Capitales

EN SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el Convenio Cambiario N° 1 con el objeto de “establecer la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional”. Se amagó con implantar un nuevo sistema  cambiario en el que oferentes y demandantes pactarían sus operaciones de compra-venta sin restricción alguna; pero, contradictoriamente, se estableció la centralización en el BCV de las operaciones de compra-venta de divisas provenientes del sector público, las exportaciones privadas, la inversión extranjera, las remesas, así como las operaciones de embajadas, consulados y organismos internacionales.

Con la reciente Resolución N° 19-05-01 del BCV, ya no es necesario pasar por el instituto emisor. Así finalmente se libera el mercado cambiario y quienes necesiten vender o comprar divisas ya no tendrán que hacerlo a través de las subastas del Dicom, sino que podrán hacerlo directamente a través de las mesas de cambio que los bancos activarán para sus clientes y para las transacciones interbancarias.

En adelante, las operaciones de compra-venta a través de la banca podrán realizarse todos los días, y no solo cuando se convoquen subastas del Dicom. La liquidación de las divisas se hará a través de los bancos, sin depender del BCV que se limitará a publicar diariamente el tipo de cambio promedio ponderado a partir de la información que le suministren los bancos.  

¿Por qué se libera el control cambiario luego de 16 años?

Recordemos que la caída de los precios del petróleo, combinado con la debacle en la producción de Pdvsa, golpeó severamente el ingreso de petrodivisas que se vendían muy baratas a través del control cambiario. El derrumbe de la renta petrolera sentenció el fin de las divisas preferenciales, el cupo para compras electrónicas y el cupo Cadivi para viajeros.

Luego, las sanciones aplicadas a Pdvsa por el gobierno de Trump dejaron sin mercado más de 500 mil barriles que la compañía vendía a refinerías en los Estados Unidos. Como estas eran las únicas exportaciones que prácticamente generaban flujo de caja neto en divisas, el BCV se quedó seco. Para compensar esta caída, a partir de enero ocurrió un fenómeno insólito y fue que la tasa de cambio oficial Dicom comenzó a ser mayor que el paralelo, razón por la cual las divisas privadas comenzaron a ser vendidas al BCV que ofrecía una tasa de cambio más atractiva.

Pero al ser sancionado el instituto emisor por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los inversionistas extranjeros y las empresas nacionales se inhibieron de hacer operaciones de compra venta a través del Dicom para evitar también ser sancionados, aun cuando la tasa de cambio ofrecida por el BCV fuese mayor que el paralelo. Para evadir esta restricción y evitar el colapso definitivo del aparato productivo, el BCV decidió liberar el mercado cambiario para que los privados realicen directamente sus operaciones de compra-venta de divisas, sin tener que pasar por Dicom o por el BCV. Así, esperan estimular nuevas fuentes de divisas por la vía de inversiones extranjeras, repatriación de capitales de origen venezolano depositados en el exterior, exportaciones privadas no petroleras, envío de remesas, turismo internacional, así como la venta de divisas que harán en esas mesas de dinero las embajadas, consulados y organismos internacionales.

Liberación largamente esperada

Por primera vez desde que se implantó el control de cambio en 2003, el sistema de adjudicación de divisas ya no estará administrado por el gobierno. La flexibilización y liberación del mercado cambiario ha sido una larga exigencia de los exportadores no petroleros y de los inversionistas extranjeros, particularmente de los socios de Pdvsa en las empresas mixtas. Los exportadores privados estaban condenados a cambiar su ingreso en divisas a la desventajosa tasa de cambio oficial, razón por la cual la cantidad de bolívares que recibían no les alcanzaba para pagar los crecientes costos domésticos que llegaron a aumentar más de 100% mensual.

En presencia de una voraz hiperinflación, el freno que el gobierno aplicaba a la evolución de la tasa de cambio oficial obligaba a los inversionistas extranjeros a traer más divisas para poder cubrir los crecientes costos nacionales, castigando así la rentabilidad de la inversión.

Resultaba más que necesario una tasa de cambio libre y flotante para hacer rendir las divisas provenientes de las exportaciones no petroleras, inversión extranjera y repatriación de capitales destinadas a la inversión productiva. Al obtener más bolívares por cada dólar se puede estimular un aumento de la inversión y la producción, en función de superar los problemas de escasez que azotan a la población.  

Con una tasa de cambio flotante que les permita obtener suficientes bolívares para cubrir los encarecidos costos domésticos, los exportadores nacionales y los inversionistas extranjeros se verán estimulados a traer cada vez más divisas para cambiarlas por bolívares en las mesas de cambio que se activarán en la banca.

Medida necesaria más no suficiente

Pero despenalizar, flexibilizar y finalmente liberar el mercado cambiario son incentivos necesarios más no suficientes. Lamentablemente, esta decisión se toma en el marco de una economía colapsada que genera pocas divisas y de un sistema bancario sin posibilidades de cumplir con su papel de intermediación financiera, debido a que prácticamente todos los bolívares que capta del público los debe depositar en el BCV como encaje legal. El BCV aplicó medidas muy restrictivas a la banca al subir el encaje legal ordinario a 57% de los depósitos y a 100% el encaje legal marginal. Prácticamente ha dejado a los bancos sin liquidez para cubrir las operaciones del mercado cambiario.

Tengamos en cuenta que para comprar divisas se necesitan bolívares y para pagarlas también. Al elevar al máximo el porcentaje de captaciones del público que los bancos no pueden mover, se limita el otorgamiento de créditos en bolívares para la producción y el consumo. Si aumenta la oferta de divisas pero al mismo tiempo hay menos bolívares para comprar, la tasa de cambio tenderá a estabilizarse y bajar, pero al precio de terminar de quebrar la muy precaria economía venezolana que no encontrará posibilidades de financiamiento en la banca comercial. Para que el levantamiento del control de cambio tenga un efecto positivo sobre la actividad productiva y no solo sobre el precio de la divisa, es necesario flexibilizar la rígida política de encaje legal  que está estrangulando a los bancos y poniendo en un serio peligro a todo el sistema financiero.

Pretender drenar el exceso de liquidez monetaria limitando la creación de dinero bancario, mientras el BCV sigue emitiendo dinero inorgánico para cubrir el déficit de las empresas públicas es totalmente contraproducente. Restringir la liquidez en bolívares para forzar la oferta de divisas por parte de las empresas privadas e instituciones nacionales e internacionales que mantienen operaciones en Venezuela, puede desembocar en un colapso aun mayor del aparato productivo y un agravamiento de la escasez, aun cuando el gobierno se llene la boca y haga gárgaras diciendo que ahora si va a pulverizar el dólar paralelo.

¿De dónde saldrán las divisas?

La repatriación de capitales, la inversión extranjera y las exportaciones no petroleras crecerán a la velocidad y montos que el país necesita siempre y cuando se logre la estabilidad macroeconómica, se garantice la seguridad jurídica y los derechos de propiedad, transparencia y flexibilidad en los trámites administrativos, paz laboral, así como buenos servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y una adecuada infraestructura de autopistas, ferrovías, puertos y aeropuertos que creen un ambiente propicio para la actividad productiva.

En consecuencia, para activar nuevas fuentes de divisas que alimenten el mercado cambiario se requiere un programa de reformas económicas con las medidas correctas, aplicadas en su secuencia lógica y a un ritmo adecuado. Esto permitirá estabilizar la macroeconomía y garantizar la seguridad jurídica y derechos de propiedad que permita abrir los siguientes grifos de divisas:

• Inversión extranjera
• Exportaciones privadas
• Repatriación de capitales
• Remesas
• Turismo internacional
• Embajadas, consulados y organismos internacionales.

@victoralvarezr

HÉCTOR NAVARRO, EX MINISTRO DE HUGO CHÁVEZ, manifestó que prefiere que EE UU no devuelva al gobierno del presidente Nicolás Maduro los capitales confiscados al ex tesorero Alejandro Andrade.

“Preferiría que, cuando se produzca un cambio de gobierno hacia un gobierno decente, ese dinero sea devuelto a Venezuela», dijo en una entrevista para Aporrea.

El también profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) consideró lamentable que a Andrade no lo investigue la justicia venezolana, sino EE UU. “Me aterra que Estados Unidos devuelva el dinero a este gobierno corrupto, y este gobierno corrupto se lo vuelva a robar”.

Insistió en que el dinero “debe ser devuelto, pero más adelante para ponerlo al servicio del pueblo”.

A los exviceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas

Un juzgado de Andorra ha procesado este jueves a 28 personas, entre las que figuran los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera, según fuentes próximas a la causa consultadas por EL PAÍS.

La trama escondió el botín de sus comisiones ilegales a 7.400 kilómetros de Caracas, en los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA).

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance ha encausado también a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; y al exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez.

El magnate venezolano de los seguros Omar Farías aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala.

Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, -una mole que produce 1,6 millones de barriles al día-, la maquinaria cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA, tal y como reveló este periódico.

De acuerdo con un portavoz de la policía española el ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, fue detenido bajo una orden de arresto estadounidense por su presunta participación en un importante plan de soborno relacionado con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), reseñó AP.

Un portavoz de la Guardia Civil le indicó a AP que Nervis Villalobos fue arrestado este jueves en Madrid por una unidad policial especializada en delitos de lavado de dinero en una acusación formal de fiscales federales de los EEUU. El vocero dijo bajo condición de anonimato que el ex funcionario de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Luis Carlos de León también fue detenido, junto con un ex ejecutivo de la unidad de compras de Pdvsa.

Villalobos sería el primer ex alto funcionario detenido como parte de una amplia investigación estadounidense sobre corrupción en Pdvsa que ya ha llevado a 10 empresarios a declararse culpables.

Por su parte, el semanario Tiempo Latino informó la detención también en Madrid del ex presidente de la Electricidad de Caracas y Bariven, filial de Pdvsa, Javier Alvarado, por estar implicado en casos de corrupción en proyectos electricidad en Venezuela.

Villalobos, Ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad del Zulia, fue viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez. El ex funcionario estuvo al frente de planes de incremento de generación eléctrica, como el de La Vueltosa (Mérida y Táchira).

El 15 de marzo de 2015 el diario español El Mundo lo incluyó en un grupo de altos jerarcas del gobierno venezolano con cuentas en el Banco de Madrid y Banco Privado de Andorra, ahorros en dólares que serían producto del pago de comisiones. Según la nota, una de esas cuantiosas comisiones fue pagada por la compañía española Duro Felguera.

El 19 de septiembre de 2017 se presentó la querella ante la Audiencia Nacional contra el presidente de la compañía asturiana, Ángel Antonio del Valle Suárez, su antecesor Juan Carlos Torres Inclán, Villalobos, Alvarado, así como contra la propia empresa Duro Felguera y dos sociedades vinculadas a los venezolanos, sostuvo el diario español El Mundo.

Duro Felguera pagó a Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica (2001-2006), un total de 105,6 millones de dólares entre 2008 y 2013, valiéndose del cargo que mantenía en el gobierno.

La empresa firmó contrato en 2009 con la compañía Electricidad de Caracas, filial de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para construir la central de ciclo combinado Termocentro, a unos 50 kilómetros de Caracas, por más de 1.500 millones de euros.

Ese año el presidente Chávez decretó la emergencia eléctrica en Venezuela, lo que sirvió de excusa para contratar sin necesidad de pasar por las normas de licitación de Estado, los servicios requeridos para atender la situación de emergencia.

Los pagos a los funcionarios se realizaron a través de transferencias a cuentas domiciliadas en bancos suizos. Solo una transferencia se realizó a un banco español, Banco Madrid, hoy desaparecido.

PERFIL

Nervis Villalobos es ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia, señala el portal Poderopedia.

Ocupó cargos gerenciales en Enelven y fue director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Alí Rodríguez Araque.

Posteriormente, cuando Rafael Ramírez asumió ese ministerio, se convirtió en viceministro de Energía Eléctrica, donde se encargó de planes de incremento de la generación eléctrica, como el de La Vueltosa (Mérida y Táchira).

El año pasado, de forma extraoficial se conoció que Villalobos habría entrado al programa de protección de testigos de US Treasury Department, según Casto Ocando, quien señaló que el exfuncionario “aportará cuantiosa documentación al Tesoro norteamericano”.

En rueda de prensa, un grupo multidisciplinario de venezolanos encabezado por el Diputado Julio Montoya, el abogado Alejandro Rebolledo y la periodista Lourdes Ubieta informó que han abierto un proceso de investigación sobre la figura de un grupo de venezolanos que vive, visita y/o hace negocios en los EE.UU

El grupo integrado también por la abogada de inmigración María Trina Burgos y el penalista y ex fiscal norteamericano Eric Padrón, busca reabrir los expedientes migratorios en EE.UU de esos venezolanos presuntamente vinculados a sonados casos de corrupción como son los casos del Banco de Andorra, Bariven entre otros. Según el Diputado Montoya » no es posible que mientras en Venezuela la gente está sufriendo de escasez y falta de medicinas estos sujetos que se robaron al país vivan tranquilamente en una democracia como la norteamericana».

Para el abogado Alejandro Rebolledo es imperativo averiguar el estatus migratorio de estos venezolanos en Estados Unidos dado que «no se explica cómo pudieron sanear sus dineros mal habidos en el sistema financiero norteamericano y estamos seguros que con los antecedentes que poseen, estos sujetos mintieron a las autoridades norteamericanas en sus solicitudes».

Por su parte la abogada de inmigración María Trina Burgos explicó que cualquier venezolano que haya mentido u ocultado información en sus peticiones a inmigración puede ser susceptible de ser deportado inmediatamente, » si se confirma fraude las consecuencias son inmediatas e incluyen cárcel y deportación entre otras»

El abogado norteamericano Eric Padrón quien lleva la investigación en EE.UU de algunos de estos venezolanos vinculados a la delincuencia organizada informó que «mentir en solicitudes de asilos, residencia y naturalización son delitos federales que acarrean un mínimo de 5 años de cárcel mas congelamiento de bienes además de muchos agravantes que pueden complicar fuertemente el caso de los involucrados».

El grupo viajara a Washington en los próximos días a llevar los expedientes de los venezolanos investigados. Asegura el abogado Rebolledo que ante la evidencia de corrupción, lavado de dinero y violación de derechos humanos » no podemos permanecer callados y tampoco el gobierno de Estados Unidos debe cobijarlos. Por eso este primer paso es tan importante».

Según el grupo de profesionales que lleva adelante esta investigación el objetivo final de esta iniciativa es la recuperación de bienes y capitales.

«Devolverle al país todo lo que se han robado. Congelarles los bienes en EE.UU y eventualmente repatriar esos recursos para reconstruir a Venezuela» aseguro Rebolledo.

La periodista Lourdes Ubieta subió a la plataforma change.org una petición que sobre el tema acompañara los expedientes de los cuestionados venezolanos. A la fecha 3 mil personas la han firmado. “Es una manera de empoderar a la sociedad civil. Firmando están participando en esta iniciativa que no busca más nada que justicia real para Venezuela y los venezolanos » comentó Ubieta.

El gobierno de Guyana planea establecer varias ciudades en las regiones selváticas fronterizas con países vecinos sudamericanos mientras explota su interior rico en minerales, dijo el domingo la oficina del presidente, David Granger.

El gobernante afirmó que luego de las elecciones locales efectuadas hace dos semanas, las autoridades podrán crear las llamadas «capitales» en áreas fronterizas para controlar la zona y convertirse en «motores de negocios» en el oeste y el norte cerca de Venezuela y en el suroeste cerca de Brasil.

Las disputas entre los partidos de oposición y el anterior gobierno habían aplazado los comicios locales desde 1994. Se suponía que debían celebrarse cada tres años.

Algunos ayuntamientos funcionaban sin quórum de funcionarios elegidos porque muchos habían fallecido, emigrado o renunciado por su inconformidad con las circunstancias.

Granger dijo que los funcionarios recientemente elegidos colaborarán con el gobierno para establecer las «capitales» y administrarlas adecuadamente, imponer el orden e impulsar su potencial económico.

«Esas ciudades deben convertirse en motores de negocios», señaló Granger.

«Se permitirá a nuestros municipios un modelo corporativo en pro del fomento y para que se asocien activamente con inversionistas privados, como por ejemplo, para procesar la abundante producción agrícola del país orientada al consumo local y las exportaciones», agregó.

Según Granger, una posibilidad sería la ampliación de los procesos en el sector agrícola, que podría «convertirse en una fuente de empleo e ingresos para los municipios».

Otros planes futuros incluyen la regionalización de servicios básicos para que los habitantes de las zonas selváticas no tengan que viajar a la capital para hacer trámites de gobierno como la renovación de un pasaporte o solicitar un certificado de nacimiento, señaló.

El diputado y presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, calificó como imprescindible la recuperación de capitales sustraídos del país a través de actos de corrupción, cometidos a lo largo de los últimos 17 años. Afirmó que Venezuela será la primera nación en prepararse para la recuperación de dinero desviado al exterior antes de un cambio de gobierno.

Durante el foro internacional Perspectivas para la recuperación de activos de Venezuela, realizado el lunes 21 de marzo de 2016, Guevara recalcó la necesidad de generar los mecanismos necesarios para el rastreo y devolución de fondos públicos desviados en irregularidades administrativas. «La corrupción como la principal causa de la crisis que sufren los venezolanos».

“Debemos determinar las responsabilidades de los autores del mega saqueo sufrido por Venezuela. Pero incluso, es aún más importante y urgente que concentremos esfuerzos institucionales y políticos en devolverles a los venezolanos el dinero que se robaron unos corruptos de boina roja en nombre de los pobres. Debemos avanzar en la repatriación de esos capitales al país, para poder hacer frente a las necesidades de la gente”, enfatizó.

En su intervención, el parlamentario anunció que en las próximas semanas consignará ante la plenaria de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Recuperación de Activos. Igualmente, señaló a “Estamos en presencia del régimen más corrupto del hemisferio occidental, que además es responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Solamente con el dinero malversado en PDVSA, unos 10 mil millones de dólares, se puede pagar toda la deuda a los proveedores farmacéuticos y de insumos médicos, que es de 6 mil 450 millones de dólares. ¿Cómo se explica que en un país con control de cambio, unos cuantos funcionarios tienen cuentas en Andorra con aproximadamente 4 mil millones de dólares, suficientes para cancelar toda la deuda del sector alimentario, que es de cerca de 1.600 millones de dólares? La razón es muy fácil: corrupción”, subrayó.

Guevara anunció que la comisión que preside investigará la compra de equipos para la generación de energía eléctrica que se encuentran fuera de servicio o dañados.

“El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, debe explicar por qué si Venezuela tiene capacidad instalada para generar el doble de electricidad que necesita, se sufren constantes y prolongadas interrupciones del servicio en todos los estados. Si usted ayer sufrió un apagón en su ciudad o en su pueblo, es porque unos corruptos se confabularon con unos bolichicos y unos boliburgueses para robarse ese dinero”, insistió.

Por su parte, el abogado y especialista del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Basilea, Oscar Solórzano, resaltó que a pesar de que dichos procesos son largos y complejos, sí es posible recuperar fondos públicos desviados en actos de corrupción, partiendo de la base de la cooperación entre Estados y la legislación internacional vigente en la materia.

En el foro, organizado por la Comisión de Contraloría del Parlamento en alianza con la ONG Cuentas Claras, también participaron otros destacados profesionales en el área, como el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y Consultor jurídico de la AN, Jesús María Casal; la vicepresidenta de la sección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro de la Asociación Alemana de investigación sobre América Latina, Mariela Morales; la integrante del Latin American Centre de la Universidad Oxford, Maryhen Jiménez Morales; el especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración, y asesor del Parlamento Latinoamericano en materia de Derecho Internacional, Jesús Ollarves; y el ex diputado, ex Gobernador de Aragua, ex presidente de la Comisión Nacional Antidrogas y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, Carlos Tablante.

El Vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad y diputado por el estado Anzoátegui a la Asamblea Nacional, Armando Armas, en compañía del presidente del Partido Socialcristiano (COPEI), Roberto Enríquez, se comprometió a desengavetar el Proyecto de Ley de Repatriación de Capitales Forajidos y Lucha contra el Saqueo Financiero a Venezuela, introducido en el año 2015, por el entonces parlamentario, Roberto Enríquez.

En este sentido, el dirigente de la tolda verde manifestó sentirse confiado en el parlamentario Armas, a quien no dudo de calificar como una de las voces que se hace sentir con mayor fuerza en el debate legislativo.

“Estamos entregando al diputado Armando Armas, una propuesta legislativa que iniciamos en el año 2015, convencidos de que la culminará, para beneficiar a millones de venezolanos que padecen las consecuencias de un régimen que mantiene cuentas en más de 80 paraísos fiscales”.

Por su parte, el parlamentario Armas, agradeció el gesto a Enríquez, al tiempo que aseguró que el país se enfrenta a un latrocinio que ha condenado al país a la miseria.

“Con el 1% de esos capitales depositados en más de 80 paraísos fiscales podemos solventar la crisis de salud y con el 10% salir del déficit que tenemos actualmente, es un deber ético y moral investigar esos fondos de procedencia dudosa con los que se ha enriquecido buena parte del régimen”.

Armas explicó que el objetivo de la propuesta de ley es repatriar los capitales que posean venezolanos en la banca internacional, siempre y cuando no puedan justificar su procedencia lícita como consecuencia de su trabajo y/o actividad comercial.

«Es un deber ético traer al país los capitales robados por los corruptos», enfatizó