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Colectivos prometen defender a Maduro con el “fusil en la mano”

FOTO: EFE

 

 

CIENTOS DE SIMPATIZANTES RADICALES DEL PRESIDENTE Nicolás Maduro, e integrantes de los llamados “colectivos chavistas”, aseguraron este 7 de enero que lo defenderán con el “fusil en la mano” y en “cualquier escenario”, reseñó la agencia EFE.

Estas declaraciones se conocen a solo días de que el gobernante jure un nuevo mandato, que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional.

Según los colectivos, un sector de la oposición sigue directrices de Estados Unidos para desestabilizar el país, derrocar a Maduro y poner fin así a la revolución bolivariana, en el poder desde 1999.

Es por ello que todos los chavistas que tengan “las bolas para defender esto -la revolución- con fusil deben dar la cara”, dijo en la concentración de hoy el dirigente Jorge Navas, refirió la agencia.

Manifestación en apoyo a Maduro

Los oficialistas recorrieron parte del oeste de Caracas en motocicletas y vehículos, al tiempo que gritaban consignas a favor de Maduro ye n contra del recién designado presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a quien el propio Navas calificó como un “diputadillo traidor”.

La concentración terminó en el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez, y cuyo pensamiento los seguidores del mandatario señalaron hoy que deben reivindicar todos los días.

“Lo han pretendido minimizar, pero nosotros debemos resaltar la figura de Chávez hasta la muerte“, dijo a los congregados otro dirigente colectivo que no fue identificado, citó la nota.

Los colectivos, que según la oposición venezolana constituyen un grupo de choque del oficialismo, han dicho que estarán en las calles hasta el próximo 10 de enero, cuando Maduro asuma un nuevo mandato que la oposición y parte de la comunidad internacional han dicho que no reconocerán.

Con todo, el propio Maduro reiteró hoy que jurará de nuevo como presidente para “cumplir la voluntad popular” expresada en su triunfo electoral en los comicios del pasado 20 de mayo -tachados como fraudulentos- y que dará respuesta “recíproca” a los Gobiernos e instituciones que lo desconozcan.

Supuesto colectivo amenazó cuchillo en mano a trabajador de la prensa

MIENTRAS SE PRODUCÍA UNA MANIFESTACIÓN frente a la sede del Ministerio de Educación en el centro de Caracas, un supuesto colectivo agredió al reportero de la cadena NTN24, Luis Gonzalo Pérez, e igualmente amedrentó a los representantes del canal VPI.

En un vídeo se observa como un sujeto de franela verde empuña un cuchillo frente a un grupo de personas y posteriormente lo guarda en un koala.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, así como el Colegio Nacional de Periodistas repudiaron el hecho.

 

Al cura que enterró a Heyker Vásquez y a Óscar Pérez le tocó emigrar

Describir con detalles, a través de un mensaje de Whatsapp, los entierros de José Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Óscar Pérez y Heyker Vásquez le valió al padre Alexander Hernández, capellán del cementerio del Este, ser perseguido por las autoridades y, posteriormente, la ruta del exilio.

Una fuente de la iglesia Santa Paula informó que el padre, quien también ofició los entierros del los expresidentes Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi, tuvo que emigrar a los Estados Unidos tras la persecución de funcionarios del Estado. De acuerdo con la persona, quien pidió omitir su identidad, el mensaje por la red social y una foto publicada por The New York Times lo habría puesto en el ojo de las autoridades.

En un mensaje titulado “Y al final todos llegan al cementerio”, el capellán del camposanto narró lo que sucedió el 17 de enero (entierro de Heyker Vásquez) y el sábado 20 de enero (sepelio de Pimentel y Agostini):

“A las 8:00 am llegué al Cementerio del Este y no era un día normal, pues había muy pocos carros en la vía, poco ruido en la calle, en fin, todo estaba cerrado en La Guairita; lo que no sucede en la zona ni un primero de enero.

“Cuando entré al camposanto me llené de sorpresa al ver hombres pertenecientes a colectivos y tantos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana vestidos de negro, exhibiendo fusiles y armas cortas. Esto sin dejar de lado los autobuses de la Vicepresidencia de la República, los cuales con un cartel de ‘Uso de la Vicepresidencia’ se habían encargado de llevar a familiares y amigos a la terraza donde descansaría el líder del colectivo del 23 de Enero, Tres Raíces.

Sigue leyendo esta nota de Daisy Galaviz en El Pitazo

La normalización de los colectivos: de la impunidad de Valentín Santana al Estado Mafioso
Durante los ejercicios militares del pasado 25 de febrero, el líder del colectivo La Piedrita –quien tiene tres órdenes de captura, dos de estas por homicidio – estrechó las manos de Érika Farías, Ernesto Villegas, Carolina Cestari y del general de división Fabio Zavarse, sin soltar su arma de fuego. El mensaje de los videos que muestran el momento, de acuerdo con expertos consultados, apuntan a la “lógica del terrorismo de Estado”, que busca sembrar miedo en quienes disienten, y dejan claro que el gobierno apoya la impunidad de los grupos armados

 

@loremelendez

NO USA PASAMONTAÑAS, TAMPOCO VA DE NEGRO, pero sí está armado como el resto del grupo. Valentín Santana lleva unas gafas oscuras que se le incrustan en los ojos y dos prendas rojas que le hacen ver la cara pálida: una boina y una chaqueta marcadas con el símbolo de La Piedrita, el colectivo que lidera en la parroquia 23 de Enero. Del hombro izquierdo, a la altura de la cintura, le cuelga el complemento de su indumentaria: un subfusil Uzi. Así se expone ante una cámara, rodeado de otros paramilitares que exhiben sus fusiles AR15, mientras promete fidelidad a Nicolás Maduro y asegura que siempre defenderá a Venezuela con las armas.

El video de Santana – quien desde hace más de una década tiene tres órdenes de captura emitidas por tribunales , dos de estas por homicidio – circuló el pasado domingo en medio de los Ejercicios de Acción Defensiva Multidimensional Independencia 2018 que se desplegaron en el 23 de Enero, donde hace vida La Piedrita, como una especie de ensayo para impedir una hipotética intervención extranjera. Los colectivos armados fueron parte de esta actividad: tomaron edificios, se subieron a las azoteas, dispararon al aire, izaron banderas. Las autoridades locales gubernamentales no solo lo supieron, sino que también le dieron su visto bueno a los hechos.

Un segundo video muestra este apoyo (minuto 1:02 del video de arriba). Santana grita “Chávez vive, la patria sigue”, con el puño el alto, y comienza el desfile de funcionarios. Allí se ve a la alcaldesa de Libertador, Érika Farías y a la jefa del Distrito Capital y ex ministra de la Suprema Felicidad, Carolina Cestari, desviarse de su recorrido por la zona para estrecharle la mano y besar la mejilla del líder paramilitar que porta un subfusil a la altura de la cintura. También se observa cómo el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Distrito Capital (Zodi), general de división Fabio Enrique Zavarse, se devuelven para saludarle y darle palmadas en el hombro a Santana, que apenas se mueve de su sitio. Los cuatro miembros del gobierno, escoltados por guardias nacionales, se detienen al pasar por el territorio de La Piedrita y uno de ellos, el militar Zavarse, hasta se permite una broma: “Por favor, le mandas el video a Julio Borges (ex presidente de la Asamblea Nacional) de mi parte”, le comenta al jefe del colectivo.

“Esa es la normalización de la actuación de estos grupos paramilitares con funcionarios del Estado”, sentenció Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG Provea, quien recordó que los colectivos ya han ejecutados labores propias de las fuerzas de seguridad del Estado: han reprimido protestas, han tomado partido en programas de seguridad ciudadana, como lo hicieron en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), y han participado en operativos de cuerpos especiales como el que cometió la Masacre de El Junquito, donde mataron a Óscar Pérez y a 6 de sus aliados, junto a Heyker Vásquez, quien era líder del colectivo Tres Raíces y funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Para Rodríguez, el mensaje de ambos videos se basa en la “lógica del terrorismo de Estado” que busca sembrar el miedo en quienes disienten. Relató que al día siguiente de los ejercicios militares, el lunes 26 de febrero en horas del mediodía, esos mismos colectivos hicieron una marcha hasta la sede de la asamblea nacional constituyente y asistieron encapuchados y con armas de fuego. “Ningún cuerpo de seguridad evitó que esto ocurriera”, reclamó.

Lee más: Reportan detonaciones en el 23 de enero en el marco del ejercicio cívico-militar

El uso de fusiles y subfusiles por parte de estos grupos paramilitares también llamaron la atención del experto. “Las armas sofisticadas que tienen no se le ven a los policías que están en la calle, sino a grupos especiales policiales o militares como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) o las FAES. Eso da cuenta del nivel de penetración que los colectivos tienen en las fuerzas de seguridad y cómo son parte de esa estructura”, enfatizó.

Rodríguez indicó que tal penetración refuerza la construcción del Estado militar y policial, en el cual los ciudadanos cumplen acciones propias de estas fuerzas, que van desde la delación y vigilancia hasta los ajusticiamientos. “Además, se refuerza la tesis del enemigo interno y externo y promueve estas figuras tan peligrosas como los son grupos civiles armados”, acotó.

El Estado mafioso

Hugo Chávez mencionó a Valentín Santana durante una alocución en 2009, justo antes del referéndum aprobatorio de la Enmienda Constitucional que permitió la reelección indefinida del presidente de la República. Pero lejos de hacer una intervención para alabarlo, el entonces jefe de Estado lo criticó duramente por haber amenazado de muerte a Marcel Granier, presidente de las Empresas 1BC, y advirtió que su lugar debía ser la cárcel.

“Él (Santana) dice ser jefe de un grupo llamado La Piedrita (…) y él dice algo mucho más grave: que si ellos consiguen a una persona, y le dan nombre y apellido (dice sin referirse a Granier), lo van a matar (…) Yo hoy llamé a la fiscal de la República para que tome las acciones. Esa persona debe ser detenida porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie (sic.). El Estado actuará, ellos deben asumir sus consecuencias, actuaremos con todo el peso de la ley. Este es un criminal”, apuntó Chávez. Pero nada pasó.

Todavía hoy, el líder de La Piedrita sigue libre, pese a que desde 2007 tiene una orden de captura por porte ilícito de arma de fuego, uso de documento falso y homicidio intencional simple, emanada por el juzgado 45to del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en función de control. De acuerdo con una declaración pública de la otrora fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, en su expediente hay otras dos detenciones pendientes, dictadas en 2008 y 2009, por homicidio y lesiones personales.

Pero en esos años, según una nota del diario El Nacional, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no se le había ordenado su búsqueda. Sin embargo, en febrero de 2009, el entonces ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, había asegurado que las fuerzas de seguridad del Estado estaban detrás del rastro de Santana desde enero de 2008, y no habían logrado dar con su paradero.

La impunidad de Santana es tal que en 2017 lanzó su candidatura a la asamblea nacional constituyente, aunque perdió. En medio de esa campaña, el 20 de julio, distribuyó un video para denunciar que el Cicpc perseguía a los colectivos del oeste de Caracas y los culpaba por la muerte de Xiomara Scott, la mujer que fue asesinada en la avenida Sucre de Catia por pistoleros que atacaron a quienes votaban en la consulta opositora del 15 de julio. Por esos días, vecinos de la zona indicaron que la reacción del líder se debía a que los uniformados habían ingresado a uno de los locales comerciales controlados por su grupo.

“Ya hay dos detenidos, uno es un colectivo de Los Frailes. Le allanaron el local a los compañeros del Frente Miliciano Sucre. ¡Qué eficientes son ellos cuando se trata de los pobres! (…) Ustedes osan a tocar el territorio de La Piedrita y lo más seguro es que me saquen muerto, pero yo no me les voy a arrodillar a ustedes”, advirtió.

Rodríguez sostuvo que, con el paso de los años, los colectivos se fortalecieron y, en la actualidad, no solo tienen armas. “Hoy controlan la venta de comida, que viene de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), a precios super elevados, controlan territorios y ejercen labores de represión contra adversarios políticos”, insistió.

El director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, apuntó que las relaciones entre el gobierno y estos grupos de civiles armados se inscriben en uno de los conceptos que la organización ha utilizado para definir a quienes hoy están en el poder.

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“Nosotros hemos manejado la teoría del Estado mafioso, donde hay una cantidad de líderes dentro de la estructura gubernamental que están en conjunción con fuerzas delincuenciales (…) Parte del metamensaje del ‘Estado mafioso’ hacia afuera es que está apoyado por personas que no responden ante la ley, en este caso, los colectivos”, afirmó Cedeño, al interpretar el video de Santana al lado de Cestari, Farías, Villegas y Zavarse. “Son tratamientos diferenciados ante la ley que mandan un mensaje que dice que comulgan con esas fuerzas, que ellos tienen su apoyo y que por eso pueden actuar de manera impune”, siguió.

Cedeño distingue a los colectivos deportivos y culturales de grupos armados como La Piedrita, a los cuales identifica como megabandas criminales vinculadas al delito organizado.

“La diferencia con las megabandas está en que estos se autodefinen como colectivos y en las conexiones que tienen con el gobierno, sobre todo con una alcaldía como la de Libertador, que ha sido señalada de bajarles recursos (…)”, recalcó el director de Paz Activa.

El experto también recordó que, desde siempre, los lazos de los funcionarios del Ejecutivo con los colectivos han sido ambiguos. Incluso Hugo Chávez se zafó una vez de la relación con estos grupos en una entrevista concedida a CNN en Español en 2009.

“Yo he repetido que condeno cualquier forma de violencia. Hay un chantaje tremendo de algunos medios de comunicación que son propiedad de la burguesía. Hay un laboratorio que fabrica hechos de violencia y, cuando apenas terminan de ocurrir, de una vez señalan al gobierno”, aseveró cuando le preguntaron sobre los colectivos armados identificados con el oficialismo.

“Es un discurso velado, ambivalente, ambiguo. Ellos (el gobierno) no dicen que los apoyan”, señaló Cedeño, quien recordó que cuando el ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quiso enfrentarlos y recuperar la institucionalidad, lo destituyeron de su cargo. A ese funcionario se le señala de ser el responsable de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el  el edificio Manfreddy de Quinta Crespo, donde José Odreman, líder del 5 de Marzo, y otros cuatro miembros de colectivos del oeste de Caracas fueron asesinados por el Cicpc en octubre de 2014.

La más reciente declaración sobre la cercanía del gobierno y los colectivos la ofreció el pasado jueves, 1 de marzo, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, quien marcó distancia con estos grupos, pese a que participaron en los ejercicios militares del fin de semana.

«La fundamentación de la Revolución Bolivariana está en el pueblo, en la organización popular, en las comunas, en los colectivos para el arte, la música, la política, el deporte y la vida, NO en esas organizaciones que han malinterpretado el mensaje y se hacen llamar colectivos», dijo el el titular de Defensa. Cuatro días antes, sin embargo, Valentín Santana le estrechaba la mano a tres funcionarios del gobierno y al jefe del Zodi Capital, sin siquiera despojarse del subfusil que le cruzaba el torso.

 

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Crónicas insumisas: Ver la muerte a los ojos y resistir

Crónicas Insumisas - IPYS - Inti Rodriguez

Este relato forma parte de la exposición que inaugura el domingo 25 de febrero en la galería El Anexo, en la Alta Florida. Organizada por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), presenta un compendio de textos, fotografías y testimonios que retratan 11 intentos por asfixiar el periodismo en Venezuela

 

El 12 de febrero de 2014, el periodista Inti Rodríguez, integrante de Provea, cubrió la protesta donde murieron Bassil Da Costa y Juancho Montoya. Tras una larga y atípica jornada laboral, se dispuso a regresar a su casa. Nunca lo logró. Fue secuestrado por paramilitares, que lo tuvieron dos horas cautivo en el 23 de Enero, en Caracas.

Johanna Osorio Herrera

@johaosorioh

 

—Vas a correr, pero si volteas te matamos.

Inti Rodríguez no volteó, aunque tenía la certeza de que de todas formas moriría.

Uno, dos, tres pasos torpes. Las piernas no le responden. No puede correr. Cuatro pasos y aún no siente el disparo en su espalda. Cinco, seis, siete…

—¿Realmente no me van a matar?— resuena en su cabeza.

Sus piernas reciben una inyección de adrenalina —y esperanza—. Finalmente, corre. Corre sin ver a atrás. Y atrás de él quedan los 30 encapuchados que lo habían mantenido secuestrado durante dos horas, y queda también la resignación que sintió. Queda la posibilidad de regresar a su casa con su esposa. Quedan sus días en el 23 de Enero, la popular comunidad caraqueña donde vivía entonces. Queda la vida que le pertenecía antes de ese 12 de febrero de 2014.

 

Era miércoles. La oposición había convocado una marcha contra Nicolás Maduro, en conmemoración del Día de la Juventud. En los días previos, apresaron a estudiantes universitarios en Táchira y Mérida, y este hecho le dio más fuerza al llamado. La masa humana partió ese 12 de febrero desde Plaza Venezuela y llegó, en compañía de Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, hasta su meta: el Ministerio Público.

Si la actividad hubiese terminado, como estaba pautado, quizás Inti hubiese dormido una vez más en el apartamento que ocupó durante siete años.

No fue así.

La protesta no terminó. Inti tampoco regresó a casa.

Tras llegar a la sede de la Fiscalía, un grupo de manifestantes se quedó en la zona. Se dirigieron a la esquina de Monroy y subieron a la de Tracabordo. Tumbaron una moto del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y los funcionarios comenzaron a disparar. La gente corrió, unos hacia la avenida Universidad y otros hacia una calle lateral; pero el segundo grupo de manifestantes regresó pocos segundos después y quedó en la línea de fuego. Un joven de 24 años, que asistía por primera vez a una marcha, cayó de frente contra la acera a las 3:13 de la tarde, producto de un disparo del Sebin. Ingresó muerto al Hospital Vargas, a las 3:25. Su nombre era Bassil Da Costa.

Minutos antes, a apenas unos metros de Bassil, había sido asesinado Juancho Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, que unifica colectivos populares de la Gran Caracas y Vargas. Fue trasladado, muerto, a la clínica La Arboleda. Más tarde, un motorizado desconocido tiroteó en Chacao a otro manifestante, que horas antes había cargado el cuerpo inerte de Da Costa: Robert Redman.

Ese día, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) estaba monitoreando la manifestación, que también se produjo en otros estados del país. Recibían denuncias y las registraban. Cuando la situación empeoró en Caracas, Inti Rodríguez —quien era coordinador de medios de la organización— y Rafael Uzcátegui, para entonces coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión (cargo que ahora ocupa Inti), salieron a constatar los hechos.

Provea es una organización no gubernamental independiente dedicada a analizar, promover y defender los derechos humanos en Venezuela. Por ello, Inti y Rafael recorrieron los sitios donde se desató la violencia aquella tarde de febrero. Fueron al Hospital Vargas y La Arboleda. Recabaron información y regresaron a la sede de la ONG, en el centro de Caracas. Su atípica jornada de trabajo terminó pasadas las 9 de la noche.

Inti buscó un taxi que lo llevara hasta el 23 de Enero, donde vivía con quien era su esposa. Pero no consiguió ni un chofer dispuesto. Decidió entonces irse en metro hasta la estación Agua Salud, donde podía tomar un autobús.

Solo Caño Amarillo separa las estaciones de Capitolio y Agua Salud. El trayecto fue corto, y eran las 9:30 de la noche cuando Inti estaba bajando del vagón. Subió, cruzó el torniquete y se dirigió a la salida.

 

Durante su época universitaria, Inti fue dirigente estudiantil. Años más tarde, las rencillas entre partidos, que él había olvidado, seguían muy vivas para otros. Por esa razón, era prudente con las zonas del 23 de Enero que transitaba. No podía pasar cerca de las instalaciones del colectivo La Piedrita, por ejemplo. En 2014, se contabilizaban al menos 14 grupos paramilitares en todo el 23 de Enero.

Inti realmente se cuidaba.

Pero ese miércoles su “zona de exclusión” —como llama a los espacios geográficos donde todavía hoy no puede transitar— se había ampliado sin que él lo supiera.

Inti iba subiendo las escaleras de la estación hacia la superficie, cuando vio bajando por las escaleras mecánicas a tres personas que no lo consideraban grato. Se miraron. Ellos terminaron de bajar y subieron tras de él.

—Inti, tú mataste a Juancho— dijo uno de ellos.

Su espalda pegó contra la pared, ya fuera de la estación. Nervios, pistolas, confusión. A solo unos metros, quienes esperaban el autobús observaban indiferentes.

Uno de los delincuentes sacó un celular e hizo una llamada:

—Tenemos a un “conejo” de Bandera Roja.

Colgó.

Se refería a Inti y al partido al que perteneció durante su etapa universitaria.

Diez minutos pasaron entre la llamada y el arribo de 15 motorizados, con parrillero. Todos con pasamontañas y armas largas. Quienes antes lo veían indiferentes, corrieron despavoridos. El autobús que recién llegaba arrancó sin esperar a los pasajeros que quedaban por subir al vehículo.

Un cachazo, sangre.

—Vamos a llevarlo para el miadero —dijo el cabecilla.

Lo subió a su moto, entre él y el parrillero. Ya Inti no les pertenecía a aquellos tres individuos que lo retuvieron inicialmente. Ahora era rehén de los paramilitares del sector.

 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela) han definido a los organismos paramilitares como “grupos de civiles armados pro-gobierno que actúan con el aval, o la tolerancia, de los representantes de los poderes públicos y en coordinación con la fuerza pública del Estado”. Aunque estas agrupaciones paramilitares también son identificadas como colectivos armados, OVCS e IPYS plantean que no existe relación alguna entre paramilitares y las agrupaciones sociales, culturales, políticas, populares y comunitarias identificadas como colectivos.

Cuenta Inti que ese día, en el 23 de Enero y otras zonas caraqueñas, los paramilitares desplegaron un operativo para ubicar a personas con prendas alusivas a la oposición y la protesta de esa tarde. Él no había manifestado, ni llevaba nada que lo identificara como detractor de Maduro. Pero era periodista y trabajaba en Provea desde hacía unos meses. Eso bastó.

El “miadero” era el nombre que recibía un terreno baldío en la Zona F del 23 de Enero. Inti permaneció dos horas ahí. Lo golpearon cuantas veces quisieron. Lo interrogaron sobre la muerte de Juancho Montoya. Le repitieron de memoria, una y otra vez, la dirección de la casa de su esposa y su familia. Y él recordó, una y otra vez, cada instante de su vida. Lo que hizo y lo que no alcanzó a hacer. No saldría con vida de ahí… Pensó en su mamá, que vive en el interior del país. En cómo la destrozaría la noticia. Moriría en manos de secuestradores que no anhelaban el pago de un rescate, sino venganza.

 

Mientras esto ocurría, uno de los paramilitares delataba por el chat de Whatsapp de Inti que algo irregular —y muy malo— pasaba.

Eran ya las 11:00 de la noche. Por el grupo de whatsapp de Provea, un Inti con muy mala ortografía escribía que estaba herido en el Periférico de Catia, y que tenían que ir a buscarlo. Por el chat de su esposa —a quien Inti avisó a las 9:00 de la noche que ya iba camino a casa— un “funcionario” le avisaba que su marido estaba detenido en el Sebin. Tanto su esposa, como sus compañeros de Provea, supieron que no era él. Ella llamó al hermano de su cónyuge, quien prefirió ocultar la situación a la madre.

En el “miadero” el tiempo transcurría lento. Golpes y más golpes, amenazas, preguntas… Aunque no veía sus rostros, identificar al cabecilla no era difícil: era el único con un léxico distinto. Los demás hablaban como hampones comunes.

Inti le mostró su carnet. El líder era diferente a los demás. Más cauto. Parecía medir el costo de sus acciones.

—Te voy a revisar el teléfono, y si consigo una sola foto de la marcha de hoy, estás muerto.

Inti no había tomado fotos ese 12 de febrero. Pero, un día antes, un amplio grupo de periodistas había marchado desde Plaza Venezuela hasta el Centro Nacional de Comercio Exterior, en Los Chaguaramos, para exigir al gobierno la liquidación de los dólares necesarios para comprar bobinas de papel periódico. Inti sí tenía fotos de esa manifestación.

—Aquí hay fotos de la marcha, jefe.

—No, esa no es la de hoy. Es la de los periodistas. Nosotros fuimos a esa —reconoció el cabecilla.

El líder paramilitar se alejó del grupo e hizo una llamada. Regresó 10 minutos después.

 

11:00 de la noche.

—El ministro nos manda a decir que no nos volvamos locos.

—Entonces, ¿qué hacemos con este peluche?

—Suéltalo.

 

Pasos temblorosos, resignación… Después de unos segundos —o minutos, pues ya no tenía noción del tiempo— Inti aún no sentía la bala fría entrando por su espalda. Sintió esperanza. Sus piernas reaccionaron y corrió. Corrió y dejó todo atrás.

A 200 metros del terreno baldío donde permaneció secuestrado por dos horas había una casa, y una pareja conversaba afuera. Él les pidió agua y un teléfono. Solo le brindaron de beber.

Todavía sin asimilar por completo su libertad, se tomó el agua y siguió caminando. Fue de nuevo a la estación del metro de Agua Salud. Pero al llegar, el recuerdo del secuestro que había iniciado ahí le provocó fuertes temblores.

Se tomó su tiempo. La adrenalina comenzó a disminuir y su sistema nervioso volvía a la normalidad. Regresó al centro de Caracas, y pidió un teléfono prestado en un bar de la parroquia Candelaria. Llamó a Marino Alvarado, para entonces coordinador general de Provea, quien notificó a su familia de su liberación y lo buscó. Resguardado, a las 11:45 de la noche, Inti llamó a su esposa.

Aquel hombre, que minutos antes lamentaba el luto de su familia por su muerte, seguía vivo.

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Cuando Inti salió aquel miércoles por la mañana de su casa, no imaginó nunca que la marcha de estudiantes terminaría con un saldo de tres asesinatos, ni que sería secuestrado por paramilitares, ni que se resignaría a morir. Tampoco imaginó que sería la última vez que dormiría en su cama o desayunaría en su mesa. Jamás pudo regresar al 23 de Enero.

Su secuestro fue denunciado ante la Fiscalía el 13 de febrero, aunque, al liberarlo, sus captores lo amenazaron de muerte si hacía público el suceso. Inmediatamente, organizaciones internacionales defensoras de los Derechos Humanos activaron un plan de protección para el activista en riesgo. De un momento a otro, se había convertido en una de las tantas víctimas que él mismo atendía en Provea.

Después del secuestro, su rutina no cambió demasiado. Siguió viviendo en Caracas, las “zonas de exclusión” aumentaron, y siguió siendo precavido. Ahora, todas las tardes un policía acude a él para que firme una carpeta donde consta que lo cuidan, aunque esto no evitó que le robaran su teléfono durante su cobertura a las jornadas de protestas de 2017.

También siguió trabajando en Provea.

—Lo peor de estos señores es que buscan intimidarte, hacerte sentir miedo, desesperanza. Han convertido el poder en algo perverso. ¿Y tenemos miedo? Sí, pero seguimos adelante a pesar de él, y esa es su mayor derrota. No luchar es dejarles el país, y no podemos. Tenemos el deber de reconstruir a Venezuela y su tejido social. Fomentar la resiliencia, y resistir. Ayudar a otros es resistir. Trabajar en lo que amamos es resistir. Hacer mejor el futuro para quienes seguimos y también para quienes se fueron es resistir. Resistamos.

Reportan detonaciones en el 23 de enero en el marco del ejercicio cívico-militar

USUARIOS EN TWITTER HAN REPORTADO fuertes detonaciones y columnas de humo en el barrio 23 de enero, donde presuntamente colectivos estarían «participando» en los ejercicios cívico-militares que convocó Nicolás Maduro para esta semana.

De acuerdo a personas en el sector, colectivos también tomaron las azoteas de los edificios cercanos al Cuartel 4F y desplegaron banderas.

Un mensaje recibido por varios habitantes del 23 de enero alega que el territorio participaría en el ejercicio del sábado 24 desde las 7 de la mañana.

«El territorio del 23 de Enero se une al ejercicio de Defensa de la Patria y este 24 de Febrero se activara todas las fuerzas vivas Comunas, Consejos Comunales, CLAPS, PSUV, Colectivos, Radios Comunitarias, Comunidad en General en un ejercicio de evacuacion liderizado por la ODDI 23 de Enero para demostrar al imperio que Venezuela se Respeta y que hay un pueblo organizado preparado para la batalla».

 

https://twitter.com/AereoMeteo/status/967429920099102720/video/1

Este sábado inició la fase táctica del Ejercicio Cívico-Militar Independencia 2018.

Dgcim cita a periodistas del diario Región tras denuncias de colectivos

dgcim

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó la mañana de este martes que la Dirección General de Contrainteligencia Militar citó al editor y a la directora del diario Región, que circula en el oriente del país, luego de que el órgano recibió una denuncia del colectivo Círculo de Lucha Popular en el estado Sucre.

De acuerdo con el Sntp, el grupo chavista denunció al periódico ante la Dgcim por la publicación de un análisis sobre los sucesos del Caracazo, realizado el pasado 11 de enero.

Daniel Trujillo, editor del medio, y la directora, Yndira Lugo, fueron citados para rendir declaraciones a las 9:00am de este martes en la sede de la Dgcim en Cumaná.

De acuerdo con el Sntp, ambos estarían siendo investigados por presuntos delitos previstos en la normativa contra el odio y el procedimiento no es acompañado por fiscales del Ministerio Público.

 

InSight Crime: Gobierno de Maduro fortalece sus nexos criminales

Maduro-Constituyente

Venezuela continúa consolidándose como una plataforma para el crimen organizado en la región. La crisis política, económica y social han alimentado el crecimiento del crimen y el fortalecimiento de las economías ilegales, mientras que las sanciones internacionales contra funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente Nicolás Maduro, no lograron debilitar el poder del régimen, ni afectaron los vínculos de sus líderes con el delito transnacional.

Las investigaciones de campo de InSigth Crime mostraron que la droga producida en Colombia sigue atravesando la frontera con Venezuela con facilidad, sobre todo porque luego de la salida de las FARC varias rutas han quedado a disposición de nuevos grupos criminales. Fuentes venezolanas nos contaron en agosto que el Ejército Popular de Liberación (EPL), por ejemplo, estableció presencia el año pasado en Venezuela por primera vez. Por su parte, el grupo criminal colombiano Los Rastrojos, que prácticamente habían desaparecido en Colombia, también parecen empezar a resurgir en Venezuela.

“Los Rastrojos han comenzado a reclutar a ciudadanos venezolanos y han aumentado su presencia en ese país”, escribimos en julio. “La actual inestabilidad y la corrupción descontrolada en las fuerzas de seguridad venezolanas abonan el terreno para el crimen organizado colombiano, y Los Rastrojos han sacado provecho de estas dinámicas”.

El año pasado, en República Dominicana, encontramos que el papel de los venezolanos en el tráfico de drogas por el Caribe es cada vez más importante, a tal punto que ya están reemplazando a los colombianos como mulas o como tripulación de lanchas rápidas.

“Cuatro de cada cinco lanchas rápidas que llegan a las costas de República Dominicana con cocaína ahora tienen venezolanos a bordo”, escribimos en junio.

Además, según nos comentó Verny Troncoso, el fiscal a cargo de casos sobre narcóticos en Santo Domingo, las autoridades dominicanas habían capturado “cada semana desde finales de octubre 2016 […] de tres a cuatro venezolanos que llegan a los aeropuertos del país con estupefacientes ingeridos u ocultos en sus maletas”.

La importancia de Venezuela como punto de partida de narcovuelos también se puso en evidencia en 2017, cuando en mayo el ministro de Seguridad de Costa Rica mostró un mapa con rutas usadas para el tráfico de cocaína por Centroamérica. En éste se muestra claramente a Venezuela como el principal punto de partida del tráfico aéreo de droga (representado en las líneas amarillas), especialmente hacia Honduras y México.

 

“Por desgracia, Venezuela es ya un estado fallido y un narco régimen”. dijo a InSight Crime Mike Vigil, un agente retirado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), el 2 de agosto de 2017, dos días después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que afianzaron el gobierno de Maduro en el poder.

La ‘mano dura’ de Maduro

Con la Constituyente, Maduro logró salir airoso de la conflictividad política de 2017. Pero en momentos en que el régimen parecía debilitarse, la administración de Maduro se aferró al poder por medio de políticas de “mano dura”, con una fuerte represión a las manifestaciones políticas y con la OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo). Esta era una estrategia de seguridad que dejó más de 500 personas asesinadas a manos de funcionarios de la fuerza pública, además de denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos.

En enero, Maduro anunció un nuevo paquete de medidas de seguridad, en el que proponía armar a civiles para combatir al crimen. A pesar de que nunca hubo evidencia de que el gobierno entregó armas de manera oficial, el régimen ya cuenta con los ‘colectivos’ de civiles armados (los cuales ahora también se dedican a actividades criminales) a los que se les ha tolerado el uso de fuerza y participación en operaciones de seguridad ciudadana.

De abril a julio, los colectivos terminaron siendo actores claves durante una ola de protestas masivas en contra del régimen. Intervinieron de manera violenta en contra de los manifestantes e incluso fueron responsabilizados por el presunto homicidio de varios opositores. Como escribimos en abril, “A pesar de las montañas de evidencia del papel de los colectivos dentro de actividades criminales, ellos se están convirtiendo en una herramienta esencial del gobierno para mantener su agarre en el poder”.

La “mano dura” parece haber contribuido a estabilizar el régimen de Maduro en el ámbito político poco antes de finalizar el año. Sin embargo, no tuvo ningún impacto en la reducción del delito. Los homicidios superaron los 20 mil casos nuevamente en 2017, según proyecciones de expertos. La cifra es similar a la de 2016, cuando hubo 21.752 homicidios, según un informe del Ministerio Público, con una tasa de 70 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región,

“Dada toda la anarquía y el caos que impera en las calles, los grupos criminales van a aprovechar la situación. Sin duda, el tráfico de drogas aumentará; Creo que más organizaciones colombianas se trasladarán a Venezuela […] y mucha gente se dedicará al narcotráfico porque no tienen otra opción —no hay empleo, no hay dinero, no hay víveres—”, advirtió  Vigil, en la entrevista con InSight Crime.

Sanciones no afectaron economías ilícitas

En febrero y julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones económicas y la inclusión de más de una docena de funcionarios del gobierno de Venezuela en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés).

El más llamativo de ese grupo fue Tareck El Aissami, vicepresidente de la República y exgobernador del estado Aragua. Recibió la condena más contundente, al ser etiquetado como narcotraficante por el Departamento del Tesoro en febrero de 2017. Es la figura gubernamental de más alto rango en ser señalada por este delito. “El vicepresidente de Venezuela también ha sido implicado en un ‘puente terrorista-criminal’” con militantes islamistas y el envió de fondos ilícitos al Medio Oriente.

Sus bienes y los de su testaferro, el empresario Samark López Bello, fueron congelados por el gobierno de Estados Unidos, por “proporcionar ayuda material, asistencia financiera o bienes y servicios como apoyo a las actividades de narcotráfico internacional, y por trabajar para El Aissami, o a nombre de éste”, según dice la sanción.

Sin embargo, ambos continuaron con sus actividades. López sigue en el negocio de las importaciones de comida para los planes de alimentación del gobierno. De hecho, no afectaron los nexos de sus colaboradores con el crimen organizado.

El Aissami, desde la vicepresidencia, amplió su poder. Durante las elecciones de gobernadores, en octubre, logró colocar a varios de sus aliados a la cabeza de estados claves para el tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado, como Sucre y Aragua.

Luego de las elecciones en InSight Crime escribimos: “El verdadero ganador de la controvertida votación parece ser el crimen organizado, pues la actual administración ha respaldado y recibido respaldo de elementos criminales con los que tiene lazos estrechos”.

El estado Aragua además es base de la megabanda el Tren de Aragua, dirigida desde la prisión de Tocorón. Las megabandas son organizaciones criminales que operan en Venezuela y están integradas por más de 50 hombres, usan armas de guerra y algunas tienen a sus líderes en las cárceles.

Otra ola de sanciones de Estados Unidos llegó en julio, después de las protestas políticas.

Las sanciones incluyeron al presidente Nicolás Maduro, quien fue calificado por el Departamento del Tesoro de “dictador”. Los problemas de Maduro iban más allá cuando en sus sobrinos fueron declarados culpables en una corte federal en Nueva York por conspiración para introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos y sentenciados a 18 años de prisión.

Entre los nombrados por el Departamento del Tesoro también estaba Néstor Reverol, exzar de la droga en Venezuela y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien fue nombrado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por Maduro un día después de que fuera acusado por Estados Unidos de presuntamente participar en una red de tráfico transnacional de cocaína. Además es uno de los colaboradores incondicionales de El Aissami.

También fue incluida la exministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien ayudó a fomentar un sistema de crimen organizado en el país al dejar el control de las cárceles en manos de los reclusos. En mayo, por ejemplo, Varela admitió solicitar a reclusos hacerse cargo ellos mismos de un motín en el que murieron por lo menos 9 internos.

En 2017, varios casos ilustraron la magnitud del control que ejercen los reclusos dentro de las prisiones. InSight Crime en la investigación publicada en septiembre de 2017 describe el poder los pranes y sus vínculos con el crimen organizado.

“Irónicamente, el gobierno de los pranes parece ser más eficiente que el de Maduro: administran justicia con rapidez, y mientras que la comida escasea en los supermercados, los pranes parecen ser capaces de obtener todos los alimentos que necesitan”, escribimos en esa misma investigación.

Aumenta el control militar 

La militarización ha sido una constante en los gobiernos revolucionarios del expresidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y 2017 no fue la excepción. La actual administración impuso un récord, al designar a 12 oficiales de la fuerzas armadas como ministros. Fue la mayor cantidad de militares en el gabinete de Venezuela en los últimos 17 años.

En junio, Maduro designó a los generales Carlos Osorio Zambrano, Juan de Jesús García Toussaintt y Luis Motta Domínguez –quienes han sido señalados en informes internacionales por tráfico de alimentos, tráfico de oro y diamantes y narcotráfico, respectivamente– como parte del gabinete.

“Es inquietante la militarización que adelanta el gobierno venezolano, en vista de toda la legitimidad que han perdido las fuerzas de seguridad en el país por la actividad criminal extendida entre sus filas”, alertamos luego de una reorganización del gabinete.

Un informe elaborado por Mildred Camero, exzar de la droga en Venezuela, describió la evolución de la partición de los militares venezolanos en el narcotráfico y destacó la presencia de oficiales de alto rango en esta actividad criminal.

La tendencia a la militarización no es un buen augurio para los altos índices de violencia en el país, que incluyen las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. “Las denuncias indican que la política estatal de incluir a elementos militares en la lucha contra el crimen ha dado pie a repetidos casos de ejecuciones extrajudiciales”.

Al finalizar 2017, Maduro y su entorno se habían fortalecido. El vicepresidente El Aissami, quien se ha convertido en uno de los hombres más cercanos al mandatario venezolano, anunció la candidatura de su jefe para las elecciones presidenciales de 2018. De cara a esta contienda electoral han realizado nuevos reajustes en el gabinete, y colocaron a más militares en cargos tan importantes como la presidencia de Pdvsa. El mandatario intenta blindarse, con el apoyo de los militares, para proteger la fragilidad institucional que ha caracterizado su gobierno.

La diferencia es que Maduro y El Aissami se han encargado de ubicar en puestos claves a uniformados de su confianza, principalmente de la GNB, una fuerza que dio origen a El Cartel de Soles, un grupo conformado por integrantes de la fuerzas de seguridad de Venezuela dedicado al tráfico de cocaína, y que también ha estado relacionada con otras actividades criminales como el contrabando de combustible, minerales y alimentos.