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El Megafono

Luces y sombras para nombrar a un nuevo CNE

Acceso a la Justicia considera un hecho histórico y un paso significativo la conformación de la Comisión Preliminar con la participación de diputados de la oposición y parlamentarios oficialistas, que integrará el Comité de Postulaciones Electorales. Este comité tiene el objetivo de designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).  Desde 2003, la Asamblea Nacional (AN) no ha nombrado de manera plural (gobierno y oposición) al directorio del ente comicial. Por el contrario, esta competencia la ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al usurpar las funciones del Poder Legislativo en 2003, 2005, 2014 y 2016, y el Parlamento solo la ha ejercido cuando no ha tenido oposición en su seno (2006 y 2009).

Hasta ahora, el Comité de Postulaciones Electorales cuenta con nueve de los once diputados requeridos por la ley: seis son de oposición y tres del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De los dos que faltan, uno será por los partidos minoritarios de oposición y el otro por el partido del gobierno. Aunque el régimen de Nicolás Maduro se ha amparado en la falsa e inconstitucional tesis del desacato del Parlamento para invalidar sus actos, en esta oportunidad, y tras la reincorporación del llamado Bloque de la Patria, participa en un proceso previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), normas que le otorgan facultades a la AN para nombrar a los rectores con garantías democráticas.

La Comisión Preliminar tiene como función evaluar a los candidatos postulados por la sociedad para integrar el Comité de Postulaciones Electorales, que es quien selecciona a los candidatos al cargo de rector del órgano electoral. Una vez que la Comisión Preliminar evalúa a los candidatos postulados por la sociedad para integrar el Comité de Postulaciones Electorales, presenta una lista de preseleccionados a la plenaria de la AN, que por el voto de sus 2/3 partes elige a diez miembros. En total, el Comité estará integrado por veintiún miembros.

Acceso a la Justicia enfatiza que la diferencia fundamental entre la Constitución y la LOPE es que la Carta Magna no establece que los diputados formen parte del Comité de Postulaciones Electorales, solo la sociedad civil. La Constitución tampoco dispone la creación de un órgano previo al Comité de Postulaciones Electorales, es decir, la Comisión Preliminar. Esto hace que el proceso de selección quede expuesto a un mayor riesgo de politización, lo cual es inconveniente debido a que, en medio de la crisis actual del país, se busca que el nuevo CNE esté conformado por personas independientes y con conocimiento técnico.

El proceso de designación

Corresponde al Comité de Postulaciones presentar a la plenaria de la AN una lista de candidatos para ser rectores del ente comicial.  Dentro de los seis días siguientes a su instalación el Comité de Postulaciones Electorales debe publicar la metodología para evaluar las credenciales de los candidatos a rectores. Cada facultad de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales del país puede postular por lo menos a tres aspirantes; el Poder Ciudadano puede enviar un mínimo de nueve aspirantes, y cada organización de la sociedad vigente y activa puede presentar hasta tres candidatos.

El siguiente paso del proceso es la evaluación de los candidatos a rectores del CNE, durante el cual se analiza que se cumplan los requisitos y se elabora una lista de elegibles de cada sector. La lista debe contener, al menos, veintisiete candidatos de la sociedad civil, nueve de las universidades nacionales y por lo menos nueve del Poder Ciudadano. Finalmente, de la lista presentada por el Comité de Postulaciones Electorales, la plenaria de la AN mediante los votos de sus 2/3 partes designará a los rectores principales y suplentes del CNE.

Ley al margen constitucional

Acceso a la Justicia ha registrado la forma cómo se ha construido en Venezuela el entramado electoral más complejo de la historia latinoamericana para exponer una apariencia de elecciones que justifiquen ante el mundo una fachada democrática. Muestra de los manejos para secuestrar los comicios es que, al comparar el procedimiento establecido en la LOPE para integrar el CNE a la luz del texto constitucional, se aprecia que la ley, sancionada en 2002 por un Parlamento dominado por el chavismo, está divorciada de lo preceptuado en el artículo 295 de la Carta Magna por diferentes razones:

1. El constituyente señala que el Comité de Postulaciones Electorales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, garantizando la despartidización en el proceso de elección. Sin embargo, se extendió la participación a los propios diputados de la AN, lo cual le resta imparcialidad, sobre todo al darle mayor peso a los diputados (once integrantes) frente a los representantes de la sociedad civil (diez).

2. El legislador invadió la reserva constitucional al contemplar otra instancia distinta al Comité de Postulaciones Electorales. De hecho, la LOPE crea la denominada Comisión Preliminar, que estará a cargo de los once diputados de la AN designados para integrar el Comité de Postulaciones, con lo cual se desvirtúa el sentido y alcance del artículo 295 de la Constitución, cuyo fin es crear un órgano para preseleccionar a los candidatos a rectores desvinculado de los intereses partidistas para brindar confianza, equidad e igualdad de oportunidades en los procesos comiciales. 

3. Resulta obvio que la Comisión Preliminar destierra la participación de la sociedad civil para la composición del CNE y al mismo tiempo privilegia a las preferencias políticas representadas por los diputados de la AN.

4. Merece especial atención el hecho de que la LOPE impulsa un ventajismo político y, por ende, un desequilibrio en la conformación del CNE, pues no impone que los diputados que integran la Comisión Preliminar, quienes componen el Comité de Postulaciones Electorales junto con los integrantes de la sociedad civil, se inhiban en la plenaria de la AN en la que se designará a los integrantes del CNE por las 2/3 partes de sus miembros (110 de 164 diputados) a partir de la lista de postulados elaborada por el Comité. 

5. Idéntica situación se plantea cuando la Comisión Preliminar de once diputados de la AN debe evaluar para luego presentar a la plenaria de la AN la lista de candidatos postulados por la sociedad civil como miembros para el Comité de Postulaciones Electorales.

Acceso a la Justicia advierte que la LOPE promueve condiciones de desigualdad y, sobre todo le otorga mayor peso al Parlamento que al ciudadano en la selección de los potenciales rectores del CNE, tal como lo establece el texto constitucional.  

 

El contexto descrito no garantiza la escogencia de un Poder Electoral respetuoso de los principios que irradia la Constitución.  Es importante aplicar modificaciones legales, especialmente, por un lado, para que el Comité esté conformado por representantes de distintos sectores de la sociedad y, por el otro, que la llamada Comisión Preliminar sea reemplazada por la AN encargándose esta instancia o una que designe para recibir las postulaciones, pero que sea de carácter técnico y que no conforme a su vez el Comité de Postulaciones Electorales.

Cofavic: 98% de las denuncias contra las Faes quedan sin investigarse
Acusan al cuerpo policial de allanamientos ilegales, tiros de gracia, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes

 

La fundadora de Cofavic, Liliana Ortega, aseguró que el 98% de las denuncias contra las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) por violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales quedan sin investigarse.

“Las denuncias de violaciones abundan: allanamientos ilegales en suburbios pobres, tiros de gracia, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes”, dijo Ortega en un reportaje hecho por la agencia AFP.

Uno de los casos citados por la AFP es el de Luis Ariza joven de 21 año, asesinado en 2018 y quien estuvo detenido en 2017 por participar en las protestas antigubernamentales que dejaron más de cien muertos en su mayoría a manos de efectivos de seguridad.

Según las Faes Luis caminaba con un revólver en la mano y tras rechazar la orden de detenerse disparó contra una comisión policial que lo abatió. Pero familiares aseguran que, fue sacado por la fuerza de la casa donde vivía con su esposa y sus dos hijos, a quienes la policía mantuvo encerrados allí. Escucharon disparos y cuando los dejaron salir encontraron el cuerpo.

La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet documentó los casos de seis jóvenes “ejecutados por las FAES en represalia” por manifestaciones a inicios de 2019.

Lea aquí el reportaje completo de AFP

30 presos heridos en intento de fuga de la Policía de Yaracuy
Algunos fueron llevados al Hospital Placido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe

 

Un total de 30 presos heridos fue el saldo registrado durante un intento de fuga de más de 500 privados de libertad de la Comandancia General de la Policía de San Felipe, estado Yaracuy. Las autoridades locales descubrieron el plan de escape, según reveló el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Para la fuga, los reclusos pretendían cruzar un boquete que habrían hecho. En la requisa tras develarse el plan se localizó más de 100 teléfonos celulares, 2 escopetas calibre 12 milímetros, un chopo, 33 armas blancas y psicotrópicos.

El lunes 4 de noviembre familiares de algunos presos de la Policía de Yaracuy relataron que acudieron como todos los días a las 8:00 am para entregar el desayuno y el almuerzo.

A las 9:00 am vieron a un contingente de la policía con equipo antimotines llegar al lugar, acto seguido se escucharon detonaciones y gritos de los presos, fue así como se enteraron de lo que ocurría.

Los familiares buscaron información de lo que ocurría, pero lo que recibieron de parte de los funcionarios fue agresiones y groserías antes de desalojarlos de las inmediaciones de la comandancia ubicada en la avenida Caracas entre calles 10 y 11 de San Felipe.

“Esto para mí fue eterno no sabíamos que pasaba, yo esperé saber noticias de mi muchacho pero nada”, comentó una de las madres, que pidió el anonimato por temor a represalias, al Observatorio Venezolano de Prisiones.

La situación dentro de las instalaciones de Policía de Yaracuy se extendió por más de siete horas.

Fue a las 4:00 p.m. cuando los funcionarios se acercaron a los familiares, que esperaban por conocer la suerte de sus seres queridos, y les dijeron que 30 presos estaban heridos, aparentemente con perdigones,

Las autoridades llevaron a los heridos al Hospital Placido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe.

Ninguno de los presentes pudo conocer la identidad de los heridos.

Los familiares denuncian ante el observatorio que cada vez que se hacen requisas a los presos se le vulneran sus derechos humanos.

Hacinamiento

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones destaca como el problema del hacinamiento es uno de los principales causantes de motines, irregularidades y enfermedades dentro de los calabozos.

Girón consideró que en la actualidad estos calabozos funcionan como cárceles paralelas ante la negativa del Ministerio de Servicio Penitenciario de impedir dar cupos hacia centros penitenciarios.

Recordó que en los estados Carabobo y Portuguesa ya se generaron masacres dentro de calabozos y uno de los motivos que los originaron fue el hacinamiento.

El Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que llevará los casos a distintas instancias de Derechos Humanos como tanto en la OEA como en la ONU.

Nueva víctima de falta de atención médica en comunidades indígenas es un cacique pemón
Fue trasladado a varios centros de salud en busca de una atención médica que no consiguió a pesar de los esfuerzos  de sus familiares

 

Este 23 de octubre falleció el capitán del pueblo pemón, Pasiano Elliman, a causa de una complicación de la diabetes, enfermedad que en vida no pudo controlar por la falta de atención médica especializada en la zona y los altos costos de atenderse fuera de su comunidad.

Pasiano Elliman pertenecía al sector Kuyuni, específicamente a la comunidad indígena de Araimötüpü del km 74, en  la parroquia San Isidro. Es uno más de la creciente cifra de indígenas que padecen de diabetes, principalmente por el cambio de alimentación impuesto por la adopción de costumbres criollas producto de la avasallante irrupción en sus espacios y estilos de vida ancestrales.

También como tantos otros, fue víctima del estado de abandono en que se encuentran los ambulatorios y servicios de salud en las comunidades indígenas,  haciendo imposible ponerse en control con un endocrino para tratar su enfermedad, ni tener acceso al tratamiento para mantener a raya la glicemia.

El capitán indígena, fue ruleteado por varios centros de salud en busca de una atención médica que no consiguió a pesar de los esfuerzos y diligencias de sus familiares.  Finalmente falleció en la madrugada del 23 de octubre en su casa.

Habitantes del sector Kuyuni lamentan esta nueva muerte que se suma a la lista de indígenas que mueren en el silencio de sus comunidades por el irrespeto de su derecho a la vida y la salud.

Plan de descongestionamiento de calabozos: 83 personas fueron liberadas y 90 trasladadas a cárceles
Hasta los momentos no han sido beneficiados reclusos  en centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana

 

El Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dio detalles el 1 de noviembre en rueda de prensa del Plan de Descongestionamiento en Calabozos Policiales que fue anunciado a mediados del mes de octubre de este 2019.

Saab explicó que entre miércoles y jueves se realizaron 123 audiencias para evaluar los casos de los privados de libertad que optaban por una medida de libertad o traslado desde los centros policiales en los  los que estaban detenidos para cárceles.

En las dos primeras semanas del plan que es impulsado por la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Servicio Penitenciario, 83 personas quedaron en libertad y 90 reclusos fueron trasladados a centros carcelarios.

“Se dictaron 118 privativas de libertad, de los cuales, en 65 casos se admitieron los hechos, 53 reclusos pasaron a juicio, se dictaron seis sobreseimientos provisionales, 52 medidas cautelares y 25 medidas humanitarias. En total quedaron en libertad por sobreseimientos, medidas cautelares y medidas humanitarias, 83 personas”, refirió. 

“Este es un logro para las estaciones de policía, para que sean lugares de tránsito y que las estaciones no se conviertan en lugares provisionales de reclusión”, manifestó el fiscal general designado por la ANC. 

Una Ventana a la Libertad confirmó con fuentes extraoficiales que el plan gubernamental para descongestionar los centros de detención preventiva fue instalado el 16 de octubre de este 2019 en la sede del Cicpc ubicada en El Rosal, Caracas. Desde esa policía funciona una especie de centro de operaciones para evaluar la situación de los internos que están detenidos en otras comisarías de la policía científica ubicadas en la capital de Venezuela. 

UVL también confirmó que, hasta los momentos, no han sido beneficiados reclusos detenidos en calabozos de la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, sí se tuvo conocimiento de una inspección que hizo el equipo multidisciplinario de las distintas instancias del Estado en la PNB de Boleíta, pero hasta la fecha, ningún detenido de ese CDP ha sido trasladado a una cárcel o ha recibido beneficios procesales. 

Codhez: Madres con hijos en desnutrición están predispuestas a trastornos depresivos
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia divulgó un artículo de investigación que expone la situación de las madres que asisten con sus hijos en desnutrición y bajo peso al servicio de nutrición del Hospital Universitario de Maracaibo.
 

El artículo titulado “Ansiedad y depresión en madres con hijos en desnutrición y bajo peso” que asisten al servicio de nutrición del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), devela cómo la inseguridad alimentaria genera consecuencias directas y negativas en el estado psicológico de las personas.

En el estudio se realizó una encuesta a 30 madres, en el período de mayo a agosto de 2019, en el marco de la documentación sobre la situación de derechos humanos en el Zulia, con especial atención en la inseguridad alimentaria.

“Entre los hallazgos de la investigación, se encontró que 56.7% de las madres encuestadas en el servicio de nutrición del HUM manifestaron síntomas de depresión moderada, como consecuencia de un estado de frustración y preocupación en torno a la seguridad alimentaria. Además de ello, 13.3% de las madres encuestadas manifestó síntomas severos de depresión, caracterizados por tristeza, llanto y afectación en su funcionamiento social, laboral o académico”, señaló Codhez en una nota de prensa.

En la investigación “se evidencia que la violación al derecho a la alimentación no solo tiene incidencia en el desarrollo físico de las personas, sino que produce consecuencias secundarias, en cuanto a síntomas a la predisposición a trastornos depresivos o de ansiedad”.

Desde Codhez se hizo una serie de recomendaciones al Estado venezolano ante los elevados índices de ansiedad y depresión encontrados en el estudio.

 

Acá las recomendaciones de Codhez, dadas a conocer en el estudio:

1.- La situación de inseguridad alimentaria está impactando en bienestar psicológico de las madres en Maracaibo, por ello el Estado, los centros asistenciales de salud y la comunidad internacional debe comprender que la violación al derecho a la alimentación no solo tiene incidencia en el desarrollo físico de las personas, sino que produce consecuencias secundarias, pero no por ello menores, en cuanto a síntomas de atención clínica, y predisposición a trastornos depresivos o de ansiedad.

2.- El Estado tiene el deber de publicar datos oficiales y de fomentar la documentación sobre las incidencias que tiene la situación de inseguridad alimentaria en la población maracaibera, para generar planes de acción que puedan crear una mejor situación.

3.- Ante los elevados índices de ansiedad y depresión encontrados en la muestra, instamos a los centros asistenciales en salud a crear programas de salud pública para propiciar el bienestar psicológico en madres con situación de inseguridad alimentaria.

4.- Referimos a los centros de asistencia en salud que en sus programas sobre de bienestar psicológico, contemplen el fortalecimiento de los intereses y deseos de las madres en situación de inseguridad alimentaria, abriendo la posibilidad a la pluralización de sus oportunidades, más allá del solo hecho de la responsabilización del cuidado de sus hijos a las cuales, de manera forzosa, se han tenido que sumergir.

5.- Debido a las creencias patriarcales que someten nuestra cultura, recomendamos que las instituciones de salud y las organizaciones públicas que atiendan a estas madres, capaciten en materia de género a sus profesionales para transmitir conocimientos sobre empoderamiento femenino.

6.- El Estado venezolano tiene la obligación de realizar todas las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, por ello debe aceptar la cooperación internacional como recurso disponible e inmediato con el fin de contener la desnutrición de la población y salvaguardar su bienestar.

7.- Instamos a las agencias de protección internacional, en especial aquellas que velan por el derecho a la alimentación y las de resguardo de los grupos vulnerables escogidos en esta investigación (mujeres y niños especialmente) para que se avoquen a examinar la situación de Venezuela y en especial la del estado Zulia e intercedan por la protección y garantía de este derecho frente al Estado venezolano.

8.- Instamos al Estado venezolano a tomar las medidas correctivas, de prevención, preservación de alimentos para las comunidades indígenas y las intersectoriales emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Nov 03, 2019 | Actualizado hace 2 semanas
Denuncian maltratos a presos extranjeros en La Planta
95% de los privados de libertad en la cárcel de El Paraíso son foráneos 

 

Al menos 200 presos extranjeros están recluidos en Centro de Formación de Hombres Nuevos Simón Bolívar, ubicado en El Paraíso Caracas, donde estaba el anexo femenino de la cárcel conocida como La Planta, la torre está dividida en varios pisos en el tercero y en el cuarto se encuentran los privados de libertad de diferentes nacionalidades.

Los familiares de los detenidos que allí se encuentran que, son un 95 % extranjeros, denunciaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)  que están siendo objetos de maltratos por parte del director del recinto carcelario y los custodios. 

Según lo que relataron a OVP, hace dos semanas se registró una requisa y en medio de esta revisión hubo maltratos verbales por parte de los funcionarios, lo que provocó que, algunos detenidos alzaran sus voces para mostrar su descontento, esto trajo como consecuencia que, un grupo de internos fuera separado del grupo dentro de este se encontraban hasta personas de la tercera y bajo la mirada del director del penal, los custodios que allí estaban golpearon a los presos en varias partes del cuerpo, con sus puños y hasta con cables quedando las marcas en sus cuerpos, como prueba de lo que allí sucedió.

Posterior a los maltratos algunos presos se comunicaron con sus familiares para contar lo sucedido y estos acudieron a la respectivas embajadas, se conoció que la Española y la Ecuatoriana se dirigieron hasta La Planta para velar por la integridad de los ciudadanos que están en ese recinto carcelario, de la misma forma los familiares hicieron conocer a las embajadas que, los extranjeros no cuentan con una buena alimentación, además les han suspendido la visita de sus familiares y apoyos, tampoco les quieren firmar las redenciones a quienes les corresponde, aseguran los informantes al OVP. 

A estos extranjeros también los mantienen como a los venezolanos, la mayoría dando vueltas de penal en penal y lejos de sus tribunales de origen, algunos fueron trasladados del Centro de Reclusión Winnie Mandela ubicado en el estado Zulia, para la Comunidad Penitenciaria Fénix y posteriormente pasados a La Planta, esta rotación constante de los presos de diversas nacionalidades también es muy costoso para los pocos familiares o apoyos que tengan en el país. 

Los presos extranjeros expresaron al OVP que, se sienten solos y con sus derechos totalmente vulnerados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios. 

No es la primera vez que los extranjeros recluidos en La Plantan denuncian sus condiciones pues anteriormente lo han hecho ante el OVP por la falta de comida y por los maltratos que no cesan en este recinto.

Estos hechos al igual que todas las denuncias que maneja OVP fueron  notificada a la Comisión Interamericana de DDHH, al Relator de Personas Detenidas en Las Américas de la CIDH, Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de la CIDH, al Sistema Universal al Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Degradantes e Inhumanos a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias.

Chavismo le quitó la inmunidad a 20 diputados solo en 2019
Después del arranque de la Operación Libertad, el Tribunal Supremo de Justicia  y la asamblea nacional constituyente han embestido contra el parlamento y sus diputados

 

Entre mayo y octubre de 2019 suman 20 los diputados a los que se les ha violado la inmunidad parlamentaria otorgada por la Constitución en el artículo 200. Entre los afectados se encuentra el presidente y el primer vicepresidente del Parlamento. 

El accionar del TSJ y la cuestionada Constituyente ha dejado 4 curules vacíos en el Parlamento y mutilado las comisiones permanentes de Contraloría, Finanzas y Desarrollo Integral, instancias claves para el rol contralor del Parlamento. Los presidentes y diputados integrantes de estas comisiones pasaron a la clandestinidad o están en el exilio. 

El TSJ acusó a los 20 diputados de cometer traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada.

 

Juan Guaidó- Presidente de la AN 

VP- Vargas

Sentencia sin publicar de la Sala Plena del TSJ | 01-04-2019

Henry Ramos Allup

AD- Dtto. Capital 

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Freddy Superlano

VP- Barinas

Sentencia 19 de la Sala Plena | 08-05-2019

Miguel Pizarro

PJ- Miranda 

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

José Guerra

PJ- Dtto. Capital

Sentencia 55 de la Sala Constitucional | 12-08-2019 

Edgar Zambrano (1er vicepresidente AN)

AD- Lara 

Sentencia 17 de la Sala Plena | 02-05-2019 

Mariela Magallanes

Causa R- Aragua

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Sergio Vergara

VP- Táchira

Sentencia 19 de la Sala Plena | 08-05-2019 

Franco Casella

VP- Miranda

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

Tomás Guanipa

PJ- Dtto. Capital

Sentencia 55 de la  Sala Constitucional | 12-08-2019

Luis Florido

Independiente – Lara 

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

José Simón Calzadilla

MPV- Aragua 

Sentencia 18 de la Sala Pleba | 07-05-2019

Juan Andrés Mejía

VP- Miranda 

Sentencia 19 de la  Sala Plena | 08-05-2019

Winston Flores

VP- Vargas

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

Juan Pablo García

Vente – Monagas

Sentencia 56 de la Sala Constitucional | 12-08-2019 

Richard Blanco

ABP- Dtto. Capital

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Américo de Grazia

Causa R- Bolívar

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Carlos Paparoni

PJ- Mérida 

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

Rafael Guzmán

PJ- Miranda 

Sentencia 33 de la Sala Plena | 28-05-2019 

Juan Pablo Guanipa

PJ- Zulia

Sentencia 58 de la Sala Plena| 25-10-2019