drogas

Venezuela rechazó el sábado el informe anual sobre el tráfico internacional de narcóticos que emitió Estados Unidos, e indicó que el estudio violenta el derecho internacional.

La Cancillería criticó con dureza el informe sobre tráfico de drogas del Departamento de Estado norteamericano que objetó la actuación de las autoridades venezolanas en esa materia. Los cuestionamientos se dan en medio de un contexto en que el presidente Nicolás Maduro ha mantenido en las últimas semanas un discurso cauto hacia su par estadounidense, Donald Trump.

«Es grave, cuestionable y absolutamente antidemocrático que los Estados Unidos de Norteamérica, en su pretendido rol de policía supranacional, desconozca y menoscabe los sistemas de prevención y control delictivo de los Estados», dijo la Cancillería en un comunicado en el que afirmó que las autoridades estadounidenses pretenden imponer al mundo su política de «doble rasero».

Al cuestionar las políticas antinarcóticos y de control del lavado de activos de Estados Unidos, el gobierno venezolano dijo que las acciones de Washington solo han servido para «expandir» una política «belicista e intervencionista» e incrementar la producción y tráfico de drogas.

Estados Unidos ha cuestionado por años las políticas que mantienen las autoridades venezolanas en el combate al narcotráfico.

En febrero el Departamento del Tesoro sancionó como narcotraficante al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, decisión que generó tensiones entre Washington y Caracas, que están sin embajador desde el 2010.

Al respecto el subsecretario de Estado para el narcotráfico internacional, William Brownfield, afirmó que esa decisión no fue una señal diplomática ni política, sino «un mensaje de que usaremos todas las herramientas disponibles para enfrentar a individuos involucrados con el narcotráfico».

El diputado Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar durante el gobierno de Hugo Chávez, conversó en el programa La Cola Feliz del Circuito Éxitos sobre su solicitud de ser excluido de la lista de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), por presunta implicación en narcotráfico y terrorismo.

Reiteró lo que ya dijo en el documento que envió al Departamento del Tesoro de EE UU: está dispuesto a declarar ante los tribunales estadounidenses, así como a ofrecer datos y documentos, siempre y cuando se le garantice su inmunidad, se levante la orden de detención en su contra y se le deje volver a Venezuela.

Por otro lado, Carvajal aseguró que no hay prueba alguna sobre su vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o agrupaciones delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y demás hechos criminales por los que se le acusa.

“No tengo nada que ocultar, que me investiguen (…) La computadora de Reyes no es una prueba. Toda la información que salió allí hasta la Corte Suprema de Colombia y España la desestimó por malos manejos que sucedieron allí (…) Todo lo que aparecen por ahí me lo achacan a mí (…) No hay pruebas, no tienen pruebas de lo que me acusan. Estoy bien claro de que no he andado en cosas malas”, sostuvo.

Escuche la entrevista a Carvajal en Circuito Éxitos

El espacio aéreo mexicano ha sido violado en los últimos diez años en su mayoría por aeronaves venezolanas, exactamente 34, utilizadas para el tráfico de drogas.

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México que Animal Político obtuvo, en los 10 últimos años 58 aeronaves han sido descubiertas violando el espacio aéreo. A las 34 naves venezolanas se suman seis aviones que eran de bandera colombiana, y una más proveniente de Panamá.

Los registros detectaron 16 aeronaves con bandera de Estados Unidos, aunque no salieron de ese país sino que, presumiblemente, también eran de una nación sudamericana toda vez que fueron descubiertas como en el resto de los casos ingresando por la frontera sur del país. El listado lo completa una aeronave más, de bandera mexicana.

Según el reporte de la Defensa Nacional mexicana, estas aeronaves son utilizadas principalmente para el transporte de drogas provenientes de Sudamérica, principalmente cocaína y metanfetaminas. Varias investigaciones han evidenciado que las rutas de tráfico de drogas operan desde Venezuela a México, reseña el medio mexicano.

Por citar un ejemplo, autoridades brasileñas reportaron en junio de 2015 que empresarios en ese país estaban vinculados en el financiamiento de transporte de cocaína obtenida en Colombia, que era movida hacia Venezuela para de ahí ser enviada vía aérea a México. De acuerdo con el reporte, militares venezolanos recibían hasta 400 mil dólares en sobornos por cada vuelo que se permitía que saliera de ese país.

En su mayoría, las aeronaves descubiertas son ligeras, capaces de aterrizar y despegar en pistas improvisadas o clandestinas, de tipo civil y según la Defensa Nacional no existe ninguna perteneciente a las fuerzas armadas de alguno de los países involucrados.

De los aviones interceptados cuando violaban el espacio aéreo mexicano, más de la mitad pertenecen al modelo CESSNA y son de dos tipos principalmente: los de la línea 200, que son turbo hélices con un máximo de seis plazas, y los de la línea 400 bimotores, con capacidad hasta para diez plazas. Además han sido asegurados seis aviones modelo King Air y Super King Air, que son aparatos de doble turbo hélice con capacidad para 13 pasajeros, como máximo.

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Las sanciones del Departamento del Tesoro inhabilitan a El Aissami para ejercer funciones de Jefe de Estado. Aunque en el papel podría llenar los requisitos para llegar a la Presidencia de la República, al entrar en la lista de negra de la OFAC el vicepresidente se encuentra en una cuarentena administrativa. Esto limita su posibilidad de suscribir acuerdos y convenios comerciales y financieros internacionales con Estados, personas, instituciones o empresas que tengan relación con EE UU, como China y Rusia, por ejemplo. Además es posible que en paralelo, en alguna fiscalía de norteamérica curse un proceso penal en su contra, y corra el riesgo de ser detenido si sale de Venezuela   

Ronna Rísquez

@ronnarísquez

Poco le duró a Tareck El Aissami la facultad para ejercer con poder y autoridad el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República. La sanción emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sacó de un plumazo de la línea de sucesión a la Presidencia de Venezuela.

Además de congelar sus bienes y colocarlo en la lista de capos del narcotráfico, la medida lo inhabilita para suscribir convenios y acuerdos comerciales y económicos con países, empresas, instituciones y personas estadounidenses o que tengan relación con EE UU. Técnicamente esto impide que El Aissami pueda cumplir las funciones de Presidente.

“Como resultado de la acción de hoy, las personas de los Estados Unidos tienen prohibido participar en transacciones o tratar de otro modo con estas personas y entidades (Tareck El Aissami y Samark López); así como también con cualquier persona y entidad que puedan tener sus activos bajo la jurisdicción de Estados Unidos”, dice el documento publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el lunes 13 de febrero, con relación a El Aissami y su socio López.

El artículo 236 de la Constitución establece entre las funciones del Presidente de la República: “Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos, internacionales”.

Al ser etiquetado como narcotraficante, El Aissami entró en una especie de cuarentena administrativa y difícilmente algún gobierno o empresa se arriesgará a acercarse al vicepresidente para transar negocios con el Estado venezolano. Rusia, China y hasta Cuba -principales aliados comerciales del gobierno de Maduro- tienen una estrecha relación financiera con EE UU que pondrían en peligro si se “contagian” con la condición especial del segundo al mando en el gobierno de Nicolás Maduro.    

“Esta sanción crea una gran inseguridad en las relaciones de la comunidad internacional con el Gobierno de Venezuela. En la práctica impide a El Aissami todo tipo de relación comercial con instituciones públicas o privadas y personas naturales de EE UU. Esto involucra a empresas del Estado y relaciones oficiales con otros países. Por esa razón el vicepresidente no podrá firmar ninguna orden ejecutiva que tenga que ver con negocios, convenios o acuerdos internacionales, pues de hacerlo estaría comprometiendo a esas empresas y a sus gobiernos con el gobierno norteamericano”, explicó Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid).

“Las personas que colaboran o asisten materialmente a alguien que esté en las listas de la OFAC, pueden ser obligadas a pagar una multa hasta de un millón de dólares y ser condenados a pena de prisión hasta por diez años y multas de carácter penal hasta por diez millones de dólares. Los oficiales, directores y agentes de instituciones financieras que participen en la violación de esta Ley pueden recibir penas de prisión hasta por 30 años y multas hasta por US$ 5 millones”, dice un artículo publicado en la web AntilavadodeDinero.com.

En opinión de la ex jueza y experta en materia de drogas, “esta es una forma de aislamiento. Ningún gobierno va a querer negociar con una persona con una investidura tan grande, involucrada en un tema de drogas”. Con la inclusión de El Aissami en la lista negra de la OFAC, su sueño de llegar a ser Presidente de la República puede tener un final al estilo La la land: inesperado, frustrante y cruel.

La sanción, sin embargo, no afecta las funciones de Tareck El Aissami como vicepresidente de la República, establecidas en los artículos 238 y 239 de la Constitución. Tampoco limita el desempeño de las funciones especiales asignadas a principios de febrero por Maduro.  

¿Qué diferencia hay entre el caso El Aissami y el caso Reverol? 

Anulación de visas, congelación de bienes, y limitación en las transacciones con entes que tengan conexión de EE UU son las sanciones contempladas para El Aissami y Samark López. “Esto significa que no necesariamente debes ir por la vía penal para demostrar que una persona es culpable de lavado de dinero. Si se logra demostrar a través de una averiguación administrativa la procedencia ilícita de sus bienes inmediatamente viene la confiscación. Se trata de un decomiso preventivo, y ahora sigue un juicio civil en el que los sancionados deben demostrar si los bienes fueron adquiridos de forma lícita o no”, apuntó Camero.

La experta en materia de drogas, que maneja también particularidades de la legislación estadounidense, explicó que los activos -13 empresas y un avión- de El Aissami y López fueron incautados, no congelados. Esto significa que sus bienes pasaron a manos de las autoridades de EE UU y solo le serán devueltos si ellos logran demostrar el origen de los fondos con los que adquirieron esas propiedades.

“No creo que lo logren demostrar. Cuando se llega a la confiscación y aplicación de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin), es porque se ha hecho un proceso de investigación de varios años para establecer la relación entre el bien obtenido y cómo se obtuvo. Para llegar a este punto, el Departamento del Tesoro debe tener suficientes elementos y evidencias que demuestren que el bien es producto de una actividad ilícita”, explicó la ex jueza, quien ha propuesto una legislación similar para Venezuela.

“La gente cree que cuando compra un bien en EE UU eso no tiene un control. La gente compra propiedades como loca y no se da cuenta de que la OFAC, que fue creada por el ex presidente Bill Clinton, hace una investigación de cómo se adquirieron esos bienes”, dijo Camero, quien recordó una de las premisas de su época como presidenta de Conacuid: “a los traficantes de drogas lo que les duele más es cuando le tocas el bolsillo”.

En el caso de Tareck El Aissami, las autoridades de EE UU han tomado la vía civil para emitir una sanción y no la vía penal.  “De esta manera el proceso es más expedito. Por ejemplo, el sancionado tiene un lapso determinado -una semana o 15 días- para demostrar que la procedencia de sus bienes es lícita, si no hace le quitan los bienes definitivamente y eso deja en evidencia que cometió un delito. La acción civil no depende de una sentencia penal y es más sencillo de demostrar que hubo un delito”, explicó Mildred Camero.

En el caso de Néstor Reverol, por ejemplo, sí hay un proceso judicial, que implica sanciones penales. El actual ministro de Relaciones Interiores y Justicia, tiene una acusación por vínculos con narcotráfico en una fiscalía del Distrito Este de Nueva York, según anunció el pasado 1 de agosto el Departamento de Justicia de EE UU y sobre él pesa una orden de detención.

Sin embargo, la especialista no descarta que en paralelo a la medida administrativa, en alguna fiscalía de EE UU esté desarrollándose una averiguación penal contra El Aissami. Y aunque todavía no se conoce de la existencia de una orden de captura contra el vicepresidente, está latente el riesgo de que este pueda ser detenido si sale del país. “Probablemente esa sería la segunda parte de esa averiguación”, agregó Camero.

Por otra parte, también están las denuncias sobre la presunta entrega de pasaportes venezolanos a narcotraficantes y terroristas con la supuesta autorización de El Aissami.

Camero dejó la Conacuid hace 11 años, poco después se adscribió la Oficina Nacional Antidrogas al Ministerio de Relaciones Interiores y la DEA fue expulsada de Venezuela por el Gobierno de Hugo Chávez. Desde entonces el problema del narcotráfico comenzó a extenderse y penetrar distintas instancias del Estado.

Fuentes vinculadas a las investigaciones en EE UU aseguran: “Este entramado es grande tan grande que aquí van a salir muchas más cosas de las que pueden imaginarse, y tiene profundas ramificaciones políticas”.

1.- La investigación

Una investigación de varios años realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) asegura que el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami y su socio, el empresario Samark José López Bello, tienen vínculos con tráfico de drogas y lavado de dinero.

2.- El Aissami controlaba el envió de drogas desde aeropuertos venezolanos 

Según la investigación realizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, El Aissami facilitó en gran medida el envío de narcóticos desde Venezuela hacia México y EE UU, controlaba a los aviones que partían desde una base aérea venezolana, coordinaba el control de las rutas de la droga y también protegía a otros narcotraficantes que operaban en el país.

3. – Vínculos con Los Zetas, Makled, «El Loco» Barrera y Hermágoras González

El Aissami recibía el pago para la facilitación de los envíos de drogas pertenecientes al narcotraficante venezolano Walid Makled García. También está vinculado a la coordinación de los envíos de droga a Los Zetas, un violento cártel mexicano de la droga, brindó protección a el capo colombiano Daniel Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco

4.- ¿Quién es Samark José López Bello?

López Bello es considerado como socio de negocios de El Aissami. De acuerdo con el informante de Bloomberg, El Aissami facilitó los envíos de más de 1.000 kilogramos de drogas en múltiples ocasiones desde Venezuela a Estados Unidos y México, utilizando a López Bello para adquirir propiedades en su nombre. Fuentes vinculadas al caso afirman que Samark López es el testaferro de El Aissami.

“López Bello es clave para Tareck El Aissami y para lavar el producto de la droga”, según el comunicado del Tesoro.

5.- Los bienes que poseía El Aissami 

El Aissami tenía 13 empresas de su propiedad entre los Estados Unidos, Reino Unido, Panamá y Venezuela:

– 200G PSA Holdings LLC, 80 SW 8th Street Suite de 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos.

– 1425 BRICKELL AVE 63-F LLC, 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, FL 33131, Estados Unidos.

– 1425 Brickell Avenue LLC 64E, 64E 1425 Brickell Avenue, Miami, FL 33131, Estados Unidos.

-1425 Brickell Avenue UNIDAD 46B, LLC, 1425 Brickell Avenue Unidad 46B, Miami, FL 33131, Estados Unidos.

– Agusta GRAND I LLC, 80 SW 8th Street Suite de 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos.

– ALFA UNO, CA, Av. Principal, Manzana 26, Cto. La empres.Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona A. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela.

– GRUPO SAHECT, CA, Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta, Edificio San Marcos, Piso 9, Ofic. 9-2, Chacao, Caracas, Venezuela.

– MFAA Holdings Limited, 281 impulsión de la costa, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.

– Lucro, CA, Av. Venezuela con Calle Mohedano, Torre JWM, piso 4, Oficina 4, El Rosal, Caracas, Venezuela.

– SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, CA, 1a transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela.

– SMT TECNOLOGIA, CA, Av. Venezuela, Edificio JWM, Piso 7, Ofic. 72 (al Lado de Banavih), El Rosal, Caracas, Venezuela.

– YAKIMA comercio de petróleo, LLP, 7 Welbeck Street, Londres W1G 9YE, Reino Unido.

– YAKIMA Trading Corporation, Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panamá.

– Una aeronave de siglas N200VR, 80 SW 8th Street, Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Modelo de avión Gulfstream 200

6.- Sanciones

El Aissami y López tienen sus activos bloqueados y los ciudadanos de los Estados Unidos, instituciones y empresas de todo el mundo tienen prohibido de tratar con ellos, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.

Las sanciones por violaciónes de la Ley de Cabecillas varían desde multas de hasta $ 1.437.153 por cada violación y penas criminales más severas. castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $ 10 millones.

7.- Consecuencias para Venezuela

Las sanciones podrían generar un mayor deterioro de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien nombró El Aissami como vicepresidente el 4 de enero en medio una profundización de la crisis económica y humanitaria.

8.- Antecedentes en narcotráfico

La Lista de Narcotraficantes Activos sancionados por EEUU incluye a altos funcionarios venezolanos, entre militares, diplomáticos y políticos ligados al oficialismo que ostentan a altos cargos dentro de la gobernación.

En el 2013 3l capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, fue señalado como “un capo de la droga”. Los primeros en entrar en esta lista negra, en 2008, fueron el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y Justicia y actual gobernador de Guárico; el general Hugo Carvajal, ex director de Contrainteligencia Inteligencia Militar; y general Henry Rangel Silva, ex ministro de la Defensa y gobernador de Trujillo, sancionados por asistir a la guerrilla de las FARC y a carteles de la droga.

En lo que va del año 2016, el Ministerio Público ha imputado a 14 mil 775 personas por presuntamente estar incursas en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

La información la ofreció este jueves 08 de diciembre la directora contra las Drogas de la institución, Marisela De Abreu, en el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, durante el cual agregó que por la referida materia los fiscales han acusado a 9 mil 052 personas por la comisión de diversos delitos previstos en la Ley Orgánica de Drogas.

Adicionalmente, detalló que los diferentes organismos de seguridad del Estado han logrado la incautación de 38 mil 120 kilos, con 711 gramos y 793 miligramos, entre marihuana y cocaína, en diferentes zonas del país, mayormente en los estados Zulia, Mérida, Guárico y Táchira.

La directora contra las Drogas explicó que llama la atención el hecho de que en los últimos procedimientos son detenidas parejas con niños, y personas de avanzada edad, método que estaría siendo utilizado por las organizaciones delictivas para desviar la atención de los controles antidrogas en las carreteras y autopistas.

Labor orientadora y formativa

Por otra parte, la directora de la mencionada dependencia se refirió a la participación de jóvenes y otros integrantes de las comunidades en talleres de prevención sobre el uso de drogas ilícitas.

En este sentido, han asistido 12 mil 701 personas, quienes son orientadas y capacitadas por fiscales de la institución en diferentes zonas del país.

En total, se han realizado 310 talleres de prevención y 24 de capacitación, con lo que se busca evitar el consumo de sustancias estupefacientes en adolescentes y niños.

Igualmente, efectivos de seguridad del Estado participan en esta iniciativa del Ministerio Público, específicamente en lo relacionado con  el tema de los precursores químicos y las fiscalizaciones en empresas operadoras en la materia.

Asimismo, los fiscales han participado en actividades formativas en la Escuela Nacional de Fiscales, sobre desarrollo de la investigación, técnicas de interrogatorio y juicios orales y públicos.

Finalmente, De Abreu invitó a los padres y representantes para que conversen constantemente sobre el mencionado tema con sus hijos, además de estar atentos a sus cambios de conductas.

El Ministerio Público venezolano acusó a 16 personas, entre ellas, un gerente de una línea aérea mexicana, y cuatro funcionarios de la Guardia Nacional (GNB) por su supuesta responsabilidad en el tráfico de 600 kilos de cocaína que se incautaron en Ciudad de México, informó este sábado la Fiscalía.

Los fiscales venezolanos que investigan el caso acusaron al gerente de Estación y Seguridad de la aerolínea Aeroméxico, Robert Fermín, el primer teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Higmar Vivas y los sargentos Jimmy Useche, Elkin Fuentes y Víctor Molina, por el alijo que fue incautado el pasado 16 de junio en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, procedente de Caracas.

Además fueron acusados los empleados de la empresa de seguridad aérea SSAI 2021 Darwin Linares y Evelyn Moreno, y de la compañía AGS Service Simón Malave, Andrés Málaga, David Orozco, Mervy Gómez, Reinier Burgos, Reinaldo Tovar, Benigno Mayora, Carlos Gil y Dennys Hernández.

Los 16 involucrados, que actualmente se encuentran todos privados de libertad, fueron acusados de la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir.

Los supuestos responsables fueron detenidos en el terminal aéreo de Maiquetía por solicitud de la Fiscalía venezolana tras las investigaciones preliminares de los organismos de seguridad.

En horas de la mañana de este jueves, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron al presunto secuestrador de una familia que permaneció en situación de rehén en el sector Cerro Grande de la parroquia El Valle, específicamente en la zona conocida como «La Cochinera».

En el procedimiento de liberación también fueron capturadas otras dos personas presuntamente implicadas en el caso.

Según se conoció, el sujeto mantenía secuestrada a una mujer y a una niña, supuestamente relacionadas con él, dentro de un edificio bajo la amenaza de hacer estallar una granada y accionar armas de fuego contra ellos sino acudía un fiscal al lugar. La liberación se dió dos horas después de negociación.

La situación se presentó cuando un delincuente huía de una Comisión Antidrogas de la PNB, se enfrentó a los funcionarios e ingresó a la vivienda.

El ciudadano, de entre 20 y 25 años, estaría solicitado por los delitos de homicidio, secuestro y tráfico de drogas.