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El juez Robert N. Scola Jr. accedió a retirar la mayoría de cargos tras una solicitud hecha hoy por escrito por el fiscal Kurt Lunkenheimer basado en las «garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición»

La tarde de este lunes, 1 de noviembre, una corte de Estados Unidos pospuso hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, y ordenó desestimar 7 de las 8 acusaciones penales contra él para cumplir con las garantías dadas a Cabo Verde en el proceso de extradición.

La lectura de cargos estaba prevista para esta jornada pero se aplazó por dos semanas, según los documentos judiciales publicados hoy.

El juez Robert N. Scola Jr. accedió a retirar la mayoría de cargos tras una solicitud hecha hoy por escrito por el fiscal Kurt Lunkenheimer.

Lunkenheimer pidió retirar los siete cargos de lavado de activos y dejar solo el de conspiración basado en las «garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición», que se concretó el 16 de octubre con la llegada de Saab a Miami.

La Fiscalía señala en un documento publicado en el sistema electrónico judicial estadounidense que la petición incluye solamente a Saab, y no al otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.

Según señala por Twitter el periodista venezolano exiliado Roberto Deniz, que ha denunciado a Saab en sus escritos, parte del acuerdo con Cabo Verde era desestimar casos para no superar en EE.UU. la pena máxima de ese país africano.

A juicio de Deniz, esta noticia confirma que a Alex Saab se le han respetado todos sus derechos tanto en Cabo Verde como en Estados Unidos. «Ya quisieran los presos venezolanos contar con todos los derechos y posibilidades de defensa que ha tenido Saab», señaló el periodista.

Esa noticia confirma que al señor Alex Saab se le han respetado todos sus derechos tanto en Cabo Verde como en los Estados Unidos. Ya quisieran los presos venezolanos contar con todos los derechos y posibilidades de defensa que ha tenido Saab.

— Roberto Deniz (@robertodeniz) November 1, 2021

Hoy los propagandistas de Alex Saab también mentían al decir que Saab está “aislado” sin derecho a ver a sus abogados. Ha estado aislado por los protocolos Covid y por eso le dieron dos semanas más a los abogados para la próxima audiencia.

— Roberto Deniz (@robertodeniz) November 1, 2021

La Fiscalía señala además que la petición incluye solamente a Saab, y no al otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.

A la cita de hoy la prensa no tuvo acceso a través de Zoom ni de forma presencial después de que algunos medios publicaran fotos de Saab durante la primera audiencia tomadas de esa plataforma el pasado 18 de octubre, lo cual es ilegal.

El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, respondiendo así a una petición de EE. UU. cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.

Tras su detención, Venezuela aseguró que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela»

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Nicolás Maduro.

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*Con información de EFE y El País.es

La Fiscalía brasileña presentó hoy cargos por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, en una investigación sobre la propiedad de un apartamento en la playa que los fiscales le atribuyen y que el ex gobernante niega poseer.

Se trata de la primera imputación formal contra Lula en las tres causas en que es investigado por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en la petrolera estatal Petrobras.

La acusación se extiende al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, informaron los fiscales responsables por el caso en una rueda de prensa en la ciudad de Curitiba, en donde están centradas las investigaciones sobre el gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras.

Los tres cargos presentados contra Lula y su esposa son corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales, según la acusación.

Igualmente fueron presentados cargos contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el ex presidente y un ingeniero de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con la petrolera estatal.

De acuerdo con la acusación, la OAS gastó 1,1 millones de reales (unos 333.000 dólares) en reformar y amueblar un apartamento en Guarujá que sería para uso de la familia Lula, pese a que su nombre no aparece en los papeles de propiedad.

Los fiscales también acusaron a la OAS de haber pagado 1,3 millones de reales (unos 393.940 dólares) por el alquiler del depósito en el que Lula guardó entre 2011 y 2016 los regalos que recibió cuando era jefe de Estado.

De acuerdo con Fiscalía, sumados los gastos con el alquiler del depósito y las reformas del apartamento de playa, Lula recibió cerca de 2,4 millones de reales (unos 727.272 dólares) en ventajas indebidas de la OAS.

La investigación se refiere a un apartamento de tres pisos en Guarujá, un balneario en el litoral del estado de Sao Paulo, por el que Lula pagó una cuota inicial.

Los abogados de Lula alegan que el expresidente desistió del negocio y pidió que le devolvieran el dinero, por lo que no se le puede atribuir la propiedad del inmueble.

El apartamento, sin embargo, fue sometido a costosas reformas pagadas por la OAS y amueblado por la constructora según las orientaciones hechas por la familia Lula, de acuerdo con la Fiscalía.

Además de los testimonios de Pinheiro y Gordilho, los fiscales dicen tener como pruebas fotografías que muestran a Lula y a su esposa visitando la vivienda en compañía del ingeniero responsable por las obras.

La acusación hecha este miércoles por la Fiscalía será analizada ahora por el juez federal Sergio Moro, responsable por la investigación sobre los desvíos en Petrobras y quien tendrá que decidir si acepta los cargos y abre juicio contra los acusados, que pasarían a la condición de reos.

El e xmandatario también es investigado por la supuesta propiedad de una casa de campo en la ciudad de Atibaia, igualmente reformada por constructoras implicadas en los desvíos de Petrobras, así como por donaciones y recursos que recibió por supuestas conferencias que dictó en el exterior y que fueron encomendadas por empresas igualmente condenadas por las corruptelas en la petrolera.

Causa indignación la decisión anunciada por dirigentes del régimen de despedir a funcionarios públicos por el hecho de haber firmado la solicitud  de un referendo revocatorio. Diosdado Cabello afirma que de 13 mil cargos directivos en la Administración Pública, más de 4 mil personas firmaron para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro e instó a denunciarlos. Por su parte Jorge Rodríguez  declara que el presidente Nicolás Maduro fijó un plazo de 48 horas para que sus ministros despidiesen a algunos trabajadores de la administración pública que firmaron esa solicitud. Incluso Elías Jaua tuvo la desfachatez de afirmar que: «No es ético que un funcionario del gobierno firme para el revocatorio».

Esos señores tienen un patuque de fanatismo  en el cerebro. Nadie puede ser sancionado por solicitar un derecho constitucional. ¿O es que ellos creen que por el hecho de ser funcionario se pierden los derechos constitucionales?

El verdadero conflicto ético surge cuando un grupo considera que el revocatorio es sólo aplicable a otros, pero que ellos, por ser revolucionarios, no pueden ser revocados. ¡Qué equivocados están!

El artículo 72 de la Constitución dice textualmente:

«Todos los cargos y magistraturas de elección son revocables. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos  en la correspondiente circunscripción podrán solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato».

En vida, fue el  presidente Hugo Chávez quien promovió la figura del Referendo Revocatorio con la vehemencia que le era característica y fue él quien se empeñó en incluirla en la Constitución de 1999: «Pasada la mitad del mandato siempre me ha parecido que el pueblo debe someter a sus gobernantes a una evaluación (…) Tres años es tiempo más que suficiente para que un pueblo sepa si ese representante está cumpliendo, o si le ha dado la espalda”.

La realidad es que no ha existido un gobierno en toda la historia de Venezuela que, habiendo dispuesto de tantas oportunidades, haya terminado dándole de tal forma la espalda al pueblo. La economía venezolana  se ha hundido en una crisis económica sin precedentes, como sin precedentes es el crecimiento de la pobreza. Después de haber atravesado por casi tres lustros de súper abundancia petrolera, resulta inexplicable lo poco que le quedó al país. Todo se perdió en los vapores del populismo y la corrupción. Nada tiene de extraño que más del 80% de los venezolanos quieran hoy, siguiendo el consejo de Chávez, sancionar la labor del presidente Maduro.

Frente al colapso por el cual atravesamos, no queda otro recurso que acudir al «Poder Originario» para que conforme a lo establecido en el Art. 72 de la Constitución dictamine si el Presidente Maduro debe o no seguir al frente del Ejecutivo. La decisión quedaría en manos de «la voluntad originaria, soberana, suprema y directa del pueblo». Bloquear o retrasar esa consulta daría al traste con la legitimidad de origen del gobierno, desatando el riesgo de una reacción popular en su contra. En lugar de apelar al Art. 72, el país podría lanzarse por la vía del desconocimiento contemplada en el Art. 350. 

La «Toma de Caracas»  del 1de septiembre representa la voz de una parte mayoritaria del Poder Originario reclamando en forma pacífica y democrática el cumplimiento de un derecho constitucional. Si el régimen lo impide o lo retrasa, estará insurgiendo contra la voluntad del pueblo que lo eligió y que ahora tiene el derecho a revocarlo si se cumplen las condiciones.

Hoy, como nunca, la comunidad internacional está pendiente de lo que ocurre en Venezuela. El gobierno está cada vez más aislado. Ya pronto no podrá contar ni siquiera con su defensor estrella, Ernesto Samper -Secretario General saliente de UNASUR-  cuyo mandato concluye este mes. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú y Guyana no están dispuestos a reelegirlo. El repudio al régimen se manifiesta también en el MERCOSUR, donde la canciller Delsy Rodríguez tuvo que tragar la cicuta amarga del rechazo después de auto proclamar a Venezuela como presidente protempore de la organización.

 Y el régimen corre el riesgo de verse enfrentado a la más grave sanción de la OEA, en caso de obstaculizar la realización oportuna del Referendo. Así lo ha anunciado Luis Almagro.

El 1 de septiembre el mundo entero tendrá una inmensa lupa sobre Venezuela. Cualquier violación de los DDHH que se produzca ese día provocaría un repudio universal. Las FAN lo saben. El Ministro de la Defensa ha declarado que el pueblo tiene derecho a protestar en forma pacífica, tal como el 6D entendió que había que respetar los resultados electorales. 

La «Toma de Caracas», multitudinaria y pacífica,  será el termómetro que mostrará a todos, inclusive a nuestros propios militares, cuál es el camino que deseamos los venezolanos. Participemos todos. Hagamos del 1 de septiembre la manifestación más grande que hayamos tenido en Venezuela.

@josetorohardy

Cinco jefes de departamento de la estatal CVG Venalum fueron removidos de sus cargos luego de que la gerencia de personal constató que firmaron para solicitar la activación del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

El referendo, un mecanismo constitucional previsto en la Carta Magna, fue solicitado el pasado 2 de mayo por la coalición de partidos opositores organizados en Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La búsqueda de quiénes fueron los firmantes en la jerarquía del personal de confianza fue realizada por la gerencia de personal y posteriormente notificada al presidente de la reductora, Luis Augusto Jiménez, quien justificó el hecho como una decisión para cumplir las metas propuestas por la empresa y mantener el “agrado y simpatía mutua”.

Los trabajadores no fueron calificados de despido, pero al ser removidos pasaron a una suerte de “nómina especial”, en la que mantienen su sueldo y nivel en el tabulador, pero sin las primas que obtenían en su rol activo. Para funcionarios de la estatal consultados, los destituidos fueron dejados como un “jarrón chino”, lo que puede ser interpretado como un despido indirecto.

La movida era un secreto a voces en la reductora de aluminio en los últimos días, pero fue el presidente de la industria el que confirmó la remoción y justificó la separación de cargos por razones políticas, en entrevista telefónica con Correo del Caroní.

El hecho contraviene los artículos 19, 21, 57, 61, 67 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1971), relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.

“Cualquier empleado de cualquier empresa por mucha diferencia que pueda tener con sus jefes, sea empresa pública o privada, lo ideal es que si tiene diferencias se las reserve y no las manifieste abiertamente. Si el empleado no se alinea a los objetivos que tiene planteado el jefe, no van a llegar a concretar las metas propuestas porque esas diferencias rompen esa armonía que debe existir entre el jefe, empleados y cargos de dirección intermedia, porque por mucho que se trate de impedir, el del cargo intermedio no va a lograr trabajar con fuerza las instrucciones y lineamientos que dé el superior. Por eso deben estar alineados bajo un mismo objetivo”, justificó el presidente de la industria.

“Si un gerente es cristiano-evangélico, le agradaría que sus jefes y personal sean cristianos evangélicos. Si le tiene calentera a los evangélicos, porque tiene otra religión y lo manifiesta abiertamente, no van a llegar a una armonía”, aseguró.

Jiménez negó que existan calificaciones de despido y, aunque ha sugerido que los trabajadores con preferencias políticas distintas a la gubernamental guarden silencio, manifestó que su lineamiento “ha sido la inclusión y la armonía en pro de la recuperación de la empresa”.

A los cinco jefes de departamento removidos, dijo, “no se les va a despedir, ni he dado instrucción de que se les desmejore”.

-¿Cómo determinaron que eran estos seis trabajadores los que habían firmado? ¿Los buscaron en el portal del CNE? ¿Se enfocaron en el personal de dirección?

El detalle no te lo puedo decir, los jefes me dijeron ‘tengo este problema directo’ y se dio la instrucción. Yo no voy a ejercer presión para que no. Me imagino que la búsqueda fue así como tú lo planteas, ese trabajo no lo hago yo. Solo verifico que sea correcta.

Súmate recuerda a los funcionarios públicos que se postularon a diputados principales y suplentes para la Asamblea Nacional (AN) y que no estaban incluidos en las situaciones previstas en el artículo 189 de la Constitución, que según la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) del pasado 03 de septiembre de este año, deben separarse de sus cargos el día antes de iniciar la campaña electoral, es decir el jueves 12 de noviembre hasta el domingo 6 de Diciembre, día de las Elecciones Parlamentarias. Les aplica lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y 128 del Reglamento General de la LOPRE, por lo cual “…la separación temporal del cargo deberá estar vigente desde el día que inicie la campaña hasta el día de la elección, ambas fechas inclusive.”

Los funcionarios públicos que están dentro de este segundo grupo y que deben abandonar temporalmente sus cargos a partir del jueves 12 de noviembre hasta el domingo 6 de diciembre, de acuerdo al CNE, son los de elección popular como los alcaldes de los municipios San Francisco del estado Zulia (Omar Prieto) y Guanare del estado Portuguesa (Rafael Calles), además de los diputados a los Consejos Legislativos y Concejales; así como también deben separarse de sus cargos administrativos las esposas del Presidente de la República (Cilia Flores) y de los gobernadores de Nueva Esparta (Dinorah Villasmil de Mata),  del Táchira (Karla Jiménez) y Vargas (María Carneiro – María del Valle de García).

Súmate advierte que el incumplimiento de esta exigencia de la separación temporal de cargos, sumado a las otras condiciones de elegibilidad, podría producir la nulidad de los resultados electorales, en el caso de que obtengan el favorecimiento de los electores. Al mismo tiempo alerta que el artículo 129 del Reglamento General de la LOPRE señala que “…la postulación se tendrá como no presentada si la candidata o candidato reasume el cargo en cualquier momento del lapso previsto.”

La ONG explica que los artículos 58 de LOPRE y 129 del Reglamento General de la LOPRE obligan a la Administración Pública a conceder permisos a los funcionarios públicos, sin remuneración, para participar en el proceso electoral, mientras dure la separación de su cargo; con la excepción de aquellos funcionarios de elección popular que aspiren a la reelección en el mismo cargo.

Súmate también cuestiona la decisión del CNE del jueves 03 de septiembre por haber permitido a “Quienes estén optando por la reelección no… separarse del cargo…” Argumenta que lo estipulado por el artículo 58 de la LOPRE en cuanto a que “…Los funcionarios y las funcionarias de elección popular que aspiren a la reelección en sus cargos, podrán permanecer en los mismos durante todo el proceso electoral…”, aplica únicamente para los diputados que opten a la reelección por el mismo cargo en la misma circunscripción sea ésta nominal o lista (entidad federal) que actualmente representan en la AN.

Doble régimen de separación de cargos viola ”igualdad ante la ley”

La ONG insiste que todos los funcionarios públicos que se postularon como candidatos a la Asamblea Nacional debieron separarse de sus actuales cargos el pasado sábado 5 de septiembre, ya que el artículo 189 de la Constitución establece que no podrán ser elegidos diputados “…hasta tres meses después de la separación absoluta de sus cargos”; por lo quecalifica la decisión del CNE de establecer un doble régimen de separación de cargos como discriminatoria y violatoria del derecho constitucional de ”igualdad ante la ley”, estipulado en el artículo 21 de la Constitución.

SAO PAULO (AP) — La fiscalía federal de Brasil presentó cargos contra 35 personas relacionadas con un extenso esquema de corrupción en la petrolera estatal, informaron autoridades el jueves, entre ellos ejecutivos de algunas de las firmas de construcción más grandes del país.

Los cargos formales cierran una investigación de meses llamada «Operación Autolavado» que podría ser uno de los mayores casos de corrupción en el país sudamericano que se ha descubierto, y mientras las autoridades aseguran que buscarán recuperar casi 400 millones de dólares de los acusados.

Las autoridades dijeron que altos funcionarios de Petrobras operaron el esquema de sobornos en contratos valuados en hasta 4.000 millones de dólares, con el dinero de los contratos inflados eventualmente regresando al gobernante Partido del Trabajo y otros importantes partidos para campañas políticas.

«Estas personas robaron el orgullo de los brasileños», dijo el fiscal general Rodrigo Janot en conferencia de prensa en la ciudad sureña de Curitiba, donde un informante clave en el caso está detenido. «Estamos lejos de llegar al final» de la investigación, agregó el funcionario.

El fiscal Deltan Dallagnol dijo por su parte que «hemos comenzado a destruir la impunidad de grupos poderosos que han actuado contra los intereses de la nación durante muchos años».

Los ejecutivos acusados incluyen a algunos de las empresas OAS, Camargo Correa, UTC, Mendes Jr., Engevix y Galvao Engineering, además de dos ex funcionarios de Petrobras.

Están acusados de corrupción, lavado de dinero y de formar parte de una organización criminal. Un juez federal ahora decidirá si acepta todos o algunos de los cargos para comenzar el juicio.

Muchas de las acusaciones se centran en lo que la policía ha escuchado de Alberto Youssef, un convicto de transacciones monetarias en el mercado negro, y uno de los acusados el jueves. Él ha dicho que lavó cientos de millones de dólares en la trama y que el partido gobernante se benefició de eso.

Youssef, quien está hablando con la policía a cambio de una sentencia menor, asegura que la recién reelecta Dilma Rousseff y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabían de los sobornos. No ha ofrecido pruebas y ambos líderes niegan las acusaciones.

El caso ha afectado mucho a algunas de las empresas privadas más grandes de Brasil, que son con frecuencia importantes donadores para las campañas políticas a través de contribuciones legales.

Dos ex ejecutivos de Petrobras están entre los acusados. Renato Duque, ex director de servicios, fue detenido el mes pasado, y Paulo Roberto Costa, ex director de refinamiento, fue arrestado en marzo. Costa, quien llegó a un acuerdo judicial, ha dicho a las autoridades que aceptó sobornos de firmas de construcción y otros contratistas a cambio de otorgar contratos de la petrolera.

Petrobras, la empresa más grande del país, es la encargada de la exploración petrolera y de crear riqueza con la que los líderes esperan dar a Brasil estatus de nación desarrollada. Pero la endeudada compañía no ha alcanzado sus metas de desarrollo y la riqueza sigue en el subsuelo.

Las encuestas dicen que una buena parte de los brasileños creen que su gobierno es corrupto. Este caso sólo se suma a las sospechas, en especial cuando se trata de enormes trabajos de infraestructura que involucran fondos públicos.

El disgusto por la corrupción fue combustible para las enormes protestas del año pasado contra el gobierno en muchas ciudades de Brasil. La gente sacó la frustración por el lamentable estado de los servicios públicos y muchos relacionan el mal uso de sus impuestos y la corrupción a la mala calidad de hospitales, escuelas, transporte y seguridad pública.

Vía El Nacional 

Los resultados sobre las elecciones estudiantiles en la Universidad de los Andes continúan siendo una incertidumbre, luego de que la comisión electoral decidió no proclamar aún a los ganadores de la Federación de Centros Universitarios hasta tanto se repita el proceso en la sede de Trujillo.

El miércoles en la noche, cuando se iniciaba la totalización de los votos, unos encapuchados con armas de fuego asaltaron el núcleo de la ULA y quemaron las cajas con los votos y las actas electorales.

La comisión electoral reunida acordó retomar a partir de las 3:00 pm la recepción de los resultados por parte de las subcomisiones de cada facultad, informó Malin Pino, secretaria del árbitro comicial.

Ayer en la tarde se esperaba que fueran revelados los nombres de los nuevos representantes para los centros de estudiantes de cada facultad. Enrique Corao, presidente de la Comisión Electoral, informó que luego de revisar las actas con las subcomisiones se proclamaría a los ganadores de los centros de estudiantes y cargos de cogobierno universitario.

Las actividades académicas se desarrollaron ayer con normalidad en la mayoría de las facultades, a excepción de Humanidades, en Mérida, donde se restringió el paso al edificio B de aulas por los daños causados a los centros de estudiantes de Idiomas y Educación, señaló Rafael Cuevas, director de la Escuela de Historia y secretario de la Subcomisión Electoral.

Los encapuchados también quemaron una moto del servicio de vigilancia, así como las cajas contentivas de los votos de Humanidades; sin embargo, la subcomisión electoral logró resguardar las actas.

Cuevas aseguró que al inicio del proceso de escrutinios fue golpeado en la cara por un empleado de la casa de estudios y dirigente político del movimiento Colectivo 86.

“Estuve a punto de ser linchado, de no ser por la intervención de algunos estudiantes”.

El rector Mario Bonucci condenó los hechos de violencia e informó que se abrirá un expediente disciplinario contra el presunto empleado que agredió al director de Historia.

“Pedimos calma, tolerancia y prudencia. Que nadie se dé como ganador porque la comisión no ha emitido ningún boletín electoral”.

No obstante, hasta ayer en la tarde los candidatos en contienda, Gaby Arellano, apoyada por Voluntad Popular, Movimiento 13 de Marzo y Liberación 23, y Jorge Arellano, respaldado por los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, continuaron atribuyéndose el triunfo a través de las redes sociales.

Bonucci desmintió que hubiese heridos de bala como consecuencia de los actos violentos. “A un muchacho en Trujillo le dieron un cachazo. Los disparos al aire causaron un herido por vidrio en Mérida”, indicó.

Hizo un llamado al gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, a que resguarde las adyacencias de la universidad para evitar otros conatos de violencia.

USB eligió a sus dirigentes

La Universidad Simón Bolívar eligió ayer a los nuevos representantes de la junta directiva de la Federación de Centros de Estudiantes y a los 17 voceros de las facultades, bajo un ambiente de tranquilidad. Este año la participación fue superior, especialmente en el ciclo básico en el que se observó más presencia de votantes en las colas.

Jeancarlo León, vocal 1 de la comisión electoral, atribuyó el incremento de la participación a que este año sí hubo competencia, puesto que en años anteriores solo se presentaba una plancha. “La dirigencia estudiantil ganó más presencia entre los estudiantes, tienen más inquietud por conocer quiénes son sus representantes. Muchos se preocupan por saber si habrá paro o por el servicio de transporte”, dijo León. La proclamación de los ganadores se realizará en las próximas semanas.