Después de varios períodos vencidos y en víspera de una elección presidencial, el parlamento oficialista pretende renovar al Fiscal, Defensor del Pueblo y Contralor
De acuerdo con lo previsto en el artículo 274 de la Constitución Nacional, el Consejo Moral Republicano está llamado a “prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo”.
Según el texto constitucional, el Poder Ciudadano conformado por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General tiene la misión de combatir la corrupción y garantizar el correcto funcionamiento del Estado.
Sin embargo, informes de organismos internacionales han ubicado a Venezuela en los últimos lugares en materia de corrupción y Estado de derecho en las últimas dos décadas.
Apenas el pasado 5 de enero, el recién reelecto presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, notificó que este año buscarán renovar al Consejo Moral Republicano, máximo organismo del Poder Ciudadano.
“Tenemos pendiente la elección, a través de los mecanismos que la Constitución establece, de los órganos del Poder Público que tienen ya sus periodos vencidos para este año. Nos referimos específicamente a la selección del fiscal o fiscala general de la República, del contralor o contralora general de la República, y del defensor o defensora del Pueblo”, dijo el exministro de comunicación, alcalde de Caracas y rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Es la primera vez que la AN “electa” en 2020 hace una oferta similar, puesto que en mayo de 2022 el asunto fue sacado a colación por el vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, José Gregorio Correa, quien semanas después admitió que el asunto no estaba “en el radar”.
La última vez que la AN designó a los integrantes del Poder Ciudadano fue en diciembre de 2014, cuando reeligió a Luisa Ortega Díaz como jefa del Ministerio Público y nombró a Tarek William Saab y a Manuel Galindo como defensor del pueblo y contralor general de la República, respectivamente; para el período 2015-2022.
Pero en agosto de 2017 Ortega Díaz fue destituida de su cargo por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y en su lugar fue nombrado Tarek William Saab.
La remoción de Ortega Díaz se produjo luego de que ella rompiera con el oficialismo y acusara a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de incurrir en una “ruptura del hilo constitucional”.
Pese a que el cargo de fiscal debe ser ocupado por una persona independiente, Saab fue gobernador del estado Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en dos períodos, miembro de la ANC en 1999 y luego diputado de la primera AN.
En vista de los nexos de Saab con el Gobierno chavista, la Alianza Global de Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) decidió en 2016 degradar a la Defensoría del Pueblo y quitarle la posibilidad de hablar en las instancias de Naciones Unidas.
“(La Defensoría del Pueblo) no está preparada para hablar con contundencia y promover el respeto de los derechos humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los derechos humanos cometidos por las autoridades gubernamentales”, denunció la alianza en su momento.
Apenas el año pasado, la cercanía de Saab con el Gobierno alarmó a la ONU y durante el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recibió una reprimenda.
“Jamás he visto a un fiscal general defender de tal forma al Gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia”, declaró un miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Defensor que no defiende
A pesar de haber iniciado su carrera en la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la labor del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, ha sido reprobada nacional e internacionalmente. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela lo acusó de ignorar “de manera sistemática y deliberada las denuncias de violaciones a los derechos humanos”.
La ANC también designó a Elvis Amoroso como contralor general, esto, luego de que Manuel Galindo renunciara días después de admitir que la corrupción en el país era “galopante”.
Amoroso se desempeñó como secretario de la ANC del fallecido presidente Hugo Chávez y hasta 2015 fue diputado a la AN tanto por el oficialista Movimiento Quinta República (MVR) como por el PSUV. Luego de no ser reelecto en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, Nicolas Maduro lo designó consultor jurídico del Palacio de Miraflores y en 2017 participó en los comicios de la ANC. Hoy en día funge como presidente del CNE.
Actualmente el cargo de contralor está asignado temporalmente a Jhosnel Peraza, quien era el subcontralor y había sido llevado a la Contraloría por el mismo Amoroso.
En los nombramientos de Saab, Ruiz, Amoroso y ahora Peraza, la ANC no aplicó el procedimiento previsto en el artículo 279 de la Constitución de 1999, que obliga a convocar un comité de evaluaciones de postulaciones, el cual se encarga de recibir las candidaturas de los interesados y revisar sus credenciales.
Con información de Acceso a la Justicia
