de parte de gobiernos locales y pandillas, México desmejoró su calificación debido a una nueva ley que permite al gobierno rastrear a usuarios de telefonía celular y monitorear o suspender telecomunicaciones durante protestas.

Perú también sufrió una desmejora en la evaluación debido a un incremento en las amenazas de muerte y violencia sufrida por los periodistas, una impunidad continua sobre crímenes anteriores y la ausencia de voluntad política para abordar el problema.

En cuanto a Venezuela, el ente documentó un aumento en las agresiones contra periodistas locales y extranjeros, falta de transparencia sobre los propietarios de medios importantes y las dificultades para obtener papel periódico, exacerbadas por las políticas económicas aplicadas por el gobierno de ese país sudamericano.

La organización dijo que la libertad de expresión en el ámbito global cayó el año pasado a su nivel más bajo en una década.

«En una era en la que el acceso a la información luce ilimitado y con nuevos métodos para transmitir información, más y más regiones del planeta se están convirtiendo virtualmente inaccesibles para los periodistas», señaló el documento.

Freedom House asigna a cada país una puntuación entre 100 (mayores restricciones a la prensa) y 0 (libertad absoluta de prensa), durante una evaluación al entorno legal en que operan los medios de comunicación, la influencia política sobre el acceso a la información y las presiones económicas sobre el contenido y la difusión de noticias.

 

Freedom House: Informe libertad de prensa 2015

 

Uno ve a la fiscal general de la república ufanándose porque –en lo que va de año– su despacho ha detenido a 52 funcionarios sospechosos de vulnerar los derechos humanos; uno la ve, digo, tan oronda, tan satisfecha, y uno no entiende, uno se pregunta: ¿De qué diablos se enorgullece? ¿Por qué celebra esa atrocidad?

Resulta que Luisa Ortega Díaz se presentó esta semana en la Asamblea Nacional y, por primera vez desde 2009, ofreció cifras e información clara sobre el proceso a oficiales investigados y detenidos por violaciones de las garantías constitucionales. Durante todos estos años, incluido el conflictivo 2014, con la controvertida y cuestionada actuación de los cuerpos de seguridad, a Ortega Díaz no se le había ocurrido ser medianamente transparente y mostrar datos detallados sobre estos casos a toda la ciudadanía. Tal vez no le pareció necesario. O pertinente. Claro que ahora todo es distinto. Ahora sí hay que rendir cuentas porque estamos enfrentados aguerridamente al imperio.

Por supuesto que la fiscal general de la república se explayó diciendo que Estados Unidos no tenía ningún derecho de decretar nada. Y además señaló que solo estaban buscando nuestro petróleo. Y también dijo que los gringos no tienen ninguna moral para venir a hablarnos de derechos humanos. Y se puso en modo retroactivo y habló de El Amparo, de Yumare, de Cantaura… Como si, en el país, la historia de la represión hubiera terminado de forma instantánea en 1999.

En ese mismo acto, sin embargo, reconoció que, en estos 3 meses, han sido imputados 120 agentes policiales y efectivos militares por violación de los derechos humanos. Aunque no abundó con más informaciones, la estadística ya de por sí es aterradora. Contrariamente a lo que tal vez pretende, más que destacar el trabajo de la Fiscalía, delata el espanto de las fuerzas de seguridad del Estado. Luis Carlos Díaz, en un acertado tuit, se preguntaba si la cifra podía referirse como “casos aislados” o más bien como una “cultura del trabajo”. El reporte que presentó la fiscal fue también un informe corporativo, una muestra de cuál es la concepción que guía el ejercicio represivo del gobierno.

También esta semana, según una nota aparecida en el periódico El Universal, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB presentó los resultados de un estudio que resulta muy revelador. Según la investigación, basada en los expedientes de los tribunales, “el Ministerio Público no fue capaz de presentar elementos de convicción para acusar y pasar a juicio a 80% de los detenidos durante las protestas antigubernamentales de 2014”. Con este porcentaje, debería enjuiciarse toda la retórica oficialista, la millonaria y feroz estrategia mediática, dedicada a satanizar las protestas del año pasado.

Parte de esa campaña, implementada y desarrollada desde los medios públicos, se ha dedicado a descalificar a varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Tanto en el canal 8 como en el Correo del Orinoco se ha acusado a estos grupos de ser instrumentos de la derecha conspiradora, financiados por la CIA. No muestran una sola evidencia fáctica. Una prueba. Para condenar al otro, solo es necesaria la opinión del poder.

En septiembre del año pasado, Ortega Díaz aseguró que en Venezuela no había detenidos por causas políticas. Dijo que quienes se encontraban tras las rejas habían cometido crímenes “cuyas características son eminentemente de delitos comunes”. Esa versión de la realidad ya es insostenible. Cada día será más difícil tapar el descontento, la rabia, la desazón.

La Cumbre de Panamá es como una Disneylandia para la revolución. Se pusieron todos sus orejitas antimperialistas, gozaron un puyero en la noria de las firmas. Se tomaron fotos con el puño alzado. El Pato Donald visita Sierra Maestra. Pero todo termina, no hay remedio. Y deben regresar a la realidad. A las estadísticas. A un país donde cada vez más se violan los derechos humanos, donde protestar puede ser es un delito común.

@Barreratyszka

El Nacional

 

El cardenal Jorge Urosa Savino declaró que los venezolanos necesitamos que existan periódicos independientes, como El Carabobeño, para garantizar la libertad de expresión, de lo contrario se vivirá en tinieblas.

Urosa, arzobispo de Caracas, comparte la preocupación que existe en el estado Carabobo por “la difícil situación que tiene El Carabobeño, que ha sido siempre una fuente de información objetiva y veraz, desde su fundación en 1933. Ha sido una tribuna abierta para todas las corrientes del pensamiento”.

Para que se respete el derecho a la información, los venezolanos necesitamos diarios como El Carabobeño, porque no puede haber libertad de expresión auténtica sin prensa independiente, insistió. “Un país sin medios independientes vive en las tinieblas”.

El cardenal, quien fue arzobispo de Valencia durante quince años (1990-2005), observó que existe en el país la intención de controlarlo todo y con esa intención fue creada la corporación Maneiro, que tiene el monopolio de la importación de papel para los periódicos. “Es un monopolio inconstitucional. Ojalá que se entienda la necesidad de suministrarle a El Carabobeño la cantidad necesaria de papel para garantizar su circulación”, sentenció Urosa, gran amigo de esta casa editorial.

 

Golpe al patrimonio

No entregar papel periódico al diario El Carabobeño es atentar contra el patrimonio de la región, afirmó el exsecretario general del Colegio Nacional de Periodistas seccional Carabobo, Ángel Perozo

Como patrimonio, El Carabobeño merece que los ciudadanos le exijan al Complejo Editorial Maneiro las bobinas para garantizar la circulación diaria, para mantener informada a la población y preservar los puestos de los trabajadores.

Perozo pidió a la población manifestarse en nombre de la libertad de expresión, establecida en la Constitución nacional. “En este momento todos somos El Carabobeño. Sino defienden a su patrimonio pueden perder sus raíces”.

 

Pilieri expondrá el caso en la AN

El diputado Biaggio Pilieri adelantó que la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN), de la que es miembro, conocerá en la reunión de este miércoles la crisis que atraviesa el diario El Carabobeño al no recibir papel periódico por parte de la Corporación Maneiro. Por su condición de periodista, el parlamentario siempre ha estado atento de la situación que enfrentan varios medios de comunicación impreso por la imposibilidad de adquirir el papel. Refirió que planteará el problema en la AN con la intención de que se solucione de manera real, pues la idea es que no sea en forma coyuntural porque también está en juego la libertad de expresión. El Pacto de San José, del cual Venezuela es signatario, expresa en uno de sus artículos que cuando los gobiernos no facilitan el papel a los periódicos, esto evidencia una clara violación a la libertad de expresión, que es uno de los Derechos Humanos fundamentales.Pilieri también se solidarizó con El Carabobeño.