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La defensa de Saab habla sobre una supuesta amonestación de la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones

La defensa del empresario Alex Saab, dirigida por el exjuez español Baltasar Garzón, asegura que las cortes de Cabo Verde chocan en el caso del colombiano.

Sucede que la Corte Suprema de Cabo Verde  informó que no es competente para decidir de fondo sobre el tema de la extradición de Saab a EEUU.

Como consecuencia, el caso se devolverá al Tribunal de apelaciones, dilatando de nuevo la libertad o extradición de Saab, procesado en Estados Unidos por lavado de activos y corrupción.

En un comunicado de prensa, la defensa de Saab expresó: «Esta resolución expone que dicho tribunal no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario, y toma, por lo tanto, la posición de devolver el caso a la Corte de Apelaciones del país, para que sea ésta la que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por el equipo legal del afectado”.

También, en la comunicación hablan del supuesto hallazgo de irregularidades dentro del trámite de la extradición.

«El tribunal caboverdiano, ha remitido también algunas cuestiones a dicho Tribunal de Apelación debido a numerosas irregularidades”, añade la defensa.

Incluso, el equipo habla sobre una supuesta amonestación de la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones, por ignorar los principios básicos del debido proceso.

En ese sentido, la defensa considera que hubo un claro choque por supuestas irregularidades y vulneraciones de los derechos humanos a las que Saab supuestamente ha sido sometido.

Con información de El Tiempo

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Álvaro Uribe Velez, el expresidente colombiano, anunció este martes su renuncia luego de ser citado a indagatoria por la Corte Suprema por un supuesto caso de soborno y fraude procesal.

“La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.

Luego Uribe publicó otro tuit con un mensaje dirigido al presidente del Senado, Ernesto Macías, en la que presenta su renuncia y pide que le sea aceptada.

La Corte Suprema explicó que ha recaudado pruebas que condujeron a abrir investigación formal contra Uribe y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, ambos del partido Centro Democrático.

El caso está relacionado con un proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos que le enfrenta al  senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo.

El pasado 17 de febrero, la Corte Suprema pidió investigar a Uribe por una posible participación en la manipulación de testigos en el caso contra Cepeda.

Todo se remonta a 2012 cuando Uribe denunció a Cepeda por el presunto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos de que declaran en su contra.

El gobierno de Estados Unidos amplió su prohibición de entrada a personas provenientes de Venezuela y de otros seis países más, entre ellos: Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Corea del Norte.

La Casa Blanca dijo que las nuevas restricciones son consecuencia de una revisión del intercambio de información por parte de gobiernos extranjeros.

En el caso de Venezuela, sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro no coopera «en la verificación de si sus ciudadanos plantean amenazas a la seguridad nacional o pública».

Aclaró que las restricciones se limitan a funcionarios venezolanos que trabajan para agencias gubernamentales y sus familias, se informó.

Donald Trump en una proclamación presidencial, destacó que dichas medidas se están «tomando para proteger la seguridad del pueblo estadounidense».

«La seguridad de Estados Unidos es la prioridad número uno. No vamos a admitir en nuestro país a personas que no podemos investigar de manera segura», dijo Trump en un tuit.

Las restricciones entrarán en vigor el 18 de octubre, pero no se aplicarán a los que ya poseen una visa válida, dijo la Casa Blanca.

*Con información de BBCMundo

La capital brasileña amaneció este miércoles con la seguridad reforzada, restricciones de tránsito y unos 4 mil policías en su zona central, en previsión de incidentes por un juicio en que se decidirá la suerte del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La audiencia será en la Corte Suprema y en ella será determinará si se acepta un habeas corpus intentado por la defensa de Lula, con el cual intenta impedir que sea encarcelado, tras haber sido condenado en segunda instancia a doce años de prisión por corrupción.

Si el recurso fuera aceptado, Lula podría permanecer en libertad mientras se tramiten las dos últimas apelaciones posibles, pero si fuera negado podría ir a la cárcel en cuestión de días.

Diversos grupos que respaldan la tesis de que Lula es objeto de una “persecución política” han anunciado que se manifestarán frente al Supremo este miércoles, pero también harán lo mismo aquellos que consideran a Lula culpable de corrupción y quieren verle tras las rejas.

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La expresidenta brasileña Dilma Rousseff ha intentado un nuevo recurso ante la Corte Suprema, en el que pide la anulación del proceso que acabó con su destitución por diversas irregularidades fiscales, según informó su defensa.

El documento, de 493 páginas, fue presentado por el abogado José Eduardo Cardozo, exministro de Justicia que representa a Rousseff, y reitera los argumentos esgrimidos durante el juicio político, que no bastaron para convencer al Senado, que actuó como tribunal bajo una estricta supervisión de la propia Corte Suprema.

En esta nueva apelación, Cardozo reitera que el proceso careció de base legal pues, en opinión de la defensa, las acusaciones no fueron debidamente comprobadas y fue producto de unas «meras articulaciones políticas».

El documento responsabiliza de esas maniobras políticas a Michel Temer, quien como vicepresidente ha pasado a ocupar la Presidencia de Brasil desde el pasado 31 de agosto, cuando Rousseff fue destituida.

«Un país no puede, bajo el riesgo de traumas y conflictos, ser gobernado por quien no ha sido elegido por el pueblo y no ejerce su mandato como consecuencia del texto constitucional», dice el texto.

También sostiene que «la democracia no puede convivir con ningún Gobierno ilegítimo, así sea por unos pocos días».

Además de pedir la anulación del proceso, la defensa exige que Rousseff sea restituida en el poder y que Temer vuelva a ocupar la vicepresidencia.

«En un Estado Democrático de derecho, no puede ser admitido que se invoquen falsos motivos jurídicos para destituir a un presidente de la República», añade el documento, que insiste en calificar el proceso de «golpe» y «ruptura democrática».

A lo largo de todo el proceso, que se desarrolló entre diciembre de 2015 y agosto pasado, la defensa de Rousseff intentó diversas acciones en el mismo sentido ante la Corte Suprema, que hasta ahora las ha rechazado una a una.

La decisión sobre esta nueva apelación estará a cargo del juez Teori Zavascki, uno de los once miembros de la Corte Suprema, que no tiene un plazo legal para anunciar si acepta la demanda de Rousseff y la lleva al pleno del tribunal o la rechaza, como ha ocurrido con todas las acciones anteriores.

Un grupo de intelectuales y políticos de la oposición venezolana dirigió una carta al Gobierno brasileño en en la que pide sanciones para el Ejecutivo de Nicolás Maduro en el ámbito del Mercosur.

«En Venezuela hay una evidente fractura del orden constitucional y democrático», argumentó el exdiplomático venezolano Alfredo Coronil Hartmann, quien hizo entrega de la carta en la Cancillería brasileña.

El documento, dirigido al canciller brasileño José Serra, saluda la decisión adoptada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -los cuatro socios fundadores del Mercosur- de impedir que Venezuela asuma la presidencia rotativa del bloque, pero considera que el Gobierno de Maduro aún debe ser objeto de sanciones adicionales.

En ese sentido, invoca el Protocolo de Ushuaia, suscrito por el Mercado Común del Sur (Mercosur) en 1998 y también conocido como «Carta Democrática», en el cual se prevé la suspensión de un país miembro en caso de que sea comprobada una ruptura del orden constitucional.

También se solicita el «envío de ayuda humanitaria» a Venezuela, la creación de una «comisión multilateral que ayude a la liberación inmediata de los presos políticos, el retorno de los exiliados y la realización de elecciones democráticas este mismo año».

En la carta, se insta además a que «se convoque de inmediato a consultas entre los Estados parte (del Mercosur) para evaluar la situación de Venezuela y así presionar al régimen de Nicolás Maduro a que facilite una solución pacífica y constitucional a la crisis».

Además de Coronil Hartmann, la carta la suscribe una veintena de intelectuales y políticos, entre quienes están la expresidenta de la Corte Suprema Cecilia Sosa Gómez, el expresidente de la Cámara Baja José Rodríguez Iturbe y el excanciller Reinaldo Figueredo.

El texto hace un relato de lo que considera «incumplimientos» del Gobierno venezolano a las normas constituciones y resalta que «la grave crisis política, económica y humanitaria que padece el país significa para el organismo suramericano un elemento perturbador de sus mecanismos de integración».

Fuentes de la cancillería brasileña confirmaron que la carta fue recibida, aunque declinaron comentar si el Gobierno de Michel Temer tiene previsto dar alguna respuesta.

La Fiscalía de Colombia pidió a la Corte Suprema que determine si hay elementos suficientes para abrir una investigación contra el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe por presunta colaboración con grupos paramilitares cuando fue gobernador.

La Fiscalía remitió a la Corte los documentos pertinentes para dicha gestión, que pretende esclarecer si Uribe tuvo algún tipo de vínculo con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando fue gobernador del departamento de Antioquia (noroeste), entre 1995 y 1997.

Fuentes judiciales dijeron a Efe que dicha petición se produce después de que el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “don Berna“, que cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico, señalara hace un mes a Uribe de haber participado indirectamente en la masacre de El Aro, donde fueron asesinados 15 campesinos en octubre de 1997.

Ya que Uribe tiene actualmente fuero de senador, es la Corte Suprema la competente para investigarle, explicaron las mismas fuentes.

Tras conocer la solicitud, el expresidente declaró en su cuenta de Twitter que esta “acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales“, en alusión a los comicios locales y regionales que se celebrarán el próximo 25 de octubre.

No es la primera vez que la Fiscalía busca esclarecer la presunta participación de Uribe en la masacre de El Aro, puesto que el pasado febrero anunció que iba a investigar por qué un helicóptero oficial se encontraba en el lugar de la matanza.

Varios testigos del suceso afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación realizar vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la masacre en el corregimiento El Aro, perteneciente al municipio antioqueño de Ituango.

En aquella ocasión, Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, dijo que los directivos del Servicio Aéreo de Salud de Antioquía, dependiente de la Gobernación, habían explicado “una y mil veces” su participación en este caso, sin dar más detalles.

Varios exjefes paramilitares, como Salvatore Mancuso, han confesado haberse reunido en repetidas ocasiones con el expresidente durante esa etapa de su carrera política, algo que el ahora senador siempre ha negado.

Las AUC se desmovilizaron en 2006 a través del proceso de Justicia y Paz, impulsado por Uribe durante su Presidencia.

Estas son las portadas de algunos periódicos estadounidenses luego de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidiera este viernes que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo viola la Constitución de esa nación.