Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas

El detenido fue encontrado sin signos vitales el pasado 1 de enero de 2024

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan las causas del deceso de Jorge Luis Pichardo Méndez, de 42 años, a quien sus compañeros de celda encontraron muerto el pasado 1 de enero en una de las celdas del Internado Judicial de Barinas, donde purga condena. 

De acuerdo con la información publicada en medios regionales, Pichardo Méndez fue encontrado por sus compañeros de celda sin signos vitales, poco después del mediodía del primer día de este 2024.

Las autoridades del Cicpc y del recinto indicaron que, según compañeros de prisión, luego del desayuno Pichardo expresó sentirse con malestar y se fue a su habitación a descansar, cuando ingresaron sus compañeros de celda, al mediodía, lo encontraron muerto. 

Esperan por medida humanitaria en Guanare 

Pese a que informes médicos certifican que Kelvin Enrique Hernández padece cáncer en estado terminal, este no ha recibido una medida cautelar que le permita atención médica inmediata en un centro asistencial.

Hernández fue aprehendido en Guanare, estado Portuguesa, tras una boleta de aprehensión dictada en el año 2014 por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y la  audiencia oral de presentación se llevó a cabo el viernes 28 de diciembre de 2023.

Según fuentes familiares, el detenido presenta diagnóstico médico de cáncer avanzado y pese a que los  informes médicos fueron presentados al tribunal de la causa, estos no fueron tomados en consideración y le fue decretada la medida de privativa de libertad.  

El tribunal  primero en funciones de control del Primer Circuito Judicial Penal de Portuguesa ordenó el inicio de  la investigación y las correspondientes valoraciones médicas para verificar el estado de salud del procesado; así mismo ordenó su ingreso al Hospital Universitario Miguel Oráa de Guanare para su atención médica.

De resultar condenado por tráfico ilícito de  sustancias estupefacientes y psicotrópicas, podría enfrentar una pena de aproximadamente 12 años de prisión.

Con información de Una Ventana a la Libertad 

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Los sucesos predominantes fueron los homicidios, con 41% de los casos, cuyas víctimas fueron resultado de acciones de los grupos delincuenciales armados

Entre enero y junio de este año, el OVV Región Capital registró, a través de su Observatorio de Prensa (OP), un estimado de al menos 155 delitos en los que hubo 412 víctimas. Los sucesos predominantes fueron los homicidios, con 41% de los casos, cuyas víctimas resultaron principalmente de las acciones de los grupos delincuenciales armados, que constituyen gran parte de las causas de violencia en el área metropolitana de Caracas (AMC).

Además de los homicidios, prevalecieron los robos, con 24%; las agresiones, con 15%; y las tentativas de homicidio, con 6%, y constituyen los delitos más denunciados y publicados en los medios de comunicación en la entidad capital durante el primer semestre de 2023. Esa tendencia ocurre aun, con pocas variaciones porcentuales, ya que datos muestran un panorama muy similar a lo detectado en el primer semestre de 2022.

Otro de los datos contabilizados por el OP fueron los casos de Muertes por Intervención Policial (MIP), en los que hubo 39 víctimas en al menos 17 eventos ocurridos, en su totalidad eran hombres, casi todos menores de 40 años. Los representantes de los organismos de seguridad del Estado, responsables de las intervenciones, fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en 53% de estos sucesos, mientras que en 27% fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Esta violencia se mantiene debido a la política del Estado, y se hace evidente la escasa política en materia de prevención y seguridad para la ciudadanía. Al observar en general las características demográficas de las víctimas en los eventos de delitos, 68% fueron hombres, entre estos un poco más de la mitad (51%) tenían entre 15 y 29 años. Un aspecto que llamó la atención ha sido los delitos contra el grupo etario entre los 0 y 14 años, que concentró 17% del total de víctimas, lo cual habla de la violencia que también están sufriendo los niños, niñas y adolescentes en la entidad capital del país.

Por otro lado, en aquellos casos en los que se conoció la ocupación de la víctima, se encontró que siete de cada 10 trabajaban. Indagando en el tipo de trabajo que realizaban, predominaron los trabajadores del sector servicios, comercios y mercados, con 47% de los registros; los obreros y trabajadores de las artes mecánicas, con 12%; y los miembros de servicios de protección y cuerpos policiales, con 9%.

La violencia hacia los grupos vulnerables, contra mujeres, niños y adultos mayores es ejercida la mayoría de las veces por sus propios allegados o parientes. A pesar de que la delincuencia común se mantuvo como la principal victimaria de los delitos, con 50% de los casos contabilizados, los familiares y conocidos de las víctimas se ubicaron en segundo lugar, con 33%.

Variables de ocurrencia y tipos de arma

En el periodo registrado, los momentos y lugares de ocurrencia de los sucesos continuaron siendo los días de semana y las calles, allí tuvieron lugar 61% y 51% de los casos, respectivamente. Además, de los hogares, en los que ocurrieron 27% de los eventos delictivos, se registraron hechos en lugares de trabajo (7%), establecimientos comerciales (6%) y medios de transporte (5%).

En este sentido, el OP registró que las armas de fuego se usaron en 40% de los casos, seguido de la fuerza física, con 28%. Se trata de otra tendencia que persistió en este primer semestre del año, en el que la utilización de las armas de fuego fueron las más empleadas para cometer los delitos.

Son aproximadamente 14 mujeres

Las privadas de libertad que permanecen recluidas en las sedes del Eje contra Homicidios Valles del Tuy  y de la subdelegación Santa Teresa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y  Criminalísticas (Cicpc) solicitan que se realice un operativo médico dedicado a la mujer.  

En estas dos dependencias, ubicadas en la urbanización industrial El Cujial del municipio Independencia, de los Valles del Tuy, estado Miranda, hay aproximadamente 14 mujeres.

Las detenidas enviaron una comunicación a sus familiares para que la hicieran llegar a Una Ventana a la Libertad (UVL). En la misiva exponen la necesidad de que se lleve a cabo una jornada de salud que incluya citología y examen de mamá.

Según las privadas de libertad, hay presas que tienen hasta tres años sin practicarse este tipo de exámenes, que se recomiendan al menos una vez cada doce meses.  

“Ellas esperan que alguna institución escuche este llamado y se organice un operativo asistencial, exclusivo para mujeres”, dijeron los parientes de las detenidas. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones insta al director general del CICPC a tomar en cuenta las denuncias

El pasado 14 de junio los privados de libertad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)  de la Subdelegación Barquisimeto, estado Lara, iniciaron una huelga de hambre como medida de protesta por la falta de agua, el hacinamiento, el retardo procesal, la exigencia de traslado a penales y los cobros indebidos.

Esta noticia fue desmentida a través de sus redes sociales por el comisario Douglas Rico, director general del CICPC. Posteriormente dicha acción fue repetida por los funcionarios de todo el país, quienes compartieron la publicación en sus redes sociales y además en sus estados de Whatsapp.

Esta práctica no es nueva por parte del director del CICPC, el 2 de junio el diario El Carabobeño publicó sobre el motín de los detenidos en los calabozos del CICPC Subdelegación Tocuyito, ubicada en el estado Carabobo y la respuesta de Douglas Rico fue la misma, por lo que estamos evidentemente frente a un patrón por parte del director de esta institución.

En el caso ocurrido en el estado Lara, desde nuestra organización OVP fuimos al sitio, se habló de forma directa con familiares y hasta funcionarios de dicha institución, quienes reiteraron la veracidad de lo que allí ocurría.

Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) le invitamos al director del CICPC, Douglas Rico, a que tramite los traslados de los privados de libertad a los penales, porque el hacinamiento que existe en los calabozos de la institución de cada estado es crítico.

Le recordamos que sus funcionarios fueron formados para la investigación criminal y no para custodiar a privados de libertad. La permanencia de detenidos en sus calabozos por más de un año es contraria a lo establecido en la Constitución en su artículo 44 numeral 1, que especifica que no deben permanecer por un lapso de 48 horas en esos calabozos, esta situación lo que hace es restar operatividad a su trabajo diario.

El OVP ha recibido innumerables denuncias de las condiciones inhumanas y degradantes en las que conviven los detenidos de los calabozos del CICPC en todo el país y ninguna es Fake News (noticia falsa) es simplemente una realidad que atraviesa la institución a su cargo y la vive cada privado de libertad y sus familiares en Venezuela.

Familiares de los privados de libertad explicaron que en la región hay graves problemas con el suministro de agua por tubería

Denunciaron que las tuberías de aguas negras de los cuatro calabozos del lugar se mantienen desbordadas

Rodeados de aguas putrefactas conviven 137 privados de libertad que se encuentran recluidos en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas de la subdelegación del municipio Sotillo, en la zona norte del estado Anzoátegui.

Así lo ha registrado el equipo de Una Ventana a la Libertad tras un recorrido realizado por el Centro de Detención Preventivo, donde se pudo conocer que 26 mujeres y 111 hombres han denunciado en reiteradas oportunidades que las tuberías de aguas negras de los cuatro calabozos del lugar se mantienen desbordadas desde hace 17 días.

Algunos familiares aseguran que los privados se han negado a recibir sus alimentos  por el hedor que emanan las cloacas. Además aseguran que se han visto en la obligación de hacer sus necesidades en bolsas para reducir el colapso del drenaje.

Quienes van a diario a las instalaciones del Cicpc para llevar alimentos a sus familiares aseguran que actualmente existe un brote de infecciones en la piel y ninguno de los internos ha recibido tratamiento para el ardor o la picazón.

“Para completar tienen 15 días con el servicio de agua potable intermitente y pasan días sin bañarse porque no les suministran el líquido para que por lo menos garanticen su aseo personal”, contó uno de los parientes de los privados.

En el Centro de Detención Preventivo tienen más de dos años con las visitas suspendidas y los privados solo se comunican con sus parientes a través de “cartas” que se hacen llegar bajo la supervisión de los detectives de guardia.

Muchos aseguran que conviven en condiciones deplorables y en completo hacinamiento, pues se encuentran en celdas de dos metros cuadrados y el espacio no es suficiente para albergar a más de 30 hombres  y mujeres por cada calabozo.

“La ventilación es mínima, por eso se ha desatado una sarna increíble y no dejan pasar pomadas o medicamentos para que ellos puedan controlar la erupción en la piel”, detalló uno de los familiares.

Los privados y sus familiares claman por el mantenimiento de los drenajes y por el suministro de agua potable. Amenazan con iniciar una huelga de hambre de continuar las condiciones deplorables en el interior de los calabozos.

César José Bohorquez Peralta sufrió una caída y luego convulsionó 

Funcionarios del Eje del Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy indagan la muerte de un privado de libertad que estaba recluido en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, ubicado en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda. El deceso ocurrió la tarde del miércoles 29 de marzo. 

El fallecido fue identificado como César José Bohorquez Peralta, de 23 años. El mismo estaba preso desde el 2 de marzo de 2022. 

Las primeras investigaciones adelantadas por el Cicpc dan cuenta que Bohorquez Peralta sufrió una caída que ameritó su traslado a un centro asistencial de la entidad. De este lugar fue referido al hospital Victorino Santaella de la ciudad de Los Teques. 

Una vez de alta, el privado de libertad fue regresado al penal, y llevado a su celda. Allí empezó a convulsionar y falleció de manera inmediata. El cuerpo fue ingresado a la sala de cadáveres del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia de ley. 

Aseguran que estos son maltratados física y verbalmente 

Un grupo de familiares de los detenidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en San Carlos, se apostaron en las afueras de la sede del Ministerio Público, este sábado 25 de marzo, para exigir a los fiscales que investiguen los abusos cometidos por los funcionarios en contra de sus parientes. 

Los familiares indicaron que el viernes se dirigieron al Ministerio Público, para denunciar que sus parientes fueron maltratados física y verbalmente el pasado jueves 23 de marzo. Señalaron que fueron atendidos y que los fiscales se comprometieron a visitar el lugar con una comisión designada para esto. 

Aseguraron que hasta el momento ningún funcionario de la fiscalía se ha presentado en el Cicpc. 

“No estamos dispuestos a que nuestros familiares sigan siendo maltratados y que no se haga nada al respecto. “Ellos no tienen cómo defenderse, pero para eso estamos nosotros. Es inhumano la forma en que los tienen en el Cicpc y de ser posible solicitamos el traslado. Solicitamos que cesen los maltratos y que se atienda nuestra denuncia”, dijo una de las familiares. 

Igualmente, exhortaron a la Defensoría del Pueblo a verificar lo que acontece en las una del Cicpc en Cojedes.