Cúcuta archivos - Runrun

Cúcuta

Venezuela Aid Live informó que no entregaron recursos a ningún gobierno ni organización política

LA ORGANIZACIÓN VENEZUELA AID LIVE aclaró a través de su cuenta oficial en Twitter que le comunicado que circula por redes sociales en el que habla sobre malversación de los fondos para ayuda humanitaria es totalmente falso.

De manera firme, en el comunicado se recalcó: “Aid Live Foundation aclara que no tiene ningún vínculo con las ayudas represada en Cúcuta Norte de Santander y tampoco tiene ningún vínculo político de ningún tipo con ningún gobierno”.

 

También puede leer: Guaidó sobre denuncia de corrupción: Pedimos a Transparencia Internacional unirse a esta investigación

 

“Para el recaudo de nuestros recursos se utilizó una plataforma de crowdfunding que vela porque el origen de los recursos no provenga del terrorismo y narcotráfico. En paralelo al proceso de verificación legal de fondos, se determinó que 50% de los fondos serán invertidos en programas en Venezuela y el otro 50% para atender las necesidades de la población migrante en Colombia”, acotó el comunicado.

El documento, que fue divulgado en las redes sociales, aclaró que la fundación no ha tenido ningún tipo de vínculo político con ningún gobierno.  Además, aseguró que las donaciones de alimentos, medicinas y demás neceseres no están relacionados con Aid Live.

 

 

Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación, aseguró este lunes en rueda de prensa que el dinero recolectado en el evento y en días posteriores habría sido tomado por el equipo de trabajo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó y el partido político Voluntad popular. 

“Guaidó pidió personalmente ese dinero del concierto. Se lo agarró y dejaron a todos los trabajadores sin paga. No utilizaron eso para pagarle a la gente”, expresó Rodríguez. 

 

*Con información de El Nacional 

Calderón Berti asegura que investigación sobre desviación de fondos en Colombia inició hace dos meses

LA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN COLOMBIA DEL PRESIDENTE encargado de la República y líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, abrió este domingo 16 de junio una investigación sobre un supuesto uso irregular de fondos destinados a la atención de cientos de miembros de cuerpos de seguridad venezolanos que están refugiados en ese país.

“Para que quede claro frente al país. La investigación se inició por mi iniciativa personal hace dos meses a raíz de una información que recibí de la Dirección General de Inteligencia de Colombia. En el tiempo transcurrido se acopió y analizó la información recibida”, anunció en Twitter Humberto Calderón Berti, representante de Guaidó en Bogotá.

Calderón, quien fue designado por Guaidó y reconocido por el gobierno del presidente colombiano Ivan Duque como representante de Venezuela en Bogotá, aclaró que informó del caso directamente al canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo hace más de un mes.

“Estábamos recabando información”, pero “ya existían evidencias”, indicó.

Los comentarios de Calderón Berti se produjeron dos días después que el portal Panam Post divulgó un reportaje donde se señala a dos colaboradores de Guaidó — identificados como Rossana Barrera y Kevin Rojas — por su presunta participación en “actos de corrupción” con fondos destinados para cubrir los gastos de los miembros de los cuerpos de seguridad venezolanos que desertaron y ofrecieron su respaldo a Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela el 23 de enero pasado.

Según Panam Post, Barrera y Rojas llamaron la atención de las autoridades colombianas cuando empezaron a llevar un estilo de vida que no se correspondía al de sus actividades. Entre las irregularidades detectadas destacan “facturas que demuestran excesos” en pagos en hoteles, tiendas de ropa lujosas y alquiler de vehículos.

“El tema se viene investigando a través de los conductos indicados de Colombia… conjuntamente con nosotros”, dijo Calderón Berti en otro tuit.

“No se trata de denunciar por los medios sino de concluir la investigación y ponerla en manos de la justicia. Así se hará”, agregó.

La “delegación en Colombia ha manejado con austeridad y limitaciones económicas situación de militares en ese país. Ante denuncias, pido al Embajador solicitar formalmente a organismos de inteligencia colombiana la investigación necesaria. ¡Transparencia ante todo!”, tuiteó Guaidó el viernes.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente también recurrió a Twitter para declarar que “difícilmente había algo más papayita (fácil) de pronosticar, la banda de Juanito alimaña en Colombia, como lo hacen donde llegan, se robaron los recursos asignados”, refiriéndose a Guaidó.

Más de 50 países, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la UE, reconocen el mandato de Guaidó, argumentando que Maduro se reeligió en comicios fraudulentos en mayo de 2018.

Policía colombiana tomó control de las trochas en frontera con Venezuela

A PESAR DE QUE DURANTE el fin de semana se mantuvo el paso de venezolanos por las trochas, aún y cuando fue habilitado de nuevo el cruce peatonal por los puentes, la policía Metropolitana de Cúcuta sorprendió este lunes 10 de junio a quiénes iban pasando por los caminos verdes, pues no les permitieron continuar por esta vía. 

La acción estuvo a cargo de José Luis Palomino, comandante de la policía Metropolitana de Cúcuta, quien justo al frente de los puentes improvisados sobre el río Táchira, les indicó a los ciudadanos que ya estaba habilitado el paso legal y por razones humanitarias no les iban a permitir seguir por las trochas.

Según los venezolanos, necesitan cruzar por estos puntos porque no tienen la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y Migración Colombia los regresa, pero el comandante policial les aclaró que deben hacer el trámite para ingresar a su país. 

Aunque Freddy Bernal había anunciado un despliegue de funcionarios militares y policiales en las trochas para impedir el paso por esta vía, el Gobierno colombiano se adelantó.

18.000 personas cruzan la frontera con Colombia en primer día de reapertura

AL MENOS 18 MIL PERSONAS HAN CRUZADO los puentes internacionales que conectan a Venezuela con Colombia a través del estado Táchira, en busca de alimentos y medicamentos que no hay o son más caros en el territorio venezolano.

“Venimos haciendo un seguimiento al comportamiento de los ocho pasos fronterizos que tenemos con Venezuela, sin que hasta el momento se presenten novedades. Nos alegramos por el pueblo venezolano, quien ya no tendrá que lanzarse a las trochas para poder llegar a Colombia”, dijo el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, mediante un comunicado de prensa.

Sin embargo, también llamó a retirar los obstáculos de los principales pasos fronterizos.

“Creemos que abrir la frontera no es solo decirlo, es actuar en consecuencia y en ese orden de ideas el dictador Maduro y las personas cercanas al régimen, deberían retirar los obstáculos que hay sobre los puentes internacionales, ya que si queremos una migración ordenada y segura, debemos dar las condiciones para ello”, agregó Krüger .

Previendo que el aumento hubiese sido mayor, Migración Colombia dispuso de 10% más de los trabajadores habituales y aparatos tecnológicos para la lectura de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza.

Sin embargo, durante la mañana de este 8 de junio no hubo mayor incremento que el usual y se observaron personas cruzando por las trochas.

Este primer boletín emitido por Migración Colombia es el reporte de los puentes que comunican en el Norte de Santander, es decir, el puente Simón Bolívar, Pedro María Ureña y Unión.

El puente de La Unidad (anteriormente llamado Tienditas) se mantiene cerrado por completo.

 
Continúan los obstáculos en paso fronterizo con Colombia

 La diputada de la Asamblea Nacional, Gaby Arellano, denunció que sigue obstaculizando el paso vehicular por el Puente Simón Bolívar, que comunica a San Antonio del Táchira con Cúcuta.

“Los obstáculos que el usurpador colocó el pasado mes de febrero siguen obstruyendo el paso a los venezolanos que cruzan a buscar comida y medicinas”, escribió en su cuenta de Twitter este sábado 8 de junio.

El viernes, 7 de junio, Nicolás Maduro ordenó la reapertura de los pasos fronterizos que se ubican en el estado Táchira y limitan con Colombia, en el departamento del Norte del Santander.

“En ejercicio pleno de nuestra soberanía, he ordenado la apertura de los pasos fronterizos con Colombia en el Estado Táchira, a partir de este sábado 8 de junio. Somos un pueblo de paz que defiende firmemente nuestra independencia y autodeterminación”, indicó el mandatario en la red social Twitter.

Pero como denunció la diputada, los container que fueron puestos en el puente en el mes de febrero continúan allí y solo se permite el paso peatonal. 

Pompeo visita a migrantes venezolanos en Colombia

EL SECRETARIO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE MIKE POMPEO visitó el domingo a migrantes venezolanos en Colombia al concluir una gira por cuatro naciones sudamericanas enfocada en presionar al gobierno de Nicolás Maduro.

Pompeo llegó a un refugio para migrantes en la ciudad de Cúcuta acompañado por el mandatario colombiano Iván Duque. No lejos de allí, las fuerzas de seguridad venezolanas se mantenían en alerta en el puente internacional Simón Bolívar que comunica a ambos países.

Ese centro de migrantes ha sido la primera escala para algunos de los más de tres millones de venezolanos que han huido de la hiperinflación y la crisis política en su patria.

Estados Unidos fue la primera de más de 50 naciones que en enero reconocieron al legislador opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Pero el significativo apoyo popular a Guaidó no ha impedido que Maduro siga controlando el poder en Caracas.

Venezuela agoniza, pero resiste, por Asdrúbal Aguiar

EL EMPLEO DE MISIONES MILITARES EXTRANJERAS EN VENEZUELA es cuestión debatida a lo largo de su historia política y constitucional. Hoy la reclaman los venezolanos para hacer cesar el “estado criminal” que los mantiene bajo secuestro y deshumaniza. Es el recurso instrumental al que éstos tienen derecho, constitucionalmente, en defecto de protección interna.

El temor a sus consecuencias – acaso menos gravosas como las que se buscan extirpar y son ominosas – inhibe a algunos actores políticos. Incluso a gobiernos extranjeros sensibles a la agonía terminal de un país despedazado institucionalmente, desarticulado socialmente, con hambre y enfermedades, al paso sin agua ni electricidad.

La experiencia de Cúcuta, cuando el régimen de Maduro destruye la primera carga de alimentos al apenas transitar sobre la línea de demarcación fronteriza con Colombia, extrañamente se torna en parteaguas respecto de la cuestión, particularmente en el Grupo de Lima.

La Constitución de Angostura, desde 1819, acepta el paso de tropas no nacionales sobre el territorio previa aprobación del parlamento, como para la estación o no de escuadras navales en los puertos de Venezuela. Hasta le reconoce ciudadanía activa, como premio, a los extranjeros que sirvan como militares a favor de la causa de la independencia.

Al aprobar la ley sobre repartimiento de los bienes nacionales entre los hombres de armas, dicho congreso, además, reconoce a los extranjeros que marchan bajo las banderas de la república derechos sobre aquéllos. Al célebre coronel británico Juan D. Needhan, en lo particular, le entregan en propiedad 3.000 fanegadas de tierras continuas.

Realizada la independencia, separada Venezuela de Colombia, el Congreso de 1830 mantiene su atribución de aceptar extranjeros al servicio de las armas; pero entonces se sugiere su carácter excepcional, al punto de fijársele al presidente una prohibición en la materia.

Superado el siglo XIX y en vías de clausurarse la República militar que emerge desde los inicios del siglo XX, el constituyente de 1947, como petición de principio, declara a los Estados Unidos de Venezuela libre e independiente de toda “protección extranjera”. Y al referirse a los Estados formantes de la unión, advierte que “jamás podrán romper la unidad nacional ni se aliarán con potencia extranjera, ni solicitarán su protección, ni podrán cederle porción alguna de su territorio, sino que se defenderán y defenderán a la Nación de cualquier violencia contra la soberanía nacional”. Otro es el tiempo.

La línea discursiva se sostiene durante la dictadura militar siguiente. En 1953 la constitución que se aprueba – al igual que la anterior, ambas raizalmente nacionalistas – prohíbe a los venezolanos hasta aceptar honores oficiales extranjeros salvo que los autorice expresamente el parlamento.

La Constitución de 1961, que inaugura nuestra República civil y democrática, si bien mantiene las premisas señaladas de un modo general, dispone, por vez primera, en una suerte de regreso a los orígenes constitucionales, que, previa solicitud del Ejecutivo, el Senado de la República puede “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

La razón huelga. La cooperación militar internacional ya no se discute como en el pasado.

Existe, es cierto, una prohibición del uso de la fuerza – como la agresión militar – que establece la Carta de San Francisco; pero su sana interpretación reclama de sincronía con las otras normas de igual rango y de orden público que ella establece, como las que admiten el uso legítimo de la fuerza individual para la legítima defensa, y su uso colectivo para asegurar y sostener la solución pacífica de las controversias entre los Estados y el respeto universal de los derechos humanos.

La norma de 1961 la repite el constituyente de 1999, llegada la revolución bolivariana. Y omite como premisa el requerimiento previo del gobierno al respecto. La disposición activa o pasiva de misiones militares, en lo adelante, queda a juicio y decisión del órgano parlamentario.

La vigente Constitución, es verdad, declara en el artículo 13 que “el espacio venezolano es una zona de paz” y prescribe que “no se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias”. Mas en el artículo 187, numeral 11, acepta el empleo de misiones militares extranjeras en el país, a saber y por obra de lo anterior, únicamente cuando respondan a la idea de “la cooperación pacífica entre las naciones” y para asegurar la paz y ofrecer protección humanitaria.

La distorsión o confusión deliberada de esos postulados por sectores de la izquierda global y local, que mirándose en sus espejos ven agresiones por doquier y que, insertos en las organizaciones multilaterales donde hacen tarea militante para la defensa de los espacios que sostienen sobre la violencia de Estado y en territorios hechos cementerios, han hecho de la ONU una oficina de médicos forenses.

No sirve para prevenir ni asegurar el derecho a la vida. Se limita a levantar cadáveres y certificar las causas de defunción. Y con cinismo inenarrable promueve la elaboración de memorias históricas, para la reparación de lo irreparable.

En el caso de Venezuela, un país que agoniza y resiste bajo el liderazgo de Juan Guaidó, ocurre una verdadera paradoja. Su Constitución autoriza la injerencia militar humanitaria extranjera, pero quienes pueden proporcionarla ahora dudan, resbalan, cambian el discurso, mientras el paciente agoniza.

[email protected]

LA RESPONSABLE DEL COMITÉ DE LIBERACIÓN DE VOLUNTAD POPULAR y diputada ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Adriana Pichardo, denunció en nombre de su tolda política, la desaparición forzosa de cuatro venezolanos cuando se disponían, este miércoles, a cruzar la frontera colombo-venezolana por el estado Táchira.
“Estos cuatro venezolanos perdieron contacto con su familia aproximadamente a las 8:45 de la mañana, desde ese momento no se tiene información exacta de su paradero. Hay un total hermetismo alrededor de esa detención arbitraria, ningún organismo de seguridad afirma que los tiene bajo su custodia. Nos hemos dirigido, al Sebin, Dgcim y la Guardia Nacional, pero ninguno ha dado fe de vida de ellos ni asume responsabilidad de tenerlos bajo su custodia”.
La parlamentaria explicó que los detenidos son Juan Bautista Mata, Mario Peláez, Nilson Torres y Víctor Cirios, quienes se encontraban cruzando por lo que se conoce como “las trochas” entre Cúcuta y Táchira, cuando presuntamente fueron detenidos por la Guardia Nacional.
“Queremos denunciar la desaparición forzosa de estos cuatro venezolanos, entendiendo que se trata de un secuestro. Hacemos responsables a Nicolás Maduro y a todos los organismos de seguridad que actúan en la zona fronteriza del Táchira, de sus vidas e integridad física. Exigimos su inmediata liberación. Uno de ellos tiene a su esposa embarazada, otro tiene a una bebé pequeña; es decir estamos hablando de personas con familias, que no han cometido ningún delito y que tienen todo el derecho de regresar a su país cómo y cuándo lo decidan”.
Finalmente, Pichardo enfatizó que lo ocurrido, demuestra una vez más que el país está ante un régimen usurpador, que se dedica a violar los derechos humanos e irrespetar el debido proceso. “Utilizan a los organismos de seguridad y a su brazo ejecutor del sistema judicial, para encarcelar, perseguir y tratar de callar a todo el que piense distinto o haga una acción que no les parece y eso no puede continuar”.