Los centros de detención y los retenes de la Fuerza Armada padecen el impacto de la Operación Zamora, y cada día se parecen más al resto de las instalaciones penitenciarias del país

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

La organización no gubernamental Una Ventana para la Libertad presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en los centros de reclusión dependientes de la Fuerza Armada Nacional. El documento tiende una mirada no solo a las cárceles y anexos militares, como son Ramo Verde (Miranda), La Pica (Monagas) y Santa Ana (Táchira), sino también a las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El trabajo de campo fue desarrollado durante los meses de septiembre a noviembre de 2017, cuando esas instalaciones continuaban impactadas por la ola de detenciones registrada apenas meses atrás en todo el país, como consecuencia de la puesta en marcha de la operación Zamora, y la militarización de los juicios a quienes manifestaron contra el Gobierno.

La primera y más evidente consecuencia fue el colapso de los centros para procesados militares y de la sección de calabozos de la Dgcim. En esta última instalación, ubicada en la zona industrial Boleíta Norte, los presos llegaron a estar en los pasillos de las zonas D y E de celdas, donde de acuerdo con testimonios pasaban todo el día de pie, esposados y de espaldas al área de paso, puesto que no había espacio en las celdas.

En la Dgcim, al igual que en el Sebin, las detenciones sin orden judicial y sin estar en condiciones de flagrancia son una práctica usual. El trabajo también documentó casos en los que se negaba a los familiares y abogados la presencia de detenidos en los calabozos. Esto fue aplicado no solo a civiles aprehendidos durante las manifestaciones, sino también a oficiales en retiro como el ex ministro de la Defensa, general en jefe Raúl Baduel.

Una característica de la Dgcim es que sus funcionarios no respetan los grados de los oficiales procesados o bajo pesquisa, algo que es mandatorio en el resto de la institución militar. Los agentes de Contrainteligencia Militar se creen y actúan como si estuviesen por encima de las leyes. Entonces, a un general de brigada activo, preso por la investigación a  propósito de un comentario, lo tenían en sudadera, en una celda a temperaturas cercanas a los diez grados centígrados.

El trabajo, además, documentó casos de tortura en el curso de interrogatorios a individuos detenidos por manifestar. No solo se trataba de la exposición al polvillo de granada lacrimógena (casi una marca registrada de la Dgcim), tal y como le hicieron al capitán Juan Carlos Caguaripano y al teniente Jefferson dos Ramos. También se aplican procedimientos tales como sofocar a la persona durante los interrogatorios, colocándole un saco en la cabeza, a veces impregnado con insecticida; golpear al detenido mientras le llueven preguntas en un local cerrado, o introducirle tachuelas debajo de las uñas.

La Dgcim nació al final del gobierno de Hugo Chávez, pero se podría decir que se formó y creció a imagen y semejanza de su heredero. Este despacho se erigió en una especie de policía interna de la Fuerza Armada, que a propósito de la militarización de la justicia ordinaria cada día proyecta su accionar más allá de los cuarteles.  No es casualidad, entonces, que el acento se ponga en la contrainteligencia, es decir, en la detección y “neutralización” de las amenazas –reales o ficticias- al régimen de Maduro.

Ola de presos

Según este reporte, la conflictividad política ocasionó un auténtico tsunami de presos a lo interno de la Fuerza Armada. Ya no eran solamente los oficiales y tropas descontentos con el Gobierno, sino los civiles detenidos por participar en protestas.

La Dgcim, desde luego, se hizo insuficiente. El trabajo de la ONG logró documentar que para inicios de 2017 permanecían más de 2.800 personas en calabozos de unidades militares. Cada comando de zona de la Guardia Nacional albergó detenidos tanto por razones políticas como por cometer algún delito, y a menudo permanecían mezclados en las mismas celdas o espacios de reclusión.

Lo mismo ocurrió en la Brigada de Policía Militar José de San Martín, en Fuerte Tiuna, antaño un lugar destinado a lo que llamaban “presos VIP” (Chávez estuvo allí en abril de 2002), que en 2017 llegó a situaciones de hacinamiento hasta del 50%.

Breves

* Cinco sargentos fueron puestos a las órdenes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a propósito de la queja colectiva que protagonizaron el 10 de enero en el destacamento de Seguridad Urbana de Fuerte Tiuna. Los uniformados, como se recordará, divulgaron a través de YouTube un video en el cual se comunicaban con la jerarquía castrense con la finalidad de expresar las precarias condiciones en las que les tocaba trabajar, y el hambre que estaban pasando. Al tratarse de una queja colectiva, el incidente fue abordado como una falta a la autoridad, que incluso podría ameritar la apertura de expedientes en el fuero castrense. El tema es que la situación de precariedad al interior de los cuarteles resulta inocultable. Poco después de esto, a través de las redes sociales se divulgó las características de la ración que estaba recibiendo un capitán activo, y que consistía en pasta y agua. El factor hambre también está afectando a la oficialidad, y definitivamente está minando la moral de las tropas, las mismas que permanentemente son llamadas por Maduro y el Alto Mando para que den la cara en defensa del proceso político.

* El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, introdujo un nuevo control para la manipulación de los registros del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol). En una circular interna, dispuso que los operadores debían llevar también un cuaderno manuscrito con los datos sobre las personas que estaban haciendo las solicitudes de información, así como las fechas, horas y demás detalles. Ya en 2016 habían comenzado las restricciones para las búsquedas a través de este sistema, pues era claro que la información manejada posee un valor muy elevado, en virtud de los antecedentes penales de muchos de los altos representantes del régimen. Esta nueva circular fue divulgada en los despachos policiales en momentos en que se desarrolla una investigación contra tres funcionarios del cuerpo detectivesco en el estado Táchira, señalados de haber participado en una búsqueda de antecedentes del constituyentista Diosdado Cabello, así como otros altos funcionarios.

* El clima institucional en la policía judicial está muy enrarecido. A la directiva, encabezada por el comisario general Douglas Rico, se le reclama la falta de solidaridad en el proceso que finalizó el 15 de enero con la matanza del inspector jefe de ese organismo Oscar Pérez. En los foros policiales se recordó que el comisario se involucró directamente en las negociaciones para la resolución de una situación de rehenes protagonizada por Claudio Giménez Gómez, un secuestrador radicado en la Cota 905 conocido como Buñuelo, en febrero de 2016. En cambio, nada hizo para salvar la vida del instructor, acorralado junto a otras seis personas en una vivienda de la urbanización El Araguaney, que había manifestado su intención de entregarse. Rico se dejó atrapar por el discurso polarizante del Gobierno, que pretendía colocar al inspector Pérez en el mismo plano que los miembros de los grupos fundamentalistas. Luego, para colmo, permitió que sus agentes fuesen vejados y asaltados por miembros de colectivos armados en la avenida Urdaneta. Tantos hechos y tan seguidos solo contribuyen a minar aún más la moral y la efectividad de una institución de rango constitucional, creada en democracia para la investigación y la represión de la actividad criminal.