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Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas

Tras años de motines y muertes, prometen descongestionar centros de detención preventiva

EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO anunció este 15 de octubre un plan de descongestionamiento de los centros de detención preventiva, considerados como las nuevas cárceles de Venezuela, debido a la escasa infraestructura para encerrar a los detenidos en proceso de juicio, aunque la Constitución estipula que los internos no deben permanecer en ellos más de 48 horas.

Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, informó a través de su cuenta de Twitter que la iniciativa de desahogar los calabozos nació como parte de la preocupación del gobierno que representa por garantizar la justicia y los derechos humanos. Saab no estuvo solo, lo acompañó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela; el director del Sebin, Gustavo González López, y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.

De acuerdo con Saab, desde el miércoles 16 de octubre iniciarán las primeras acciones para disminuir el hacinamiento de los centros de detención en el ámbito nacional, primero en la Gran Caracas y luego irán por los que están situados en los ocho estados con mayor índice poblacional. 

La medida ha sido anunciada para los calabozos de la Guardia Nacional y del Cicpc, a pesar que los que agrupa la Policía Nacional Bolivariana son los que tienen mayor cantidad de denuncias de motines y homicidios, como la Zona 7, ubicado en Boleíta, municipio Sucre, donde el pasado 7 de septiembre se registraron dos muertos como consecuencia de una fuga masiva en la que escaparon más de 30 detenidos.

También se omitió a los calabozos de las policías estadales, donde también se han registrado hechos que lamentar, un ejemplo es la masacre de PoliCarabobo, dónde 69 privados de libertad fallecieron calcinados el 28 de marzo de 2018 debido a un incendio durante un supuesto motín que protagonizaron los reos, en protesta A una requisa organizada por los custodios.

¿Qué lleva al gobierno a anunciar esta medida?

El 31 de julio, la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad ofreció una radiografía de lo que se vivió en 203 centros de detención preventiva durante los primeros seis meses de 2019. La investigación que se focalizó en los calabozos ubicados en las zonas con mayor población del país: Distrito Capital, Miranda, Vargas, Zulia, Lara, Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Guárico, Aragua, Anzoátegui y Táchira, nuevamente, alertó a la población de lo que se vive puertas adentro de estos centros, cuya Fran mayoría se encuentran muy de conjuntos residenciales, escuelas y colegios.

Según datos de la organización no gubernamental de los 110.000 presos que hay en Venezuela, al menos 60.000 están ubicados en los calabozos policiales, y es por ello que son víctimas de hacinamiento, enfermedades, y falta de instalaciones óptimas para cumplir una condena como lo son comedores, baños para damas y caballeros, canchas deportivas, y celdas mayores a tres metros de ancho por tres metros de largo.

La diputada a la Asamblea Nacional Yajaira Forero responsabiliza a la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela de esta realidad. Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, también la señala e indica que el Código Orgánico Procesal Penal establece que al ministerio que encabeza le corresponde velar por los derechos humanos y la vida de los privados de libertad.

A pesar de las acusaciones, en los últimos años la ministra Varela ha negado su cuota de responsabilidad en lo que se vive en los centros de detención preventiva. El pasado 2 de abril de 2018, días después de la masacre de PoliCarabobo, indicó que lamentaba lo sucedido, pero que la cartera que representa no le correspondía darle reparo a los familiares de las víctimas, porque «los calabozos policiales son función policial».

El último informe de Una Ventana a la Libertad, publicado el 31 de julio de 2019, detalla que hasta el 31 de junio de este año bmurieron 119 detenidos; 26 de ellos fallecieron en intentos de fugas o evasiones exitosas, otros fallecieron en golpizas, motines, y enfrentamientos entre reclusos. Respecto a los muertos por enfermedades se calcula que 20 hombres fallecieron luego de padecer tuberculosis y paludismo.

Observatorio Venezolano de Prisiones: Seis presos muertos en medio de violencia y desatención

LA VIOLENCIA CARCELARIA se sigue trasladando hasta los calabozos policiales donde el hacinamiento y la corrupción ha generado motines, huelgas y hasta la muerte de muchos internos, así mismo la falta de atención médica ha llevado a muchos presos a morir por enfermedades y falta de alimentación, siendo el Estado el principal responsable de estos hechos que enlutan cada vez más hogares venezolanos.

En una semana se registraron los decesos de seis presos por distintas causas, los hechos fueron en los estados Mérida, Trujillo, Anzoátegui, Guárico, Bolívar y Táchira. Además de la fuga de cuatro presos de una cárcel de la Comunidad Penitenciaria de Coro en el estado Falcón, según pudo corroborar el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

En calabozos

Edwin Salazar, de 39 años de edad murió el jueves 30 de mayo, padecía de paludismo y salmonella requería ser atendido en un centro asistencial porque se sentía bastante mal y según reseña un diario local el juez que llevaba su causa había otorgado el permiso para que fuera trasladado. Salazar se encontraba detenido en los calabozos de la Guardia Nacional (GN) en la población de El Vigía estado Mérida.

Según las denuncias hechas fue precisamente la misma GN quien se negó a trasladarlo en un centro de salud y por ende el preso al no recibir la asistencia requerida su estado empeoró y murió.

Jhonatham David Cadiz Borges era un preso de los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) había estado presentando malestar y por ello fue trasladado al Hospital José Gregorio Hernández de Trujillo, en ese centro asistencial se complicó por lo que fue referido este 29 de mayo al Seguro Social Juan Montezuma Guinari de la ciudad de Valera, fue ingresado con insuficiencia respiratoria.

Según los medios locales consultados por el equipo de OVP el preso no recibió atención alguna y es que la propia directora de la institución Marisol Materán supuestamente ordenó que el preso no fuera atendido, alegando que estaba bien que no requería asistencia alguna, se conoció que los médicos   de guardia no estaban de acuerdo con la medida, mientras debatían el cuadro que llevaba el preso se fue agravando y murió, al OVP le aseguraron que ni siquiera permitieron que le colocaran oxígeno.

Mientras esto sucedía hacia la región andina de Venezuela hacia el oriente la pelea a muerte entre dos reclusos hizo que uno perdiera la batalla. Edwar José Vásquez Figueroa (29)  recluso del Centro Penitenciario Agro productivo José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala, fue sacado sin vida del recinto, presentó varias puñaladas en un costado.

OVP pudo conocer que Edwar José y otro recluso se desafiaron a muerte y cada uno con arma blanca en mano comenzaron a pelear entre sí. El preso muerto fue de los que trasladaron de la cárcel de Nueva Esparta cuando hicieron el desalojo.

El lunes 28 de mayo un grupo de al menos 30 presos rodearon a Jonathan Leiner Astro y Miguel Ángel Flores Arocha, ambos de 20 años de edad, los acuchillaron en pecho, costado y espalda con la finalidad de neutralizarlos porque eran los cuidadores de Eduardo José Rivas (28) quien fungía como pran de los más de cien presos que conviven en los calabozos de la Coordinación Policial número 4 de Poliguárico en Valle de la Pascua estado Guárico.

Se conoció que los presos apuñalearon al pran en al menos 20 oportunidades y según conoció el equipo de OVP tanto el fallecido como los heridos fueron sorprendidos mientras dormían, los heridos fueron auxiliados y sacados hasta el Hospital Rafael Zamora Arévalo de Guárico.

La quinta víctima fatal fue el 26 de mayo y se trata de Adolfo José Rodríguez Hernández (21) quien se encontraba recluido en el Centro de Coordinación Guaiparo, en el estado Bolívar. OVP pudo indagar que el suceso se registró a las 10:30 de la noche y supieron porque escucharon unos ruidos extraños dentro de la celda cuando los funcionarios observaron estaba un preso desmayado era Adolfo José.

Cuando funcionarios del CICPC revisaron el cadáver le observaron hematomas en la cabeza, además de marcas en el cuello y tras realizar la autopsia determinaron que fue asfixiado, este preso tenía apenas trece días preso por el delito de homicidio,  OVP supo que se encontraba en la celda A junto a 126 detenidos más.

En el estado Táchira en los calabozos de Politáchira murió el 21 de mayo Ramón Arilio Villamizar Contreras (33) el recluso estaba bastante desnutrido pues no le llegaba con regularidad sus alimentos.

Según el registro de OVP fueron tres muertes violentas y tres por falta de atención médica.

Humberto Prado, coordinador general de OVP denuncia que hace una semana se registró una masacre en un calabozo policial de Acarigua estado Portuguesa que dejó como saldo 30 presos fallecidos y aunque se viene advirtiendo que estas comisarías que han sido convertidas en cárceles transitorias por Iris Valera quien no otorga los cupos a los penales y que el hacinamiento es un factor de mucho peligro para que se registren este tipo de hechos violentos, donde además se proliferan las enfermedades y donde la corrupción galopa por parte del Estado no hay respuesta ni intención alguna por una solución.

Prado advierte que en estos calabozos no se cumplen las mínimas condiciones para tener recluidos a una persona más de 48 horas que es precisamente lo que expresa la ley sobre la permanencia de privados de libertad en los calabozos. Exige al Estado que instruya a los encargados del Ministerio de Asuntos Penitenciarios a que se deshacinen los calabozos y se comiencen hacer traslado hacia los penales.

Cuatro fugados de Coro

La noche de este 31 de mayo se fugaron cuatro presos de la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón, todos ellos penados.

Según la información que pudo recabar OVP es que se escucharon unos disparos dentro del penal y los funcionarios de la Guardia Nacional hablaron con José Gregorio Méndez, director del penal para saber qué era lo que pasaba y este fue quien indicó que al parecer había una fuga, autorizando el pase de los castrenses y de inmediato se hizo el conteo de los privados de libertad, efectivamente faltaban cuatro.

Una fuente que prefirió no develaran su identidad le relató a OVP que los presos fueron maltratados para que estos delataran a sus compañeros y fue así que unos hablaron e indicaron que se habían ido por el sistema de alcantarillado del penal, cuando fueron a realizar la inspección tanto en la parte interna como externas ambas tapas de alcantarillas estaban movidas, hacía rato que se había perpetrado la fuga.

Los presos fugados fueron identificados como: Anthony José Bravo Salas, está penado a 15 años y dos meses de prisión por el delito de violencia sexual, violencia psicológica, asalto a transporte público y asociación para delinquir, su causa es del 2013, fue trasladado e ingresado a este penal  el 27 de agosto del 2015, Antoni José Labarca Labarca, fue penado a 15 años de prisión por violencia sexual, violencia psicológica, asalto a transporte público y asociación para delinquir fue detenido en el 2011 y fue ingresado el de abril del 2016, Miguel Enrique Morales Urdaneta, está penado a 19 años y 4 meses de prisión por los delitos de , violencia psicológica, asalto a transporte público, asociación para delinquir, aprovechamiento de vehículo proveniente de robo, aprovechamiento de cosas proveniente del delito y porte ilícito de arma de fuego, fue detenido en el 2011 e ingresado al penal el 26 de junio del 2014, estos tres detenidos vienen de Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas del Marite del estado Zulia, el cuarto recluso fugado es Ángel Rafael Romero Sabariego, penado a 8 años de prisión por el delito de homicidio intencional simple y aunque fue detenido en el 2013 a este penal ingresó el 27 de julio del 2015 proviene del Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona estado Anzoátegui, mejor conocido como Puente Ayala.

En la búsqueda  se mantienen funcionarios de la Guardia Nacional y custodios penitenciarios y OVP pudo conocer que a las 8 de la noche del 1 de junio a casi las 24 horas de haberse perpetrado la fuga funcionarios de la guardia asesinaron a uno de los cuatro fugados se trata de Anthony José Bravo Salas, el hecho fue vía la Sierra de Coro en el estado Falcón, aún se mantiene prófugos tres privados de libertad.

Es de resaltar que la Comunidad Penitenciaria de Coro tiene una población de 2.233 presos y el 77 % de los privados de libertad que allí albergan son de otros estados como Zulia, Trujillo, Lara y Ciudad Bolívar. La capacidad instalada para este penal es para 980 presos y existe una sobrepoblación un hacinamiento que llega a 128 %.

En el estado Falcón la mayor cantidad de presos que son de esa región y que deberían estar en está cárcel reposan en calabozos de la Policía estadal, GNB, CICPC, SEBIN y DGCIM.

El coordinador general de OVP señala que cada preso debe estar en el estado que le corresponde es decir en su penal de origen donde se encuentra su causa judicial y reitera que los presos deben ser sacados de los calabozos en donde no existen las condiciones mínimas para su permanencia y ser trasladados hacia penales.

#MonitorDeVíctimas | Voces del desamparo: Una masacre en casa de Oly

LA HISTORIA OFICIAL DICE QUE EL 26 DE ABRIL DE 2016, Illich Carrasco, Ricardo Marrero y Ludwig Ramírez cayeron muertos en medio de un enfrentamiento con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en Cotiza, una barriada del noroeste de Caracas. Pero la que cuentan sus familiares y vecinos es la historia de un asesinato. Ese día, Oly Vargas perdió a su hijo, a su nieto y a su sobrino. Los tres muchachos escuchaban hip hop en la sala de su casa cuando fueron sorprendidos por los funcionarios policiales.

El siguiente es un podcast de la serie “Voces del Desamparo” de El Pitazo en alianza con Runrun.es y Monitor de Víctimas.

#MonitordeVíctimas | Familiares denuncian asesinato de joven detenido por el Cicpc

Familiares de Jorge Luis Key denuncian que fue ajusticiado por el Cicpc. Foto Carlos Ramírez

@Daigalaviz

JORGE LUIS KEY DE 25 AÑOS, JOVEN ORIUNDO del barrio Minas de Baruta, estado Miranda, se encontraba solicitado por las autoridades fue sorprendido la mañana del martes 13 de marzo por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), mientras compartía en la casa de un vecino. Los uniformados le dieron dos disparos que le cegaron la vida.

Los familiares de Jorge Luis, quienes pidieron resguardar su identidad, relataron que aproximadamente a las 10 de la mañana unos diez funcionarios del Cicpc se bajaron de las patrullas al llegar al sector Los Mangos. Posteriormente, subieron las escaleras e ingresaron a la vivienda de un amigo del joven. Al amigo lo dejaron dentro de la residencia y a Jorge lo sacaron hasta los escalones que llevan a la carretera; allí le dieron un disparo en el pecho. Luego de herirlo, lo llevaron al ambulatorio de Minas de Baruta centro al que ingresó sin ya muerto.

Deudos reclaman el hecho y piden justicia, pues aseguran que: “aunque Jorge Luis la debía y estaba solicitado tras un asesinato que cometió hace unos meses,. Debían respetarle la vida. Tenían que detenerlo y ponerlo a la orden de la fiscalía”.

El joven de 25 años deja huérfano a un bebé de tres años y se conoció que para ganarse la vida trabajaba como motaxista en una línea del sector. Hace tres años permaneció 45 días detenido en la sede de PoliBaruta, pero luego de las averiguaciones salió en libertad.

Quién es Oscar Pérez, el piloto del helicóptero que atacó el TSJ

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La tarde de este martes un helicóptero sobrevoló por el centro de Caracas y disparó a la sede Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un funcionario de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), identificado como Oscar Pérez, se adjudicó la acción y a través de un video publicado en la cuenta de Instagram, @oscarperezgv, manifiestó su descontento contra el Gobierno nacional y llamó a los ciudadanos “a salir a la calle” y plegarse a los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional.

 

 

¿Quién es Oscar Pérez?

-Pérez tiene 36 años.

-Es inspector del Cicpc, con 15 años de carrera.

-Pertenece a la Brigada de Acciones Especiales (BAE) de la institución y es jefe de Operaciones en la División Aérea.

-Es piloto de helicóptero, buzo de combate y paracaidista libre.

-En una entrevista a Panorama indicó ser “padre, compañero… Soy un hombre que sale a la calle sin saber si va a volver a la casa”.

-En el video difundido en Instagram aseguró que no tiene tendencia “político partidista”, afirmó ser “nacionalista, patriota e institucionalista”.

-Pérez protagonizó el largometraje Oscar Rivas Gamboa, “Muerte Suspendida” (2017). También fue co-productor de la cinta, con la que quiere “llegar a la mente de los jóvenes de las barriadas” para que se “den cuenta que pueden ser productivos y buenos ciudadanos”.

#MonitordeVíctimas | Denuncian dos ajusticiamientos en urbanismos de Misión Vivienda en Caracas
Los hechos ocurrieron este martes, cuando el Cicpc irrumpió en las viviendas de complejos habitacionales de Mariche y San Agustín del Sur

 

@loremelendez

DOS HOMBRES MURIERON EN DOS URBANISMOS de Misión Vivienda del Área Metropolitana de Caracas este martes, 13 de junio. Manuel Antonio Martín Maldonado, comerciante informal de 28 años de edad, y Joyner González López, de 21 años de edad, cayeron por los disparos de policías que habían desplegado supuestos operativos en las zonas donde vivían.

Testigos de la muerte de Martín Maldonado denunciaron a Monitor de Víctimas que cerca de las 10:00 am, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) arribó hasta Ciudad Mariche, complejo habitacional construido por el gobierno nacional en la parroquia Filas de Mariche del estado Miranda, donde tomaron varias torres. Al ingresar en la número 15, de acuerdo con el relato de los entrevistados, detuvieron a varias personas y agredieron a otras, entre ellas, a algunos allegados de Martín Maldonado, a quien ajusticiaron con un disparo en el tórax dentro del apartamento en el que residía, minutos después de desalojar a la fuerza del sitio a su esposa, una sobrina adolescente y a sus dos hijos.

“El cuerpo lo envolvieron en una sábana blanca y se lo llevaron”, indicó uno de los parientes, al tiempo que afirmó que los uniformados robaron dinero y comida de la vivienda. Martín Maldonado, dijeron, murió en el sitio.

A las 4:00 pm de este martes murió Joyner González López, joven de 21 años de edad que también fue una presunta víctima de un operativo del Cicpc. Familiares señalaron que el muchacho, quien estaba desempleado, estaba solo en su apartamento cuando los policías arribaron a la parte alta del urbanismo Terrazas del Alba, en San Agustín del Sur, municipio Libertador. Allí lo asesinaron. La víctima, padre de dos niños, no estaba armada.

Las incursiones policiales con víctimas fatales dentro de los urbanismos de la Misión Vivienda no son nuevas. Hace dos años, en junio de 2015, el presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió que los delincuentes no tendrían cabida en estos edificios. “Ya no hay más plazo, vamos por ustedes. Ya basta de que estén atracando al pueblo, traficando con droga, dañando a los niños, dañando a los muchachos ¿Hasta cuándo? Llevando los valores del capitalismo. No, la Gran Misión Vivienda Venezuela se creó para construir prosperidad y paz en la comunidad”, advirtió poco antes de que arrancaran las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), que en sus inicios tomaron varios de los complejos habitacionales que fueron construidos en Distrito Capital y Miranda. Desde entonces, familiares de los caídos en estos espacios han denunciado ajusticiamientos cometidos por parte de las fuerzas del Estado.

Otro caído en San Agustín

También en San Agustín del Sur, hora y media después de la muerte de González López, cayó Luigi García González, de 21 años de edad, específicamente en la calle Marín. Funcionarios del Cicpc llegaron a la casa de su abuela, a quien visitaba, lo que motivó la huída del joven que fue perseguido por los uniformados. Murió luego de que le hicieran varios disparos. Se desconoce si este suceso tiene relación con el de Terrazas del Alba

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Hija de presunto narcotraficante detenido en Maiquetía:

 

Cammarano

 Richard José Cammarano Jaimes, acusado por delitos de tráfico de drogas y detenido el sábado pasado en Maiquetía junto a la exmagistrada del TSJ, Mirian Del Valle Morandy Mijares, en una gráfica con una de sus hijas
 
 

Richard José Cammarano fue detenido el sábado en la noche en el principal aeropuerto del país, cuando pretendía abordar un vuelo de TAP a Portugal, donde vive desde hace cuatro años. Estaba acompañado por la exmagistrada Miriam Morandy. Desde la ciudad de Porto, en Portugal, la hija de Cammarano desmintió las acusaciones de narcotráfico y acusó un supuesto complot orquestado por agentes del Cicpc

@albertoyajure

Betsy Irene Esusy Araujo afirma que no ha podido hablar con Richard José Cammarano Jaimes. Le llama “papá”, aunque no comparten apellidos. “Para mí es mi papá. El único que conozco”, afirma a Runrunes en entrevista desde la ciudad de Porto, en Portugal.

El sábado 23 de mayo, Cammarano Jaimes descendió de un taxi en el terminal aéreo junto a la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Miriam Del Valle Morandy Mijares, y Tibisay Pacheco, asistente de esta última. Los tres pretendían abordar un vuelo de la aerolínea TAP con destino a Lisboa, cuando fueron interceptados por funcionarios del Comando Antidrogas de la GNB. Dos tribunales requerían desde 2011 a Cammarano Jaimes por delitos de tráfico internacional de drogas.

Los juzgados lo asocian con el decomiso en 2011 de 478 kilos de cocaína en una embarcación de bandera libanesa en el puerto de Ferrominera, en Bolívar; también con la incautación en 2012 de 1.200 kilos de cocaína en una vivienda de su propiedad en Prados del Este, en Caracas; y se menciona en el asesinato de su ex esposa, Betty Araujo, ocurrido en Los Chaguaramos el 29 de marzo de 2008. Su nombre también aparece en un expediente de una investigación de la Justicia de Andorra por supuestos delitos de lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), según reveló un reportaje del Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI).

Esusy Araujo afirma que Cammarano se desplazó hasta Venezuela en abril para intentar resolver “el problema”  con la justicia venezolana y “presentar todas las pruebas certificadas” que supuestamente demuestran su inocencia. Asegura que su padre viajó con documentos y pendrives que contienen archivos, vídeos y grabaciones de llamadas telefónicas que probarían una trama de extorsión que supuestamente involucra a los funcionarios del Cicpc. Alega también que detectives de este organismo de seguridad “le montaron” los casos por tráfico de drogas porque Cammarano se negó a pagar altas sumas de dinero.

 

—¿Por qué viajaba Cammarano con la exmagistrada del TSJ Miriam Morandy?

—La exmagistrada Morandy es amiga de mi papá, es amiga de la familia. Ella viajaba con él porque venía a Portugal a resolver un asunto familiar.

—¿Desde hace cuánto tiempo conocen a la exmagistrada Miriam Morandy?

—Desde 2010.

—¿Cómo se conocen la exmagistrada Miriam Morandy y Cammarano? ¿Sabe qué asunto familiar era ese?

—Nosotros somos amigos aquí (en Portugal) de un señor que se llama Cristóbal Quintal Pereira, y de su esposa Xiomara Hernández Acevedo. Ellos son venezolanos, pero viven en Madeira. Ellos son quienes nos presentan a Miriam Morandy. Ellos [Cristóbal y Miriam] dicen que se criaron juntos. Y que son compadres. Eso es lo que yo sé. Cristóbal tiene cáncer terminal y estuvo en el hospital. La esposa de mi papá habló con Miriam para pedirle que se viniera a ayudar a Xiomara. Morandy venía a Portugal a ayudarlos.

—¿Morandy también estaba ayudando a Cammarano?

—Ella estaba intentando ayudar pero la idea era hacerlo con las pruebas que él tiene y no por otros lados. El problema en todo esto es que como Miriam fue magistrada están juntando una cosa con otra, que no tienen nada que ver y están armando un show político enorme.

—¿A qué vino Cammarano a Venezuela?

—Él fue allá a demostrar su inocencia. Si él fuera un narco, o culpable de algo, ni de broma iría a Venezuela a que lo metan preso. Él estaba seguro de sus pruebas y de su inocencia. El problema se puso más personal la primera vez que mi papá publicó el video en Youtube en el que aparece Roger Graterol en el que lo desprestigia.

—¿Por qué afirma que el comisario Graterol extorsionaba a Cammarano?

—Mi papá tenía la única fábrica de vidrios blindados en Venezuela. Se llama Blindadora Walash. Por ese entonces era muy reconocido, hacía negocios con CADIVI e importaba aparatos electrónicos. Incluso le blindó un carro a Miriam Morandy. Y bueno, por ser conocido querían quitarle dinero. Graterol quiso extorsionar a mi papá, pero él no se dejó, porque no tenía nada que temer. Roger Graterol le dijo a mi papá que lo iba a meter en un peo sin ser culpable y que le iban a quitar hasta los hijos. Palabra de él.

—¿Por qué lo extorsiona? ¿Cuál era el motivo?

—Como mi papá no se dejó extorsionar, Graterol se aprovechó de la casa que era de mi mamá. Mi papá nunca vivió ahí porque ellos estaban divorciados. Además, mi mamá ya había vendido esa casa antes de morirse a un tipo que yo ni idea de quién. Lo que sí puedo asegurar al 100% es que la casa sí estaba vendida. Hay documentos que lo prueban y en la Fiscalía saben todo esto, pero no le paran bolas porque Roger Graterol tenía poder e influencias. Dicen que en esa casa donde consiguen la droga era de mi papá, pero en el expediente aparece el nombre de quien es el verdadero propietario de la casa. Siendo realistas, ni los narcos de las películas guardan las drogas dentro de sus propias casas.

—¿Tiene pruebas?

—Hay todo un expediente en el que se demuestra la corrupción de este montaje. Es en la Fiscalía 68 de Anticorrupción de Caracas con el número 01DDC-F68-0161-2012. Ahí fue donde se inició y paralizaron posteriormente con el mismo nº fue enviado a la Fiscalía 26 a nivel nacional de anticorrupción y ahí fue que lo guardaron y nunca más quisieron saber de eso por influencia de Graterol. Y en el expediente que está en la Tribunal 31 de Control N-19076-13 estan los documentos del verdadero propietario del inmueble donde encontraron toda esa droga. Mi papá siempre grabó todas las conversaciones cuando comenzó todo esto.

—¿Por qué lo relacionan también con el asesinato de su mamá, Betty Araujo? [La versión oficial del caso apunta al sicariato]

—Esto es todo una cadena, a ella la intentan secuestrar. Ella se resiste y le da una patada al tipo o forcejean, él asesino se cae y dispara dos veces. Un tiro pega en el techo y otro le da justo debajo del seno derecho y la mata. Cuando le hacen la autopsia y la prueba balística determinan que la persona que disparó tenía que ser como de 1.20 m de estatura. Es decir, es imposibleeeeeeeeeeeeeeee que alguien sea de ese tamaño porque la trayectoria de la bala venía desde abajo. El asesino se cayó. Este es el cuento de lo que le pasó. Ahora, lo relacionan a él [Cammarano] con eso porque ya lo habían intentado extorsionar desde hace demasiados años y mi papá tenía pruebas, pues. Además, intentaban buscar cualquier cosa para implicarle y ponerlo como lo peor. Todo esto parece una película, un show detrás de otro. En resumen: Esto es lo que pasa cuando alguien tiene dinero y los del CICPC se enteran, lo intentan extorsionar y el no cede. Porque la mayoría paga por miedo y lo que hacen es crearles una renta mensual porque esta gente nunca se cansa de pedir plata y mi papá no es el único ni el último.

—Su padre también está vinculado a un caso de lavado de dinero en Andorra, ¿Sabe algo de eso?

—La esposa de mi papá sabe lo de Andorra. Me dijo que mi papá tiene una cuenta allá que abrió con una transferencia mínima hace muchísimo tiempo.

“Mi papá no es ningún narco”

“Él se casó con mi mamá, Betty Araujo, cuando yo tenía ocho meses. Él es mi papá y no es ningún narco”, escribe la joven de 27 años. Y asegura que toda su familia acabó en Portugal tras el intento de secuestro de uno de sus hermanos y el supuesto acoso por  funcionarios de un cuerpo de seguridad del Estado. La familia de Cammarano —esposa y cinco hijos— vive en ese país desde hace cuatro años, donde son propietarios un restaurante de comida italiana.

La joven relata el periplo que llevó hace cuatro años a “su papá” a irse a Portugal; que lo trajo de vuelta a Venezuela el 22 de abril; y que culminó el pasado sábado 23 de mayo en la noche, cuando agentes de la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.

“No he podido hablar con él, pero la esposa de mi papá sí pudo comunicarse con él. Dice que está bien y que no le han hecho nada, pero el miedo que tenemos es cuando lo vayan a transferir a otra cárcel, porque Roger Graterol lo amenazó de muerte. Le dijo que cuando lo agarrara preso lo iba a mandar a matar con alguien dentro de la cárcel. Mi papá tiene muchas pruebas que vinculan a Graterol con la implantación que le hicieron a él”, escribe Esusy.

Se refiere a Roger Antonio Graterol Gómez, exjefe de la División Contra Robos del Cicpc, quien presuntamente huyó del país en octubre de 2014 después de que el Tribunal Séptimo de Control del Área Metropolitana de Caracas le dictara una orden de aprehensión por su vinculación con el asesinato de cinco personas durante un procedimiento policial en el edificio Manfredir, en la esquina de Glorieta, en Quinta Crespo, Caracas. Las víctimas eran integrantes de los colectivos Frente 5 de Marzo y Escudo de la Revolución, ambos afectos al oficialismo.

Graterol aparece como funcionario actuante en las actas judiciales que señalan a Cammarano Jaimes de los delitos por los cuales los tribunales lo requieren. Específicamente, en los allanamientos practicados  por el Cicpc a sus propiedades. De allí que Esusy Araujo señale a Graterol de extorsionar a su padre, a quien le habría pedido dinero —hasta un millón de dólares— para “arreglar” todo el asunto.

 

Lo que no encaja

Betty Araujo, la ex esposa de Cammarano, fue asesinada de dos balazos en el pecho en marzo de 2008. Conducía una camioneta BMW color plata cuando fue abordada por dos motorizados en la calle Las Aulas de Los Chaguaramos. Araujo se dirigía a una cita médica frente al edificio Cujín. El parrillero descendió y sin mediar palabra le disparó. Cammarano se presentó en el sitio y sufrió “una crisis de nervios” que ameritó que fuese trasladado a un centro de salud, según reseñó Noticias24. La versión policial, que apuntó hacia un sicariato, indica que los asesinos esperaron a que Araujo descendiera del vehículo, que estaba blindado. Un testigo del hecho afirmó que escuchó un grito de la víctima y luego las detonaciones. Los asesinos no despojaron a la víctima de ninguna de sus pertenencias, ni se llevaron el vehículo, indica una nota publicada por El Universal.  Los medios publicaron también versiones de que Cammarano era “asesor financiero” y “comerciante presuntamente vinculado a casinos y bingos en la capital”.

También la declaración tomada a la hermana de Cammarano en un acta judicial se reconoce la propiedad de la vivienda donde se práctico el allanamiento en el que se incautaron vehículos y otros bienes. Esta es también el inmueble en el que el Cicpc habría hallado el alijo de 1.200 kilos de cocaína: “En la Quinta la chapa, calle amazonas, de la urbanización Prados del Este, propiedad de mi hermano Richard Cammarano Jaimes, que ocupo en calidad de cuidadora, fue practicado un allanamiento el día 09 de febrero del presente año, con motivo de la investigación que cursa en este despacho con el Nro.00-DCD-F7-00002-2012, debidamente comisionada por el Tribunal Décimo Segundo de Control de esta misma jurisdicción penal, según la causa Nro. 12C-1794-2011, practicando el incautamiento preventivo de varios bienes muebles e inmuebles, que aparecen a nombre de mi hermano: Richard Cammarano…”

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Betsy Irene Esusy Araujo abrió esta semana un blog en el que ha publicado información sobre el caso. También ha divulgado fotografías de Roger Antonio Graterol Gómez, exjefe de la División Contra Robos del Cicpc, al que señala de varios delitos. También ha divulgado videos y la grabación de una llamada telefónica entre un sujeto que se hace llamar Richard [ella afirma que es su padre adoptivo, Richard José Cammarano Jaimes] y supuestos funcionarios que practicaron un allanamiento en un inmueble. En el audio se escucha a dos personas discutiendo en lo que parece ser una extorsión durante el allanamiento de tres inmuebles.

 

Privan de libertad al comisario del Cicpc Norman Puerta: solicitado por caso Andorra

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El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman Danilo Puerta Valera, por su presunta vinculación con la legitimación de capitales en el caso Andorra.

En la audiencia de presentación, las fiscales 7ª nacional y auxiliar, Marisela de Abreu y Oneglis Zapata, respectivamente, imputaron al hombre por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por las fiscales, el Tribunal 35º de Control del área metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad contra Puerta Valera y fijó como sitio de reclusión la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc.

Asimismo, los fiscales solicitaron ante la referida instancia judicial que se mantengan las medidas reales contra el exfuncionario, como prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles; inmovilización y bloqueo de cuentas bancarias.

El jefe policial de la división antidrogas venezolana se entregó ante el Ministerio Público, anunció la fiscal de la república, Luisa Ortega Díaz.

Puerta negó los señalamientos en su contra y dijo, en declaraciones que fueron publicadas el viernes por el diario local Ultimas Noticias en su página de internet, que “voy a demostrar que fui estafado por la Banca Privada de Andorra”.

El ex jefe policial admitió que abrió en 2006 una cuenta en la Banca Privada de Andorra y que fue detenido en el exterior en dos oportunidades y liberado luego de demostrar su inocencia.

Puerta denunció que fue sometido a “una serie de extorsiones y chantajes” por representantes de un partido de oposición que le habrían pedido dinero para detener la campaña de descrédito en su contra, pero no ofreció detalles.

El ex funcionario era investigado desde hace unos cinco años por supuestas actividades de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que habrían sido detectadas inicialmente por las autoridades del principado de Andorra, según reportaron medios locales e internacionales.

Según la investigación, el exefectivo de la policía científica fue aprehendido en el Principado de Andorra el 07 de junio de 2010, por presuntamente haber transferido más de un millón de dólares desde Panamá a la Banca Privada de Andorra, monto cuya procedencia no pudo justificar.

Por tal motivo, el Ministerio Público inició la investigación de este caso que derivó en una orden de aprehensión contra Puerta Valera, solicitada por los fiscales del caso el 22 de junio de ese mismo año.

 

 

*Con información de The Associated Press y Ministerio Público