Incorporar a los tres diputados de Amazonas era impostergable para la bancada opositora en el Parlamento, no sólo porque su prolongada ausencia tenía sin representación a todo un estado, sino porque serán fundamentales en dos batallas políticas que se librarán en los próximos meses, claves para la estabilidad institucional del país: la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia

Álex Vásquez S.

@AlexVasquezS

La Asamblea Nacional designó el jueves 11 de agosto a los 8 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática que integrarán la comisión preliminar para evaluar a los candidatos a rectores del CNE, y que luego formarán el Comité de Postulaciones Electorales, que presentará al Parlamento la propuesta definitiva. El Partido Socialista Unido de Venezuela se negó a participar.

El diputado Carlos Berrizbeitia, presidente de la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del TSJ, confirmó que también en agosto se iniciará el trabajo para instalar el Comité de Postulaciones Judiciales.

“La idea es que en una sesión extraordinaria, antes de que arranque el segundo semestre, instalemos el Comité”, confirmó.

En la MUD saben que ambos procesos serán largos, por lo que decidió iniciarlos en paralelo a la solicitud del referéndum revocatorio, prioridad de la mayoría de los dirigentes.

Round 1: Por el Poder Electoral

En diciembre de este año se les vence el periodo a las rectoras Tania D’ Amelio y Socorro Hernández, por lo que la Asamblea Nacional trabaja en la conformación del Comité de Postulaciones Electorales (instancia que evaluará a posibles sustitutos) meses antes.

D’ Amelio fue postulada por el Poder Ciudadano y Hernández por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades, instancias que deben proponer los nuevos nombres que los diputados y representantes de la sociedad civil evaluarán.

La selección de los 8 diputados de la MUD en la comisión preliminar fue una evidencia de la batalla que vendrá, pues el chavismo no quiso participar, y parece que tampoco lo hará en el Comité de Postulaciones Electorales, instancia que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), debe recibir las postulaciones a rectores, verificar que cumplan los requisitos, y presentar ante la Asamblea la lista de los elegibles.

El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, pidió al Psuv presentar sus diputados en la sesión del martes 16 de agosto. “El período de dos rectoras y sus suplentes, designados en 2009, vence el 3 de diciembre. Para cumplir con los lapsos de la Lopre, es necesario comenzar antes del 25 de agosto con el procedimiento para la designación”, explicó.

Se aprobó que los diputados Juan Miguel Matheus, Juan Pablo Guanipa, Américo De Grazia, Omar Barboza, Stalin González, Juan Guaidó, Luis Aquiles Moreno y Edgar Zambrano integren la comisión preliminar.

Hugbel Roa, del Psuv, explicó por qué salvaron el voto: “Las decisiones con el voto de Amazonas son nulas, no tendrá efecto. Designen a quienes quieran. Toda autoridad usurpada son nulas (sic) y sus actos son ineficaces”.

Ramos Allup le respondió: “En esta votación no votaron los diputados de Amazonas, porque no están en la sesión”.

Entonces, el jefe de bancada del Psuv, Héctor Rodríguez, dijo: “Todos los actos son nulos hasta que la Asamblea acate la sentencia del TSJ (que ordenó desincorporar a los diputados de Amazonas)”.

Y Ramos Allup cerró el debate: “La Asamblea no acata ni acatará ninguna decisión de la Sala Constitucional que viole la Constitución y menoscabe los derechos del pueblo venezolano”.

¿Por qué son necesarios los parlamentarios de Amazonas? Una vez que el Comité preseleccione a los candidatos a rectores, se debe seguir lo que señala la Constitución en su artículo 296: “Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”.

Las dos terceras partes de 167 son 112 diputados, justo los que logró la oposición el 6 de diciembre de 2015, ni uno más ni uno menos. Por eso se necesita a Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana (Región Sur Indígena), legisladores de Amazonas.

Es de esperarse que el conflicto institucional se intensifique, pues si la Asamblea escoge a los dos rectores para suceder a D’ Amelio y Hernández, es probable que el TSJ no los acepte.

El 1 de agosto la Sala Electoral del máximo tribunal decretó la “invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica por violación flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la junta directiva del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos”.

La amenaza, sin embargo, no detendrá a la bancada de la MUD en su intención de renovar el Poder Electoral. El diputado Juan Guaidó, de la comisión preliminar,  aseguró que luego de nombrar esa instancia, se escogerá a los representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité.

“Es imprescindible hacerlo pronto, porque necesitamos un Poder Electoral independiente que le sirva al pueblo y no a una parcialidad política”, señaló.

Ese Comité debe estar integrado por 21 miembros (artículo 19 de la Lopre), 11 de ellos deben ser designados en plenaria de la Asamblea con las dos terceras partes de los presentes (no de los integrantes) y 10 serán postulados por sectores de la sociedad civil.

Si el periodo vence el 3 de diciembre, 30 días continuos antes de su renovación, a más tardar el 3 de noviembre, la Asamblea debe convocar la constitución del Comité. Pero preparar la lista de elegibles tomará meses y, teniendo en cuenta el momento político que atraviesa el país, es inevitable que haya una negociación entre las bancadas de la MUD y el Psuv.

“Si el Psuv escoge uno de los rectores y la MUD otro, el CNE queda 3 a 2. Lo lógico es que haya uno que escoja la MUD y uno de indudable independencia”, señalaron fuentes políticas.

La evaluación de los candidatos tomará, según el consultor político Aníbal Sánchez, hasta 102 días, por lo que opinó que la Asamblea debe nombrar ya a los diputados que integrarán esa instancia.

“Se deben estudiar las ternas de las personas que estarán en el Comité de Postulaciones, la propuesta de las facultades y del Poder Ciudadano. No queremos que en este año ocurra lo que pasó en 2014, que el TSJ nombró a los rectores por la omisión legislativa”, advirtió.

José Luis Pirela, diputado de la Comisión de Política Interior, advirtió que no sólo hay que abordar la situación de las rectoras a las que se les vence el periodo, sino revisar la designación de tres rectores 2014, que realizó el TSJ por omisión legislativa (Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón).

El parlamentario descartó que el TSJ frene la nueva designación de los rectores si se realiza con el voto de los 112 diputados de la MUD.

“El TSJ vive diciendo y haciendo cosas, hasta que lleguen misiones de instancias internacionales que le pongan orden a la situación. Unos magistrados de la Sala Electoral no pueden tomar una medida cautelar para suspender a cuatro diputados. Si la Sala Electoral quiere recobrar algo de respeto, los magistrados deben definir qué harán con esos cuatro diputados. O los restituyen o convocan nuevas elecciones. Pero no seguir con el manguareo. La Asamblea no dejará de hacer su trabajo y nombrará a los rectores”, agregó.

Round 2: Por el Poder Judicial

La Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del TSJ, de la AN, recomendó el 14 de julio –y así lo aprobó el Hemiciclo– dejar sin efecto la sesión en que se designó 13 magistrados principales y 21 suplentes que hizo la mayoría del Psuv en diciembre de 2015, luego de que la oposición ganará las elecciones parlamentarias, pero antes de que asumiera el control del Legislativo.

Pero el 19 de julio, como era de esperarse, la Sala Constitucional del TSJ declaró nula a esa comisión, así como el acto de su creación, sus acciones, informes y demás instrumentos, por considerar que carecen de “validez, existencia y eficacia jurídica”.

En la sentencia se anuló el acto parlamentario en el que se aprobó el informe de la comisión y se señala que cualquier “comisión, artificio o acción que tenga por objeto anular la designación de los magistrados es írrito, nulo y carente de validez, ya que subvierte el procedimiento constitucional para la remoción de magistrados del TSJ”.

A pesar de eso, el Parlamento decidió instalar de nuevo un Comité de Postulaciones Judiciales, que se escoge por mayoría simple de acuerdo con el artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ, y que tendrá 11 miembros principales, cinco diputados y seis representantes de la sociedad civil.

La función esencial del Comité será seleccionar los candidatos a magistrados del TSJ que luego se presentarán al Poder Ciudadano para una segunda preselección y, al final, será la Asamblea la que decida, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes (112 diputados). Si en tres oportunidades no hay acuerdo, en una cuarta se sesión el Parlamento los elige con mayoría simple (artículo 38 de la Ley Orgánica del TSJ). Eso fue lo que ocurrió en 2015, cuando el Psuv tenía la mayoría simple, pero no la calificada. Ahora el control es de la MUD.

En el Parlamento insisten en que el proceso de designación de magistrados del año pasado estuvo lleno de irregularidades, que a muchos de ellos se les demostró su cercanía política con el partido de gobierno o se comprobó que no poseen los estudios o exigencias constitucionales para integrar el TSJ.

También se denunciaron otros vicios, como la orden de jubilación anticipada de los magistrados que fueron sustituidos. La magistrada Carmen Elvigia Porras denunció a la comisión especial de la Asamblea que fue obligada a jubilarse: “No fue una elección libre, sino producto de coacciones”. Por esos vicios, la Asamblea insistirá en la designación de nuevos jueces.

El diputado Juan Miguel Matheus, integrante de la comisión especial, confirmó que se reconstituirá el Comité de Postulaciones Judiciales, pues de los 11 parlamentarios que lo integraban algunos ya no lo son.

“Ese debate comenzará pronto, quizá la semana que viene. Existe el consenso político de adelantar esa designación”, confirmó.

El parlamentario admitió que la prioridad en la oposición es la realización del referéndum revocatorio, sin embargo aclaró que ambas acciones no son contradictorias y se pueden realizar en paralelo. “Hay mayor premura incluso en la designación de los magistrados que en la de los nuevos rectores. Esas vacantes deben cubrirse”, dijo.

Matheus opinó que sería ingenuo pensar que el TSJ no desestimará la designación de los nuevos magistrados, sobre todo porque podría decidirse con el voto de los diputados de Amazonas, pero dijo que eso no puede frenar a la bancada de la MUD.

“El TSJ no puede declarar nulos todos los actos de la Asamblea. La medida cautelar por la que se desincorporó a los diputados de Amazonas decayó a los seis meses. La Asamblea tenía derecho a incorporarlos. Si el TSJ dice que no, pues tendremos más claro aún que debemos cambiar el centro del poder y revocar a Maduro, que es el dueño del TSJ y del CNE. Por eso hay que revocarlo”, agregó.

Ahora se espera que suene la campana para el tercer round.

La defensa 

Álex Vásquez S.

@AlexVasquezS

En su formación, a los militares venezolanos se les explica que el poder político, una vez conquistado, se mantiene gracias a tres elementos: la masa crítica –compuesta por la conjunción de territorio y población–, el poder económico y el poder militar. Hoy, al chavismo sólo le queda el componente militar, por eso se aferra a él.

Esa es la opinión de Raúl Salazar, ex ministro de Defensa, quien asevera que, acorralado como está, el presidente Nicolás Maduro sólo puede darle más poder a la única persona capaz de mantenerlo en la Presidencia en medio de la crisis: el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, comandante del Comando Estratégico Operacional y recién designado jefe de la misión Abastecimiento Soberano. Esto lo ha convertido en una suerte de segundo vicepresidente, pues todos los ministros están bajo sus órdenes.

Salazar aseveró que para lograr su objetivo, Padrino López debe cumplir una primera misión y así lo evidencian los movimientos que se han dado en los últimos días dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: evitar el referéndum revocatorio o, en el peor de los casos, retrasarlo hasta 2017. En ese escenario, si la oposición gana la consulta, es el vicepresidente quien culmina el período y el chavismo no pierde el poder.

“Con Padrino controlando todas las áreas de la economía, sobre todo en cuanto a distribución de alimentos y medicinas, tiene a los militares en capacidad de evitar las protestas que se están dando todos los días por motivos políticos o incluso por falta de alimentos o medicinas. Los militares se llevan preso al que proteste e intentan llegar a 2017 sin el revocatorio”, opinó.

A juicio de Salazar, el oficialismo perdió la masa crítica (territorio y población), como se evidenció tras la derrota en las elecciones parlamentarias de 2016, y el poder económico, debido a la caída de los precios del petróleo.

“Sólo les queda el poder militar, y tienen que fortalecerlo para su beneficio. Su estrategia desde un principio ha sido controlar todos los poderes del Estado, pero han perdido el Parlamento y en este momento la oposición gana, al menos 74 a 26 en intención de voto. Y estoy siendo generoso. Por eso, no pueden ir a un revocatorio, y sólo tienen a los militares para evitarlo”, agregó.

El dilema de Maduro es que depende de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para mantenerse en el poder, pero él es un civil dentro del chavismo, un movimiento político de génesis militar, por lo cual su influencia en la institución no es profunda.

Ante esa debilidad, recurre a su ministro de Defensa, a quien le entrega superpoderes como parte de una estrategia que distintos analistas se han atrevido a calificar de “autogolpe” de Estado: Padrino López adquiere más poder en detrimento de civiles, como el vicepresidente Aristóbulo Istúriz o del propio Maduro.

Enrique Márquez, primer vicepresidente del Parlamento, aseguró que la profundización de la militarización en el gobierno demuestra la dependencia de Maduro a la FANB y su incapacidad de resolver los problemas del país.

“La militarización demuestra que Maduro está en una condición terminal como presidente. Si está tan débil, que renuncie y que el señor Padrino López compita en una elección”, instó.

Tres tendencias

Otro objetivo de Padrino López, afirman fuentes militares, es neutralizar ciertas divisiones dentro de la FANB que podrían afectar la continuidad de Maduro.

Por un lado, afirman las fuentes, están los oficiales que apoyaron el golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, que se empiezan a distanciar de Maduro debido a su fracaso como presidente y consideran necesario una “vuelta a los orígenes” del proyecto bolivariano.

Sus más claros representantes –ya retirados– son el ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, y el mayor general retirado, Cliver Alcalá Cordones. Ambos poseen una fuerte influencia dentro de la FANB.

El lunes, Alcalá Cordones, junto con dirigentes chavistas que se han distanciado del gobierno, como los ex ministros Ana Elisa Osorio y Héctor Navarro, y la organización Marea Socialista, afirmaron que el revocatorio es la salida constitucional idónea a la crisis.

Alcalá Cordones incluso entregó al Consejo Nacional Electoral un documento exigiendo que se haga este año la consulta. “Nos calificamos como defensores de la Constitución, estamos a favor de que el pueblo decida”, aseveró luego de entregar la carta. “El referendo revocatorio, aparte de ser un derecho constitucional, es también una salida pacífica a la crisis política del país”, lo secundó Osorio.

El otro grupo en la FANB depende del poder del diputado Diosdado Cabello, que también posee una fuerte influencia dentro de la institución militar. Entre los oficiales que están bajo su control, hay muchos que estuvieron vinculados al golpe de 1992, pero “aunque creen que algunas cosas deben cambiar, no atacan a Maduro, porque Cabello es su aliado político”.

El diputado, de hecho, se ha negado de lleno a la posibilidad de realizar el revocatorio: “No hay revocatorio, ni este año ni el otro”, afirma constantemente en su programa de Venezolana de Televisión.

“Hay tres grupos en la FANB. Los históricos, donde está por un lado Padrino y por el otro Diosdado, que quieren salvar la revolución, cada uno a su manera. La disidencia, que son estos comandantes del 4-F que culpan a Maduro y no a Chávez de la crisis. Y el sector institucionalista, del que nadie habla, cuya única bandera es el respeto a la Constitución”, agregaron las fuentes.

La preocupación de esos grupos de la FANB no es gratuita: la popularidad de Maduro enfrenta su más fuerte crisis desde que llegó a la Presidencia. El más reciente estudio de Venebarómetro  (la encuestadora que más se acercó a los resultados de las parlamentarias) señala que 58% de los electores estaría muy dispuesto a firmar para activar el revocatorio. Una intención que creció 18 puntos porcentuales en apenas cuatro meses.

De acuerdo con las proyecciones de la firma, ese porcentaje representa a alrededor de 11,4 millones de personas, que son los que colocarían su rúbrica para activar la consulta. Además, si se realiza el revocatorio, 62% de los encuestados está seguro de votar y 88% de ellos lo haría para sacar al mandatario de Miraflores. La elección quedaría así: 10,8 millones de votos a favor de revocar a Maduro contra 1,4 millones en contra.

“Algunos no lo van a creer, pero la revocación de 20% bien podría ser el revocatorio adelantado. La vieja consigna: ‘Son diez, son diez millones, son diez’, nunca antes había adquirido tanta vigencia… en contra de quienes la inventaron”, afirmó Edgard Gutiérrez, director de Venebarómetro, en su cuenta de Twitter.

La cabeza de Reverol

Entre los tres grupos dentro de la FANB, a los que realmente controla Maduro son los que, a su vez, están controlados por Padrino López. Por eso, el ministro de Defensa también es el jefe del Comando Estratégico Operacional, un espacio clave para la acción militar; controla en buena medida las Regiones de Defensa Integral en los principales puntos del país, y ahora es el jefe de la misión Abastecimiento Soberano, para intentar combatir la escasez de alimentos, fenómeno que se ha comido la popularidad del presidente.

“Cabello ha buscado fortalecer su influencia dentro de las FANB. En las últimas semanas ha hecho su programa de televisión en distintos estados del país, pero antes de hacerlo, tiene reuniones con los comandantes de las guarniciones de las regiones”, han señalado las fuentes.

El vicealmirante Rafael Huizi Clavier,  presidente del Frente Institucional Militar, no duda que el poder absoluto dentro de la FANB lo tiene Padrino López. “Ante las expresiones de los disidentes como Rodríguez Torres o Alcalá Cordones, se fortalece a Padrino López para hacer frente. Hay fricciones dentro de la FANB, muchas fracciones que no apoyan a Maduro y quieren recuperar el prestigio del chavismo”, explicó.

Huizi Clavier aclaró que las fricciones hicieron que Padrino pidiera remover a Nestor Luis Reverol (ex ministro de Interior y Justicia de Chávez) del cargo de comandante en jefe de la Guardia Nacional, para colocar en su lugar a Antonio Benavides Torres. “Fue su condición para seguir donde está”, ha indicado.

Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, afirma que Padrino López, además, busca “lealtad a toda prueba” en las Regiones de Defensa Integral (REDI) que se consideran clave.

Es por eso que Maduro colocó al general José Ornella Ferreira al frente de la REDI Capital (Caracas, Vargas y Miranda), al general Jesús Suárez Chourio al frente de la REDI Central, y al almirante Remigio Ceballos como jefe del Estado Mayor Conjunto del CEO-FANB. Todos leales a Padrino.

El ministro de la Defensa, un militar al que se le reconocen su disciplina, su capacidad de tomar decisiones en medio de situaciones estresantes, y su respeto a la autoridad, cuenta con control absoluto de buena parte del territorio. San Miguel opinó que, con Padrino López al frente del Gobierno, Maduro simplemente guarda las apariencias de que controla plenamente el poder en medio de la crisis.

¿Entonces, el país es testigo de una suerte de transición? San Miguel advierte: “Padrino López es un oficial bisagra, se adapta a las desesperadas necesidades de Maduro y a la vez mantiene las apariencias de orden en la FANB. Entiende el significado de los enormes peligros de la transición, pero también sus oportunidades. Cometen un error quienes lo ven desde la oposición como un posible aliado y desde el chavismo como traidor”.

ÁLEX VÁSQUEZ S.

@AlexVasquezS

El presidente Nicolás Maduro sigue muy interesado en comenzar el diálogo con la oposición y, aunque no cede en cuanto al revocatorio –tema sobre el cual los mediadores se han desentendido–, ofrece señales de su buena voluntad, como su disposición, admitida por el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de aceptar la ayuda de  de la Organización  de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así lo confirmó Henri Falcón, gobernador de Lara, quien se reunió hoy con Zapatero; Martín Torrijos, ex presiente de Panamá, y representantes de la Unasur, para seguir definiendo la posición de la Mesa de la Unidad Democrática frente al diálogo.

Falcón aseguró que Zapatero y el equipo de mediadores ha conversado con la FAO para progresivamente ir solucionando el problema del suministro de alimentos (85% de escasez, sólo en Caracas, de acuerdo con Datanálisis).

“Zapatero nos hablabada de la OMS para el tema de los medicamentos, pero ello no quiere decir que no sigamos avanzando en nuestra agenda refrendaria, que la propia comisión no pueda intermediar con el gobierno para solventar el problema de los presos políticos”, expresó.

Sin embargo, a pesar de ese gesto del gobierno, sin la publicación del cronograma del referendo revocatorio contra Maduro este año, se cierra la posibilidad de que el diálogo comience pronto o, al menos, es altamente improbable.

Los gobernadores, antes de ver a los ex presidentes, se reunieron con el G4 de la MUD para afinar detalles. En la cita con los mediadores hubo una ausencia notable: Henrique Capriles, gobernador de Miranda. No fue porque, no es secreto, ha sido crítico con el trabajo de Zapatero pues, a su juicio, desconoce la realidad del país. El español ha señalado en entrevista a Telesur que es su reto “convencerlo” de sus buenas intenciones.

Más mediadores. Guarulla informó que se reiteró que, aparte de los mediadores actuales, la MUD exige que se incorporen otros de mucho prestigio, que ayuden a encauzar los puntos a tratar en un eventual proceso de diálogo.

“Se reiteró también la importancia del revocatorio, que no un capricho de la MUD, sino que tiene que ver con el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho. Lograrlo no es una autorización de Zapatero o el gobierno, es una figura contemplada en la Constitución. También hablamos sobre los presos políticos, incluidos dos indígenas, que deben ser liberados”, señaló.

El gobernador descartó que el diálogo comience mañana, porque la oposición aún debe debatir al respecto y el país debe conocer las condiciones del gobierno. “Eso de que ellos no tienen condiciones es mentira”, agregó.

Zapatero confirmó que hay disposición a ampliar la mediación, quizá con representantes de la Organización de Estados Americanos, pero se ha desvinculado del revocatorio. Aclaró que el tema puede conversarse en las reuniones, pero como se trata de un derecho constitucional, la decisión no se tomará ahí.

“El diálogo y el revocatorio son planos distintos, son carriles distintos y la oposición tiene todo el derecho a ejercer la iniciativa del revocatorio, pero ese proceso tiene sus trámites y si el revocatorio se da ahorita o después, este año o el otro, eso no es tarea de los mediadores el tema del revocatorio”, indicó.

Esa actitud ha sido la principal piedra de tranca al proceso del diálogo, porque la oposición ha insistido en que la realización del revocatorio es innegociable.

Mientras, la Conferencia Episcopal Venezolana se ofreció como mediadora, si su participación contribuye a que se inicie un proceso de diálogo gobierno-oposición. Sin embargo, mediante una exhortación leída por Ubaldo Santana, arzobispo de Maracaibo, la Iglesia señaló que el Poder Electoral tiene la obligación de cuidar que el revocatorio se haga este año, porque retrasarlo pondría en peligro “la estabilidad del país”.

Luego de su reunión con los gobernadores, Zapatero se reunirá con la comisión que designó presidencial de Maduro para el diálogo.

ÁLEX VÁSQUEZ S.

@AlexVasquezS

Las ambiciones de diálogo gobierno-oposición del presidente Nicolás Maduro -que lo ha pedido en varias oportunidades- y de la Unión de Naciones Suramericanas, no lucen fáciles de cumplir. La misión de los ex presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y Panamá, Martín Torrijos, se complicó, pues el diálogo no iniciará el 12 de julio, como quería Ernesto Samper, secretario general de Unasur. Las conversaciones arrancarán solo cuando el mandatario venezolano acepte las condiciones de sus adversarios.

Ambos ex mandatarios se reunieron durante casi cuatro horas con los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática Julio Borges y Alfonso Marquina, de Primero Justicia; Freddy Guevara y Luis Florido, de Voluntad Popular; y Enrique Márquez y Timoteo Zambrano, de Un Nuevo Tiempo.

Los parlamentarios reiteraron sus exigencias para que las conversaciones con el gobierno de Maduro inicien: que se amplíe la mediación, incluyendo a la Iglesia, organizaciones como la OEA, y otros expresidentes; que no sea República Dominicana la sede; que el referéndum revocatorio se haga este año, que se libere a los presos políticos, y que se respete al Parlamento.

El encuentro se realizó en un reconocido hotel de Caracas y fue muy hermético. Al concluir, Rodríguez Zapatero, que se dirigió a la residencia del embajador de España en la capital, Antonio Pérez Hernández, evadió a la prensa, que lo esperaba en el lobby

Florido aclaró: “Antes de que me hagan la pregunta, no hay fecha para el diálogo, esperamos que el Gobierno respete nuestras exigencias”.

El dirigente aseveró que lo esencial para poder considerar el diálogo es que el Consejo Nacional Electoral publique un cronograma claro para el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, y que se libere a los presos políticos, “que ya son 36 desde que Zapatero ha venido a Venezuela”.

“Queremos que sea un diálogo fructífero, esperamos una respuesta integral del gobierno. Probablemente tendremos otras reuniones antes de que nos podamos sentar. Hay disposición real por parte de los miembros de la MUD”, indicó.

Fuentes de la alianza opositora confirmaron que se ha visto con buenos ojos la propuesta de ampliar la mediación, ya sea con la incorporación de la Iglesia o de otros ex presidentes, quizá alguno de los que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas. La sustitución de Rodríguez Zapatero, que algunos dirigentes opositores han propuesto, no se planteó ayer.

“No creo que las reuniones, si se logran, sean en Venezuela, pero tampoco en República Dominicana. Sobre el revocatorio, Rodríguez Zapatero entiende que es un derecho y en eso no se mete”, afirmaron.

A salir de la reunión, Márquez, primer vicepresidente del Parlamento, fue evasivo y parco. Aunque, con pocas palabras, dijo mucho: “Se logró algo, pero menos de lo que esperábamos”.

Lamento oficialista

Por el oficialismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela lamentó que la oposición no aceptará iniciar el proceso del diálogo con el gobierno el 12 de julio, como había propuesto Unasur y como había considerado la propia MUD en un comunicado.

Héctor Rodríguez, jefe de bancada de esa organización en el Parlamento, dijo que el diálogo es necesario para garantizar la paz del país.

«Salen con nuevas excusas para no sentarse, la oposición no quiere dialogar, está poniendo trabas y excusas. Sabemos que algunos quieren sentarse, pero están entrampados en sus propias peleas internas», señaló.

El diputado aseguró que el PSUV no pone condiciones, pero considera necesario que la oposición «renuncie a la guarimba» y que se respete la Constitución y los demás poderes del Estado.

Álex Vásquez S.

@AlexVasquezS

Parece que el juego comienza a destrabarse y que el diálogo entre la oposición y el gobierno iniciará el lunes, a menos a través de mensajeros, pues ninguno de los actores políticos accede a verse las caras hasta que el otro acepte una batería de ambiciosas condiciones.

La Mesa de la Unidad Democrática exige ampliar la mediación con el Vaticano, la Organización de Estados Americanos y ex presidentes de otros países; que el lugar de las reuniones sea concertado y no sea República Dominicana; que se realice el referéndum revocatorio este año; se libere a los presos políticos y se respete la autonomía del Parlamento.

El presidente Nicolás Maduro, por su parte, pide que la oposición acepte y se una a la Comisión por la Justicia y la Verdad, se reúna con las víctimas de las protestas de 2014 y apoye sus medidas económicas.

El lunes, probablemente en la Embajada de España en Caracas, los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, y Martín Torrijos, de Panamá, escucharán a representantes de la colación opositora Mesa de la Unidad Democrática y luego presentarán sus inquietudes y exigencias ante el Ejecutivo, en el Palacio de Miraflores.

Desde que se anunció la llegada de Rodríguez Zapatero a Caracas, comenzaron los ataques a la oposición por parte de sus más radicales seguidores, quienes afirmaron que el socialista es un “colaboracionista” que sólo quiere resguardar los intereses de Maduro. Sin embargo, Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, pidió calma y confianza, y prometió que no irán a la mesa de diálogo con los “pantalones en los tobillos”.

En un mitin que realizó la oposición el sábado en Caracas para exigir al Poder Electoral que inicie el segundo proceso de recolección de firmas para activar el referéndum recovatorio, Ramos Allup enfatizó que se sentarán a conversar con quien se tengan que sentar –delincuentes incluidos– para salvar al país, superar la crisis política y económica, liberar a los presos políticos y que los venezolanos en el exilio puedan regresar a casa.

El diputado aclaró que las reuniones no pueden hacerse en República Dominicana, porque el expresidente de ese país, Leonel Fernández, ha demostrado que está parcializado, pues trató de impedir la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a Venezuela, para beneficiar a Maduro.

“El lugar de diálogo puede ser la OEA, en Washington; o Panamá, que es la sede del Parlamento Latinoamericano, o Venezuela, en la Conferencia Episcopal. Les pido calma: si en el diálogo está empeñado el Vaticano, el G7, la Comunidad Europea, la OEA, el gobierno norteamericano, Unasur, si todo el mundo quiere diálogo, bueno, tenemos que dialogar pero con nuestras condiciones”, reiteró el diputado.

Rodríguez Zapatero, apenas aterrizó en Caracas, opinó que las condiciones están dadas para que las conversaciones inicien y aclaró que sí se abordará la realización del revocatorio, porque es una iniciativa constitucional: “Sin duda de eso se va a hablar, y de las expectativas que puede haber en torno a eso”.

Pero algunos sectores del chavismo lucen reacios a aceptar las propuestas de la MUD. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, aclaró que sólo hablarán “sin condicionamientos de ningún tipo” para mantener un clima de paz. “Saludamos la declaración de la oposición a incorporarse al diálogo, a pesar de los elementos irrespetuosos en el comunicado del jueves”, señaló.

Condiciones imposibles. Que se realice el revocatorio en 2016 parece ser la principal piedra de tranca, pues la oposición no piensa ceder. Enrique Márquez, segundo vicepresidente del Parlamento, celebró los esfuerzos de Rodríguez Zapatero y Torrijos, así como el interés de la Unasur, la OEA y el G7 de Naciones Unidas para que el diálogo se dé, sin embargo, reiteró que el revocatorio es “imposible de negociar porque no pertenece a la MUD sino al pueblo”.

“La oposición no puede negociar un derecho constitucional, así que la consulta debe ser vista como algo inevitable. El Gobierno no puede bloquearla. Lo que queremos es una medición electoral. Más que innegociable, es inevitable que el revocatorio se realice este año”, ha aclarado.

El sociólogo Carlos Raúl Hernández opinó que cada bando está colocando condiciones sobre la mesa que el otro no va a aceptar, porque hay “demasiados factores de lado y lado que no quieren diálogo”, que sólo aceptan a reunirse con Rodríguez Zapatero y Torrijos por la intensa presión de la comunidad internacional.

“Nadie quiere quedar como el malvado, pero ponen condiciones imposibles. Recomendaría a quienes quieren hacer un encuentro, que buscaran algunos expertos en negociación, porque mientras más condiciones se ponen, menos fácil se hace. No soy muy optimista con que el diálogo se vaya a realizar”, indicó.

Hernández opinó que la realización del revocatorio este año es la principal piedra de tranca porque implicaría la rendición incondicional del gobierno. “Si se hace, el gobierno queda fuera y sin ningún mecanismo de defensa. Ponerlo como una condición, es ponerle la condición de que se rinda para hablar. Creo que eso no es posible”, agregó.

El también doctor en Ciencias Políticas lamenta que se haya vendido como una derrota la posibilidad de que se haga el revocatorio en  2017, pues a su juicio si eso ocurre se instalaría un gobierno de transición.  “Si se hace y Maduro queda apabullado, todo no puede quedar igual en el gobierno. No es derrota que sea el año que viene: si Maduro sale el año en 2017 en esas condiciones, lo que viene es un gobierno distinto, de transición, acordado por ambas partes”, añadió.

Militarizar, bachaquear diputados y usurpar identidad son algunas de las estrategias diseñadas por el oficialismo intentar revertir la ventaja que le ha sacado la oposición para las elecciones de diputados

@AlexVasquezS

“NUNCA EN 17 AÑOS DE ESTUDIO de la política vi a un Gobierno enfrentar un proceso electoral en condiciones tan adversas. No creo que el oficialismo pueda revertir la brecha a favor de la oposición, en todo caso podrá tratar de reducirla”. La frase la dijo el politólogo John Magdaleno durante el foro Cobertura electoral en tiempos de crisis, organizado por la ONG Espacio Público y refleja la realidad de los estudios de opinión sobre el clima electoral a poco más de un mes para las parlamentarias.  

Datanálisis, IVAD, Keller y Asociados y Delphos coinciden en que la ventaja a favor de la oposición de cara a las parlamentarias está entre 18 y 25 puntos porcentuales. Es justamente lo que Magdaleno considera difícil de revertir, y el Gobierno está consciente de esa dificultad.

Ya el presidente Nicolás Maduro lo advirtió: “Yo creo que las elecciones del 6 de diciembre pudieran ser las más difíciles que ha enfrentado la revolución”, dijo el 4 de octubre durante la juramentación del Comando de Campaña Bolívar-Chávez en el Teatro Principal de Caracas. Y no se equivocó, desde que el chavismo existe nunca participó en una contienda electoral con números tan adversos. El 20 de octubre, desde Barinas, el mandatario remató: “Las elecciones hay que ganarlas como sea”.

El oficialismo se legitima en elecciones y sabe ganarlas. No podría esperarse que, en las parlamentarias, se queden de brazos cruzados. Así que ya ensayan estrategias para revertir la ventaja.

A continuación, las seis jugadas tramposas que se inventó el chavismo, con la venia del Consejo Nacional Electoral, para intentar ganar el 6D.

No a una observación internacional calificada

El representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática ante el CNE, Vicente Bello, ha reiterado la importancia de que las parlamentarias cuenten con una observación internacional calificada y no con un simple acompañamiento electoral. Bello explicó la diferencia entre ambos términos: la observación calificada sólo la tienen organismos como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea, que cuentan con equipos de técnicos especializados en cada fase del proceso, que visitan los países desde que inician las auditorías, vigilan la campaña, recorren con autonomía cada centro de votación el día de la elección y se mantienen en el país durante varios días después de finalizado el proceso. Al final, presentan un informe detallado sobre lo que observaron. Por otra parte, en el acompañamiento, que realizan organizaciones como Unasur no ocurre así: “La Unasur sólo viene pocos días antes de las elecciones, va a los lugares que le escogen y se va sin emitir opiniones”, señaló.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, sólo permitió el acompañamiento de Unasur, Corea del Sur, Rusia, Centro Africano y Celac. La oposición quedó inconforme.

Brasil no enviará una delegación a las parlamentarias porque no aceptó que su labor se limite a la de acompañantes, y no a observadores con autonomía.

El bachaqueo de diputados

El integrante del equipo electoral del Comando Venezuela Unida, Aníbal Sánchez, denunció lo que la oposición llamó “bachaqueo de diputados”: los cambios en índices poblacionales que la mayoría del oficialismo aprobó en la Asamblea Nacional, que quitaron diputados en algunas circunscripciones, usualmente de tradición opositora, para trasladarlos a otros, de dominio chavista.

Cuando se analiza el comportamiento electoral de las cinco circunscripciones, que de acuerdo con el proyecto de circuitos elaborado por técnicos del CNE ahora cuentan con un diputado adicional (4 de Aragua, 1 de Barinas, 1 de Guárico, 6 de Miranda y 1 de Nueva Esparta), se observa que el PSUV los ha dominado con amplia ventaja desde las elecciones de 2008.

En los seis procesos electorales que ha habido desde las regionales de 2008 hasta las municipales de 2013, el oficialismo ha ganado en el circuito 4 de Aragua con un promedio de 24,3% de ventaja.

La MUD, en una carta que entregó al CNE cuando se conoció la decisión, afirmó que no se justificaba, de acuerdo con las proyecciones del INE, que ese estado tuviera un diputado más. En su lugar, afirmó, que ese parlamentario debió asignarsele a Amazonas.

En esas seis elecciones, el chavismo ha ganado con 29,4% de ventaja en el circuito 1 de Barinas, con 35,9% en la circunscripción 1 de Guárico y con 32,9% en el circuito 6 de Miranda. En este último caso, el nuevo diputado que irá a esa zona chavista (los Valles del Tuy) se le quitó a un espacio de dominado cómodamente por la oposición: el circuito 2, compuesto por Baruta, Chacao, El Hatillo y Leoncio Martínez (Sucre). La MUD denunció que ese cambio no está justificado estadísticamente. Pero su reclamo no fue escuchado.

El único espacio en el que la ventaja del PSUV no es tan sólida es la circunscripción 1 de Nueva Esparta, donde la oposición ganó en 2008 y en 2010 con 6,3% a su favor, en promedio. Sin embargo, en las últimas cuatro elecciones ha ganado el PSUV con 12,03% de ventaja. 

Otro caso que llama la atención es el de la parroquia 5 de julio, ubicada en la frontera entre el municipio Caroní, de Ciudad Bolívar, y el municipio Casacoima, de Delta Amacuro. Desde 2011, de acuerdo con la reforma de la Ley de Ordenamiento Político Territorial, esta parroquia dejó de formar parte de Casacoima y fue agregada a Caroní, pero en los procesos electorales, por la distribución de las circunscripciones, se mantenía como parte de Delta Amacuro.

Ahora la parroquia 5 de julio formará parte de Caroní. En el circuito de Caroní se escogen tres diputados nominales y, por su tendencia en los últimos cinco procesos electorales, podría favorecer a la oposición; sin embargo, la parroquia que se le agregó, la 5 de julio, es de tendencia fuerte hacia el chavismo.

Estado de excepción

Militarizar la frontera a través el decreto de estado de excepción en Táchira, Zulia y Apure podría inclinar la balanza en cuanto al número de diputados.

Hay 23 municipios bajo estado de excepción que se encuentran ubicados en 9 circuitos electorales, y que otorgan 9 de los 167 parlamentarios en disputa. Aunque el número es pequeño, son espacios fundamentales para el 6D, porque 6 de los 9 curules se disputan en circuitos reñidos y la oposición está obligada a ganar todas las circunscripciones de ese tipo para tener oportunidad de conquistar la mayoría del Hemiciclo (84 diputados).

El integrante del Equipo Ejecutivo del Comando Venezuela Unida, Enrique Márquez, afirmó que el estado de excepción no les ha impedido a los candidatos de la oposición hacer campaña en la mayoría de esos circuitos. “Ellos están haciendo su campaña, sus visitas casa por casa. Sólo en la frontera de Táchira hemos tenido problemas, pues se le ha prohibido a Laidy Gómez hacer campaña”, señaló.

Gómez es candidata en la circunscripción 1 de la entidad, que comprende los municipios Rubio y Ureña, entre otros del suroeste de ese estado.

Esta semana el presidente Maduro extendió el estado de excepción por 60 dìas más, lo que quiere decir que en los circuitos fronterizos se votará con las garantías restringidas.

Usurpación de identidad

Luego de denunciar que no reconocía el resultado de las presidenciales del 14 de abril de 2013, el Comando Simón Bolívar entregó ante el CNE un informe con las irregularidades del proceso y exigió cotejar las actas de las máquinas de votación y las papeletas, con los cuadernos. Argumentaron que así se podía comprobar si se había usurpado un número significativo de identidades.

Esto pudo –y puede– ocurrir, porque la máquina de votación no impide el derecho al sufragio (así lo establece la Constitución) aunque la huella de un elector no coincida con el número de cédula que entrega. El CNE señaló que, si bien es cierto que eso puede suceder, los casos en los que pasa son tan pocos que no influyeron en los resultados.

Para evitarlo, la MUD entregó un comunicado al CNE el 4 de octubre con una serie de exigencias, entre las que pedía que se baje de siete a cuatro la cantidad de veces consecutivas que la máquina de votación permite que los electores cuya huella no coincide con sus datos puedan votar. El CNE no lo aceptó.

En una elección en la que cada circuito puede definirse por pocos votos, resulta fundamental cuidar cada uno de ellos.

El dinero de todos

Como ocurre elección tras elección, el CNE se hace de la vista gorda ante el abuso de la condición de funcionarios de algunos candidatos del Psuv, que aprovechan los recursos del Estado para hacer campaña. En sus recorridos casa por casa para elaborar las listas 1 por 10, los aspirantes del polo Patriótico andan en compañía de alcaldes, gobernadores, ministros o vicepresidentes y entregan Canaimitas, neveras, televisores, materiales de construcción y hasta pocetas, además participan en la asignación de casas de la Misión Vivienda.

El artículo 67 de la Constitución prohíbe al Estado financiar partidos y el artículo 145 de la carta magna establece que “los funcionarios están al servicio del Estado, no de parcialidad alguna”.

Por su parte, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 75, prohíbe el financiamiento de la propaganda con recursos públicos. El 20 de octubre, desde la inauguración de una planta de maquinaria de construcción en Barinas, Maduro, aprovechando su condición de jefe de Estado, promocionó desde la señal de Venezolana de Televisión a varios candidatos del Psuv. Estos le respondían: “El 6 de diciembre gana Chávez”.

Oposición de mentira

Con el eslogan “Somos la oposición”, candidatos oficialistas con la tarjeta de MIN Unidad (gracias a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que cambió su directiva) pretenden confundir al electorado. Además, el partido escogió su ubicación al lado derecho de la tarjeta de la MUD y en su emblema destaca la palabra Unidad, con letras blancas y fondo azul.

Uno de sus candidatos es William Ojeda, por el circuito 3 de Miranda (Sucre), quien también fue inscrito por el PSUV, pero a pesar de eso se vende con el mismo eslogan: “Somos la oposición”, que se destaca en sus vallas. Su propaganda incluye a supuestos residentes de urbanizaciones del municipio que atacan la gestión del alcalde Carlos Ocariz.

Además de tener tarjetas parecidas, una al lado de la otra, en el circuito 1 de Aragua, MIN Unidad también inscribió a una persona con el mismo nombre del candidato de la MUD: Ismael García.

A PESAR DE QUE LOS PRESIDENTES DE VENEZUELA, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, ya se reunieron para intentar solventar la crisis fronteriza, así como lo hicieron parte de sus equipos de ministros y los cancilleres, es poco lo que se ha avanzado, pues continúa el estado de excepción y el cierre de la frontera en Táchira, Zulia y Apure.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el gobierno de Venezuela acordaron  el lunes 29 de septiembre que a los ciudadanos colombianos deportados tras el decreto de estado de excepción del presidente Nicolás Maduro se les permita regresar para regularizar su situación con la ayuda del gobierno venezolano, si así lo desean.  Pero a pesar de esos tímidos avances, la frontera se mantiene cerrada, algo que, advierten expertos, no está justificado y constituye un cerco que restringe las garantías para la vida económica y política del país.

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, celebró el acuerdo entre Unasur y Maduro, algo que considera un primer paso para la normalización de las relaciones; sin embargo, aclaró que la regularización de la frontera dependerá de los gestos de Colombia, y que no es automático, porque se trata de “un proceso por escala”.

La internacionalista Elsa Cardozo aseveró que no hay explicación alguna que justifique el estado de excepción y el cierre de las fronteras, algo que, a su juicio, despierta suspicacias.

“Hay un cerco a Venezuela, que es el estado de excepción, pues restringe garantías para la vida económica, para la salud política del país y para el propio proceso electoral. Es un cerco no a Colombia, sino a Venezuela. Nicolás Maduro dijo que el cierre podría tomar seis meses, pero la pregunta es: ¿qué es lo que se va a atender en ese tiempo? Eso hay que precisarlo”, señaló.

Cardozo opinó que el comunicado de Unasur es muy poco explícito, sobre todo por el hecho de que surgió justo cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió un informe que detalla los trastornos que ha producido la crisis en la frontera.

La CIDH denunció que la deportación de ciudadanos colombianos desde Venezuela representa una crisis humanitaria, debido, entre otras cosas, a preocupantes violaciones a los derechos humanos.

Aseveró que las violaciones a los derechos humanos tienen que ver con “las dificultades para acceder a alimentos y servicios de salud, y actos de discriminación y persecución por parte de autoridades, principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana, pero también en algunos casos por parte de personas particulares”.

Cardozo señaló: “La Unasur obvia algunos asuntos pendientes. La Cidh parece indicar que hay sanciones que aplicar al Estado venezolano, por los derechos vulnerados, las propiedades destruidas”.

Dijo que las evaluaciones sobre el impacto económico del cierre, sobre el impacto en la seguridad regional, apuntan a que se desmonte y se busquen soluciones de fondo a problemas que son técnicos y deben acordarse entre ambos países.

Perder lo mejor posible

Mientras se dan reuniones y se pronuncian organismos internacionales, el cerco se mantiene y podría extenderse, pues el mandatario venezolano anunció que también se activará la medida en Amazonas, en la zona fronteriza con Colombia.

El mismo Maduro, desde su cuenta de Twitter, ha retuiteado propuestas de extender el estado de excepción a todas las fronteras del país. Es una medida que la oposición venezolana ha calificado de exagerada, pues cuando Hugo Chávez estuvo en el poder nunca la utilizó, ni cuando el golpe de Estado ni cuando el paro petrolero.

Lo cierto es que Venezuela lleva casi un mes con sus fronteras cerradas, algo que Luis Alberto Buttó, doctor en historia y experto en el área militar, también considera una especie de cerco que, afirma, afecta a toda la sociedad venezolana.

“La crisis económica, con el cierre de la frontera, empeora, pues el comercio fronterizo está prácticamente paralizado. Colombia es uno de nuestros principales socios y quien sufre es la sociedad”, señaló.

Opinó que las consecuencias de la medida poco interesan al gobierno, pues su objetivo real no es resolver la crisis fronteriza, sino generar condiciones políticas que atenten contra la movilización del electorado opositor, para que el oficialismo saque algún provecho en las elecciones parlamentarias.

“La aspiración del gobierno no es necesariamente ganar, sino perder en la mejor condición posible. No es lo mismo que la oposición obtenga una mayoría calificada que la mayoría simple. El gobierno solo intenta restar daño. Ese es el único trasfondo del estado de excepción”, señaló.

Lo cierto es que no hay elementos reales que auspicien una “normalización de la frontera”. De la última reunión entre cancilleres y los ministros de Defensa, Minas y Energía y Hacienda de Colombia, y sus pares venezolanos, casi nada se supo. La esperanza de esa normalización descansa ahora en el próximo encuentro, que será el miércoles 29 de septiembre, día en que los ministros de defensa volverán a verse las caras en Santa Marta, Colombia.