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Jorge Arreaza:
Jorge Arreaza asegura que nunca enviaron los 9 millones de dólares a Venezuela, que serían dedicados a combatir la pandemia, tal como informara el administrador interino de la Usaid, John Barsa.

El ministro de Relaciones Exteriores del chavismo, Jorge Arreaza, rechazó declaraciones provenientes de la Organización Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), en las que aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro coloca obstáculos para impedir la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela por parte de este organismo.

De acuerdo con el funcionario, la organización estadounidense dice mentiras, y sostiene que el gobierno chavista no impide la entrada de ayuda humanitaria, sino que más bien, la recibe sin restricción alguna a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Cruz Roja.

«¡Mentirosos! Cualquier país u organización puede cooperar directamente con asistencia, vía ONU o Cruz Roja, sin restricciones, si desea hacerlo. Un funcionario de Estados Unidos se comunicó hace un mes para coordinar envío de insumos vía OPS (Organización Panamericana de la Salud), lo que jamás ocurrió», aseguró Arreaza en Twitter.

Horas antes, el administrador interino de la Usaid, John Barsa, afirmó que Estados Unidos ha destinado 9 millones de dólares a Venezuela, fondos dedicados a combatir la pandemia, pero que el dinero no ha llegado gracias a obstáculos impuestos por el gobierno madurista.

«El problema es que el régimen de Maduro no deja que la ayuda pueda entrar en Venezuela en la escala que se necesita. Vimos esto antes del COVID-19 y desafortunadamente todavía lo estamos viendo con el régimen de Maduro», indicó Barsa en entrevista a La Voz de América tras explicar que los recursos no se entregan al oficialismo ni a la administración de Guaidó, sino a organizaciones internacionales y locales, además de agencias de la ONU en Venezuela.

Por su parte, Maduro ha insistido en distintas ocasiones desde que inició la crisis por la pandemia de coronavirus, que el gobierno de Donald Trump mantiene una «persecución» en contra de Venezuela y lejos de enviar ayuda humanitaria, bloquea la importación de alimentos y medicinas, hecho que ha sido negado por las autoridades estadounidenses.

Jul 03, 2019 | Actualizado hace 11 meses
Tamara Suju denuncia motín en la sede del DGCIM

LA ACTIVISTA POR LOS DERECHOS HUMANOS, Tamara Suju informó este miércoles a través de su cuenta en Twitter que en los calabozos de la DGCIM se registra un motín. Los presos políticos piden la visita de la CIDH.

“Están desde ayer atrincherados. Quitaron cámaras y puertas que los separaban. Exigen se excarcele a quienes tienen boleta, se traslade a quienes tienen orden, atención médica por posible brote de hepatitis”, indicó.

Suju acotó que los presos exigen la visita de sus abogados a los que se la niegan y la visita de su familia al Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro.

“Quieren que se mejoren las condiciones de salubridad. Hay una poceta para 60 detenidos. Exigen se encarcele a los verdaderos torturadores del Capitán Rafael Acosta, ellos son Blanco Hurtado, Abel Angola, Granko Artega”, señaló al tiempo que comentó que “la semana pasada los sacaron después de 5 meses al sol, para sacarles una foto para Bachelet y luego los volvieron a encerrar”.

Destacó que el Coronel Hannover Guerrero “se enfrentó y les dijo que cuando cesará la usurpación de Juan Guaidó, los escucharía”.

 

 
Guaidó sobre caso Rafael Acosta Arévalo:

“NO HAY PALABRAS PARA DESCRIBIR este abominable hecho. Hemos establecido contacto inmediato con la familia y la comisión ONU en Venezuela. He girado instrucciones a embajadores y equipo internacional para elevar denuncia a Gobiernos y especialmente a Alta Comisionada Michelle Bachelet”, así lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó quien es también reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. 

Afirmó que siguen “recabando” la información sobre las torturas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fallecería este sábado en la madrugada. 

 

Puede leer también: Maduro ordena y Tarek William Saab acata investigar asesinato del “ciudadano” Acosta Arévalo 

 

“Seguimos recabando información sobre este crimen para profundizar acciones. Nadie, absolutamente nadie puede permanecer indiferente ante este horror, y mucho menos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada”, manifestó Guaidó en Twitter este sábado, 29 de junio.

Guaidó se solidarizó con los familiares de Acosta Arévalo. “Familia militar: no están solos, habrá justicia. Dictadura asesina, criminal y torturadora: esto no se quedará así Hombres y mujeres de la FANB, saben lo que tienen que hacer para salvar a la patria y a la institución militar:expulsar invasores cubanos y defender constitución”.

 

 

 

ABC: Raúl Castro y Díaz-Canel, denunciados ante La Haya y las Naciones Unidas por esclavitud

DESPUÉS DE UN AÑO DE TRABAJO y recopilación de cientos de documentos y testimonios, la semana pasada fue remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia suscrita por la Asociación Cuban Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, y la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), un exhaustivo documento denunciando al Gobierno de Cuba.

Raúl Castro, al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 –y en la actualidad primer secretario del Partido Comunista–; y Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Bruno Rodríguez Parrilla de Relaciones Exteriores y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández, son los miembros del régimen cubano acusados por «la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos recogidos» en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

La denuncia, de cuya recepción acusó recibo la CPI este lunes y ha sido presentada este martes a la prensa desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, abarca un periodo comprendido entre el año 2002 hasta la actualidad y se centra en los abusos a que han sido sometidos miles de trabajadores, especialmente médicos, que se han visto forzados, en su mayoría, a participar en las conocidas como Misiones de Internacionalización, muchas de las cuales están amparadas por Convenios internacionales.

El presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explicó que la denuncia «Ha tomado casi un año de trabajo de documentación en donde empezamos con una perspectiva global de crímenes de lesa humanidad y entendimos en un momento determinado que Cuba tenía una vulnerabilidad en su accionar al exportar su esclavitud a terceros países que tenían convenios y tratados que protegen los derechos de todos los habitantes en ellos incluidos los cubanos. Fue entonces cuando nos centramos en las misiones y en los trabajos en el exterior de Cuba y descubrimos que ejercita las mismas violaciones de Derechos Humanos sobre los trabajadores que ejercitan dentro de la isla. Nos dimos cuenta que teníamos jurisdicción y competencia en numerosos foros y que el gobierno era por fin vulnerable ante la verdad jurídica».

Estas misiones han servido para llevar los cuidados médicos a poblaciones remotas y a personas carentes de recursos, pero también para el enriquecimiento del Gobierno de Cuba a costa del trabajo de miles de médicos, según pretende demostrar la denuncia. Estos han recibido una parte mínima de su salario, entre el 10% y el 25% del salario acordado entre el régimen cubano y el país en el que prestan servicio, reembolsándose el régimen cubano entre el 75% y 90% restante. A esta violación de sus derechos económicos se suma las condiciones de vida a la que han sido sometidos, como un estricto control –prohibición para conducir, control de pernocta, de movilidad, de horarios, vigilancia electrónica–, además de haber sido víctimas de persecución y amenazas si no cumplían las exigencias del régimen o abandonaban la misión.

Lea la nota completa aquí ABC

UN INSTITUTO ACADÉMICO CHECO, dirigido por la abogada Tamara Suju informó este lunes que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por supuestos ataques de las fuerzas de seguridad venezolanas contra una clínica privada y tres iglesias.

Según explicó a Efe Sujú, directora ejecutiva de CASLA, un centro especializado en estudios de América Latina en Praga, el objetivo es “demostrar que la represión se ha recrudecido” en el país caribeño, presidido por Nicolás Maduro.

“No importa ya atacar una clínica o centro de salud, lo que internacionalmente está penado”, señaló la jurista venezolana, que recibió asilo en la República Checa en 2014.

CASLA, que recibe fondos del Estado checo, ha presentado en el pasado varios pliegos ante la CPI con más de 600 casos de supuestas torturas atribuidos a responsables del Gobierno de Maduro.

En los dos expedientes por crímenes de lesa humanidad abiertos contra Venezuela en La Haya hay casos de torturas, de detención arbitraria, violencia sexual y desapariciones forzadas temporales.

En el material presentado ahora al CPI se denuncia el ataque a la clínica privada “Alfa” en Maiquetía (estado de Vargas), donde fueron heridas de gravedad tres mujeres durante las protestas callejeras que siguieron a un discurso del dirigente opositor Juan Guaidó el pasado 30 de abril.

La intervención de las fuerzas del orden hizo que numerosas personas se refugiasen en el centro del salud, donde entraron agentes y abrieron el fuego “a quemarropa”, asegura Sujú.

Agentes de la Guardia Nacional y Policía Regional allanaron ese mismo día tres iglesias, en Maiquetía, San Cristóbal (estado de Táchira) y Barquisimeto (estado de Lara).

Allí se habían refugiado manifestantes, contra los que se usaron gases lacrimógenos dentro del templo durante el oficio religioso.

En el pliego de denuncia a la CPI figuran el gobernador de Vargas, José Luís García Carneiro; el vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, y el jefe de la policía del estado de Vargas, Virgilio Pelequia, como “cabezas de la represión”, aseguró Sujú.

Seis países -Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Chile y Canadá- han denunciado a Venezuela ante la CPI y han instado al fiscal a abrir la investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Por otra parte, CASLA anunció hoy que en cooperación con la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) entregará en junio próximo un informe en la CPI sobre la “masacre del pueblo pemón”.

Esta comunidad indígena autóctona se ha visto desplazada por el Gobierno venezolano para facilitar la extracción minera en su zona de residencia.

“Unos 1.200 ‘pemones’ se han visto obligados a abandonar Venezuela y refugiarse en Brasil tras ser intimidados por el Gobierno”, explicó Sujú.

Hung: Comisión Interamericana investiga violación de derechos humanoss por el caso Viasa

EL PASADO 11 DE FEBRERO de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA abrió a trámite una petición contra Venezuela ante lo que sería la violación de derechos humanos de trabajadores de la aerolínea que a pesar de haber cesado operaciones en el primer trimestre de 1997 e iniciado el proceso de liquidación hasta la presente fecha no han sido satisfechas las obligaciones dinerarias, en particular aquellas que tienen origen laboral como lo son los trabajadores, jubilados y pensionados.

El abogado Roberto Hung Cavalieri, presentó la acción ante la Comisión con sede en Washington en octubre de 2017, donde refirió que los derechos señalados como violados son los de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, derecho de propiedad y de acceso a la información, contenidos en los artículos 8.1, 13 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XVI y XVIII de la Declaración Americana sobre derechos y deberes del hombre y los artículos 26, 49, 115 y 257 de la Constitución venezolana.

“Si bien cuando nos referimos a los derechos fundamentales y su violación, son más visibles aquellos relativos a la vida e integridad física de las personas, otros derechos de igual jerarquía como lo son los de libertad y propiedad, que han resultado absolutamente transgredidos por el estado venezolano cuya responsabilidad internacional se reclama”, señaló Hung.

Además, destacó que en el caso particular han transcurrido más de veinte años en que las causas judiciales correspondientes se han iniciado sin que se haya materializado pago alguno de estos conceptos considerados privilegiados, en que muchos trabajadores incluso han fallecido, mientras la situación se agrava ante la dilapidación del patrimonio de la empresa y el envilecimiento de la moneda.

“Si bien la petición fue presentada por uno de tantos afectados, todo aquel que considere que ha sido vulnerado en sus derechos puede hacerse parte en el procedimiento sin necesidad de iniciar una nueva petición”, informó el abogado.

La próxima etapa del proceso es que el estado venezolano deberá informar dentro de tres meses sobre la situación denunciada.

Luisa Ortega Díaz presentará registro fotográfico de la

LA FISCAL GENERAL EN EL EXILIO, Luisa Ortega Díaz, informó este jueves 14 de marzo que presentará un registro fotográfico sobre la llamada ‘Masacre de El Junquito’ ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Esta información fue propiciada a través de la cuenta de Twitter de la fiscal, quien asegura que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo el pasado 15 de enero de 2018 fue un crimen de lesa humanidad.

“Enviaré en los próximos días a la Corte Penal Internacional la fijación fotográfica de las víctimas de la Masacre de El Junquito y del sitio del suceso. Esa evidencia no deja duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad”, detalló.

Ortega Díaz agrega, además, que conversó con familiares de las víctimas antes de publicar este contenido en redes sociales, ya que muestra fotografías sensibles sobre las víctimas del suceso.

Con respecto a los colectivos que fallecieron, según las autoridades del Gobierno, durante un enfrentamiento con el grupo de Óscar Pérez, la funcionaria asevera que posee “pruebas contundentes” que revelan un asesinato a manos de sus “compañeros del FAES”, que seguían órdenes de Nicolás Maduro.

“También tenemos pruebas contundentes que las dos personas de colectivos que murieron durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros del FAES, quienes ejecutaron la masacre por órdenes de Nicolás Maduro”, comentó.

Tras más de un año de estos hechos, la justicia Venezolana aún no ha respondido por las muertes. Ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo se han pronunciado al respecto sobre una investigación ante las múltiples denuncias nacionales e internacionales que manifestaban un crimen de lesa humanidad, debido a la intención del grupo rebelde de entregarse pacíficamente.

La Asamblea Nacional designó una comisión para investigar el suceso y lograron establecer la responsabilidad directa de 20 funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Pidieron a la Fiscalía que fuesen procesados, acudieron a la Defensoría del Pueblo y fueron ignorados.

 

 

Delsa Solórzano exige justicia

La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, argumentó que la publicación de estas fotos confirma el resultado de la investigación que inició el parlamento el año pasado. “Fueron ajusticiados, estas fotos demuestran lo que afirmamos cuando concluimos la investigación”, declaró.

Acota que las víctimas recibieron diversos impactos de bala propinados por entes de seguridad del Estado, cuya autoría intelectual le atribuye a Nicolás Maduro, el ministro de defensa, Vladimir Padrino López, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, además de los funcionarios de la Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado.

“Falta la determinación de los autores intelectuales de este terrible crimen, que se determinará con estas imágenes”, explicó.

Por otra parte, señaló que llevarán este hecho ante la Corte Penal Internacional para ampliar la investigación preliminar que inició este organismo para evaluar el caso de Venezuela.

 

 

Prohiben al portal web Armando.Info publicar sobre Alex Nain Saab

 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a través de Juzgado 11° en Caracas envió una notificación al periodista Roberto Deniz Machín, de Armando.Info, este 11 de septiembre, prohibiendo a cuatro periodistas del medio difundir información sobre Alex Nain Saab, imponiendo la censura previa sobre el caso relacionado con importación irregular de alimentos.

En el anuncio del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones del Juicio de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas prohíbe a los periodistas Roberto Deniz Machín, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg, y Alfredo Meza publicar y difundir a través de medios digitales, específicamente en Armando.Info, menciones que vayan en contra “del honor y la reputación del ciudadano” Alex Nain Saab.

“La gran novedad es que hoy ha intervenido Conatel (…) Nos ha hecho llegar oficios en que nos dice que no podemos nombrar a Álex Saab en Armando.info y a la vez está haciendo llegar oficios a algunos medios electrónicos y a proveedores de Internet advirtiendo que no podemos hablar del caso”, señaló Scharfenberg, periodista del medio digital.

La decisión del Juzgado y la exigencia de Conatel a proveedores de Internet y medios electrónicos implican el establecimiento de censura previa, evitando que se conozcan temas de especial interés protegidos por el derecho a la libertad de expresión e información, consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución nacional. Además la restricción de publicar información que vaya “en contra del honor y la reputación” de Saab resulta amplia, con términos que pueden ser interpretados de manera discrecional en perjuicio de los periodistas y del medio de comunicación social, afectando directamente a la sociedad que se queda privada de esta información.

Saab fue identificado en investigaciones de Armando.info como uno de los beneficiados en la importación irregular de alimentos a sobreprecio para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Actualmente este sistema establecido por el Gobierno nacional abastece de ciertos productos de la cesta básica alimentaria a hogares según el censo local realizado por los CLAP, a un costo reducido y subvencionado por el Estado a través de divisas preferenciales para la compra e importación de los productos alimenticios en el exterior.

Es un derecho de los venezolanos poder conocer de manera transparente cómo se adjudican estas divisas, las licitaciones relacionadas con el proyecto, y si la importación cumple con los procesos legales establecidos en el país. Las restricciones a la libertad de expresión deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad para que sean legítimas, premisas que no cumple la decisión del Juzgado.

La ley de Responsabilidad Social en Radio, televisión y medios electrónicos (Resorte-me) contraria a los estándares internacionales de libertad de expresión, le da potestad a los proveedores de medios electrónicos para restringir o abstenerse de difundir mensajes cuando Conatel lo solicite1. Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en Opinión de la Organización de Naciones Unidas, este tipo de regulaciones “resultan intrínsecamente incompatibles con los principios del valor y la dignidad de cada persona. Esos argumentos niegan la sabiduría fundamental de la persona y las sociedades y no reconocen la capacidad de los ciudadanos en los planos nacional, estatal, municipal, comunitario e incluso vecinal, de tomar medidas autocorrectivas para restablecer el equilibrio sin injerencia excesiva ni regulación de parte del Estado”.

 

La denuncia a Armando.Info

En febrero de este año, los cuatro periodistas fueron demandados por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada en detrimento del empresario colombiano Alex Saab luego de que fuera publicada una investigación sobre sus vínculos con el negocios detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que distribuye alimentos a precios subsidiados para los venezolanos.

La demanda fue admitida por el Juzgado Undécimo en Caracas por presunta “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”, ambos delitos castigados en el Código Penal con dos a cuatro años de prisión y multas de doscientas unidades tributarias (200 U.T)