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El Megafono

Solicitan a Bachelet meterle el ojo al grupo FAES
La peticion la hace la Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui

La Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ), creada en el año 1993 y con una amplia trayectoria y experiencia en defensa de los derechos humanos en Venezuela, solicitó a la alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien hará una visita oficial a Venezuela entre el 19 y 21 de junio, meterle la “lupa” a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), grupo creado por el gobierno nacional y dedicado a ejecutar personas provenientes de los barrios pobres de nuestro país.

Alcides Magallanes, director Institucional de ONG, una de las más antiguas de Venezuela, señaló que en lo que va de año en el estado Anzoátegui, a través del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias ha contabilizado 172 casos de personas fallecidas en presuntos enfrentamientos, en su mayoría desmentidos por familiares y testigos, donde el procedimiento lo ha realizado las FAES.

“Esto demuestra que estamos en presencia de un presunto grupo  exterminio, cuyo objetivo es ejecutar a supuestos delincuentes que viven en los barrios pobres de nuestro país. En su mayoría jóvenes, con edades comprendidas entre 17 y 35 años de edad, de piel morena, rasgos indígenas y de sexo masculino”, aseguró.

Magallanes sugirió a Bachelet solicitar al gobierno de Nicolás Maduro, información sobre las políticas de seguridad implementadas, la creación de Las Fuerzas de Acciones Especiales y las razones del número de personas que ha fallecido en supuestos enfrentamientos, donde ha intervenido con este grupo policial.

El defensor de los derechos humanos comentó que sería un “saludo a la bandera” la visita de la Alta Comisionada de la ONU, si solo se limita a investigar los casos de los llamados presos políticos sin detenerse a escuchar a quienes desde hace mucho tiempo hemos venido denunciando casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales contra sectores pobres de nuestro país.

Finalmente comentó el director institucional de FDDHHANZ, que durante el periodo enero – octubre del año 2018, mediante el observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias contabilizó 184 casos y en lo que va de año (entre enero y junio) se han registrado 172 casos, lo cual aseveró resulta alarmante.

Fundacion de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui 

Acceso a la Justicia: Venezolanos están a merced del hampa y de los policías
Casi un tercio de los asesinatos en 2019 fueron a manos de uniformados 

Mientras los ojos del mundo están puestos sobre los Estados Unidos, donde el asesinato del afroamericano Gaeorge Floyd a manos de agentes de la Policía de Minnesota, ha reabierto el debate sobre la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos, en Venezuela sus habitantes no solo ven cómo los criminales amenazan sus propiedades y sus vidas, sino también aquellos que precisamente están allí para protegerlos.

Esta es la conclusión a la que llegó Acceso a la Justicia en su informe El servicio de policía venezolano: Entre la realidad y la percepción (2000-2019), en el que se denuncia que de los más de 16.000 venezolanos que fueron asesinados el año pasado, casi un tercio perdió la vida a manos de los uniformados.

En Venezuela impera la violencia

En el documento se lee que: “En el año 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo, con un saldo de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina”.

Además, se explica que el número de asesinatos se discrimina de la siguiente manera:

“6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, con una tasa de 24 víctimas por cada cien mil habitantes; 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial, pero que en esencia son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 19 víctimas por cada cien mil habitantes; y 4.632 muertes de intencionalidad indeterminada, registrados oficialmente como averiguaciones de muerte, pero que en la práctica son también homicidios o permanecen sin aclarar su situación al final del año considerado, y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada cien mil habitantes”.

Para esta investigación se utilizaron, entre otros, datos elaborados por organizaciones civiles como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Esto, en virtud de la falta de información por parte del Ministerio del Interior, Justicia y Paz; del Ministerio Público y de los propios organismos de seguridad evaluados.

De mal en peor

Las llamadas ejecuciones extrajudiciales no son algo nuevo en Venezuela. Desde hace décadas miembros de los cuerpos policiales se han visto involucrados en este tipo de crímenes, siendo casos como El Caracazo uno de los más emblemáticos. Sin embargo, con el paso de los años la situación no ha hecho más que agravarse y así lo deja en claro el informe.

“Entre 2010 y 2017 se contabilizaron 18.401 personas muertas en manos de los cuerpos policiales. En el año 2010 la tasa de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado era de 2,3 por cada cien mil habitantes, en 2016 llegó a 19, esto es un incremento alarmante de un 726%. El 60% de estas muertes han ocurrido entre 2016 y 2017”.

El documento agrega:

“Se aprecia claramente la tendencia creciente en las muertes por resistencia a la autoridad,  que se incrementan en promedio en algo más de tres puntos por año. Este aumento sostenido contrasta con la disminución en los homicidios para terminar casi coincidiendo en el año 2019 (18 muertes por averiguación por cada 100.000 personas contra 24 homicidios por cada 100.000 habitantes)”.

Asimismo, se advierte que prácticamente ningún cuerpo de seguridad está libre de cometer este crimen contra los derechos humanos.

 “En el periodo 2015-2018 el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), que ocupó siempre el primer lugar con casi la mitad de las muertes por resistencia a la autoridad, fue desplazado por la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en el año 2019 como responsable del 36% de los casos de resistencia a la autoridad. Otro cuerpo que muestra una tendencia creciente en ese periodo es la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) que aumentó hasta un 8% en el 2019”.

Las policías estadales y municipales, por su parte, quedaron en el cuarto y quinto lugar en este terrorífico ranking.

El problema de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela ha cobrado tal gravedad, que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas se han referido a él en numerosas ocasiones.

Este estudio es la continuación de otro presentado por Acceso a la Justicia recientemente, bajo el título de Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018) y en el cual se advertía que en el país hay más policías de los necesarios, pero no están bien entrenados ni equipados para cumplir eficientemente su función; y que las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), entre las cuales figuraba la profesionalización de los cuerpos de seguridad y su desmilitarización, no se habían implementado, lo cual explicaba por qué los índices delictivos no habían disminuido dramáticamente y por qué la ciudadanía no se sentía más segura.

Colapso de techo del pasillo mostró las profundas fracturas que socavan a la UCV
La directora de Copred informó que el lunes 22 comenzarán unas mesas técnicas en las cuales ingenieros, arquitectos y especialistas en patrimonio presentarán propuestas para evaluar cuál será la mejor opción para restaurar el tramo del techo de la UCV que se fracturó

 

A las 12:30 del mediodía de lo que hubiese sido un miércoles regular de clase, el techo de un tramo de los pasillos cubiertos de la UCV cedió y se derrumbó contra el piso debido a las fracturas que poco a poco habían socavado la estructura de concreto armado, un tramo que forma parte del paisajismo de casi un kilómetro y medio de caminerías diseñadas con techos en forma de bovedillas acanaladas.

La imagen del pasillo obstruido por los escombros del techo quebrado por la mitad no necesitó de más simbología: el quiebre de la planta física se corresponde con una larga lista de fracturas estructurales que se han ido acumulando desde hace más de diez años debido a la precariedad en el mantenimiento de la Ciudad Universitaria de Caracas, que hace 20 años hinchaba de orgullo a los ucevistas y a los venezolanos al ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

El primer punto en el causal de explicaciones apuntan a un presupuesto deficitario y reconducido que hace imposible la planificación a mediano y largo plazo: desde 2008 los sucesivos ministros de Educación Universitaria y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), fueron disminuyendo la partida requerida para la infraestructura hasta hacerla casi inexistente. En 2019, a la oficina del Consejo de Preservación y Desarrollo (Copred) el ente que tiene la competencia del mantenimiento y protección patrimonial de la Ciudad Universitaria, le asignaron 80.000 bolívares para su funcionamiento, en un país en el cual una resma de papel supera el millón de bolívares.

La arquitecta Aglais Palau, directora de Copred, explicó que aún no se han determinado las causas que ocasionaron el quiebre de la estructura, pero el diagnóstico realizado por los ingenieros patólogos estructurales indican que hay filtraciones, drenajes, tuberías tapadas y fallas en la capa asfáltica que recubre el techo pretensado por lo que presumen que pudo colapsar luego de las fuertes lluvias ocurridas en los días previos y que generaron el «efecto piscina» que acumula agua y socava con grietas la estructura de la viga.

Más información en TalCual.

unesco

Al menos 1.410 reclusos han sido liberados desde el inicio de la cuarentena
La mayoría de los beneficios otorgados se confirmaron en los estados Carabobo, Miranda, Guárico, Falcón y Portuguesa

La llegada del Coronavirus a Venezuela no solo encendió las alarmas de las autoridades sino también de los más de seis mil privados de libertad en el país y sus familiares, debido al hacinamiento y a la falta de alimentos que hay en las cárceles y en los centros de detención preventiva, lo que convierte a la población penitenciaria en una de las más vulnerables ante esta enfermedad.

Desde el inicio de la cuarentena se han tomado medidas para resguardar a la población carcelaria: suspensión de las visitas, desinfección de los calabozos, en algunos centros del país han realizado pruebas de despistaje, pero aún así siguen sin estar seguros y con la atención médica y de alimentación necesaria.

A inicio de abril la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, otorgó 1.373 libertades a presos mediante la figura del Régimen de Confianza Tutelado (RCT), contemplado en los artículos 161 y 164 del Código Orgánico Penitenciario.

El RCT establece que a los privados ya condenados, que cumplen con el tiempo para optar a algunas de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena y no les haya sido otorgada por los tribunales, el Ministerio de Servicio Penitenciario autorizará su libertad.

Otras 36 libertades han sido dadas a través de tribunales, para un total de 1.410 beneficios otorgados en los últimos 3 meses, según información recabada por los investigadores de Una Ventana A La Libertad (UVL), organización dirigida por Carlos Nieto Palma.

La mayoría de los casos de libertades otorgadas se confirmaron en los estados Carabobo, Miranda, Guárico, Falcón y Portuguesa, de acuerdo con el subregistro que han confirmado los investigadores de UVL. Mientras que en otros estados del país, siguen exigiendo que se reanuden las actividades en los tribunales o que Valera, también tome en cuenta sus casos, denuncias que han sido presentadas desde Nueva Esparta, Anzoátegui, Bolívar, entre otros.

Los familiares han manifestado su rechazo, pues argumentan que la ministra de Servicio Penitenciario ha revisado expedientes de la población reclusa que estaban archivados, solo por la llegada del Covid-19. Otra situación que no es nueva ya que desde hace muchos años se ha puntualizado el retardo procesal que existe en los casos de los privados de libertad.

Cronología de libertades otorgadas confirmadas por UVL

2 de abril: 32 libertades otorgadas a través de Tribunal a privados de libertad de las sedes del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Cristóbal, La Fría, La Grita, Rubio y Ureña.

3 de abril: 161 medidas de libertad de presos recluidos en la cárcel de Yare, en Valles del Tuy, estado Miranda.

4 de abril: 122 boletas de excarcelación a recluidos en el Internado Judicial Rodeo II y Rodeo III en Guatire.

7 de abril: 4 reclusos de la Policía del Municipio El Hatillo (Polihatillo),recibieron boleta de libertad por orden del Tribunal.

22 y 23 de abril: 22 reclusos-18 hombres y 4 mujeres-del Centro de Formación Hombre Nuevo “El Libertador”, y el anexo femenino ubicado en la parroquia Tocuyito, estado Carabobo. La medida fue dada en un plan Cayapa.

23 de abril: 382 privados de libertad del Complejo Penitenciario Carabobo, ubicado en la parroquia Tocuyito, recibieron un régimen de confianza.

16 de mayo: 179 libertades bajo régimen de confianza otorgada a reclusos del Centro Penitenciario de Los Llanos, Cepello, ubicado en el estado Portuguesa.

17 de mayo: 18 libertades tuteladas a 15 hombres y 3 mujeres de la Comandancia General del Cuerpo de Policía del estado Portuguesa. La medida fue firmada en el Centro Agroproductivo 26 de Marzo.

23 de mayo: A 150 privados de libertad del Centro de Formación Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en la parroquia Tocuyito, estado Carabobo, les otorgaron el Régimen de Confianza Tutelado.

5 de junio: 160 internos de la Comunidad Penitenciaria de Coro, recibieron el Régimen de Confianza Tutelado.

6 de junio: 180 privados de libertad fueron excarcelados del Centro para Procesados 26 de Julio en el estado Guárico.

Día Mundial del Refugiado | Conflictos que provocaron el éxodo de más de 5 millones de venezolanos siguen vigentes
Aunque más de 70 mil personas han reingresado al territorio por el impacto de la pandemia en las naciones receptoras, de no mejorar la situación en Venezuela, la OIM estima que en 2020 la cifra de desplazados supere los 6,5 millones.
Transparencia Venezuela alerta que los conflictos que provocaron el éxodo de más de 5 millones de personas siguen vigentes. 

Según el informe presentado este jueves por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el marco del Día Mundial del Refugiado, Venezuela es el primer país de América Latina y el segundo del mundo en número de desplazados contabilizados por ese organismo. Con más de 5,1 millones de migrantes, el país está solo por debajo de los 6,6 millones de Siria y por encima de naciones como Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1 millones).

Sin embargo, expertos han afirmado que de no mejorar las condiciones que motivaron el éxodo (conflictividad político-social, colapso de servicios, vulneración del derecho a la salud y a la alimentación, entre otros), esa cifra, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), podría incrementarse a más de 6,5 millones en 2020.

La emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 ha planteado nuevos retos a los países receptores y a los organismos multilaterales, cuyos esfuerzos se han visto superados por la tragedia humana que se esconde detrás de las cifras la diáspora. 

El tema, que fue analizado recientemente en el foro Migrantes y refugiados venezolanos en el marco del COVID-19. Soluciones duraderas, de Transparencia Venezuela, se complica aún más por el retorno voluntario de más de 70 mil migrantes a través de la frontera con Colombia como consecuencia del impacto de la pandemia en los países de acogida. La mayoría perdió su fuente de ingreso y se quedó sin acceso a salud, alimentación, educación y vivienda. Quienes decidieron retornar son golpeados de nuevo por la Crisis Humanitaria Compleja que los empujó a abandonar su terruño, ahora agudizada por la pandemia.

Hospitales con un déficit de casi 90% en insumos médicos y menos de 100 camas UCI para atender a los contagiados; manifestaciones diarias por falta de agua, cortes eléctricos y fallas en el suministro de gas doméstico, además de la escasez de combustible y la venta bajo un esquema dolarizado que mantiene prácticamente paralizado el transporte; junto a una hiperinflación expresada en el exorbitante costo de la  canasta alimentaria, que en abril se ubicó en US$250 frente a un salario básico de menos de $4, configuran el panorama desolador que los espera a su retorno.

Voces expertas

Durante el encuentro virtual de Transparencia Venezuela, la directora ejecutiva de la organización, Mercedes De Freitas, destacó que muchas de las situaciones que enfrentan los migrantes y refugiados en otros países, mayoritariamente en la región, dan cuenta de que la violación de los derechos de los venezolanos se ha extendido más allá de nuestras fronteras.

En ello coincidió Ligia Bolívar, investigadora del Área de Derechos de Migrantes y Refugiados del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien aseguró que más de 50% de los venezolanos salieron del país de forma forzosa por temor a afectaciones contra su vida, su libertad o su integridad.

Pese a que muchos tienen estudios superiores, la mayoría trabaja en el sector informal y vive del día a día. Con la pandemia muchos perdieron su fuente de ingreso y, al no poder pagar arriendo, fueron desalojados y quedaron prácticamente en situación de indigencia, durmiendo en plazas”. 

Bolívar ofreció un informe preliminar de una encuesta que el Centro de DDHH envió a más de 50 organizaciones de la región que trabajan directamente en el terreno con migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. En el sondeo se evaluaron temas como alimentación, salud, vivienda, albergues de tránsito, transferencias monetarias, personas en situación de calle y protección del estatus migratorio. De las respuestas ofrecidas por 16 países se desprende que los programas para atender a los migrantes y refugiados venezolanos son insuficientes. 

Al momento, la experta aseguró que la cifra de retornado representaba menos del 1% de los más de cinco millones que han emigrado. No obstante, aseguró que tras los números, el reingreso al país en las actuales condiciones supone un drama humano para quien lo padece. Destacó que en los espacios de alojamiento temporal habilitados por el gobierno de Nicolás Maduro, hasta el 18 de abril había cupo para 9.615 personas y para ese día había 6.539.

Es decir, que esos espacios están casi al tope. Asimismo, señaló que esos recintos carecen de las condiciones de higiene mínimas para cumplir la cuarentena y no brindan alimentos. “Ante las quejas, la respuesta ha sido la represión. Esto significa que se les presenta una situación de revictimización. Es decir, son personas que salieron de Venezuela huyendo de una situación de catástrofe y ahora regresan a una situación todavía más catastrófica y, encima, enfrentando un discurso de odio y exclusión”, expresó Bolívar.

*Continúa leyendo en: Transparencia Venezuela. 

Cofavic registró 357 ejecuciones extrajudiciales entre enero y marzo de 2020
La organización no gubernamental resaltó que 99% de las ejecuciones extrajudiciales registradas fueron contra hombres, mientras que 76% de los casos corresponde a menores de 25 años

El Comité de Familiares de las Víctimas de la Violencia (Cofavic) denunció que tan solo entre enero y marzo de 2020 se registraron 357 ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional, lo que evidencia un incremento de esta violación de los derechos humanos en el país.

La organización no gubernamental resaltó que, con estos casos, en el país se han registrado 11.328 ejecuciones extrajudiciales desde el año 2012. En particular, en los últimos dos años registraron 571 casos (33%) en los que aparecieron señalados como presuntos responsables de los hechos funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, al cual están adscritas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

En 353 casos (20%) el presunto responsable son funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Sobre las ejecuciones extrajudiciales registradas este año, Cofavic resaltó que el 99% son hombres mientras que 76% de los casos corresponde a menores de 25 años.

Esto corresponde con las denuncias hechas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha denunciado en varios informes sobre la caracterización de este delito en el país y que afectan generalmente a hombres, menores de 30 años y que pertenecen a zonas populares.

Cofavic también destacó que en 24% de las ejecuciones extrajudiciales los primeros tres meses del año participó la Policía Nacional Bolivariana, seguido por el Cicpc con 23%; policías estadales con 22%; Fuerzas Armadas y cuerpos de Policía Municipal con 12% cada uno.

Además, 71% de los casos se dieron en el marco de operativos especiales con participación masiva de funcionarios del Estado, 14% durante un operativo ordinario de vigilancia y un 8% en flagrancia.

En promedio, 66% de casos fueron llevados a cabo dentro de un operativo de organización especial, correspondiente a una logística gubernamental de participación en algunos casos mixta de fuerzas de seguridad del Estado.

55% de las ejecuciones extrajudiciales ocurrió a plena luz del día, lo que a juicio de Cofavic se hace «con el fin de demostrar la fuerza de control social en las zonas donde sucedieron los hechos».

Cofavic señaló que es de vital importancia prestar asistencia jurídica y psicológica a familiares de víctimas de estas violaciones de derechos humanos. Actualmente, la ONG dispone de una Línea de Atención Integral donde pueden recibir asistencia.

En el occidente de Venezuela el servicio eléctrico brilla por su ausencia
La ciudad de San Cristóbal tiene la peor valoración sobre la luz 

En base a los más recientes resultados de la encuesta sobre percepción ciudadana realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos durante los meses de abril y mayo de 2020, se pudo apreciar cómo las ciudades del occidente del país presentan mayores dificultades de cara a la calidad del servicio eléctrico. Entre las ciudades que encabezan dicha situación, se encuentran San Cristóbal y Barinas donde cerca del 90% de los consultados opinó de forma negativa sobre este servicio, seguidas por Maracaibo con el 80,5% y Barquisimeto con 72% de quienes refieren igual condición.

Caracas, Valencia, Punto Fijo, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barcelona, Porlamar y Barquisimeto, fueron las 10 ciudades donde el OVSP aplicó el estudio. Se determinó que, en ellas, el 57,6% de los consultados valoró negativamente el servicio eléctrico en lo que va del segundo trimestre del año.

Julio Cubas, presidente y vocero del OVSP indicó al respecto: “En mayor medida, la percepción desfavorable de los usuarios sobre el servicio está íntimamente vinculada a las irregularidades del fluido eléctrico que experimentan en sus hogares, donde el 60% de ellos lo describió como intermitente y con fluctuaciones”.

Este patrón es común en todas las localidades evaluadas; sin embargo, en casos como San Cristóbal, toma relevancia en la opinión del 35,6% consultado, el hecho de estar bajo un esquema de racionamiento eléctrico. Asimismo, el 29% de los barinenses también indicó que valoran negativamente el servicio debido a dichos esquemas.

Con respecto a la frecuencia de los cortes en el servicio de electricidad, un total de 40,3% de los encuestados en todas las ciudades evaluadas indicaron tener interrupciones eléctricas diarias, incluyendo allí un 23% que señaló presentarlas varias veces al día. Por su parte, en el occidente del país, las cifras, en comparación con las otras regiones, resultan más complejas: en San Cristóbal la proporción de habitantes expuestos a interrupciones eléctricas diarias asciende a92,4% (63% expresó que ocurren varias veces al día), solo seguida por Barinas con 87,3%, posicionándose a continuación Maracaibo y Barquisimeto con 69% y 59% respectivamente.

Otra modalidad para recopilar información sobre la situación de los servicios públicos que realiza el OVSP, es el monitoreo de medios de comunicación nacional, observándose que los portales noticiosos reportan, por ejemplo,[i]que durante el mes de mayo, en los municipios San Cristóbal y Cárdenas se registraron hasta 12 horas de interrupciones eléctricas diarias, lo que concuerda con los datos del último estudio realizado, donde la capital tachirense figuró como una de las urbes con mayor valoración negativa del servicio eléctrico. Asimismo, se encontraron reportes sobre la ciudad de Barinas, [ii]donde diversos sectores de la capital presentaron interrupciones en la energía eléctrica que se extendieron desde 24 hasta 48 horas durante la última semana de mayo.

Agenda OVSP

En vista al llamado de “distanciamiento social” y las medidas preventivas de obligatorio cumplimiento, en el país ante la presencia del COVID-19, el OVSP invita a una serie de foros virtuales que se estarán realizando durante el mes de junio para compartir más detalles sobre estos resultados. Para más detalles, visita la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización. Twitter e Instagram: @observatoriovsp.

Izaguirre:
El decano de Arquitectura dijo que la casa de estudios no puede ser parte de un programa político

Las restricciones financieras a las que están sometidas las universidades venezolanas afectan a la comunidad académica. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, ese criterio de discriminación en el que se halla sometida desde 2008 es un agravio para los ucevistas; pero también lo es para la humanidad en lo que a infraestructura se refiere.

En la información recabada por el Monitor del Observatorio de Universidades (#MonitorOBU), se reportaron en los seis meses anteriores al del decreto de estado de alarma 22 denuncias de daños a la infraestructura como consecuencia de la falta de mantenimiento tanto por insuficiencia presupuestaria como por acciones vandálicas. Las universidades con más denuncias registradas de este tipo son la UCV, la USB, la UDO y la UCLA.

Las declaraciones de Nicolás Maduro referidas a la reparación del techo del corredor 5 de los pasillos de la UCV, que  se desplomó el 17 de junio, parecían centradas en el sentido de la responsabilidad que tiene el Estado con su patrimonio. “Por la UCV ponemos de lado las diferencias (con la rectora Cecilia García Arocha) y trabajamos”, dijo Maduro; pero el anuncio del ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, de que la restauración de la Ciudad Universitaria se haría a través de la Misión Venezuela Bella, despertó las alarmas de los especialistas que piden un tratamiento del tema con criterios profesionales y no políticos.

UCV no puede formar parte de programas políticos

“Nos aterra que se incluya a la UCV en el programa Venezuela Bella. Esos son planes de maquillaje, limpieza, pintura, no de ingeniería y arquitectura de alta factura. El patrimonio de la UCV no puede ser parte de un programa político. Esperábamos algo como ‘venimos a dar recursos para recuperar a la universidad’, pero cuando sale en las redes sociales o en la televisión lo de Venezuela Bella nos preocupamos. No queremos que nos ocurra lo que pasó en El Silencio, donde hubo una recuperación de pintura que intervino sobre revestimientos originales que estaban en buen estado. Es un daño a obras patrimoniales, con un interés histórico y cultural como la Ciudad Universitaria”, dijo al Observatorio de Universidades el decano de Arquitectura de la UCV, Gustavo Izaguirre.

El Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Copred) emitió un informe técnico que explica las posibles causas del desplome del techo: crecimiento de vegetación en la losa, eflorescencia del concreto y deposiciones cálcicas en la parte inferior de la losa, fallas en el sistema de drenaje de las aguas de lluvia, movimiento sísmico y fallas en los tensores. En consecuencia, se produjo el colapso de una viga y dos losas del corredor 5 que tiene unos 300 metros de largo.

Preocupación en la UNESCO por el patrimonio de la UCV

Explicó el profesor Izaguirre que en la Unesco hay preocupación por la suerte del patrimonio de la UCV. “Están al tanto de todo porque cada dos años el Copred emite informes detallados de las condiciones en que se encuentra toda la obra. No tenemos recursos para acometer la reparación ni el mantenimiento predictivo. Se trata de 1440 metros de todos pasillos de corredor techado que tiene la Ciudad Universitaria. También de 89 edificios, 11 auditorios, 93 bibliotecas, una de las salas de teatro más bellas del país, que es el Aula Magna. Unas 130 000 personas se desplazan diariamente por la Ciudad Universitaria. Acá está el único hospital con 1200 camas en Venezuela, al que le sigue el Hospital Militar con 1000 camas”.

Los últimos trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo a una parte de los corredores de la UCV se hicieron hace casi 15 años. “Tenemos mucho tiempo tratando de lograr un financiamiento del gobierno para atacar la humedad y los sedimentos, para protegernos de las lluvias a través de las impermeabilizaciones. Entre 2005 y 2006 se hizo un reforzamiento con carbono pero solamente en cinco tramos de los corredores porque no alcanzó para más. Desde 2008 el gobierno comenzó a disminuir sustancialmente el aporte de recursos a la universidad venezolana, con el tiempo se agravó la situación».

Promesas no cumplidas

“En la antesala del despacho de la rectora hay un diploma que entregó en el año 2000 la Asamblea Nacional a la UCV. Allí se afirma que nunca le faltarán recursos a la universidad para mantener su patrimonio. Eso es tinta en un papel puesto en un despacho. La verdad es que no se asignan recursos extraordinarios para la conservación y mantenimiento de la ciudad universitaria. Hablamos de 107 obras que son valores de la humanidad”, aseguró.

El deterioro es patente en los edificios, en los corredores y en los pasillos. “El acueducto tiene más de 70 años igual que el sistema de cloacas, la tubería se rompe con frecuencia. Las universidades deben tener el presupuesto adecuado. La Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia también está en un estado terrible, no hay posibilidad de hacerle mantenimiento. Igual ocurre en la Simón Bolívar con sus jardines, en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, todas están sufriendo. Barrer, limpiar los salones, los vidrios, eso se hace. El mantenimiento preventivo implica cosas como la impermeabilización, hay que hacerla cada cinco o siete años”, explicó.