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Comisión de Política Interior

Cementerio del Este: la vecindad de Arturo Uslar Pietri y Heyker Vásquez

Parcela 22 del Cementerio del Este

UN HOMBRE CON BOTAS DE HULE, chaleco, lentes de seguridad y casco corta la grama con una podadora; otro vierte agua sobre las tumbas, con una manguera. Ambos son parte del verde y apacible paisaje del Cementerio del Este en La Guairita, municipio El Hatillo, al Sureste de Caracas. Temprano en la mañana ningún carro transita por las accidentadas veredas y un trío de personas ataviadas con ropas blanco y negro conversa frente a la capilla velatoria principal.

Es una escena de recogimiento diametralmente opuesta a la convulsión vivida el pasado miércoles 17 de enero, cuando miembros del colectivo Tres Raíces y de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, enterraron a su compañero Heyker Vásquez. Tampoco se asemeja al revuelo, cuatro días después, por la militarización del camposanto debido al sepelio del policía rebelde Óscar Pérez y dos de sus compañeros: Abraham Agostini y José Alejandro Díaz Pimentel.

La necrópolis es la última morada de personajes venezolanos emblemáticos como los expresidentes Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez, así como del cantautor Simón Díaz, la periodista Sofía Imber, el narrador Marco Antonio “Musiu” Lacavalerie, el músico Hugo Blanco o el intelectual Arturo Uslar Pietri, entre otros.

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Desde 1960 y con 170 hectáreas, el Cementerio Metropolitano Monumental y el Cementerio del Este Promociones y Ventas, además de la Funeraria Monumental (propiedades del Grupo Kaufman), han ofrecido la alternativa a los venezolanos de enterrar a sus deudos en un paraje apacible y alejado de la ruidosa ciudad. Concebido para la familia de clase media y alta, el lugar sigue en renovación y actualmente se construye una ampliación de 8 capillas velatorias nuevas, una cafetería y 430 puestos de estacionamiento.

El precio de una parcela particular en La Guairita ronda los 30 millones de bolívares. Un funeral, dependiendo del tiempo de duración (de 6 a 24 horas) y de si es inhumación o cremación, oscila entre los Bs. 14 y los 37 millones.

Las parcelas 22, 28 y 42

Sitio de descanso eterno de expresidentes e intelectuales, también es el hogar definitivo de figuras como la de Vásquez, quien según la cuenta de tuiter @DignidadMP, manejada por fuentes del Ministerio Público vinculadas a la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, posee seis investigaciones: cinco por homicidio y una por extorsión.

El día del entierro de Vásquez, más temprano en la mañana, una ráfaga de tiros despertó a los vecinos del 23 de Enero. Las detonaciones anunciaban la partida del cortejo fúnebre y la activación de otros miembros de colectivos de la popular parroquia de la que Vásquez era vecino y líder. El homenaje causó un embotellamiento en la autopista Francisco Fajardo sentido Oeste-Este y quedó registrado en las redes sociales. Más tarde, la imagen de individuos portando pasamontañas, chalecos y fusiles en la fosa donde fue enterrado el cuerpo sin vida de Vásquez dio la vuelta al mundo.

Empleados del cementerio dicen que no es la primera vez que La Guairita es anfitriona de estos peculiares honores. Visitantes al camposanto han denunciado que han quedado atrapados en medio de rituales como el “Coliseo”, que hacen motorizados para homenajear a los fallecidos, mientras beben, fuman y muestran sus armas en la puerta del camposanto. Otros, con peor fortuna, han sido víctimas de robos dentro del lugar.

“No es nuevo ver a gente armada aquí. En la parcela 22, que es la nueva, ya han enterrado a malandros. La otra vez casi me golpean porque no supe darle a un muchacho la información que me estaban pidiendo”, dijo el hombre que regaba la grama con la manguera. “Ese día del entierro del colectivo vi cómo llegaron todos en moto con armas. Afortunadamente no pasó nada, pero si me di cuenta de que la gente estaba tensa; uno no puede hacer nada, sino dejar que ellos hagan su cosa”, agregó.

En la parcela 22, la más reciente inaugurada en el Cementerio del Este y ubicada en la parte baja del lugar, están también enterrados cuerpos de víctimas de la violencia: policías y civiles. “No es que a los malandros los entierren acá, es que esta es la más nueva y aquí se mezclan todos, el del colectivo (Heyker Vásquez) está en la parcela 28 y, Óscar Pérez ,en la 42”, dijo otro empleado del camposanto, quien prefirió no revelar su identidad.

El trabajador aseguró que ha presenciado varias escenas similares a la del sepelio de Vásquez, quien también empleaba el nombre de Adriun Ugarte, alter ego que develó el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, en la alocución posterior a la masacre de El Junquito. “Ellos enterraron a su colectivo y se fueron. No es la primera vez que sucede, aquí ya hemos visto a gente que viene con armas; a veces son policías, echan tiros al aire, algunos son de salva, bueno eso es lo que dicen”.

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“El cementerio no se puede negar”
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Una de la señoras que ofrece café y agua en las capillas centrales de La Guairita, quien también optó por el anonimato, aseguró que mientras los restos mortales de Vásquez eran sepultados, el tiempo se detuvo. “Por supuesto que uno se asusta y también la gente que está aquí, pero cómo hace el cementerio, no se pueden negar, porque además esa es la misma gente del gobierno”.

Otra trabajadora salió al paso y aseveró que, el fin de semana del entierro de Óscar Pérez y dos de sus compañeros, el paso estuvo restringido incluso para los empleados. “Ellos trajeron los cadáveres a la morgue que está debajo de la capilla memorial; allí al lado nosotros tenemos nuestros cuarto de reposo y no nos dejaron bajar, eso estaba lleno de Guardias Nacionales y señores del Sebin. Yo estaba dejando mi guardia y no pude salir, tuve que esperar a que todo terminara”.

Pese a que el equipo de Runrun.es buscó, en persona y por teléfono, la reacción de voceros del departamento de Asesoría Legal del Cementerio del Este, nunca se recibió respuesta.

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Prohibido portar armas

La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y Vicepresidente del Comité de Derechos Humanos Parlamentarios, Delsa Solórzano, enfatizó que el porte de armas de fuego es exclusivo para funcionarios del Estado.

“El artículo 277 del Código Penal es muy claro y dice que el porte, la detentación u ocultamiento de armas se castigará con pena de prisión de tres a cinco años”, dijo.

También se refirió a la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, que a su juicio, no ha dado resultados. “Para muestra, allí están los últimos estudios: somos el país más violento del hemisferio, estamos por encima de Nicaragua y El Salvador, que ya es bastante decir”.

Según Solórzano, espectáculos en los que se exhiben armamento, como el acaecido en La Guairita, son el reflejo de una sociedad corroída por la violencia. “Nos acostumbramos a vivir en medio del dolor y la muerte. Se ha banalizado la violencia y eso se refleja en situaciones como esta”.

Hizo hincapié en que toda la ceremonia de despedida del líder de colectivo Tres Raíces fue una violación a los Derechos Fundamentales del ciudadano. “Portar un arma, y mucho más accionarla, es un delito. Entonces, estos señores que se andan paseando por la ciudad, ¿a quién le rinden cuentas?”.

Apuntó que cualquier persona puede enterrar a su ser querido en donde le plazca, siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos en la Ley para la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios. “Mientras a este señor, del que por cierto nunca tuvimos acceso al acta de defunción, le rindieron honores, a la familia de Oscar Pérez le negaron el derecho a que los actos fúnebres hubiesen sido oficiados bajo la religión evangélica cristiana que profesaba. Tuvieron que ser presididos por un sacerdote católico, porque fue lo que ellos consiguieron”.

 

Opositores coinciden en que TSJ sigue cerrando alternativas democráticas

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Luego que el TSJ declarase inadmisible el amparo introducido por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, los principales voceros de la oposición se pronunciaron al respecto, entre ellos, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, quien expresó que esta decisión del máximo tribunal del gobierno solo representa más fracturas en el chavismo.

“Le tienen miedo a la movilización del pueblo, el diputado Luis Florido y yo nos tuvimos que venir por detrás”, dijo. “Sabemos que el TSJ está conculcado por el régimen, pero hemos decidido acompañar a la Fiscal en esta acción, tenemos que actuar en todos los frentes”, aseveró Florido.

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, sostuvo que el bloqueo de la iniciativa de la Fiscal, quedan cerradas las vías internas para restablecer la democracia y por ende se debe seguir insistiendo en las instancias internacionales.

Igualmente, el parlamentario Carlos Paparoni indicó que grupos armados afectos al chavismo agredieron a los manifestantes que se concentraron en las inmediaciones del TSJ en la avenida Baralt.

 

   

Comisión de Política Interior de la AN sesionó en la calle para denunciar violaciones a los DD.HH.

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Alex Vegas, padre de un adolescente (16) asesinado en la OLHP realizada en Los Jardines del Valle el 10 de marzo de 2017, contó su testimonio frente a los diputados Delsa Solórzano y Luis Stefanelli

El miércoles 22 de marzo de 2017, los miembros de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional sesionaron frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela (PNUD), en el municipio Chacao del estado Miranda, con el objetivo de conocer el testimonio de víctimas de la Operación Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) y de otros casos en los que se presume la violación de derechos humanos.

Los diputados que integran la Comisión, sentados en primera fila, escucharon en primer lugar a Alex Vegas, padre de un adolescente de 16 años que fue asesinado en la OLHP realizada por la Policía Nacional Bolivariana en los Jardines del Valle, municipio Libertador del Distrito Capital, el 10 de marzo de 2017.

“Mi hijo murió por un disparo en el pecho; no hubo ningún enfrentamiento. Los funcionarios de la PNB entraron en nuestra casa sin orden de allanamiento y estuvieron allí unos 40 minutos. Cuando les pregunté por qué estaban allí dijeron que cumplían órdenes, que era una orden de la Presidencia”, narró Vegas entre lágrimas mientras sostenía una fotografía de su hijo.

 

Siguió el testimonio de la familia Álvarez, a la que funcionarios de la Policía Nacional asesinaron dos miembros, una señora de 31 años y a su hija de 5 años, en una OLP realizada en el municipio Sucre del estado Miranda, el 18 de noviembre de 2016.

 

La Comisión también escuchó a familiares de los 14 policías de Chacao que están detenidos en el Sebin desde el 8 de agosto de 2016, pese a tener boletas de excarcelación. 

El diputado Wiston Flores explicó que esta sesión se hizo con varios propósitos, entre ellos, crear el informe procesal para llevar las denuncias al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, para que cuando se restablezca el estado de derecho los funcionarios puedan ser procesados; además, para llevar las denuncias ante los organismos de derechos humanos a nivel internacional, por ejemplo, la OEA. De hecho, apuntó que estas denuncias ya están en el informe que presentó el secretario general de la organización, Luis Almagro, esta semana.    

“Es muy importante que los venezolanos sepan que la Asamblea Nacional sigue trabajando, no nos paramos ante nada y estos informes van a llegar a todos las instancias del mundo”, agregó Flores.

Se trata de la segunda sesión “de calle” que realiza esta Comisión. Solórzano informó que pretenden llevar a cabo sesiones extramuros, al menos, cada 15 días.

Defensa de López denuncia

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El abogado defensor del líder político, Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, en conjunto con el vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar una nueva y grave irregularidad en el caso de López, traducida en la designación a dedo del juez que conocerá de la apelación de la condena a casi 14 años de prisión.
“En el caso de Leopoldo López, un funcionario público le entrega documentos fehacientes al diputado Juan Guiadó para demostrar inequívocamente que el trámite de distribución informática fue alterado maliciosamente. Se alteraron los trámites ordinarios para la designación equitativa y transparente de los magistrados de la corte de apelaciones y mediante ese procedimiento se asignó de manera irregular, a dedo y delictiva a los magistrados de la sala de apelaciones 1 de la corte de Caracas. Este hecho es un vicio más dentro del debido proceso, porque el juez de la causa debe ser autónomo, transparente e imparcial. Este trámite es lo que garantiza la autonomía del juez”.
Gutiérrez explicó que la designación de los jueces de apelación debe hacerse mediante un proceso informático y transparente. “Todos los asuntos penales que lleguen a un circuito penal tienen que ser distribuidos mediante un procedimiento informático. Esa distribución tiene dos características, una designación equitativa de las causas a diferentes tribunales y, lo más importante, un procedimiento transparente y aleatorio de manera que un caso específico no sea asignado a un juez específico que tenga interés por alguna parte. Lo ocurrido en el caso de López constituye un grave delito informático, que es insertar instrucciones fraudulentas en un sistema que utiliza tecnología de información para obtener un resultado específico”.
En ese sentido, el diputado de la Mesa de la Unidad, Juan Guaidó, rechazó la nueva irregularidad que se presentó en el caso del líder político.  “El día de ayer cuando estábamos en sesión se me acercó un funcionario que trabaja en el Tribunal Supremo de Justicia y nos realizó la grave denuncia de la designación de los jueces a dedo. Hay un ordenamiento claro para la distribución de los casos. Ya van más de 6 meses desde que los abogados de Leopoldo solicitaron la apelación. Es grave la manera directa en la que designan al juez de la causa de apelación. No basta con acusaciones falsas, con jueces transitorios, sino que designamos a dedos a los jueces”.
Guaidó condenó el hecho de que la justicia esté designada por el régimen y eso hace cada vez más importante que se aprueben la Ley de Reforma Parcial del Tribunal Supremo de Justicia, y se cumpla la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. “Una mano peluda decide quién va a la cárcel y quien no, quién tiene justicia y quién no. Esto nos ha llevado a la situación que tenemos hoy en Venezuela. Cuando nos preguntamos si hace falta o no la reforma del TSJ la respuesta es muy clara, cuando nos preguntamos si hace falta la Amnistía la respuesta es muy clara. Cuando vemos la mano peluda detrás de cada uno de estos casos de persecución política es que nos damos cuenta que es a dedo que se designa la justicia”.
El legislador afirmó que este nuevo vicio encontrado en el caso de apelación de López es un indicio más de la persecución política que el régimen emprende contra los líderes políticos. “Aquí está la clara prueba de que sigue el proceso de empañamiento judicial y político que intentan hacer en contra de los líderes que son capaces de llevar a este país hacia adelante. Como vicepresidente de la Comisión de Política interior también vamos investigar la designación y ordenamiento de los casos. Por eso también iremos a ordenar el Código Procesal Penal y por eso queremos que Fiscalía se aboque de inmediato por qué sigue esta persecución política”.
Comisión de Política Interior aprobó Ley del TSJ y de Referendúm

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Las Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, aprobó en su segunda discusión los proyectos de ley de Reforma del Tribunal Supremo de Justicia y la de Referéndum, con el voto salvado del bloque de la patria.

En una maratónica sesión que comenzó a las 7:30 de la mañana de este miércoles, hasta pasada las 3:30 de la tarde, la Comisión de de Política Interior debatió la Ley de Reforma al TSJ y la Ley Orgánica de Referéndum. Sobre esta última la presidenta de la instancia parlamentaria Delsa Solórzano señaló que es una obligación constitucional, una deuda que tenía la Asamblea Nacional con el país desde 1999 y que el Consejo Nacional Electoral, en la propia reglamentación que hiciera en el año 2007,  reclamaba esta deuda que tenía el parlamento venezolano que no había cumplido.

“Hemos visto como para legislar en materia de procesos electorales, la propia diputada Cilia Flores, cuando fue presidenta de la Asamblea Nacional, por iniciativa legislativa del diputado Darío Vivas se legisló en materia de procesos electorales, pero había quedado pendiente el tema referendario. Hoy nosotros hemos debatido en segunda discusión en la Comisión este importantísimo proyecto de ley, que no hace más que desarrollar un derecho político establecido en la Constitución en su artículo 70 y siguientes”.

Explicó que esta ley les da garantía a los venezolanos de ejercer su derecho político establecido en el texto constitucional, con mecanismos claros y transparentes y con el resguardo de su identidad. “Es de destacar que nosotros si alguna cosa queremos evitar en Venezuela es la triste historia de lo que se llamó la lista de Tascón”, recalcó.

Destacó que los lapsos para activar el referéndum revocatorio son cortos y así lo establece la Constitución en su artículo 214, que el señor presidente tiene 10 días para promulgar la ley y 15 el Tribunal Supremo de Justicia.

“Insistimos en señalar que no tienen poder de veto en Venezuela, ni el presidente de la República, ni el TSJ. La Constitución no es un librito para enarbolar y no cumplir. Es una letra que proviene del propio constituyente originario, del poder del pueblo. Ese poder del pueblo nos ha dado tiempos y plazos que nosotros estamos en la obligación de cumplir. De acuerdo con esos lapsos, constitucionalmente establecidos,  el referéndum revocatorio presidencial tiene que ser este año”.

Recordó la diputada Delsa Solórzano que se han activado los mecanismos ante el CNE y se ha requerido la planilla para recoger las firmas. “Lamentablemente el CNE pareciera que no tiene interés en que el derecho ciudadano se pueda ejercer y hasta la fecha no ha otorgado el instrumento legal para que se puedan recoger formalmente las firmas, para el referéndum revocatorio de conformidad con lo que ese mismo órgano estableció en el año 2007”.

Finalmente dijo que la ley de referéndum tiene varias virtudes, la primera es un mandato de la Constitución que legisle el referéndum la Asamblea Nacional y también el CNE. En segundo lugar la mistura de los procesos que se han establecidos, que pueden ser a través del sistema biométrico o de la recolección de firmas y lo más importante el resguardo de la identidad de los ciudadanos que convoquen un referéndum para cualquiera de los procesos que establece la Constitución.

 

Jesús Torrealba: El jueves se aprobará Ley de Referendo Revocatorio

“Mañana se aprueba, en efecto, la Ley de Referendo, eso va, como va también la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), eso va y si el Gobierno decide desacatar esa ley, va a pasar lo que está ocurriendo ya, se va a continuar deslegitimando el Gobierno”, dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.
El vocero de la alianza opositora dio la declaración durante su programa de radio “La Fuerza es la Unión”, que se transmite por la emisora privada RCR y en el que rechazó un comunicado del CNE en el que se señala que solo este ente electoral puede legislar en materia de comicios.
“Es una mentira porque ningún artículo de la Constitución nacional le otorga la exclusividad al CNE en materia de iniciativa legislativa a propósito del tema electoral y además la experiencia, la realidad, los hechos, la jurisprudencia demuestra cómo la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) ha legislado en materia electoral”, dijo.
Para Torrealba “la tarea hoy es construir la musculatura social que sea capaz de obligar al Gobierno a activar los mecanismos constitucionales de cambio”, pues no se podrá iniciar ningún sistema para acelerar el fin del mandato de Maduro “si no hay un país activado que lo demande, que lo exija, que lo solicite”.
El presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, dijo en declaraciones al programa de Torrealba que “el Gobierno se hace el loco a través del CNE” sobre el tema del referendo revocatorio al no activar el proceso que llevaría a esos comicios, que acelerarían la salida de Maduro del Ejecutivo.
“Ahora dicen que no tenemos facultades para hacerlo, cuando históricamente es la Asamblea Nacional la que ha presentado todas las propuestas en materia de legislación electoral y además es una atribución expresa que le da la Constitución a la AN”, dijo Ramos Allup.
Por su parte, el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles dijo, según un comunicado difundido hoy, que “el Gobierno no quiere contarse (ir a elecciones) y por eso le huye al revocatorio”.

*Con información de Prensa Un Nuevo Tiempo y EMEN

Comisión de Política Interior en sesión permanente para tratar reforma a la Ley Orgánica del TSJ

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La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, le dio entrada al proyecto de reforma a la ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se declaró en sesión permanente para tratar la materia con carácter de urgencia y se aprobó el cronograma de consulta pública intensivo del instrumento legal.

 

La diputada Delsa Solórzano presidente de la instancia parlamentaria informó que el cronograma de consulta pública intensivo de la reforma legal se realizará en todo el país a partir de este jueves y culmina el próximo martes. 

 

 

El proyecto legal se someterá a consulta a entes públicos y privados relacionados, como la fiscalía, Universidades, Colegios de Abogados entre otros organismos. Cabe recordar que uno de los aspectos más importantes de esta reforma legal es que serán aumentados a 15 los magistrados de la Sala Constitucional, por la trascendencia y extensión de las facultades que hoy posee.

 

 

*Con información de Nota de Prensa

EFE Mar 29, 2016 | Actualizado hace 4 años
Asamblea Nacional aprobó Ley de Amnistía

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Pasadas las 10:00 de la noche del martes 29 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, tras un largo debate en el que la bancada chavista manifestó su rechazo por considerar que se trata de una norma que beneficia a personas que cometieron graves delitos.

“Se declara aprobado en segunda discusión el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y de conformidad con la Constitución se ordena su remisión al Ejecutivo nacional, al ciudadano presidente constitucional de la República para su promulgación”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

La discusión de la ley, que se extendió por casi ocho horas, tomó por sorpresa a la bancada chavista, pues este punto no estaba previsto en el orden del día, lo que fue calificado por este bando como una violación al reglamento de la Asamblea Nacional.

“Nosotros estamos seguros que el pueblo venezolano, junto con esta bancada de la patria no permitirán que esta piratería criminal pueda pasar”, dijo el diputado Darío Vivas, y señaló que su bancada no permitirá que los señalados por hechos de corrupción, asesinato y otros crímenes queden en libertad.

“Aquí va a haber justicia y habrá justicia, y todos los que están presos por corrupción, por asesinato, por violación a la Constitución y las leyes seguirán bien presos”, dijo.

La diputada opositora Delsa Solórzano aseguró poco antes de que se aprobara la ley, de 29 artículos, que con esta norma no será amnistiado ningún homicida sino los “presos políticos”.

Más temprano, al inicio de la discusión, Solórzano dijo que el país “quiere hoy reconciliación” y pidió a los diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que se sumen a esta causa.

Asimismo, el diputado Elías Jaua aseguró que la bancada opositora no tiene “talante democrático” como lo demostraron “cuando dirigieron a Venezuela y practicaron de manera sistemática el crimen”.

“Ustedes podrán con su mayoría aprobar esta ley, pero la historia los condenará”, señaló.

En el hemiciclo de sesiones estuvieron presentes los familiares de los que la oposición considera presos políticos como el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, así como los parientes del exgobernador del estado occidental de Zulia Manuel Rosales.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había dicho antes de la aprobación de la Ley que no la refrendará, pues a su juicio es una norma que tiene como objetivo “proteger” a criminales.

“Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas, la verdad, tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero, que lo sepa la derecha nacional e internacional: leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán, por aquí no pasan, hagan lo que hagan”, dijo Maduro.

AN citará al ministro Gustavo González López  y al director de la PNB Juan Francisco Romero

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La Comisión de Política Interior citará al Ministro de Interior, Justicia Paz, Gustavo González López y al Director de Policía Nacional Bolivariana Juan Francisco Romero Figueroa, para que informen y aclararen sobre en torno a las cifras del parque de armas existente en el país, las que han sido incautadas por los cuerpos de seguridad del Estado, así como de las muertes ocurridas durante el 2015, que señala el informe de la memoria y cuenta del despacho gubernamental.

Así  se desprende del resultado de la reunión ordinaria de la Comisión de Política Interior, donde se hizo un análisis del informe ministerial y los diputados concluyeron que no arrojó conclusiones alentadoras para la seguridad ciudadana de los venezolanos.

En ese sentido la presidenta de la instancia parlamentaria Delsa Solórzano informó que es necesario que se aclare sobre lo que señala el informe del Ministerio de Interior Justicia y Paz, cómo lo relativo a que en el año 2015 se incautaron más de 18 mil armas de fuego, cifras que no coinciden con datos que manejaba la anterior directiva de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

“Nos llama la atención que el hoy Magistrado  del TSJ Juan José Mendoza,  antes diputado de la Comisión de Política Interior, quien informó en su oportunidad que en Venezuela circulaban, entre  9 y 15 millones de armas de fuego ilegales.  Si tomamos una media de  esas cifras y decimos que son alrededor de 12 millones de armas ilegales las que circulan en el país, eso quiere decir que a ese ritmo, el Ministerio de Interior y Justicia va a tardar 667 años en lograr el desarme de la población. Situación que hoy nos tiene sumidos en una tristísima cifra de ser el segundo país más violento del mundo.  Por lo que el ministro debe explicar y aclara esta situación al igual que el director de la PNB”.

Por su parte el abogado penalista criminólogo Luis Izquiel,  acudió a la Comisión de Política Interior,  acatando una invitación que hizo la junta directiva de la instancia parlamentaria, con el propósito de colaborar con el análisis del informe anual del Ministerio de Interior y Justicia.

Explicó Izquiel que lo más resaltante del informe es lo que no hay, como por ejemplo no existe información sobre la cantidad de homicidios, secuestros, robos, hurtos y otros delitos graves que ocurrieron en el país durante el año 2015. “Esta es  una información esencial para elaborar Las políticas públicas de un país. Además de que la ciudadanía tiene derecho de estar enterrada de los  principales asuntos del Estado y uno es sobre la inseguridad. En esta memoria y cuenta no hay ninguna cifra en materia delictiva”.

Señaló que tampoco revela el informe sobre eventos importantes que sucedieron en el 2015 como son los ataques a las sedes policiales  par parte de bandas delictivas. “Tampoco de las megabandas que operan en el país y que territorios ocupan, no hay información sobre los linchamientos ante la impunidad existente y  el ministro de Interior Justicia y Paz soslaya estos eventos”.

Señaló que entre las cifras que si revela el informe es que en el año 2015 se levantarnos más de 29 mil cadáveres en la medicatura forense. “Recomendamos a los diputados que sería bueno investigar cuántos de esos levantamientos de cadáveres que hicieron las diferentes medicaturas forenses del país corresponden a homicidios. Porque en los últimos años el 80 por ciento de los cuerpos que ingresan a la morgue corresponden a asesinatos y la mayoría con armas de fuego.  Si esas cifras son verdad el Ministerio de Justicia entra en contradicción con las cifras emitidas por la Fiscal General de la República Luis Ortega Díaz  que revelo que eran 18 mil muertes el año pasado. Aquí hay una gran contradicción que debe ser aclarada”.

Trabajaran en la semana mayor

Solórzano también informó que la Directiva de la Comisión de Política Interior, es decir su persona y el vicepresidente el diputado Juan Guaido, se encargarán de la elaboración del informe y consulta pública de la Ley de Referéndum.  En ese sentido se acordó realizar un intensivo de la consulta que comienza este miércoles y terminará el próximo lunes 21 de marzo.

Señaló que la Consulta Pública sobre la ley de Amnistía concluye el próximo lunes 21 de marzo. “Vamos a escuchar a los expertos en materia de amnistía, así como a los familiares de las víctimas, el lunes después de Semana Santa. Con eso terminamos las consultas y elaboramos el informe para la segunda discusión y aprobación en plenaria”.

En la reunión de este miércoles  atendieron a distintas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, particularmente al colectivo de LGTBI, quienes han solicitado ser intermediarios para la declaración del “Día Nacional contra la Homofobia y la Transfobia”.

Así mismo se  consideró una denuncia del diputado Juan Andrés Mejías, sobre el uso de granadas y armas de guerra  en distintas acciones delictivas. Se ordenó la apertura de la investigación correspondiente en  base a las funciones de la Comisión de Política Interior.