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Macri y su rival Fernández votan en polarizadas elecciones
Las encuestas vaticinan la victoria de Alberto Fernández y suponen el regreso del kirchnerismo al poder

 

El conservador presidente argentino Mauricio Macri y su principal rival, el kirchnerista Alberto Fernández, depositaron su voto en las elecciones generales del domingo que transcurren en un escenario de descontento social a causa de la crisis económica y de fuerte polarización política.

Fernández, de 60 años, votó cerca del mediodía en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, mientras que el mandatario, de la misma edad, lo hizo poco tiempo después en una escuela de la capital. Ambos estuvieron arropados por decenas de simpatizantes que les manifestaron su respaldo.

Macri, líder de Juntos por el Cambio, pelea por la reelección en un contexto de caída de la actividad económica e inflación y Fernández, quien es favorito en las encuestas como cabeza de la fórmula Frente de Todos, aspira a reemplazarlo en el poder con el apoyo de los votantes que desean la reinstalación de políticas que mejoren el bienestar social.

En las elecciones se elegirán presidente y vicepresidente, gobernadores de tres provincias, jefe de gobierno de Buenos Aires, 130 diputados nacionales, 24 senadores nacionales y alcaldes regionales.

La victoria de Fernández que vaticinan las encuestas supondría el regreso del kirchnerismo al poder. El candidato compite acompañado de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien desistió de pelear por la presidencia y lo eligió como cabeza de la fórmula electoral.

Tras depositar su voto, Fernández, vestido con traje y sin corbata, dijo a los periodistas que esta es una jornada histórica y es necesario “iniciar el tiempo que se viene con tranquilidad, sabiendo que todos vamos a trabajar por un país mejor; se terminó el nosotros y ellos”.

Sobre la posibilidad de que el día después a su eventual victoria se produzca una reacción negativa de los mercados -por temor a una reinstalación de políticas populistas-, el candidato señaló que Argentina sufre una “enorme crisis” y “todos” deben “tener mucha responsabilidad”.

También tuvo palabras de recuerdo para el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). “Ayer hablábamos con Cristina (Fernández de Kirchner) que justo hoy es el noveno aniversario de la falta de Néstor; lo quiero cada día más y estoy seguro que me está ayudando”, señaló el candidato, quien fue jefe de gabinete durante la presidencia de Kirchner y el primer mandato de su esposa y sucesora.

En tanto, Macri, quien votó entre gritos de “sí se puede” de sus simpatizantes y aspira a cuatro años más de gobierno señaló que “se juegan dos visiones de futuro” y espera lograr “la confianza de los argentinos para construir la Argentina que soñamos”. Pidió que “mañana, estemos tranquilos” porque el país “tiene un gran futuro por delante”.

Luego votó Fernández de Kirchner en la ciudad sureña de Río Gallegos, donde tiene una de sus residencias. La mandataria fue escueta y señaló a la prensa que este es un día “importante para la democracia, sobre todo para los que alguna vez no tuvimos esta maravilla de poder elegir”, en referencia a la última dictadura militar (1976-1983).

Los centros habilitados para que 33,8 millones de argentinos expresen su voto abrieron sus puertas a las 8 de la mañana (hora de Argentina) y tienen previsto cerrar a las 6 de la tarde. Se esperan los primeros resultados oficiales a las 9 de la noche.

Una mujer deposita su voto en las elecciones en Buenos Aires, Argentina, el 27 de octubre del 2019. (AP Photo/Daniel Jayo)

Los comicios transcurrían con tranquilidad en la mayoría del país, aunque se registraron 11 denuncias por amenazas de bomba en establecimientos educativos habilitados para el sufragio, informó el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Los sucesos ocurrieron en los municipios de La Matanza y Quilmes, en los alrededores de Buenos Aires, agregó.

Ello obligó a evacuar de esos lugares a más de 1.000 personas, sin que se produjeran mayores incidentes.

En las elecciones compiten otros cuatro candidatos que representan a espacios que van desde la izquierda hasta la derecha y que tienen un apoyo muy limitado.

Para ser elegido presidente es necesario alcanzar al menos 50% de los votos o por lo menos 40% y una diferencia de diez puntos respecto al segundo candidato más votado.

Macri, bien visto por los mercados, Estados Unidos y otras potencias, afronta el veredicto de las urnas en medio del descontento social por sus promesas incumplidas de reducir la pobreza y la inflación y reactivar la economía.

La pobreza se incrementó en el primer semestre del año alcanzando al 35,4% de la población, el desempleo subió en el segundo trimestre al 10,6% y la inflación acumulada en los primeros nueve meses fue de 37,7%, según datos oficiales.

Varios votantes se acercaron en hora temprana a depositar su voto en las urnas instaladas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario – unos 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

Salvador Bartolone, de 59, dijo a The Associated Press que no tiene la seguridad de que el futuro presidente dé una “solución rápida, práctica y eficiente como que para que pocos años este país salga adelante” y se lamentó de las crisis recurrentes y que nunca haya “un avance”.

Las elecciones en Argentina tienen lugar en un contexto regional convulsionado por el estallido social en Chile, la crisis política en Bolivia y las recientes movilizaciones en Ecuador contra el aumento del combustible. Se celebran además de forma simultánea a las de Uruguay, donde la coalición oficialista de izquierda Frente Amplio no tiene asegurada su revalidación.

Las posibilidades de Macri de resultar reelecto recibieron un duro golpe el 11 de agosto en las elecciones primarias en las que obtuvo el segundo lugar, 15 puntos debajo de Fernández, cuya imagen de moderado dentro del kirchnerismo logró atraer el voto independiente y el de los desencantados con la gestión macrista.

El resultado profundizó una fuga de capitales y derrumbó el peso argentino por el temor de los inversores al regreso del populismo kirchnerista, lo que recalentó la inflación y agudizó la crisis social.

Aun así, la imagen de Fernández no se resintió, según las encuestas. Tampoco parece afectarle demasiado el recelo que provoca la exmandataria, quien afronta varias investigaciones judiciales y un juicio por supuesta corrupción cometida durante su gestión.

UN JUEZ ENVIÓ A JUICIO este viernes 20 de agosto a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández por la causa de los denominados “Cuadernos de las Coimas” y dos expedientes derivados de esa pesquisa.

De acuerdo con una nota publicada por La Nación de Argentina, al juicio, que se hará oral y público, también estará el exministro de Planificación, Julio De Vido, y otros imputados.

Fue el juez federal Claudio Bonadio quien decidió este viernes cerrar la investigación y enviar a juicio a los implicados. También solicitó al Senado el desafuero de Fernández con el fin de cumplir con la prisión preventiva.

Además de Cristina Fernández, quien es acusada de ser la jefe de una asociación ilícita, figuran el exministro De Vido; su segundo, Roberto Baratta, y el exsecretario José López.

Asimismo, en el expediente figuran los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona y Raúl Betnaza.

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Los exfuncionarios están acusados por cohecho y por asociación ilícita, mientras que los empresarios solo por cohecho.

Con información de La Nación

LA EXPRESIDENTA DE ARGENTINA Cristina Fernández (2007-2015) asistió en la mañana de este lunes a la cuarta sesión del juicio oral en el que se le acusa de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos en la adjudicación de obra pública durante su mandato.

En la audiencia, que comenzó poco antes de las 10 hora local (13 GMT) en los tribunales federales de Buenos Aires, se prosigue con la lectura de los cargos fundamentados por los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Como ya es habitual, la actual senadora y precandidata a la Vicepresidencia del país para las elecciones de octubre próximo no habló ante la prensa y se colocó junto a su abogado Carlos Beraldi en la última fila de asientos destinada a los acusados.

Más adelante se ubicaron los ya detenidos exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros imputados.

Detrás, separados por un vidrio, se ubican espectadores que llegaron para apoyar a la exmandataria.

El lunes pasado no asistió a la tercera audiencia del juicio -que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2)- al justificar que tenía actividad parlamentaria en el Senado, la única situación para la que el juzgado la autorizó a ausentarse en las primeras sesiones, en las que se leen las acusaciones.

Esta es la primera vista oral que enfrenta Fernández, que es juzgada por el presunto direccionamiento de la concesión de obra pública, en la provincia de Santa Cruz, donde nació su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas de Báez, excolaborador y amigo de la pareja.

Según la acusación, en los 12 años de mandatos kirchneristas se adjudicaron a Báez más de 50 obras, el 80 % del total en ese distrito, muchas de las cuales quedaron inacabadas, tuvieron sobreprecios o eran innecesarias.

A su vez, por otras causas ya investigan el posible retorno de esos supuestos millonarios sobreprecios al matrimonio presidencial a través del alquiler de propiedades inmobiliarias de los Kirchner al propio Báez.

El pasado viernes, la senadora -que tiene fueros y no puede ser detenida- pidió al TOF2 un nuevo permiso para viajar a Cuba a visitar en julio a su hija Florencia, que es tratada allí de problemas de salud.

La petición para viajar a La Habana del 2 al 10 de julio próximos todavía no fue resuelta.

Este año la expresidenta ya ha viajado dos veces a ver a Florencia, que sufre un “trastorno de estrés postraumático” que su madre atribuye a la “persecución” que a su juicio sufren ambas por parte de la justicia ya que comparten acusaciones de corrupción en dos causas.

EFE/SPLL

 

LA EXPRESIDENTA ARGENTINA CRISTINA FERNÁNDEZ se sentó este 21 de mayo en el banquillo en un juicio inédito en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, esta vez como vicepresidenta.

El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Fernández anunciara que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.

Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno.

Fernández escuchó la acusación sentada junto a su abogado en el fondo de la sala mientras varias filas más adelante se situaron varios exfuncionarios de su gobierno. Detrás de un vidrio a espaldas de la acusada, se ubicaron políticos, sindicalistas y dirigentes de derechos humanos que sostienen su inocencia.

En las inmediaciones de la sede del tribunal simpatizantes de Fernández que vestían camisetas con la imagen de la expresidenta entonaron cánticos en su apoyo y ondearon banderas argentinas.

Nelson Chiavetti, empleado de un estudio jurídico, dijo a The Associated Press que “acá quieren hacer como en Brasil con el expresidente (Luiz Inácio) Lula (Da Silva) porque la única forma de que no ganara las elecciones era meterlo preso y hoy con Cristina están haciendo lo mismo”.

Alberto Fernández aseguró a periodistas que su compañera de fórmula presidencial “va a poder probar que la imputación es falsa” y que es “un disparate que esté involucrada en esta causa”.

Horas antes del inicio del juicio, la dirigente peronista afirmó en su cuenta de Twitter que el proceso es un “nuevo acto de persecución” que tiene como objetivo “colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Fernández se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del presidente Mauricio Macri. La senadora afirma que su sucesor promueve causas en su contra para desviar la atención de los argentinos de la actual crisis económica.

El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones electorales ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.

Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer cargos públicos.

Junto a la exmandataria están procesadas otras 12 personas, entre ellas el allegado empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios.

La senadora está acusada de haber encabezado una “asociación ilícita” que otorgó de forma discrecional obras públicas a Báez en la provincia sureña de Santa Cruz.

Esa “organización criminal” -que también funcionó durante el gobierno de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007)- sustrajo fondos del Estado y “valiéndose de la legitimidad de los cargos” que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una “maquinaria eficaz para sustraer y direccionar” esos fondos a Báez, sostuvo el secretario del tribunal durante la lectura de la acusación.

Alberto Fernández, que también fue jefe de gabinete de Kirchner, es uno de los más de 150 testigos que desfilarán durante el juicio.

El analista Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dijo a The Associated Press que Macri aprovechará el desarrollo del proceso para “antagonizar” con la exmandataria y “eso no va a ser tan fácil” para ella.

El analista agregó, sin embargo, que con el sorpresivo anuncio de la fórmula presidencial Fernández consiguió amortiguar el impacto de su imagen frente a los jueces. “No es lo mismo la foto sentada en el banquillo siendo una candidata a presidenta que la foto de Alberto Fernández viajando para hacer un acto” de campaña, dijo.

La primera audiencia del juicio, que podría durar un año, consistió en la lectura de la acusación fiscal.

De ser hallada culpable la exmandataria podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión. Para el momento del fallo, Fernández podría ser vicepresidenta o mantener su escaño de senadora. En esos dos escenarios estaría a salvo del arresto por gozar de inmunidad para ser detenida que sólo puede ser anulada por disposición del Congreso.

La acusación de los fiscales está centrada en los 51 contratos de obras públicas que recibieron las empresas de Báez que supuestamente fueron amañados a favor del empresario pese a que sus firmas no tenían capacidad para hacer las obras. Muchas de ellas quedaron inconclusas o tuvieron un costo mucho mayor al valor de mercado.

Fernández sostuvo que “jamás” intervino como presidenta “en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras” y que los fondos para esos contratos fueron votados por el Congreso en el presupuesto. También cuestionó que la justicia le impidiera aportar suficientes pruebas para su defensa.

Cristina Fernández anuncia candidatura a la vicepresidencia argentina

LA EX JEFA DE ESTADO DE ARGENTINA Cristina Fernández (2007-2015) anunció este sábado que, de cara a las próximas elecciones, integrará una fórmula en la que ella se postulará a la Vicepresidencia del país, con su exjefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente.

“Esta fórmula que proponemos estoy convencida que es la que mejor expresa lo que en este momento en la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos también, no solo para ganar una elección, sino para gobernar”, expresó la actual senadora a través de un vídeo en Twitter.

Con este anuncio terminan meses de conjeturas en el abanico político y en los medios de comunicación sobre el futuro político de Fernández y pone el foco principal en el abogado Alberto Fernández, quien fue jefe de su Gabinete de Ministros y el de su esposo, el también expresidente Néstor Kirchner, entre 2003 y 2008.

Con información de EFE

UN TRIBUNAL ARGENTINO DECIDIÓ ESTE LUNES aplazar al 21 de mayo el inicio del primer juicio por corrupción que afecta a la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), que iba a comenzar el próximo 26 de febrero, confirmaron a Efe fuentes de la defensa de la actual senadora.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, encargado de celebrar la vista oral, tomó la decisión de postergar el proceso por problemas de salud de Jorge Alberto Tassara, uno de los jueces que integran esa cámara judicial, que fue internado este lunes en un centro hospitalario para realizarle de urgencia y baipás aorto coronario.

Hace justo una semana, el TOF 2 había rechazado aplazar el juicio después de que Fernández pidiera cambiar la fecha al considerar que no ha finalizado una instrucción suplementaria.

Se trata de la primera causa que llega a juicio de las que afectan a la ex jefa de Estado, en la que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación, durante su mandato presidencial, de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz.

Senado argentino autoriza al juez a registrar las casas de Cristina Fernández

El Senado argentino autorizó hoy a la Justicia realizar registros en las casas de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, imputada en una causa en la que se investigan millonarios sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios de los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Tras dos intentos fallidos de tratar el asunto en las dos últimas semanas, ya que ni siquiera se pudo iniciar el debate, finalmente hoy los senadores, incluida Fernández, votaron por unanimidad a favor de que el juez Claudio Bonadio realice allanamientos en sus domicilios en Buenos Aires y el sur del país, en busca de pruebas.

Este visto bueno de la Cámara llega después de que este martes la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) trasladara a sus compañeros que no tiene “ningún inconveniente” en que autoricen los registros, con el fin de “terminar” con el “show montado” alrededor de unos “allanamientos sin fundamentos”.

La senadora había puesto como condiciones que no hubiera registros gráficos de los operativos y que estuvieran presentes sus abogados y un senador o senadora designados por ella, así como que se resguarden sus objetos de uso personal y los que conforman el ajuar de las casas.

Sin embargo, no se prevé que Bonadio acepte estas peticiones, que fueron muy polémicas durante toda la sesión y que la exjefa de Estado defendió por estar sufriendo una “manipulación descarada, humillante y grosera” de “hostigamiento permanente” y previendo que, en el caso de que se graben imágenes de sus casas, acabarán saliendo por los medios de comunicación.

Mientras sus correligionarios más próximos la defendían en sus intervenciones, con fuertes críticas hacia el Gobierno de Mauricio Macri -que aseguran es el que mueve los hilos para perseguir a Fernández y que no se hable de la situación económica del país-, otros miembros del oficialismo o la oposición avalaron que se dé el visto bueno a la solicitud del juez.

“Esta denuncia que involucra plata sucia tiene mucho que ver con ese gran agujero negro de lo que hoy le falta a la gente”, dijo el senador del oficialismo Luis Naidenoff.

Al momento de la votación, que se produjo tras casi siete horas de debate, multitud de seguidores de la exmandataria ya se congregaban a las puertas de su apartamento de la capital, a la espera de que comience el operativo de Bonadio.

Al estar aforada, cualquier decisión de la justicia que apunte al arresto de Fernández o el registro de sus propiedades ha de pasar por el pleno de la Cámara Alta, en la que ningún bloque tiene mayoría absoluta pero el peronismo -al que pertenece la expresidente pero está dividido en varios sectores- es el movimiento con más peso.

Cristina Fernández niega cargos en causa sobre corrupción

 

La expresidenta argentina Cristina Fernández negó el lunes ante la justicia ser la responsable de una asociación ilícita integrada por funcionarios y grandes empresarios que habrían pagado millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas y se consideró una perseguida del gobierno.

Fernández (2007-2015) presentó un escrito en el juzgado federal a cargo del magistrado Claudio Bonadío en el que lo acusó de inventar causas en su contra. El contenido del mismo fue difundido por la también senadora opositora en las redes sociales.

La ex gobernante, que hasta ahora no había hablado públicamente sobre estas nuevas imputaciones, llegó a la sede del tribunal en medio de grandes medidas de seguridad. Allí se negó a contestar preguntas, como ha sido su habitual proceder en cada una de las otras tres ocasiones en las que el juez la citó en diversas causas.

Esta vez la exmandataria fue citada por que es considerada la mayor trama de corrupción de los últimos años en Argentina. Hasta ahora hay 38 imputados, 15 detenidos y 10 arrepentidos, entre empresarios y exfuncionarios de las administraciones de Fernández y su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

Según versiones de la prensa local con acceso a la causa -que se encuentra bajo secreto de sumario- unid en los al menos cinco empresarios que reconocieron ante el juez haber pagado sobornos dijo que Fernández estaba al tanto de la recaudación ilegal.

En su escrito la senadora acusó a Bonadío de ser un juez enemigo que ha armado una nueva causa en su contra y afirmó que el disparate del que es víctima se debe a las interferencias del gobierno del presidente Mauricio Macri sobre la justicia.

“Bonadío de manera deliberada armó un nuevo expediente mellizo para imputarme otra vez como jefa de una presunta asociación ilícita”, dijo Fernández, quien cuestionó que por ese delito ya se encuentre “perseguida” en una causa en la que se investiga a empresarios beneficiados con contratos públicos y procesada en otras dos. Al respecto solicitó que otro juez unifique todas las pesquisas.

La causa que ahora acapara la atención pública se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado supuestamente registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que numerosos empresarios habrían pagado millones de dólares en sobornos.

Entre los destinos a los que habría llegado el dinero está la residencia presidencial y un domicilio particular en Buenos Aires de Fernández y su esposo, quien también aparece salpicado en la supuesta trama delictiva.

Pero Fernández puso en duda la investigación periodística y arremetió contra Oscar Centeno, el chofer testigo de la trama.

Afirmó que detrás de la causa se oculta el intento del gobierno de ocultar la crisis económica y las recientes denuncias de corrupción en contra de autoridades por el financiamiento irregular de sus campañas electorales.

Según las anotaciones del chofer difundidas por La Nación, Fernández aparece mencionada en al menos tres ocasiones. En una de ellas Centeno relata una reunión de la entonces mandataria con dos funcionarios en la cual “los instruyó para que sigan recaudando de las empresas”.

Esas referencias complican a la exmandataria de forma más directa que en otras causas, señalan analistas.

En su escrito ante el juez, Fernández también pidió que se investigue “toda la obra pública” realizada a nivel nacional y en jurisdicciones gobernadas por la oposición y que la investigación alcance a Macri y sus familiares.

Angelo Calcaterra -primo de Macri- es uno de los más de una docena de empresarios investigados por Bonadío. Según la prensa, para no quedar detenido y obtener otras ventajas, admitió ante el juez el pago de montos millonarios destinados a financiar las campañas electorales del kirchnerismo.

Bonadío ha pedido al Senado autorización para allanar los domicilios particulares de Fernández, lo que será analizado el miércoles.

Este mismo juez pidió en 2017 el desafuero de la senadora para arrestarla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994, sin que hasta ahora el pedido haya sido tratado por los legisladores.

Bonadío decidirá en los próximos días si pide de nuevo el desafuero de Fernández.