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Crímenes sin Castigo: Las cárceles de la FAN (I)

Dgcim

 

Los centros de detención y los retenes de la Fuerza Armada padecen el impacto de la Operación Zamora, y cada día se parecen más al resto de las instalaciones penitenciarias del país

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

 

La organización no gubernamental Una Ventana para la Libertad presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en los centros de reclusión dependientes de la Fuerza Armada Nacional. El documento tiende una mirada no solo a las cárceles y anexos militares, como son Ramo Verde (Miranda), La Pica (Monagas) y Santa Ana (Táchira), sino también a las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El trabajo de campo fue desarrollado durante los meses de septiembre a noviembre de 2017, cuando esas instalaciones continuaban impactadas por la ola de detenciones registrada apenas meses atrás en todo el país, como consecuencia de la puesta en marcha de la operación Zamora, y la militarización de los juicios a quienes manifestaron contra el Gobierno.

La primera y más evidente consecuencia fue el colapso de los centros para procesados militares y de la sección de calabozos de la Dgcim. En esta última instalación, ubicada en la zona industrial Boleíta Norte, los presos llegaron a estar en los pasillos de las zonas D y E de celdas, donde de acuerdo con testimonios pasaban todo el día de pie, esposados y de espaldas al área de paso, puesto que no había espacio en las celdas.

En la Dgcim, al igual que en el Sebin, las detenciones sin orden judicial y sin estar en condiciones de flagrancia son una práctica usual. El trabajo también documentó casos en los que se negaba a los familiares y abogados la presencia de detenidos en los calabozos. Esto fue aplicado no solo a civiles aprehendidos durante las manifestaciones, sino también a oficiales en retiro como el ex ministro de la Defensa, general en jefe Raúl Baduel.

Una característica de la Dgcim es que sus funcionarios no respetan los grados de los oficiales procesados o bajo pesquisa, algo que es mandatorio en el resto de la institución militar. Los agentes de Contrainteligencia Militar se creen y actúan como si estuviesen por encima de las leyes. Entonces, a un general de brigada activo, preso por la investigación a  propósito de un comentario, lo tenían en sudadera, en una celda a temperaturas cercanas a los diez grados centígrados.

El trabajo, además, documentó casos de tortura en el curso de interrogatorios a individuos detenidos por manifestar. No solo se trataba de la exposición al polvillo de granada lacrimógena (casi una marca registrada de la Dgcim), tal y como le hicieron al capitán Juan Carlos Caguaripano y al teniente Jefferson dos Ramos. También se aplican procedimientos tales como sofocar a la persona durante los interrogatorios, colocándole un saco en la cabeza, a veces impregnado con insecticida; golpear al detenido mientras le llueven preguntas en un local cerrado, o introducirle tachuelas debajo de las uñas.

La Dgcim nació al final del gobierno de Hugo Chávez, pero se podría decir que se formó y creció a imagen y semejanza de su heredero. Este despacho se erigió en una especie de policía interna de la Fuerza Armada, que a propósito de la militarización de la justicia ordinaria cada día proyecta su accionar más allá de los cuarteles.  No es casualidad, entonces, que el acento se ponga en la contrainteligencia, es decir, en la detección y “neutralización” de las amenazas –reales o ficticias- al régimen de Maduro.

 

Ola de presos

Según este reporte, la conflictividad política ocasionó un auténtico tsunami de presos a lo interno de la Fuerza Armada. Ya no eran solamente los oficiales y tropas descontentos con el Gobierno, sino los civiles detenidos por participar en protestas.

La Dgcim, desde luego, se hizo insuficiente. El trabajo de la ONG logró documentar que para inicios de 2017 permanecían más de 2.800 personas en calabozos de unidades militares. Cada comando de zona de la Guardia Nacional albergó detenidos tanto por razones políticas como por cometer algún delito, y a menudo permanecían mezclados en las mismas celdas o espacios de reclusión.

Lo mismo ocurrió en la Brigada de Policía Militar José de San Martín, en Fuerte Tiuna, antaño un lugar destinado a lo que llamaban “presos VIP” (Chávez estuvo allí en abril de 2002), que en 2017 llegó a situaciones de hacinamiento hasta del 50%.

 

Breves

* Cinco sargentos fueron puestos a las órdenes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a propósito de la queja colectiva que protagonizaron el 10 de enero en el destacamento de Seguridad Urbana de Fuerte Tiuna. Los uniformados, como se recordará, divulgaron a través de YouTube un video en el cual se comunicaban con la jerarquía castrense con la finalidad de expresar las precarias condiciones en las que les tocaba trabajar, y el hambre que estaban pasando. Al tratarse de una queja colectiva, el incidente fue abordado como una falta a la autoridad, que incluso podría ameritar la apertura de expedientes en el fuero castrense. El tema es que la situación de precariedad al interior de los cuarteles resulta inocultable. Poco después de esto, a través de las redes sociales se divulgó las características de la ración que estaba recibiendo un capitán activo, y que consistía en pasta y agua. El factor hambre también está afectando a la oficialidad, y definitivamente está minando la moral de las tropas, las mismas que permanentemente son llamadas por Maduro y el Alto Mando para que den la cara en defensa del proceso político.

 

* El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, introdujo un nuevo control para la manipulación de los registros del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol). En una circular interna, dispuso que los operadores debían llevar también un cuaderno manuscrito con los datos sobre las personas que estaban haciendo las solicitudes de información, así como las fechas, horas y demás detalles. Ya en 2016 habían comenzado las restricciones para las búsquedas a través de este sistema, pues era claro que la información manejada posee un valor muy elevado, en virtud de los antecedentes penales de muchos de los altos representantes del régimen. Esta nueva circular fue divulgada en los despachos policiales en momentos en que se desarrolla una investigación contra tres funcionarios del cuerpo detectivesco en el estado Táchira, señalados de haber participado en una búsqueda de antecedentes del constituyentista Diosdado Cabello, así como otros altos funcionarios.

 

* El clima institucional en la policía judicial está muy enrarecido. A la directiva, encabezada por el comisario general Douglas Rico, se le reclama la falta de solidaridad en el proceso que finalizó el 15 de enero con la matanza del inspector jefe de ese organismo Oscar Pérez. En los foros policiales se recordó que el comisario se involucró directamente en las negociaciones para la resolución de una situación de rehenes protagonizada por Claudio Giménez Gómez, un secuestrador radicado en la Cota 905 conocido como Buñuelo, en febrero de 2016. En cambio, nada hizo para salvar la vida del instructor, acorralado junto a otras seis personas en una vivienda de la urbanización El Araguaney, que había manifestado su intención de entregarse. Rico se dejó atrapar por el discurso polarizante del Gobierno, que pretendía colocar al inspector Pérez en el mismo plano que los miembros de los grupos fundamentalistas. Luego, para colmo, permitió que sus agentes fuesen vejados y asaltados por miembros de colectivos armados en la avenida Urdaneta. Tantos hechos y tan seguidos solo contribuyen a minar aún más la moral y la efectividad de una institución de rango constitucional, creada en democracia para la investigación y la represión de la actividad criminal.

 

EFE: Las cárceles de Venezuela se sacuden las heridas de un sistema fallido

carcel26julio

 

Las cárceles de Venezuela, que durante décadas fueron ciudades intramuros de violencia, armas, drogas y delito, ahora son objeto de la transformación del “nuevo sistema penitenciario”, un régimen diseñado por el gobierno socialista para la construcción “del hombre nuevo”.

El desalojo de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), uno de los más peligrosos reductos del infausto sistema, a finales de octubre de 2016, es uno de los más recientes golpes del Ministerio de Servicios Penitenciarios para la reestructuración del sistema.

La prisión de máxima seguridad, que albergaba a una población de 5.000 internos, parecía desde fuera un retén como cualquier otro, con custodios en las garitas vigilando la alambrada, pero en el interior, al igual que en la mayoría de las prisiones venezolanas, el control era ejercido por los reclusos, incluso desde la entrada.

Restaurantes, panadería, servicio de manicura, tiendas para mascotas, drogas, motocicletas, discoteca, gimnasio, parque infantil, y un arsenal de armas a disposición, todo introducido por la puerta abierta de la corrupción entre los funcionarios y los reclusos.

Adentro las normas eran dictadas por el “pran”, un condenado que lidera a los demás internos, controla los alimentos, la venta de droga, las armas, el alquiler de las celdas, y el recaudo de la “causa”, una especie de “impuesto a la vida” que deben pagar los reclusos.

Los “pranatos” se convirtieron en una forma de “gobierno” que se emuló en buena parte de los 96 centros penitenciarios del país, un sistema que parece estar llegando a su fin.

Una escalada de violencia, la más larga y masiva del sistema penitenciario de la nación petrolera, en la cárcel de El Rodeo II, cercana a Caracas, dio pie para que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) creara el Ministerio de Servicio Penitenciario, una cartera que desde entonces ha buscado la refundación de los penales del país.

Ese episodio puso las cárceles en la cabeza de la lista de urgencias del gobierno de Chávez, que llegó a comparar la situación con un “cáncer” y admitió las “mafias incrustadas” entre algunos miembros del Ministerio del Interior y de Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

Desde entonces, Iris Varela, una chavista polémica por su encendido discurso, ha promovido la implantación de un riguroso “nuevo régimen” que se ha puesto en marcha hasta hoy en 83 cárceles nacionales y que ha provocado el cierre de otras seis.

Mientras custodios derriban las paredes de la PGV en busca de las armas ocultas que dejaron los presos antes del desalojo, en el que los reclusos solo pudieron llevar consigo sus calzoncillos, a unos kilómetros está la “26 de julio”, uno de los 83 nuevos centros penitenciarios que operan bajo “el nuevo régimen”.

Una rigurosa disciplina militarizada conduce los movimientos de los internos que hasta hace poco habitaban las amuralladas capitales del delito, entre juergas, drogas y fusiles automáticos.

Ahora permanecen uniformados y alineados en una formación marcial.

El nuevo régimen bajo el que están dos tercios de la población de los penales de jurisdicción del gobierno venezolano impone el toque de diana a las 5.30 horas locales y una lista de actividades que copan todo el día hasta el toque de silencio a las 21.00 horas.

Las nuevas prisiones tienen inhibidores de señal, escáneres en las entradas que bloquean el ingreso de armas, drogas, equipos electrónicos y teléfonos celulares, además de un estricto régimen de visita.

Media docena de presos vestidos de amarillo y guardados en su celda a la espera del toque de silencio recuerdan con terror el antiguo régimen y uno de ellos afirma: “Ahora nos sentimos seguros, al menos comemos tres veces al día, estudiamos, y hacemos cosas que no pensábamos en hacer en la calle”.

En el patio, luego de disolverse la formación, otro recluso asegura que ya no tiene miedo de los “pranes”, ahora “son como uno más”, dice.

Al otro lado del país, en el centro penitenciario del estado Mérida, el primero en ser pacificado, los reos siembran hortalizas en los patios, tallan madera, y pintan murales con el rostro de Chávez convencidos de la posibilidad del “hombre nuevo”.

Todavía siete centros penitenciarios de los 93 que existían en el país están bajo el antiguo régimen controlados por los “pranes” aunque, según Varela, se encuentran ya en “transición”.

En uno de ellos, el de Puente Ayala del estado Anzoategui, en el oriente de Venezuela, un “lucero”, como se conoce en el vocabulario de los prisioneros a los escolta de los pranes, se inquieta por la posibilidad de la llegada del nuevo régimen, y presiente que pronto será también su turno de entregar el “gobierno”.

En cárceles con

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Los reclusos las cárceles Yare, Rodeo I, II y III y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) se quejan de que últimamente no reciben alimentación en estos penales. Denuncian que cuando les dan comida solo les sirven una taza de arroz blanco y un vaso con agua al día. Los reos han bautizado a su porción ración como el “menú chino”, según señala Carlos Nieto Palma, director de la ONG “Una ventana a la libertad”.

Estos centros de reclusión están administrados bajo nuevo régimen penitenciario, el cual impide que los familiares lleven comida a los reos. El 80% de las cárceles del país se manejan bajo este esquema, según la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela.

Familiares de la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el Estado Lara, denunciaron ante la ONG que les han comunicado que el Estado no puede seguir alimentando a los presos y, por tanto, ellos debían asumir esa responsabilidad. “Ahora bien las familias que viven lejos, en otras ciudades, en otros estados, ¿cómo hacen? Aparte de que las visitas son en días de semana y esto hace humanamente imposible atender a las exigencias de las autoridades al respecto. ¿Qué pasará con los privados de libertad? ¿Morirán por inanición?”, se preguntan los parientes de los reclusos.

Además de la falta de comida, los privados de libertad se quejan de que son maltratados por parte del personal de prisiones con objetos contundentes como bates, cadenas y paños mojados. Nieto Palma recuerda que “los hombres y mujeres privadas de libertad están bajo la total tutela del Estado venezolano y son ellos los responsables de garantizar y satisfacer sus derechos humanos dentro de la prisión”.

Reclusos del Complejo Penitenciario Región Capital Yare III enviaron a “Una ventana a la libertad” videos y fotos que muestran cómo se han visto obligados a cazar gatos para alimentarse, porque “en el recinto no les dan comida y tampoco permiten que sus familiares les lleven”. Vea a continuación el material enviado desde Yare III:

Sin embargo, hay otras cárceles, como en el Centro Penitenciario de Aragua —conocido como Tocorón— donde no ha sido aplicado el régimen penitenciario y los presos disponen de una discoteca, un zoológico, una piscina, un banco e incluso un restaurante con menú variado: El Sazón del Hampa.

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Jul 03, 2015 | Actualizado hace 4 años
Detenidos de Polisalias levantan huelga de hambre

PolisaliasCarmenMavares

 

Luego de la amenaza de huelga de hambre que mantuvieron los detenidos de la sede de Polisalias, este jueves enviaron un comunicado a las autoridades del organismo policial, notificando el levantamiento de la misma.

Los privados de libertad de la sede de la policía de Los Salias habían exigido una serie de peticiones bajo amenaza de huelga de hambre la madrugada de este martes, donde la mas resaltante era su traslado a los distintos centros penitenciarios.

“Mediante el dialogo se logró que los detenidos depusieran su actitud de declararse en huelga de hambre, logrando así que accedieran a consumir sus alimentos de forma regular.” Informó la directora de polisalias, comisionada Carmen Mavares.

Asi mismo, Mavares aseguró que  se están ratificando la solicitud de los cupos en los centros penintenciarios, para trasladar a la población de privados de libertad que se encuentra en los calabozos.

Foto leyenda: Directora de polisalias, comisionada Carmen Mavares.