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Contraloría General de la República

Exconcejales Contraloras solicitan auditar a la Alcaldía de Caracas

Las exconcejales Contraloras del municipio Libertador acudieron la mañana de este lunes, 20 de mayo, a la Dirección de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República para solicitar que se inicie una auditoria a la Alcaldía de Caracas, asegurando que han convertido a la entidad en una “caja negra” a la que no tienen acceso los caraqueños.

“Hemos venido a consignar una solicitud de auditoria a la Alcaldía del Municipio Libertador, a pesar de saber que en Venezuela no hay estado de derecho  y la respuesta a esta inquietud probablemente no llegue, más no por eso dejamos de ser fieles a la Constitución venezolana que establece las competencias, tanto de los municipios como de las contralorías municipal y nacional”, aseguró Andrea Tavares, otrora edil capitalina.

Acompañada de las exconcejales Adriana Aguilera, Aixa López y Maribel Castillo; Tavares enfatizó en que los ciudadanos no tienen ningún tipo de información sobre ingresos, impuestos, gastos. También cuestionó la ausencia de ordenanzas, y balances correspondientes al año 2019. “Las sesiones del Concejo Municipal se hacen a puerta cerrada, lo que es violatorio de la ley y la Constitución, porque los venezolanos debemos saber en dónde se invierten los fondos públicos”, precisó.

Tavares insistió que en es evidente la falta de inversión en la capital. Como ejemplo de ello apuntó que basta pararse en una esquina de Caracas para ver huecos, basura, el ornato de la ciudad absolutamente destruido, el transporte público en pésimas condiciones, y precarios servicios de luz y agua. “Todas estas son competencias que debe atender la alcaldía y aquí no vemos que se cumpla con nada de ello. ¿Dónde están los fondos de la alcaldía de Libertador?, ¿A dónde se están destinando los impuestos que pagan los caraqueños?, ¿Cómo se está planificando la inversión municipal? Todos queremos respuestas y tenemos derecho a saberlas porque nos asiste la Constitución nacional y la Ley del Poder Público Municipal, ambas muy pisoteadas”, dijo.

Transparencia Venezuela exige que se investigue a funcionarios del INTI Anzoátegui

UN GRUPO DE CAMPESINOS del estado Anzoátegui denunció en la plataforma de Dilo Aquí una serie de arbitrariedades y amenazas cometidas en su contra por parte de funcionarios de la Oficina Regional del INTI en ese estado, quienes pretenden desalojarlos de sus tierras bajo amenaza de prisión y muerte.

Ante estas circunstancias, representantes del Movimiento Nacional Campesino, preocupados por la gravedad de los hechos, acudieron a Transparencia Venezuela para dirigir comunicaciones al Instituto Nacional de Tierras, al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República y exigir una investigación sobre estas irregularidades.

Los denunciantes han sido amenazados de desalojo y prisión por parte del Coordinador del INTI en el estado Anzoátegui, junto a grupos de la Guardia Nacional y Policías Municipales. “Todo ello delante de mi esposa y mis hijos de 6 y 2 años de edad”. El funcionario además mandó a deforestar con maquinarias parte de las tierras. “Desde el 2014 nosotros hemos producido e incluso construido corrales y una casa. Averigüé que en el sistema se encuentra mi Título de Tierras aprobado e impreso, pero él se niega a entregármelo”.

Otra familia ha sido hostigada para desalojar el fundo que ocupa desde hace más de un año y que tiene solicitud de adjudicación desde julio de 2017. “El Coordinador del INTI Anzoátegui junto a otros funcionarios llegaron con armas de fuego, acompañados de funcionarios del destacamento 52° de Barcelona, amenazaron de muerte a mí y a mi familia, ordenando la salida del fundo sin documentación que los acreditara para esa acción”.

El afectado realizó una solicitud que fue revocada sin explicación alguna, a pesar de que en septiembre de 2017 el técnico de campo recomendó en su informe que el terreno le fuera adjudicado. “Por ello, acudí al Ministerio Público y a los Tribunales Agrarios de la región, quienes dictaron una medida cautelar de protección a la actividad agrícola.”

En otro caso, el denunciante se dirigió en reiteradas ocasiones a la Oficina Regional del INTI en el estado Anzoátegui para solicitar el inicio del procedimiento correspondiente a la adjudicación de su terreno, pero los funcionarios argumentaron que no había sistema para procesar el requerimiento. No fue sino hasta el 2017 que el INTI realizó la inspección respectiva, pero hasta la fecha no se ha cargado al sistema ni se ha entregado la documentación correspondiente.

En reiteradas ocasiones, miembros de un Colectivo se han presentado en el terrero para exigirles salir de las tierras, bajo insultos y amenazas. “Acudí al INTI en en Caracas y dirigí una comunicación al presidente Luis Soteldo, en la que conté las arbitrariedades que he sufrido y solicité se verificara nuestra condición, con el fin de que determinen que hemos sido nosotros los ocupantes y productores del predio durante estos años y que lo somos actualmente. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna.

Transparencia Venezuela exige al Instituto de Tierras, al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, que se inicie una investigación a los funcionarios que componen la Oficina Regional del INTI del estado Anzoátegui y se les dé respuesta oportuna a los graves hechos denunciados.

Transparencia Venezuela: Gobierno incrementa la opacidad al ocultar el monto del presupuesto 2019

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO el gobierno nacional incumplió lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al entregar el proyecto de Ley de Presupuesto a un órgano distinto a la Asamblea Nacional, y solicitar la aprobación a la anc, e incrementó la opacidad al ocultar el texto del proyecto.

El viernes 12 de octubre de 2018 el Ejecutivo informó que entregó el Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio económico financiero 2019, el Plan Operativo Anual Nacional para el ejercicio económico financiero 2019 y el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio económico financiero 2019 a la directiva de la Constituyente, en lugar de acudir ante la Asamblea Nacional como establece el artículo 311 de la Carta Magna vigente.

A finales de 2016 el Ejecutivo entregó la Ley de Presupuesto al Tribunal Supremo de Justicia; mientras que en 2017 lo hizo ante la Constituyente recién instaurada. Sin embargo, este año no hubo discurso que explicara cuáles son las áreas prioritarias, el endeudamiento, ni se difundió el monto del presupuesto.

El viernes pasado fue el constituyentista Diosdado Cabello el encargado de recibir los proyectos de Ley de manos de integrantes del gabinete económico. Estuvieron presentes el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa.

Cabello destacó que 75% del presupuesto iba a ser dedicado a la inversión social, “garantía de estabilidad para el pueblo”, pero no se dijo nada más con relación a los proyectos de Ley. Las fuentes de ingresos y el destino de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos se manejan secretamente entre un pequeño grupo que no representa sus intereses.

Transparencia Venezuela insiste en que al negarse a divulgar el presupuesto nacional, el Ejecutivo impide que el parlamento, la Contraloría General de la República y los ciudadanos realicen el seguimiento al gasto público y exijan la rendición de cuentas en función de las metas planteadas.

Desde hace 10 años la organización ha hecho seguimiento al presupuesto nacional y ha advertido sobre las debilidades del proceso presupuestario y los riesgos de uso indebido de los recursos públicos. En reiteradas ocasiones se ha señalado que el gobierno ha incrementado progresivamente la opacidad, dificultando el acceso a la información pública.

Anteriormente se publicaba el Proyecto de Ley de Presupuesto junto con la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, la Ley de Presupuesto aprobada, los informes trimestrales de ejecución y el informe de fin de año (memorias y cuentas), ahora esa información se desconoce.

Transparencia Venezuela también ha advertido sobre la práctica del gobierno de presentar presupuestos deficitarios y a lo largo del año aprobar créditos adicionales con total discrecionalidad y opacidad.

Para el ejercicio financiero 2018 se aprobó una Ley de Presupuesto por 36.102.059 millones de bolívares fuertes, pero entre enero y el 24 de septiembre el gobierno debió aprobar decretos de créditos adicionales por Bs.F. 1.217.484.641 millones para cubrir su déficit. En total, la asignación para gastos en los primeros 9 meses del año ascendió a Bs.F. 1.253.586.700 millones o 1.253 millones de bolívares soberanos.

La organización refuerza que la falta de planificación del gobierno ha conducido a un mayor financiamiento del gasto público a través del aumento de la liquidez monetaria, la más perversa de las fuentes de financiación, lo que ha incidido en un aumento significativo de la hiperinflación que ha empobrecido a la mayoría de los venezolanos y ha afectado la propia capacidad del Estado de prestar los servicios esenciales.

Aún se está a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República se pronuncien sobre lo que ocurre en materia presupuestaria.

Acceso a la Justicia: El poder absoluto presupuestario en el nuevo decreto de estado de excepción

AL PARECER  LAS MEDIDAS ECONÓMICAS recién implementadas por el Gobierno nacional no resultaron suficientes para la “recuperación económica” del país, puesto que el pasado 11 de septiembre se publicó en Gaceta Oficial el decreto número 3.610, mediante el cual el presidente Nicolás Maduro nuevamente declaró un estado de excepción y emergencia económica para seguir ejerciendo poderes extraordinarios en todo el territorio nacional con el objetivo, según el propio Jefe de Estado, de paliar la crisis.

Sobre este decreto, Acceso a la justicia nota que se repiten las mismas irregularidades que han venido ocurriendo desde enero de 2016, fecha a partir de la cual el presidente Maduro ha sometido al país a un régimen extraordinario de medidas que se ha tornado ya permanente. Como en todos los decretos anteriores, el Ejecutivo Nacional:

 

  • Prescinde de la aprobación de la Asamblea Nacional (AN) y de los principios de necesidad, temporalidad y proporcionalidad que impone la Constitución para poder decretar el estado de excepción (artículos 337, 338 y 339).

 

  • No indica qué garantías se restringen y cuáles son las medidas puntuales que el Ejecutivo Nacional adoptará.

 

  • No ha notificado la adopción de dicho régimen extraordinario a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como lo impone el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por los estados miembros, tampoco a la OEA.
Nuevas irregularidades

Acceso a la Justicia advierte que si bien el nuevo decreto obedece al mismo guión de violaciones sistemáticas implementadas desde hace más de 950 días, en esta oportunidad la declaratoria de estado de excepción y emergencia económica tiene la peculiaridad de exacerbar la falta de control del poder y en cambio aumenta los controles que el presidente Maduro se ha atribuido con relación a todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, legalizando incluso el Carnet de la Patria. Con esto, se  empieza a delinear más claramente la presencia de un régimen no solo autocrático, sino totalitario en Venezuela.

En efecto, el decreto en cuestión es el reflejo claro de un Ejecutivo deseoso de seguir manejando a su antojo la materia económico-social del país sin ningún tipo de control ni límites que supone, lo cual supone más violaciones a los derechos humanos.

Un ejemplo de ello es la medida prevista en el apartado 19, al establecer que durante la vigencia del estado de excepción el presidente Maduro está facultado para dictar las normas en materia de operaciones de crédito público o de endeudamiento público “sin el sometimiento alguno a otro Poder Público”.

Según la medida el régimen de potestades de endeudamiento están en manos del Ejecutivo Nacional de forma absoluta sin sometimiento alguno a la serie de requisitos y prohibiciones que deben tomarse en cuenta al desarrollarse ese tipo de operaciones como lo establece el Decreto-Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Esta medida avala que el presidente de la República pueda endeudar al país, aún más de lo que está, sin que se amerite un control político (AN) y judicial a través del máximo tribunal (TSJ), ni fiscal (a través de la Contraloría General de la República, según el artículo 289.2 constitucional), lo que convierte esta medida en un peligro que amenaza con agravar la crisis económica que padece el país y que en definitiva, representa un abandono absoluto de la Constitución y la ley por parte del régimen de Maduro.

Por su parte, la disposición preceptuada en el apartado 20, igualmente faculta al primer mandatario para dictar las normas que autoricen los límites máximos de los recursos y egresos del país, así como de los institutos autónomos, fundaciones, incluso de los estados y municipios “sin sometimiento alguno a otro Poder Público”.

La hegemonía gubernamental que se sigue alcanzando con el nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica no tiene fin. En este caso, pues a partir de la disposición indicada se busca centralizar  la movilización de los recursos del país, imponiendo que sólo el Ejecutivo establecerá los límites máximos para su manejo.

Al mismo tiempo anula toda posibilidad de autonomía presupuestaria y financiera consagrada constitucionalmente a los estados (artículos 159 y 162)  y los municipios (artículo 168), respecto al manejo y administración de los recursos que pertenecen a estas entidades.

Con información de Acceso a la Justicia 

Investigación por corrupción en PDVSA: ¿justicia o pase de factura?

EL 25 DE OCTUBRE DE  2016 el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de la Sala Constitucional, bloqueó una investigación de las comisiones de Contraloría, Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional sobre supuestos hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2004 y 2014, a petición del ya para entonces expresidente de la estatal, Rafael Ramírez.

El máximo tribunal de la República argumentó en dicha decisión que de permitirse la averiguación se podría causar “un daño irreparable” a la empresa e incluso al Estado, dados los procedimientos arbitrales en curso para ese momento por demandas de trasnacionales contra la petrolera. La reacción adversa, según la SC, también podría darse entre los inversionistas y en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito.

El TSJ remató en su fallo que la gestión de PDVSA ya era lo suficientemente monitoreada y auditada por la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), entre otros, como para que el Parlamento se entrometiera.

Pese al dictamen, la AN declaró la responsabilidad política de Ramírez tras discutir un informe con pruebas de irregularidades administrativas que afectaron el patrimonio público, por más de 11 mil millones de dólares.

La cabeza del poder judicial no pasó por alto la actuación del titular de Contraloría de la AN, diputado Freddy Guevara, contra quien cuatro meses después ordenó evaluar una investigación penal por usurpación de funciones del Ejecutivo. El TSJ sostuvo que el parlamentario pretendió actuar como representante del Estado en territorio extranjero al acudir a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para notificar a Ramírez de la averiguación sobre su gestión.

La razón para Guevara

Un año y nueve meses después, el  28 de noviembre de 2017, Nicolás Maduro,  anunció con bombos y platillos que gracias al seguimiento de organismos de inteligencia del Estado se detectaron “mafias corruptas” en PDVSA que hacían compras fantasmas, sobrefacturaban y vendían crudo ilegalmente, y que la Fiscalía General de la República iniciaría los procedimientos para determinar responsabilidades. Previamente ya habían resultado detenidos altos gerentes de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Indirectamente, y aunque el Ejecutivo no lo reconozca, se le dio la razón a la AN y al grupo de legisladores encabezados por Freddy Guevara.

A los dos días de su anuncio fueron detenidos los extitulares de la estatal, Eulogio Del Pino, quien sustituyó a Ramírez en 2015, y Nelson Martínez, que a su vez sucedió a Del Pino en enero de este año. De Rafael Ramírez, presidente de PDVSA durante casi toda la gestión de Hugo Chávez (diez años), el jefe de Estado no dijo nada en ese momento, al menos públicamente, aunque ya era conocido el impase entre el embajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el alto gobierno por un artículo de opinión de Ramírez en el que criticó la inacción del Ejecutivo frente a la crisis económica.

Finalmente, el 4 de diciembre Ramírez confirmó su renuncia al cargo en la ONU por desacuerdos con Maduro y aseguró que en realidad fue removido “por sus opiniones”. A los días dio una entrevista telefónica a un medio internacional y sin revelar su paradero negó cualquier vínculo con hechos de corrupción en la petrolera. Su primo, Diego Salazar, ya había sido detenido el 1 de diciembre, acusado de defraudar al Estado venezolano mediante manipulación de transferencias bancarias a través de la banca privada de Andorra.

El mismo Ramírez denunció que en Miraflores y su entorno se criminaliza a la disidencia y se desecha a cualquiera que en el seno del chavismo formule críticas hacia su gestión. En suma, la misma forma de hacer política que se aplica a la oposición, con un saldo importante de represión y encarcelamientos, ahora parece que se está extendiendo a los “enemigos” del régimen, aunque hayan sido parte importante de él, como en el caso de Ramírez.

 

Hija de Manuel Galindo deberá comparecer en Fiscalía por presunta corrupción

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El Ministerio Público citó en calidad de imputada a Mayra Galindo por hechos de presunta corrupción durante su gestión en la Contraloría General de la República.

Galindo, hija del Contralor Manuel Galindo, ha sido señalada de desviar fondos y usar patrimonio del Estado en beneficio propio.

La hija de Galindo deberá rendir cuentas ante el Fiscal 50 Nacional el próximo 10 de agosto a las 9 de la mañana.

Galindo se desempeña actualmente como directora de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de Venezuela.

El propio Manuel Galindo ha reconocido que tiene familiares dentro de la Contraloría, calificando este proceder como “nepotismo positivo”.

 

En la Contraloría General todo queda “en familia”
Trece familiares directos e indirectos del contralor Manuel Galindo Ballesteros trabajan en el organismo que dirige desde diciembre de 2014. De aprobarse la reforma a Ley de Contraloría y del Sistema de Control Fiscal, el funcionario deberá responder por nepotismo

 

@boonbar

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Manuel Galindo Ballesteros ha mostrado su reticencia a la reforma a la legislación que rige al organismo que dirige desde diciembre de 2014. En mayo de 2016, declaró que la Ley de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal contiene “indicios de inconstitucionalidad” y que además la Asamblea Nacional no cuenta con la mayoría calificada para aprobar ese proyecto.

Pero Galindo Ballesteros no menciona que la reforma a la ley, que será presentado la próxima semana en segunda discusión por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, plantea una irregularidad que lo vincula. El numeral 28 del artículo 91 del proyecto incorpora por primera vez el nepotismo:  la responsabilidad administrativa de todo aquel funcionario que designe a familiares en cargos del organismo que dirige.

Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:   

Numeral 28 Quienes designen, nombren, seleccionen o contraten a su cónyuge, concubino o personas con quienes estén vinculados por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario.

De ser aprobada esta ley por la AN, Galindo Ballesteros deberá entonces responder por haber contratado bajo su administración a al menos 13 familiares directos en cargos de variable importancia dentro de la Contraloría General de la República, desde que fue designado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2014 como parte del Poder Moral.

El nepotismo también ha sido incluido en el proyecto de reforma a la Ley Contra la Corrupción, pendiente por entrar en la agenda de discusión.

Contratar a familiares en la administración pública no es una práctica nueva de algunos funcionarios identificados con el chavismo. Galindo Ballesteros, abogado y profesor de posgrado, sustituyó en marzo de 2013 a  la primera dama Cilia Flores (con     quien tiene una relación de compadrazgo) en la Procuraduría General de la República. Entre 2006 y 2010 fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional, justo en el período presidido por la primera dama.  Aparte, parientes de la ex procuradora también han ocupado cargos en los organismos que tuvo a cargo.

Galindo Ballesteros también preside desde diciembre de 2015 el Consejo Moral Republicano, que comprende la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

MEGB-01 con fuente modificada

La familia contralora

Hijo-Contralor

 

El hijo: Alvaro Galindo León

Fue nombrado director de Despacho del Contralor (Gaceta Oficial 40.575) el 7 de enero de 2015. En la misma resolución, fue designado Guison Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, como sub contralor general de la CGR. En julio de 2015 fue sustituido por José Javier Morales, ex diputado del partido de gobierno Psuv.  

 

La esposa del hijo: Suhei Marisel Araque Serrano

Ocupa varios cargos dentro de la CGR: es directora de la  asistencia al Despacho del Contralor; auditora interna en Comisión de servicio y analista agregada del Consultor.

 

Viaje-Viena-CGR

El nieto: Mauricio Eduardo Galindo Bermúdez

El hijo del director del Despacho del Contralor y nieto del contralor ocupa el puesto de “analista asistente”  de la Dirección de Información y Cooperación Técnica.  A pesar de estar cursando Estudios Internacionales en la Universidad Santa María, tiene oportunidad de viajar al extranjero como representante de la CGR. Uno de sus últimos viajes fue a Paraguay (25 y 26 de abril de 2016) para asistir a la reunión del Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacepfs). También acompañó a su abuelo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en agosto de 2015 en Viena, Austria.

 

Nieto-Contralor-Novia

La novia del nieto: Marinely Trinidad Gervazzi Cañizalez

La novia de Mauricio Galindo Bermúdez ha ocupado varios cargos dentro de la CGR. La abogada egresada de la UCV en 2014,  trabaja en la dirección de la Asistencia al Despacho Contralor;  Secretaria de la Comisión de Contrataciones de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la CGR (Sersacon) y es secretaria de la Comisión de Contrataciones de CGR (Resolución 01-00-000095 del 25 de marzo de 2015) y forma parte de la junta directiva de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Gumersindo Torres (Cofae), en la cual Numidia Rocío Flores, hermana de Cilia Flores, es miembro principal.

 

La hermana de la novia del nieto: Marianela Gerbazzi Cañizalez

Se retiró de la carrera de medicina en diciembre de 2012. Trabaja en el despacho del contralor desde el 26 de enero de 2015, según indica su ficha laboral del IVSS. Está adscrita a la dirección de Sistemas de control como auxiliar administrativo.

Contralor-Con-Hija-MayraGalindo

La hija: Mayra Galindo León

Es presidenta de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la CGR (Sersacon) desde 24 de febrero de 2015 (Gaceta Oficial 40.607).

 

El esposo de la hija: David Burguillos Atencio

Es director de Sistemas de Control (Gaceta Oficial 40.576).

 

La otra hija: Abril Galindo León

Es asistente de odontología de la Dirección de Recursos Humanos.

 

El novio de la otra hija: Yanier Quintana Pérez

Trabaja en la dirección de la asistencia del despacho del Contralor.

 

El cuñado: Wuilmer León Flores

Hermano de la esposa del contralor. Ocupa la dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio (Gaceta Oficial 40.607). Se ha encargado de inhabilitar políticamente a dirigentes de la oposición por “inconsistencias de la declaración jurada de bienes. Tal fue el caso de Vicencio Scarano, ex alcalde del municipio San Diego (15 julio 2015)  y la ex diputada María Corina Machado (13 julio de 2015).

 

El sobrino: Antonio León Delgado

Dirección de Información y Cooperación técnica. Auxiliar administrativo.

 

La sobrina: Haydelin Villegas León

Es directora de Información y Cooperación Técnica (Gaceta Oficial  40.605).

 

El novio de la sobrina: Nelson López García

El ingeniero de telecomunicaciones labora en la dirección de Informática como analista senior.

 

Nepotismo

El nepotismo podría ser considerado delito por otras legislaciones. También ha sido incluido en el proyecto de reforma a la Ley Contra la Corrupción y para la salvaguarda del patrimonio público, pendiente por entrar en la agenda de discusión. El artículo 30 reza que “los funcionarios públicos no podrán designar, nombrar, seleccionar o contratar a su cónyuge, concubino o personas con quienes estén vinculados por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario“.

De aprobarse la reforma a la Ley contra la Corrupción, Galindo Ballesteros al igual que otros funcionarios de la administración pública nacional, estadal y municipal que han favorecido familiares con cargos en los organismos que dirigen, tendrán que rendir cuentas sobre las prácticas de nepotismo.

 

 

El nepotismo como riesgo de corrupción

 

Convención Interamericana contra la Corrupción:

En artículo III contempla medidas preventivas. Los Estados parte tiene el deber de incorporar en sus propios sistemas institucionales, normas destinadas a crear, mantener y fortalecer: 1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.  Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses. El nepotismo es una de típica situación  de  conflicto de intereses

 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción  

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas (artículo 7, numeral 4).

También procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.

 

Comité de Expertos del MESICIC (Mecanismo Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Medidas sugeridas a Venezuela: a) Revisar y analizar la posibilidad de reglamentar el régimen de prevención de conflictos de intereses, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones relacionadas con los altos cargos del Estado, teniendo en cuenta las particularidades e importancia de los mismos, así como los mecanismos para hacerlos efectivos.

Considerar, entre otros aspectos, la previsión de una incompatibilidad en el ejercicio de las funciones públicas, respecto a otras actividades que pudiera afectar su imparcialidad; el fortalecimiento del régimen de sanciones; y la previsión de un órgano, dotado de plena autonomía, que vele por el debido cumplimiento de esta reglamentación

Utilizar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, para detectar y evitar conflictos de intereses

 

Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos

Dictado por el Consejo Moral Republicano el 12/12/2013 (G.O. 40.314), incorpora dentro de las prohibiciones de los funcionarios públicos (artículo 6), diversas situaciones de conflicto de intereses, aunque no enuncia en forma expresa el nepotismo.

 

Anteproyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público

Incorpora un capítulo de conflicto de intereses (artículos 28 al 35), que incluye al nepotismo.  Aún no ha sido presentado en primera discusión por la actual AN.

 

Ley sobre Conflictos de Intereses

La CGR, en representación de Venezuela, informa ante el MESICIC que existe este proyecto, anuncia el informe. Ese proyecto se encuentra en la AN, no fue discutido ni aprobado por el parlamento anterior.  

Hija de Galindo maneja recursos

EL NEPOTISMO, LA OPACIDAD Y EL CONFLICTO DE INTERES son la norma en la Contraloría General de la República bajo la administración de Manuel Galindo, quien mantiene a su hija, Mayra Alejandra Galindo León, en un cargo que le permite manejar recursos “sin límite de cantidad” y repartir contratos a dedo.

La gestión de Galindo, responsable de ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos de la Nación, es prácticamente inauditable por la falta de transparencia en la asignación de contratos, y por el hecho de que la estructura de la Contraloría General de la República está minada por sus familiares y allegados.

Galindo León ocupa la presidencia de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (Sersacon), donde tiene la potestad de “acordar erogaciones, aprobar gastos, firmar contratos o convenios, autorizar y adquirir compromisos financieros, efectuar pagos y movilizar fondos sin límite de cantidad, cuando la Gerencia de Administración o la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación se lo someta para su consideración y aprobación”, según la Gaceta Oficial número 41.176 del 20 de junio de 2017.

Su padre, el contralor general de la República, le delegó también a Galindo León “las decisiones relacionadas con la adjudicación, declaratoria de desierta o contratación directa en todas las modalidades de selección de contratistas; así como el inicio, la suspensión o terminación del procedimiento de contratistas”.

Aunque está al frente del Sersacon desde 2015, Galindo León aparece en el registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como una trabajadora activa de la Asamblea Nacional, donde su padre se desempeñó como consultor jurídico durante la gestión de la exdiputada y primera dama de la República, Cilia Flores.

La familia Galindo le puso la mano a la comisión de contrataciones del Sersacon en 2015. Por allí pasaron Haydelin Yajaira Villegas León, sobrina de Galindo, y Marinely Trinidad Gervazzi Cañizález, novia de Mauricio Eduardo Galindo Bermúdez, nieto del alto funcionario. Gervazzi Cañizález fue, además, directiva suplente del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Fundación Gumersindo Torres” (Cofae).

La estrecha relación que existe entre Manuel Galindo y Cilia Flores es un hecho absolutamente público. Y también se extiende a sus parientes. La hija del contralor general de la República le cedió un puesto en la junta directiva del Sersacon a Numidia Rocío Flores, prima de la llamada “primera combatiente”. Numidia Flores fue jefa de Recursos Humanos del Poder Legislativo.

Otro caso de conflicto de intereses lo presentó Megardelieth Sarai de Santiago Restrepo, quien en 2015 ocupaba un puesto en la junta directiva de Sersacon –encabezada por Galindo León- e igualmente tenía una silla en la comisión de contrataciones del organismo.

De acuerdo con la información publicada en la web de la Contraloría General de la República, en 2017 Sersacon sólo ha realizado dos concursos abiertos y uno cerrado. Todos declarados desiertos. Igualmente, la página del organismo sugiere que en la Contraloría se han realizado 26 concursos abiertos; pero, en clara violación al ordenamiento jurídico, no aparecen registrados a qué ente se adjudicaron esos contratos y su compromiso de responsabilidad social. Por menos de esto la Contraloría General de la República ha declarado responsabilidad administrativa y señalado debilidades de control interno.

“Para hablar de nepotismo hay que tener la suficiente capacidad para diferenciar el nepotismo negativo del nepotismo positivo, tendrías que remontarte por allá por el siglo XVIII, desde la monarquía del siglo XVIII para acá”, declaró hace un año el contralor general de la República, Manuel Galindo, en una entrevista ofrecida a Venevisión.

Sin embargo, no hace falta retroceder tanto en el tiempo. La desviación de la monarquía del siglo XVIII se reproduce en el socialismo del siglo XXI. De hecho, el responsable de ejercer el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos en el régimen chavista, incurre en la falta que le achaca al Ancien Régime.

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