El capitán de corbeta falleció el pasado 29 de junio bajo la custodia del Dgcim luego de recibir múltiples torturas
Dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron imputados este jueves 22 de octubre, por estar presuntamente vinculados en la muerte del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo, ocurrida el 29 de junio de 2019, informó la ONG Provea a través de su cuenta de Twitter.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había anulado la acusación contra estos funcionarios, el pasado 9 de octubre; sin embargo, este 22 de octubre se conoció la imputación de los uniformados.
«El informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y también del Informe de Amnistía Internacional sobre el caso del Capitán, las evidencias contundentes obligaron al #TSJ a revisar la sentencia», publicó Provea.
Provea también afirmó que la decisión evidencia tres aspectos fundamentales e irregulares en el proceso:
1.- “La complicidad en la primera imputación del Ministerio Público y, en particular, de quien ejerce funciones de fiscal general (Tarek William Saab), donde hubo el firme propósito de garantizar impunidad en un caso de grave violación a los derechos humanos”.
2.- “La complicidad del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, quien guardó silencio ante la imputación y posteriormente ante la sentencia, cuando era su obligación haber impugnado ese proceso, en el que además no se aplicaba la ley contra la tortura”.
3.- “Demuestra esta nueva imputación la fuerza del informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y también del informe de Amnistía Internacional sobre el caso del capitán. Las evidencias contundentes obligaron al TSJ a revisar la sentencia”.
Provea manifestó que los dos presuntos autores materiales muy posiblemente actuaron con la orden o complacencia de altas autoridades de la Dgcim. Sobre esto, la organización señaló a Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Por tanto, exigió que se investigue la cadena de mando.
“El asesinato mediante tortura del capitán Acosta Arévalo fue resultado de una estructura criminal que convirtió las violaciones graves a los derechos humanos en una política de Estado, a tal nivel que hay motivos razonables para considerar que se han cometido delitos de lesa humanidad”, finalizó.
Por su parte, el abogado Alonso Medina Roa, especialista en Derechos Humanos, señaló que los delitos imputados por el Ministerio Público a los funcionarios fueron homicidio calificado con alevosía y tortura.
Medina Roa criticó que los funcionarios del Dgcim no hayan sido acusados por el delito de tortura, condena que establece entre 15 a 25 años de prisión y también repudió que el Tribunal 36 tampoco determinó la responsabilidad de la cadena mando, responsables de resguardar la integridad del capitán.
Evidencia tres aspectos fundamentales: 1) La complicidad en la primera imputación del @MinpublicoVE y en particular del quien ejerce funciones de Fiscal General dónde hubo el firme propósito de garantizar impunidad en un caso de grave violación a los derechos humanos.
— PROVEA (@_Provea) October 22, 2020
3) Demuestra está nueva imputación la fuerza del Informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y también del Informe de @amnistia sobre el caso del Capitán. Las evidencias contundentes obligaron al #TSJ a revisar la sentencia.
— PROVEA (@_Provea) October 22, 2020
El asesinato mediante tortura del Capitán Acosta Arévalo fue resultado de una estructura criminal que convirtió las violaciones graves a los derechos humanos en una política de Estado a tal nivel que hay motivos razonables para considerar se han cometido delitos de lesa humanidad
— PROVEA (@_Provea) October 22, 2020
