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Paola Martinez Ago 24, 2017 | Actualizado hace 7 años
10 cosas que Maduro quiere que olvidemos

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Paola Martínez / @mpaolams

El acontecer noticioso de un día venezolano podría rivalizar con las noticias mensuales de un país nórdico. La censura en los medios tradicionales y la falta de información oficial logran que en ocasiones, sea el Gobierno quien marque la agenda diaria y que asuntos de importancia se vean opacados por otros temas. Sin embargo, existe una serie de aspectos claves en los últimos meses que han devenido en la actual situación país, pero que el oficialismo no trae a colación con frecuencia.

 

1. El Gobierno de Maduro rompe la ley y la usa a su voluntad

Los venezolanos han sido testigos de cómo el hilo constitucional se ha deshilachado bajo la mano de Nicolás Maduro. El Estado de Derecho se ha desintegrado, paulatinamente, con cada acción inconstitucional que los oficialistas han requerido. Un ejemplo de ello fue cuando, días después del nombramiento de Tareck El Aissami como vicepresidente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia que permite a venezolanos con doble nacionalidad postularse a la presidencia, lo que va en contra de la Constitución. Y más reciente, el llamado a un proceso constituyente sin seguir los pasos establecidos en la Carta Magna.

 

2. Aún no se realizan las elecciones parlamentarias de Amazonas, pero el CNE sí repitió los comicios de la ANC en dos municipios

Tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, Jorge Rodríguez mostró un video en donde presuntamente se comprobaba la compra de votos por parte de la oposición. Pero no se anunció ninguna acción para verificar las pruebas que, de ser reales, comprobarían también que Rodríguez violó el derecho a la privacidad consagrado en la legislación venezolana.

El TSJ, basado en dichas pruebas, emitió una sentencia donde impugnaba las elecciones en Amazonas. A esta acción le debió seguir un nuevo llamado a elecciones únicamente en el estado afectado. Año y medio –y una constituyente– después, aún el CNE no llama a elecciones parlamentarias en ese estado.

En el municipio Miranda de Mérida, y el Francisco de Miranda del estado Táchira, el CNE debió suspender los comicios del domingo de la constituyente por las protestas de los habitantes. Sin embargo, sin hacer mucho ruido en los medios estatales, el 13 de agosto se celebraron nuevamente las elecciones. Si hubo fondos y planificación para que se repitieran estos comicios, ¿por qué Amazonas sigue sin representación en la AN?

 

3. Sí hay pruebas de que en la ANC hubo fraude

La compañía que provee al CNE el sistema para el conteo de los votos, Smartmatic, notó irregularidades entre los resultados que anunció Tibisay Lucena y los que el mismo programa arrojó. Una diferencia de al menos un millón de votos, indicó el director ejecutivo de la empresa, Antonio Mugica. La fiscal Luisa Ortega encargó la investigación del hecho, pero ahora que el MP está en manos de William Saab, habrá que esperar si dicha investigación obtiene resultados.

 

4. El desacato de la Asamblea Nacional no existe

Por más que el Gobierno de Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia repitan que la Asamblea Nacional está en desacato, hay un aspecto que siempre olvidan comentar: el artículo de la Constitución en que se habla de dicho desacato.

El máximo tribunal declaró en desacato al Parlamento tras la incorporación de los diputados de Amazonas, lo que según el Poder Judicial, viola la sentencia en que impugnan los comicios. Si bien la figura del desacato existe, esta no puede ser aplicada a una institución como la Asamblea Nacional. El abogado constitucionalista Luis Alfonso Herrera afirma que el desacato de la AN no es más que “un invento político, ya que no hay norma jurídica alguna en Venezuela que establezca que si la AN no obedece una sentencia de la Sala Constitucional, queda imposibilitada de ejercer sus funciones”.

 

5. El Gobierno no ha acatado ninguna de las leyes y decisiones en las que la AN ha trabajado

Los diputados opositores cumplen año y medio legislando y discutiendo cómo mejorar el país y hacer justicia, pero los resultados de sus leyes y políticas nunca se vieron, porque el Gobierno lo impidió a través del TSJ. Doce de las 16 leyes que emanó el Poder Legislativo fueron anuladas por el tribunal. Cincuenta y seis sentencias contra la AN precedieron al Golpe de Estado que el TSJ dio con las dos decisiones que anularon los poderes parlamentarios, y que fueron luego revertidas.

 

6. La Consulta Popular fue una protesta multitudinaria inédita y el Gobierno de Maduro no lo ha reconocido

7.535.259 venezolanos participaron en una Consulta Popular histórica para tomar una postura ante la asamblea nacional constituyente del oficialismo. Docenas de países reconocieron el resultado del ejercicio ciudadano que no estuvo organizado por una institución oficial, sino por la sociedad civil, las universidades y la coalición opositora. Son siete millones que el oficialismo intentó luego superar en la elección de la ANC acusada de fraude y son siete millones que, hasta ahora, el gobierno de Maduro se ha empeñado en desconocer.

 

7. Tarek William Saab investiga tala de árboles durante protestas, a pesar de que aún hay casos abiertos por muertes

El Ministerio Público dirigido por la Fiscal Luisa Ortega Díaz investigó la muerte de más de 100 personas en el contexto de las protestas antigubernamentales. Por ser culpables, imputó a funcionarios de la GNB y la PNB, y aún revisaba casos en los que funcionarios de la FANB estaban involucrados. También resaltó las acciones violentas de grupos civiles armados –conocidos como colectivos– contra manifestantes, y adelantó que su despacho seguía la pista de estos grupos paramilitares por estar señalados como culpables del homicidio de varias personas durante las manifestaciones.

Pero la persecución política del Gobierno hizo que Ortega Díaz dejara el país. La ANC designó en su lugar a Tarek William Saab, quien actualmente investiga la tala de árboles durante las protestas –y no exactamente en Amazonas, en el parque nacional Canaima o en el Arco Minero del Orinoco–. Con esto parece dejar de lado las muertes y los casos de corrupción que el MP llevaba adelante.

 

8. Sí hubo tiempo para la Constituyente, pero no para el Referéndum Revocatorio

Frente a una constituyente organizada en menos de tres meses, es válido recordar los intentos de la oposición por llevar a cabo un referéndum revocatorio en 2016. El CNE se tomó siete meses en verificar las firmas correspondientes a 1% del padrón electoral, no aceptó muchas de las planillas porque “Nicolás” no tenía el acento en la A, y luego solo otorgó 300 maquinas para verificar las rúbricas de 20% de las voluntades. Tras vencer todos los obstáculos, siete tribunales penales de siete estados ordenaron posponer la recolección de firmas porque 1% presentaba irregularidades. El CNE acató la decisión y suspendió el proceso “hasta nueva orden judicial”.

Más de medio año después, si bien no ha tenido nuevos avances, este proceso judicial resulta la excusa perfecta para generar problemas en otros ámbitos. El CNE prohibió a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentar candidatos en siete estados del país como consecuencia de “decisiones acordadas por juzgados de esos estados, relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado”, como señaló un boletín del CNE sin despertar el recuerdo del revocatorio.

 

9. El oficialismo perdió toda su popularidad y está aislado en la región

La popularidad de Maduro entre la población venezolana es la más baja de un presidente desde 1990, según Torino Capital. Para el mes de julio, su nivel de aprobación se ubicaba en 17,4% de acuerdo al sondeo de la firma encuestadora Datanálisis. Durante el año, demás estudios de opinión han arrojado resultados similares, que rompen con la alta popularidad que mantenía el difunto presidente Chavez. En el ámbito internacional Maduro tampoco goza de buena reputación. Gobiernos de más de 40 países han criticado, rechazado, condenado y desconocido la asamblea nacional constituyente, así como la destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz y la usurpación de poderes de la Asamblea Nacional a manos de la ANC.

 

10. Cuatro meses continuos de protesta señalan que nada está bien en Venezuela

Las protestas que iniciaron el 1 de abril, a raíz del golpe de Estado a la Asamblea Nacional y la declaración de ruptura del hilo constitucional por parte de la fiscal Ortega Díaz, se mantuvieron durante cuatro meses con manifestaciones diarias en las calles de todo el territorio nacional. La inseguridad, la escasez de alimentos y medicinas, la inflación, el decaimiento de los servicios básicos como la luz, agua, gas, aunado a la corrupción del gobierno y la violación de derechos humanos fueron el combustible para los más de 100 días de protesta, durante los cuales se pedía también la cancelación de la constituyente y el llamado a elecciones, entre otras cosas. A pesar de que las protestas decayeron tras la instalación de la ANC, los mismos problemas continúan causando pesar en la sociedad, por lo que todas las apuestas giran en torno a las venideras elecciones regionales.

 

¿Recuerdas algo que Maduro quiere que olvidemos? Estaremos tomando sugerencias de los comentarios de los lectores para ampliar esta nota.

Las 9 noticias más importantes a esta hora de la tarde

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Maduro: Decisión del TSJ “pone las cosas en su justo lugar”

El presidente Nicolás Maduro aseguró que la nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “pone las cosas en su justo lugar”. Aseguró en su programa “La hora de la salsa”, por Radio Miraflores 98.5 FM, que el sistema constitucional de Venezuela es excelente.

 

“Le he pedido al procurador, Reinaldo Muñoz, que emita un comunicado para explicar a profundidad esta tendencia”.

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala Constitucional declaró, la mañana de este martes, competente la acción ejercida por el procurador General de la República (E), Reinaldo Muñoz, donde solicita al Poder Judicial tomar previsiones para evitar actuaciones de la Asamblea Nacional en contra de la Constitución.

 

En este sentido, la instancia, a través de la sentencia  948 del 15 de noviembre de 2016,  ordena a los diputados del Parlamento Nacional “abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente “juicio político” en contra del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, así como evitar dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus competencias y, en fin, fuera de lo previsto en la Constitución”. (Últimas Noticias)

 

Carlos Ocariz: «Si el gobierno se quiere parar de la mesa, que lo haga»

Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, habló sobre el diálogo entre el gobierno y la oposición durante una entrevista en Vladimir a la 1 por Globovisión.

 

El dirigente del partido Primero Justicia expresó que participan en los encuentros con representantes del Ejecutivo para hacer respetar los derechos del pueblo venezolano. Reiteró que los puntos por los cuales aceptó ser parte del diálogo fueron, principalmente,  el referéndum revocatorio, la liberación de los presos políticos, la elección de nuevos rectores del CNE y la legitimación de los diputados de Amazonas.

 

Insistió en que se debe seguir presionando, tanto en las negociaciones como en la calle. “Que el vaticano y los ex presidentes y representantes de la Unasur estén involucrados, y que haya un reconocimiento por parte del mismo gobierno, eso ya es un inmenso logro”, sostuvo.

 

Sobre las presuntas diferencias dentro de la oposición, indicó que siempre han habido posiciones y visiones distintas, pero eso no significa que exista una ruptura entre ellos. (El Nacional)

 

Diputados de Amazonas solicitaron a la directiva de la AN ser desincorporado

Los diputados a la Asamblea Nacional por el estado Amazonas pertenecientes a la bancada opositora, solicitaron este martes a la directiva del parlamento ser desincorporados de sus curules, luego de que la Mesa de la Unidad Democrática llegara a unos acuerdos con el Gobierno Nacional, para respetar las acciones de la Asamblea, dirigida por la oposición venezolana.

 

Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana fueron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia, como medida cautelar mientras se investigaban las presuntas irregularidades en la elección, desde el mes de diciembre de 2015. De esta manera, la MUD perdía la mayoría calificada con 113 parlamentarios, dos tercios de los 167 diputados en total. Ya para el mes de julio de 2016, la directiva del parlamento decidió desconocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia e incorporar a sus curules a los diputados de Amazonas. (Caraota Digital)

 

Presidente Maduro recibirá este miércoles al secretario general de la Opep

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que este miércoles recibirá al secretario general de la Opep, Mohamned Bakindo, como un encuentro previo a la reunión que sostendrá el bloque el próximo 30 de noviembre en Viena.

 

El presidente Maduro ofreció esta información este martes en su programa radial La hora de la salsa. Señaló que el encuentro se realizará para seguir promoviendo la estabilidad de los precios del petróleo.

 

El Jefe de Estado señaló que se continuará trabajando en conjunto para consolidar las alianzas con Rusia y otros países que no forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) (El Mundo)

 

Deuda venezolana avanza 0,72 puntos

La deuda venezolana denominada en dólares avanza 0,72 puntos en promedio, borrando parte de las pérdidas acumuladas en la jornada de ayer.

 

El Venz 2018 cupón 13,625% avanza un punto, vale recordar que este papel es una de las emisiones más pequeñas por lo que la iliquidez se refleja en el mayor diferencial de precios de compra y venta de dicho activo (Spread).

 

Otro de los títulos con mayor apreciación fue el Venz 2022, el cual se cotiza en niveles de 58,29%, avanzando 1,25 puntos.

 

En cuanto a la deuda de Pdvsa, los títulos acumulan una apreciación de medio punto en sus cotizaciones.

 

Para este martes, la petrolera estatal tiene el compromiso de pago del cupón asociado al Pdvsa 2026, lo que implica un desembolso de 135.000.000 dólares.

 

En la curva de Pdvsa, destaca el Pdvsa 2022 y 2024 con los avances más pronunciados en la apertura. (El Mundo)

 

Buque con 30.000 toneladas de azúcar llegó a Puerto Cabello

La madrugada de este martes 15 de noviembre inició el desembarque de 30.000 toneladas de azúcar, las cuales arribaron al muelle número 27 del puerto de Puerto Cabello, a bordo de la embarcación ALPHA PRAXIS.

 

La Autoridad Única del Sistema Portuario de la Región Central, G/D. Rafael  Aguana, garantizó las condiciones adecuadas del desembarco. Expresó que la materia prima será puesta a disposición de las empresas procesadoras, una vez que los vehículos cargados con el rubro azucarero sean despachados de las instalaciones portuarias. (El Nacional)

 

Sindicato de Transporte merideño se mantiene en paro indefinido

El Sindicato de Transporte del estado Mérida decidió la tarde de este lunes mantener el paro de transporte de manera indefinida hasta tanto el gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, el coordinador estadal del Fondo de Transporte Urbano (Fontur) y los organismos de seguridad, se reúnan para discutir en torno al tema del pasaje preferencial estudiantil, el cual ha generado malestar en la comunidad estudiantil por varias irregularidades que se han presentado.

Yovanny Nieto, secretario de Reclamos del sindicato, dijo que hasta que el gobernador no se comprometa en reponer la unidad quemada no levantarán el paro que comenzó pasadas las 11:00 de la mañana de este lunes, producto de una unidad que fue incendiada por un grupo de encapuchados. (El Universal)

 

Presidente de Vietnam llegó a Cuba para reunirse con Raúl Castro

El presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, llegó este martes a La Habana en visita oficial para reunirse con el mandatario cubano, Raúl Castro, y fortalecer las relaciones bilaterales, informó la televisión estatal. Fue recibido por el vicepresidente del Consejo de Estado cubano, Salvador Valdés Mesa.

 

En declaraciones a los medios locales resaltó las “excelentes” relaciones bilaterales tras su arribo al aeropuerto internacional habanero José Martí. Este miércoles, el gobernante vietnamita sostendrá conversaciones oficiales con su homólogo cubano y será condecorado con la orden José Martí, la más importante que entrega el Gobierno de la isla a personalidades extranjeras. En la misma jornada, Tran colocará ofrendas florales en homenaje al héroe nacional de Vietnam, Ho Chi Minh, en el parque que lleva su nombre en la barriada de El Vedado, y al prócer cubano José Martí, ante el monumento ubicado en la Plaza de la Revolución de La Habana. (Caraota Digital)

 

Moscú espera de Washington cese de persecuciones a ciudadanos rusos

oscú confía en que Washington inicie una nueva política internacional donde no haya persecuciones a ciudadanos rusos, informó el encargado de los Derechos Humanos de la Cancillería rusa, Konstantín Dolgov, reseñó Sputnik.

 

El diplomático enfatizó que “es un problema grave que irrita nuestras relaciones bilaterales con EEUU, es una parte de aquel legado complicado que deja la administración de (Barack) Obama a sus sucesores, esperamos que antes de que termine Washington dé pasos al respecto para eliminar este factor irritante, ellos saben qué es lo que tienen que hacer para esto”. (VTV)

Asamblea renovará al CNE y al TSJ aunque la Sala Constitucional se oponga

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Incorporar a los tres diputados de Amazonas era impostergable para la bancada opositora en el Parlamento, no sólo porque su prolongada ausencia tenía sin representación a todo un estado, sino porque serán fundamentales en dos batallas políticas que se librarán en los próximos meses, claves para la estabilidad institucional del país: la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia

Álex Vásquez S.

@AlexVasquezS

La Asamblea Nacional designó el jueves 11 de agosto a los 8 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática que integrarán la comisión preliminar para evaluar a los candidatos a rectores del CNE, y que luego formarán el Comité de Postulaciones Electorales, que presentará al Parlamento la propuesta definitiva. El Partido Socialista Unido de Venezuela se negó a participar.

El diputado Carlos Berrizbeitia, presidente de la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del TSJ, confirmó que también en agosto se iniciará el trabajo para instalar el Comité de Postulaciones Judiciales.

“La idea es que en una sesión extraordinaria, antes de que arranque el segundo semestre, instalemos el Comité”, confirmó.

En la MUD saben que ambos procesos serán largos, por lo que decidió iniciarlos en paralelo a la solicitud del referéndum revocatorio, prioridad de la mayoría de los dirigentes.

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Round 1: Por el Poder Electoral

En diciembre de este año se les vence el periodo a las rectoras Tania D’ Amelio y Socorro Hernández, por lo que la Asamblea Nacional trabaja en la conformación del Comité de Postulaciones Electorales (instancia que evaluará a posibles sustitutos) meses antes.

D’ Amelio fue postulada por el Poder Ciudadano y Hernández por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades, instancias que deben proponer los nuevos nombres que los diputados y representantes de la sociedad civil evaluarán.

La selección de los 8 diputados de la MUD en la comisión preliminar fue una evidencia de la batalla que vendrá, pues el chavismo no quiso participar, y parece que tampoco lo hará en el Comité de Postulaciones Electorales, instancia que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), debe recibir las postulaciones a rectores, verificar que cumplan los requisitos, y presentar ante la Asamblea la lista de los elegibles.

El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, pidió al Psuv presentar sus diputados en la sesión del martes 16 de agosto. “El período de dos rectoras y sus suplentes, designados en 2009, vence el 3 de diciembre. Para cumplir con los lapsos de la Lopre, es necesario comenzar antes del 25 de agosto con el procedimiento para la designación”, explicó.

Se aprobó que los diputados Juan Miguel Matheus, Juan Pablo Guanipa, Américo De Grazia, Omar Barboza, Stalin González, Juan Guaidó, Luis Aquiles Moreno y Edgar Zambrano integren la comisión preliminar.

Hugbel Roa, del Psuv, explicó por qué salvaron el voto: “Las decisiones con el voto de Amazonas son nulas, no tendrá efecto. Designen a quienes quieran. Toda autoridad usurpada son nulas (sic) y sus actos son ineficaces”.

Ramos Allup le respondió: “En esta votación no votaron los diputados de Amazonas, porque no están en la sesión”.

Entonces, el jefe de bancada del Psuv, Héctor Rodríguez, dijo: “Todos los actos son nulos hasta que la Asamblea acate la sentencia del TSJ (que ordenó desincorporar a los diputados de Amazonas)”.

Y Ramos Allup cerró el debate: “La Asamblea no acata ni acatará ninguna decisión de la Sala Constitucional que viole la Constitución y menoscabe los derechos del pueblo venezolano”.

¿Por qué son necesarios los parlamentarios de Amazonas? Una vez que el Comité preseleccione a los candidatos a rectores, se debe seguir lo que señala la Constitución en su artículo 296: “Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”.

Las dos terceras partes de 167 son 112 diputados, justo los que logró la oposición el 6 de diciembre de 2015, ni uno más ni uno menos. Por eso se necesita a Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana (Región Sur Indígena), legisladores de Amazonas.

Es de esperarse que el conflicto institucional se intensifique, pues si la Asamblea escoge a los dos rectores para suceder a D’ Amelio y Hernández, es probable que el TSJ no los acepte.

El 1 de agosto la Sala Electoral del máximo tribunal decretó la “invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica por violación flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la junta directiva del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos”.

La amenaza, sin embargo, no detendrá a la bancada de la MUD en su intención de renovar el Poder Electoral. El diputado Juan Guaidó, de la comisión preliminar,  aseguró que luego de nombrar esa instancia, se escogerá a los representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité.

“Es imprescindible hacerlo pronto, porque necesitamos un Poder Electoral independiente que le sirva al pueblo y no a una parcialidad política”, señaló.

Ese Comité debe estar integrado por 21 miembros (artículo 19 de la Lopre), 11 de ellos deben ser designados en plenaria de la Asamblea con las dos terceras partes de los presentes (no de los integrantes) y 10 serán postulados por sectores de la sociedad civil.

Si el periodo vence el 3 de diciembre, 30 días continuos antes de su renovación, a más tardar el 3 de noviembre, la Asamblea debe convocar la constitución del Comité. Pero preparar la lista de elegibles tomará meses y, teniendo en cuenta el momento político que atraviesa el país, es inevitable que haya una negociación entre las bancadas de la MUD y el Psuv.

“Si el Psuv escoge uno de los rectores y la MUD otro, el CNE queda 3 a 2. Lo lógico es que haya uno que escoja la MUD y uno de indudable independencia”, señalaron fuentes políticas.

La evaluación de los candidatos tomará, según el consultor político Aníbal Sánchez, hasta 102 días, por lo que opinó que la Asamblea debe nombrar ya a los diputados que integrarán esa instancia.

“Se deben estudiar las ternas de las personas que estarán en el Comité de Postulaciones, la propuesta de las facultades y del Poder Ciudadano. No queremos que en este año ocurra lo que pasó en 2014, que el TSJ nombró a los rectores por la omisión legislativa”, advirtió.

José Luis Pirela, diputado de la Comisión de Política Interior, advirtió que no sólo hay que abordar la situación de las rectoras a las que se les vence el periodo, sino revisar la designación de tres rectores 2014, que realizó el TSJ por omisión legislativa (Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón).

El parlamentario descartó que el TSJ frene la nueva designación de los rectores si se realiza con el voto de los 112 diputados de la MUD.

“El TSJ vive diciendo y haciendo cosas, hasta que lleguen misiones de instancias internacionales que le pongan orden a la situación. Unos magistrados de la Sala Electoral no pueden tomar una medida cautelar para suspender a cuatro diputados. Si la Sala Electoral quiere recobrar algo de respeto, los magistrados deben definir qué harán con esos cuatro diputados. O los restituyen o convocan nuevas elecciones. Pero no seguir con el manguareo. La Asamblea no dejará de hacer su trabajo y nombrará a los rectores”, agregó.

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Round 2: Por el Poder Judicial

La Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del TSJ, de la AN, recomendó el 14 de julio –y así lo aprobó el Hemiciclo– dejar sin efecto la sesión en que se designó 13 magistrados principales y 21 suplentes que hizo la mayoría del Psuv en diciembre de 2015, luego de que la oposición ganará las elecciones parlamentarias, pero antes de que asumiera el control del Legislativo.

Pero el 19 de julio, como era de esperarse, la Sala Constitucional del TSJ declaró nula a esa comisión, así como el acto de su creación, sus acciones, informes y demás instrumentos, por considerar que carecen de “validez, existencia y eficacia jurídica”.

En la sentencia se anuló el acto parlamentario en el que se aprobó el informe de la comisión y se señala que cualquier “comisión, artificio o acción que tenga por objeto anular la designación de los magistrados es írrito, nulo y carente de validez, ya que subvierte el procedimiento constitucional para la remoción de magistrados del TSJ”.

A pesar de eso, el Parlamento decidió instalar de nuevo un Comité de Postulaciones Judiciales, que se escoge por mayoría simple de acuerdo con el artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ, y que tendrá 11 miembros principales, cinco diputados y seis representantes de la sociedad civil.

La función esencial del Comité será seleccionar los candidatos a magistrados del TSJ que luego se presentarán al Poder Ciudadano para una segunda preselección y, al final, será la Asamblea la que decida, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes (112 diputados). Si en tres oportunidades no hay acuerdo, en una cuarta se sesión el Parlamento los elige con mayoría simple (artículo 38 de la Ley Orgánica del TSJ). Eso fue lo que ocurrió en 2015, cuando el Psuv tenía la mayoría simple, pero no la calificada. Ahora el control es de la MUD.

En el Parlamento insisten en que el proceso de designación de magistrados del año pasado estuvo lleno de irregularidades, que a muchos de ellos se les demostró su cercanía política con el partido de gobierno o se comprobó que no poseen los estudios o exigencias constitucionales para integrar el TSJ.

También se denunciaron otros vicios, como la orden de jubilación anticipada de los magistrados que fueron sustituidos. La magistrada Carmen Elvigia Porras denunció a la comisión especial de la Asamblea que fue obligada a jubilarse: “No fue una elección libre, sino producto de coacciones”. Por esos vicios, la Asamblea insistirá en la designación de nuevos jueces.

El diputado Juan Miguel Matheus, integrante de la comisión especial, confirmó que se reconstituirá el Comité de Postulaciones Judiciales, pues de los 11 parlamentarios que lo integraban algunos ya no lo son.

“Ese debate comenzará pronto, quizá la semana que viene. Existe el consenso político de adelantar esa designación”, confirmó.

El parlamentario admitió que la prioridad en la oposición es la realización del referéndum revocatorio, sin embargo aclaró que ambas acciones no son contradictorias y se pueden realizar en paralelo. “Hay mayor premura incluso en la designación de los magistrados que en la de los nuevos rectores. Esas vacantes deben cubrirse”, dijo.

Matheus opinó que sería ingenuo pensar que el TSJ no desestimará la designación de los nuevos magistrados, sobre todo porque podría decidirse con el voto de los diputados de Amazonas, pero dijo que eso no puede frenar a la bancada de la MUD.

“El TSJ no puede declarar nulos todos los actos de la Asamblea. La medida cautelar por la que se desincorporó a los diputados de Amazonas decayó a los seis meses. La Asamblea tenía derecho a incorporarlos. Si el TSJ dice que no, pues tendremos más claro aún que debemos cambiar el centro del poder y revocar a Maduro, que es el dueño del TSJ y del CNE. Por eso hay que revocarlo”, agregó.

Ahora se espera que suene la campana para el tercer round.

 

Junta Directiva de la AN denuncia denegación de justicia en el caso de diputados de Amazonas

Juramentación de los diputados de Amazonas en la AN

 

A través de un comunicado difundido este lunes 1 de agosto por la directiva de la Asamblea Nacional,  sus autoridades denunciaron al TSJ por no haber respondido las acciones interpuestas, hace más de cinco meses,  en relación con el caso de la cuestionada juramentación de los diputados electos por el estado Amazonas.  

 

Lea aquí el comunicado completo:

 

Debemos advertir a los venezolanos y a la comunidad internacional que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha incurrido en grave denegación de justicia al no haber resuelto las oposiciones válidamente interpuestas contra la medida de amparo cautelar dictada expeditivamente por esa Sala el 30 de diciembre de 2015. Han pasado más de cinco meses desde el vencimiento del plazo legalmente previsto para decidir tales oposiciones, establecido en el artículo 187 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Es muy grave que el Tribunal Supremo de Justicia considere, tal como asevera en comunicado divulgado el 31 de julio de 2016, que  “ha asegurado el cumplimiento de las garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción, tutela judicial efectiva y debido proceso a todos los intervinientes en la causa judicial en referencia”, pues con ello ignora su deber constitucional y legal de resolver los mecanismos procesales dentro de los lapsos legalmente previstos y de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso. Estos derechos han sido severamente vulnerados al no haberse pronunciado la Sala Electoral sobre las oposiciones presentadas por los electores que intervinieron en dicho trámite y por Diputados del Estado Amazonas y de la Región Indígena Sur, el 13 de enero de 2016, y por esta Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el 18 de enero de 2016. En estas oposiciones al amparo cautelar se adujo, entre otros argumentos, que los electores del Estado Amazonas y de la Región Indígena Sur no podían ser despojados de representación propia ante la Asamblea Nacional durante la tramitación del proceso contencioso electoral, ya que los principios constitucionales y legales aplicables, en especial el derecho a la participación política y la necesidad de respetar la voluntad de los electores, obligaban y obligan a mantener dicha representación. La Sala Electoral ha guardado absoluto silencio ante tales oposiciones y con ello ha causado un daño irreparable a los electores correspondientes, al despojarlos de su representación parlamentaria propia por más de cinco meses.

Es bien sabido que la justicia tardía no es justicia, y tampoco hay justicia cuando el tribunal competente para resolver una controversia menosprecia el derecho de los afectados, en este caso los Diputados y todos los electores de las circunscripciones mencionadas, a ser oídos conforme a la ley. La Sala Electoral se ha colocado, con su silencio inconstitucional, a espaldas de los pueblos indígenas de la Región Indígena Sur y del Estado Amazonas, y de los demás electores de esta entidad federal, al no haber respetado el derecho a ser oído y al debido proceso de quienes interpusimos las respectivas oposiciones, pues este derecho comprende el deber de resolver dentro del plazo legal los medios o recursos judiciales que sean incoados por los interesados. Una medida de amparo cautelar como la dictada el 30 de diciembre de 2015 no podía mantenerse en vigor sin haber escuchado oportunamente los planteamientos que fueron esgrimidos en las respectivas oposiciones, mediante la adopción de una sentencia dentro del breve lapso fijado por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La oposición a la medida de amparo cautelar es el mecanismo procesal mediante el cual se puede hacer  valer el derecho a la defensa (art. 49.1 de la Constitución) ante una providencia judicial dictada sin oír a la otra parte.

El comunicado del Tribunal Supremo de Justicia antes señalado omite toda referencia a esta demora en la resolución de las oposiciones presentadas y se circunscribe al proceso principal. Habría mucho que decir sobre las irregularidades de este último. Sólo destacaremos que el Consejo Nacional Electoral no ha consignado el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho del recurso ejercido, como tampoco el informe de la Misión Electoral de UNASUR relativo a las elecciones parlamentarias de 2015, sin que la Sala Electoral haya emitido providencia alguna frente a estas inobservancias. Adicionalmente, el elector indígena interviniente ha denunciado que se vulneraron principios de orden público cuando la Sala Electoral no fijó el término de la distancia para el cumplimiento de una comisión judicial innecesariamente enviada a un tribunal del Estado Monagas, evidentemente distanciado del domicilio del testigo llamado a declarar, que reside en Puerto Ayacucho.

El proceder de la Sala Electoral en el caso de los Diputados de Amazonas y de la Región Indígena Sur, y de sus electores, contrasta con la celeridad con que el Tribunal Supremo de Justicia decide cada vez que los intereses oficiales así lo reclaman. Lamentamos el contenido del comunicado del Tribunal Supremo de Justicia difundido ayer, el cual confirma que se ha desconocido el derecho al debido proceso y que se ha cometido una grave violación del derecho a la participación y a la representación política, ante la cual los electores afectados no podían permanecer indiferentes.

Diputados de Amazonas: Si tenemos que ir presos en defensa de la democracia, lo haremos

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La diputada, Nora Bracho, indicó que los parlamentarios entregaron este jueves la carta para solicitar la reincorporación a sus curules en la Asamblea Nacional, y que entrarán a la sesión de este día, pero podrán legislar la semana que viene.

El parlamentario indicó que los diputados seguirán luchando por sus derechos políticos y en defensa de la democracia. Señaló que han recibido constantes amenazas por parte de diputados oficialistas. “No tememos a amenazas, todos los diputados indígenas tenemos nuestra credencial de la Asamblea Nacional. Si tenemos que ir presos en defensa de la democracia, lo haremos”, agregó.

Agregó que han presentado argumentos ante el Tribunal Supremo para reincorporarse a sus puestos durante más de seis meses y la sala electoral no ha emitido ningún pronunciamiento.

Instó a las instituciones a retomar el camino de la constitución y de la justicia, dejando de lado las inclinaciones políticas.

 

*Con información de El Nacional

TSJ amoldó su decisión para dejar sin voz a Amazonas en la AN
Expertos coinciden en que, luego de un juicio, la nulidad de las elecciones parlamentarias en ese estado podría decretarse en marzo

 

@loremelendez

LA ÚLTIMA VEZ QUE ROMEL GUZAMANA estuvo en Caracas fue hace dos semanas, cuando participó en una manifestación. Junto a un grupo de votantes de Amazonas, ataviado con pinturas y vestimentas aborígenes, protestó ante el Tribunal Supremo de Justicia por la medida de la Sala Electoral que suspendió su proclamación como representante indígena de la Región Sur en la Asamblea Nacional. Hoy espera que el vacío que se ha creado en el hemiciclo por su ausencia y la de otros tres diputados afectados -Julio Ygarza y Nirma Guarulla, por la Mesa de la Unidad (MUD), y Miguel Tadeo Rodríguez, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)- sea llenado pronto y que su estado no siga sin voz.

“Nosotros estamos trabajando. Nos hemos reunido con las comunidades, con los estudiantes, hemos hecho ruedas de prensa y le hemos contestado al gobierno. Esto es injusto porque somos indígenas y el gobierno tiene que saber que no estamos doblegados. Para nuestro pueblo, seguimos siendo diputados”, dijo quien rechazó las pruebas que el oficialismo presentó ante tribunales sobre la supuesta compra de votos que hubo en la entidad el pasado 6 de diciembre para dar la victoria a la oposición.

Lo sucedido con los parlamentarios es “completamente atípico” para Jesús María Casal, consultor jurídico de la AN, quien explicó que el máximo tribunal debe pronunciarse en un lapso no mayor a 15 días sobre las oposiciones a la medida que introdujeron los diputados afectados, un grupo de votantes de Amazonas, etnias indígenas del mismo territorio e, incluso, el Poder Legislativo nacional. Lo preocupante, agregó, es que durante todo este tiempo, el estado se quede sin rostros en el hemiciclo.

“Ese es uno de los vicios más graves. Se ha dejado sin voz a los pueblos y a sus electores, quienes no tienen un representante directo en la Asamblea y así se denunció ante el tribunal. Indistintamente de si habrá juicio o no, los parlamentarios deberían ser incorporados”, afirmó el abogado constitucionalista.

Si, en el peor de los casos, los diputados deben ser enjuiciados y obligados a seguir desincorporados de la AN, su ausencia en el Poder Legislativo será aún mayor. Amazonas podría quedarse sin representación durante todo el primer trimestre de este año, lapso en el que se declararía la nulidad de la elección y se llamaría a repetir los comicios.

Los hechos han empezado a tener repercusión internacional, recordó Casal. Una muestra de ello es la decisión del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP), que enviará a Venezuela una misión para «forzar avances» en la investigación sobre los posibles abusos contra los diputados que no han podido ocupar sus escaños.

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Antecedentes olvidados

Las decisiones tomadas por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los diputados de Amazonas han revelado que, en el pasado, hubo sentencias dictadas por la misma instancia que hubiesen podido favorecerlos.

Las proclamaciones de los ganadores, que se hicieron 5 días antes de que se publicara la medida, fueron suspendidas. Sobre un caso similar ya se había pronunciado la misma sala hace tres lustros. Sucedió en 2000, cuando Noé Acosta Olivares, entonces alcalde del municipio Cabimas del estado Zulia, interpuso una acción de amparo contra la proclamación de Hernán Alemán, el adeco que sería su relevo en el cargo.

“La proclamación de un candidato en un determinado cargo, así no sea de carácter público (…) no puede ser suspendida o controlada a través de una acción de amparo constitucional a favor de quien lo pretende, pues en los procesos judiciales electorales cuando se impugnan actos como el referido, no es la protección individual de un derecho constitucional, sino el respeto a la expresión de la voluntad del electorado que oportunamente sufragó y eligió un candidato determinado, lo que priva, y ello conlleva a que la cuestión objeto del mismo sea de interés general”, señala la decisión que data del 4 de agosto de 2000. Nada de esto fue considerado para tomar medidas en el caso de Amazonas.

“Esta es una decisión desproporcionada que no respetó el criterio de la Sala y que rompe con todo lo que se había establecido”, explicó Casal, y recalcó que la jurisprudencia contempla la presunción de la inocencia de los funcionarios proclamados.

Tampoco se tomaron en cuenta las interpretaciones que la Sala Constitucional había hecho en 2012 y 2013 para justificar la ausencia del presidente Hugo Chávez, entonces enfermo de cáncer, en el acto en el que debió juramentarse como mandatario reelecto.

“Cualquier pretensión de anular una elección y/o de desproclamar a un funcionario electo por parte de algún poder constituido, al margen de una disposición constitucional expresa y desconociendo “el preponderante rol del cuerpo electoral una vez que ha sido manifestada su voluntad en un proceso comicial”, implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad popular a una “técnica operativa, tomando en consideración –además- los traumatismos políticos e institucionales que supone la forzosa desincorporación de un funcionario electo…”, se lee en la decisión sobre una demanda de interpretación solicitada por la abogada Marelys D’Arpino sobre el artículo 231 de la Constitución venezolana.

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La doctrina cambiante

¿Puede el TSJ llevarse la contraria? Según el abogado René Molina, los magistrados del máximo tribunal han demostrado “una ignorancia crasa” al actuar de esta manera. El experto explica que, la reciente sentencia, desconoce cómo ha evolucionado la doctrina de la propia sala y, además, ha usurpado funciones a la Asamblea Nacional.

“El TSJ ha dictado sentencia en contra de su propia doctrina. No puede haber una suspensión porque esa es competencia de la Asamblea Nacional. Estos diputados han sido elegidos por el voto popular. Lo que allí se ha hecho es una violación al fuero parlamentario”, declaró.

Molina agrega que todos los actos de la alta magistratura están viciados desde el momento en el que ingresaron los nuevos magistrados, el 23 de diciembre pasado. Ese día se juramentaron 13 togas, escogidas en medio de una serie de irregularidades cometidas en el seno del Parlamento saliente, el cual obvió los plazos de impugnaciones de los candidatos a jueces y los designó sin la aprobación de la segunda mayoría calificada de la Asamblea Nacional, tal como se establece en la Constitución Nacional. Tal nombramiento se acogió a la ley del TSJ, la cual indica que si no hay acuerdo durante tres votaciones seguidas de la AN para seleccionar a los nuevos magistrados, puede haber una cuarta en la que sean aprobados por mayoría simple.

Jesús Rangel Rachadell, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, aclara que aunque todos los actos de los poderes públicos pueden ser revisados por el TSJ y la Sala Electoral “tiene competencia para declarar la nulidad de actos electorales”, las recientes actuaciones de la máxima corte venezolana están fuera de orden.

“Lo que el mismo Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que no puede hacer es desproclamar a un funcionario electo mediante una medida cautelar, entendiendo por medida cautelar aquella que busca evitar un perjuicio por no actuar a tiempo, tal y como sucede cuando se demanda el pago de cantidades de dinero y se solicita una medida que le impida al deudor vender los bienes, o como en materia penal cuando se prohíbe la salida del país”, acota.

Para Rangel Rachadell, la medida cautelar dictada contra los parlamentarios de Amazonas “es vergonzosa, es un exceso”. Añade que no se debió suspender la proclamación porque los diputados gozan de inmunidad. “Esto es un invento de la Sala Electoral. Según este nuevo criterio, los diputados no tienen inmunidad si se les impugna la elección, eso es un disparate”, reclama.

“La seguridad jurídica de la que tanto hablan es esto, la estabilidad de las decisiones, el saber a qué atenerse cuando se plantea un caso. El TSJ no es confiable al cambiar sus criterios de manera tan irresponsable, ya que en un futuro cualquiera puede venir a solicitar la impugnación de la elección de un diputado y solicitar su suspensión, lo que equivale a desproclamarlo. La voluntad popular queda supeditada a la apreciación de un juez sin otorgar derecho a la defensa a los interesados”, dice el abogado.

Casos distintos

Hay otra ala de expertos que defiende las decisiones del TSJ en esta materia. Jesús Silva, abogado constitucionalista, considera que el amparo cautelar es legal y que es obligación de cada parte acatarlo.

“Si consideran que esta medida viola la ley, no pueden hacer autojusticia”, indica Silva al referirse a la juramentación de los diputados suspendidos que autorizó la nueva junta directiva de la AN la semana pasada y que se revirtió este miércoles. Según él, la oposición debía recurrir la decisión en los tribunales, pero hasta ahora no lo ha hecho.

Silva explica que, pese a la existencia de la sentencia anterior, cada caso tiene su particularidad: causales propias e individuales que impiden que una decisión previa pueda “extrapolarse” a todos los sucesos parecidos.

“Esta medida cautelar no tiene un efecto general. Además, no es una sentencia definitiva, es provisional y no tiene carácter jurídico”, apunta.

Del mismo lado está la exmagistrada de la Sala Constitucional, Luisa Estella Morales, quien declaró a VTV que ante el desacato que había cometido la Asamblea Nacional por haber juramentado a los diputados suspendidos, esta debía recibir una sanción.

Las 5 noticias más importantes a esta hora

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Venezuela el país latinoamericano más corrupto, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2015

La corrupción se mantiene como un problema sistémico en Latinoamérica, con Venezuela como máximo exponente y con Uruguay y Chile como los países más transparente de la región, según el último el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de la ONG Transparencia Internacional.

En el estudio, basado en la percepción de expertos del sector privado sobre la corrupción en el público, destaca este año el caso de Brasil, el país que más descendió en el índice mundial (cinco puntos), tras salir a la luz el escándalo de Petrobras.

También bajó cuatro puntos Guatemala, con la caída del presidente Otto Pérez Molina, y Chile, ejemplo tradicional de limpieza en la región, perdió dos puntos en un año en el que el hijo de la presidenta, Michelle Bachelet, se vio envuelto en un caso de corrupción.(La Patilla)

 

En Gaceta: designan nuevos presidentes de Casa y Abastos Bicentenario

Bajo el número 40.835 de la Gaceta Oficial, fueron designados los nuevos presidentes de la Red de Abastos Bicentenarios, S.A. y la empresa Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (LA CASA, SA).

En efecto, según el decreto Número 2.200 fue designada Yenny González como presidenta de LA CASA, mientras que en la publicación sucesiva, se oficializa a José de Freitas Jardim como la máxima autoridad de Abastos Bicentenarios.

Ambos organismos se encuentran adscritos al Ministerio de Alimentación.(Noticias 24)

 

Desde el lunes comienzan a cobrar el impuesto por grandes transacciones

Fue publicada la Providencia que dicta las normas para la declaración y pago de dicho impuesto y que entrará en vigencia el 1° de febrero

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) dictó las normas relativas a la declaración y pago del impuesto a las grandes transacciones financieras, según la Providencia 2016/0005 que circula en la Gaceta Oficial número 40.835 de fecha 25 de enero de 2016.

El texto legal señala en su artículo 1, que se establecen las formalidades de la declaración y pago del impuesto a grandes transacciones y define los sujetos pasivos:

 

1.- Personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica calificados como sujetos pasivos especiales, por las operaciones realizadas in mediación de las instituciones financieras.

Vale decir que el Seniat determina que el “sujeto pasivo especial” (jurídico y natural) es el que obtiene ingresos por más de 30.000 unidades tributarias en el año (El Mundo)

 

Unión Interparlamentaria enviará misión para aclarar abusos contra diputados de Amazonas

El Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP) decidió hoy enviar una misión a Venezuela para “forzar avances” en la investigación sobre los posibles abusos contra los derechos humanos de tres diputados a los que se ha impedido ocupar sus escaños en el Parlamento.

Se trata de Nirma Guarulla, Romel Guzamana y Julio Ygarza, tres parlamentarios elegidos por el estado Amazonas y cuya proclamación fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) días antes de tomar juramento.

La suspensión fue una medida cautelar al recurso de impugnación interpuesto por el chavismo, que alegó fraude en las elecciones de ese estado celebradas como en el resto del país el 6 de diciembre pasado.(La Patilla)

 

Comisión de Política Exterior debate sobre situación de estudiantes en el extranjero

El diputado Saúl Ortega pidió la conformación de una Comisión que estudie el caso

La situación de falta de divisas para estudiantes venezolanos en el extranjero es tema de debate en la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional.

El diputado Saúl Ortega pidió la conformación de una Comisión que estudie el caso. La instancia cítara al presidente de Cencoex y al encargado del área de divisas del Banco Central de Venezuela para revisar con detalle la información oficial al respecto.

El presidente de la instancia permanente refirió que ya se han recibido miles de cartas de jóvenes en el exterior pidiendo ayuda por su situación, y aseguró que buscarán ayudar a quienes tienen estos problemas.(Últimas Noticias)

 

Maduro expondrá en la Celac medidas para atender crisis económica

El Jefe de Estado llegó a Quito para participar en la IV Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro arribó a Quito, Ecuador, para participar en la IV Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

A su llegada, aseguró que dicha comunidad «va creciendo y cada año que pasa va tomando un rumbo más claro y se va fortaleciendo».

«Hace apenas 4 años vimos su fundación en Caracas en 2011 y luego vinieron consecutivas las cumbres de nuestra comunidad fundada, la cumbre de Chile, la cumbre de la Habana, la cumbre de Costa Rica y ahora estamos en Quito (…) Los pueblos del Sur somos una familia con identidad, libres, independientes, soberanos y orgullosos de ser Suramérica». (El Mundo)

Bloque Constitucional Venezolano asegura que los diputados electos por Amazonas no pierden su  inmunidad parlamentaria

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El recién constituido Bloque Constitucional Venezolano, conformado por destacados profesionales del derecho, expuso su criterio sobre la suspensión provisional de los efectos de proclamación de los diputados electos por el estado Amazonas en las pasadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

«(…) Conservan su investidura y condición de diputados ante la Asamblea Nacional», afirmó dicho grupo al referirse al caso de los parlamentarios de la MUD a la AN por el estado Amazonas.

«Esta decisión temporal sólo les afecta en su ejercicio, el que está sometido a condición mientras se resuelve por el fondo el juicio contencioso electoral», dijo Cecilia Sosa Gómez, quien fungió como presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Además, añadió que «por tanto, los representantes del estado Amazonas sí están investidos como diputados y gozan de inmunidad desde que fueron proclamados».

Esta agrupación, conformada por profesionales de la talla de los doctores Román Duque Corredor y Blanca Rosa Mármol, considera que el hecho de que se incorporaron y luego se desincorporan a la Asamblea Nacional, solo implica que cesan en sus funciones temporalmente, conforme  a los términos de la sentencia No. 260 del 30 de diciembre de 2015.

En consecuencia, vista la desincorporación de estos parlamentarios, las mayorías han de calcularse, en algunos casos, por los diputados presentes, y en otros por sus integrantes, que, en lugar de 167, serían 163.

*Con información de Nota de Prensa.