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Banca Privada de Andorra

El País: Gobernador Rafael Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza

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El gobernador del estado Carabobo y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rafael Lacava, manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según la documentación de esta institución financiera a la que ha tenido acceso el diario español EL PAÍS.

Rafael Lacava, participó en 2009 en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.

A través del banco de Andorra, el mandatario intentó mover en 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo, según la entidad financiera.

Los informes de la BPA, que no precisan la suma que transfirió Lacava en estas operaciones, fueron redactados cuando el político era alcalde de Puerto Cabello, un municipio de 200.000 habitantes donde se encuentra el puerto más importante de Venezuela.

Para camuflar el rastro del dinero, según el banco, el mandatario recurrió a una alambicada estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, un testaferro.

Los empleados del departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA, la unidad interna antiblanqueo dedicada a rastrear el origen de los fondos de los clientes, se desplazaron en 2009 a Milán, donde residía G. B., representante legal de la cuenta bancaria andorrana de Lacava, para averiguar la identidad del verdadero propietario.

“Hemos ido a Milán para informarnos sobre la cuenta y quién es su beneficiario final. [El representante]… nos ha dicho que es un político, exembajador de Venezuela en Roma, actualmente es alcalde en Venezuela y de origen italiano. Sr. Rafael Lacava Evangelista”, recogió el banco en un informe secreto redactado en catalán, el idioma oficial de Andorra.

 

Lea la nota completa en El País 

Crímenes sin castigo: Para entender los casos de Andorra (I)

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La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes y lugares tan diversos como Rusia, China y, desde luego, Venezuela

 

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En torno a la Banca Privada de Andorra se han desarrollado dos grandes averiguaciones por el supuesto delito de legitimación de capitales, que involucraban a personas de interés para el gobierno venezolano en el momento en que fueron iniciadas.

El primer caso se hizo del conocimiento público en junio de 2010, a propósito de la detención en el principado europeo del comisario general jubilado de la policía judicial Norman Puerta, cuando hacía intentos para desbloquear el equivalente a 855.000 dólares. Según el ex funcionario, este dinero era el producto de actividades ligadas a la ganadería, sumadas a las prestaciones sociales devengadas durante 27 años de trabajo en Cicpc, donde llegó a ser el jefe de la División Antidrogas y luego director de Criminalística.

Puerta declaró en varias oportunidades ante los órganos de investigación de la Bastilla de Andorra. Apenas trascendió el dato de su detención, el Ministerio Público por intermedio de la fiscal Yemina Marcano solicitó al principado la información que hubiese sobre este caso. Una táctica repetida: invocar acuerdos de cooperación, obtener información sobre pesquisas en el exterior, para luego no hacer nada.

Ya entonces la Fiscalía señalaba que junto a Puerta aparecían mencionados varios individuos. Uno de ellos, Miguel Djamous Kasale, ultimado en Los Chorros durante un intento de secuestro, un año antes.

Todos los demás eran descritos como propietarios o copropietarios de empresas de tapadera registradas en Panamá, que eran utilizadas para enviar fondos a cuentas de la BPA, a través de la sucursal que operaba en el país centroamericano.

A Puerta lo asociaron en ese momento con un empresario de la construcción con antecedentes por tráfico de drogas, Gabriel Gil Yánez, quien abrió su cuenta en 2006 en la oficina de representación de BPA en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco utilizando un pasaporte diplomático, que lo acreditaba como un supuesto asesor del Ministerio de Finanzas.

En el mismo grupo, otro con antecedentes por drogas (confeso) era Tulio Hernández Fernández. Poseía un pasaporte diplomático con la misma función que Gil.

Estos documentos fueron consignados en la investigación que adelantaban las autoridades andorranas, y enviados a Venezuela en atención a la rogatoria hecha por la fiscal antidrogas venezolana.

Pero las pesquisas fueron engavetadas. El Ministerio Público, bajo la égida de Luisa Ortega, solo llevó a cabo unas acciones espasmódicas cinco años después, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una decisión que impedía cualquier transacción con la BPA, bajo el argumento de que había servido como conducto para lavar fondos de los grupos de delincuencia organizada de China (Gao Ping), Rusia (Andrei Petrov) y de Venezuela (Diego Salazar, Nervis Villalobos y otros). Entonces, desempolvaron el expediente y se dieron cuenta de que podían emprender algunas acciones a la ligera, como para guardar las apariencias. Llamaron a declarar al comisario jubilado, y en ese mismo acto lo dejaron preso.

Días después aprehendieron en el aeropuerto de Maiquetía a Richard Cammarano, quien ya había denunciado la extorsión a la que era sometido supuestamente por funcionarios de Delincuencia Organizada de Cicpc, precisamente para no ponerlo tras las rejas.

Nada más pudieron hacer los fiscales, toda vez que los otros individuos señalados en el primer expediente de Andorra se habían esfumado.

En junio de este año, el juzgado 17 de juicio de Caracas condenó al comisario por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco años y medio de prisión. Nada que ver con el lavado de dinero que inicialmente le atribuían.

Desde su prisión, el ex funcionario insiste en que fue la víctima de una conspiración para tapar un lavado de dinero de dimensiones mayores, aunque no precisa nombres ni fechas. Probablemente se refiera al segundo capítulo de esta historia. Fue ese, y no este, el que verdaderamente hizo doblar las campanas en el exterior. Y adentro del país activó todas las presiones posibles para que prevalecieran el silencio y la impunidad.

 

Breves

 

*El día de la publicación de esta columna está pautada la imposición de sentencia a los sobrinos de la pareja presidencial Franqui Flores y Efraín Campo Flores, juzgados en Nueva York por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína. La discusión en este caso no es si estos hombres quedarán en prisión, sino por cuánto tiempo. En favor de los culpables obra el hecho de que no poseen antecedentes penales en territorio estadounidense. Eran primerizos. Aunque en el curso de la investigación desarrollada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se obtuvieron informaciones reveladoras de aparentes envíos anteriores de alijos a ese país y a Europa, en especial a Francia. Igualmente, hubo indicios de otros delitos muy graves. Para el actual esquema de prioridades en Estados Unidos, el más relevante sea quizá la asociación con elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la declaración hecha durante una de las conversaciones grabadas a Efraín Campo, según la cual él decía estar en “guerra” contra el país donde ahora está preso. Por otra parte, los representantes de la fiscalía de Manhattan han puesto de relevancia durante las últimas semanas la actitud de escaso arrepentimiento mostrada por Flores y Campo. Como si pensaran que los hilos del poder se moverían a última hora para favorecerlos. Son los gestos de quien se siente poderoso. A pesar de que los acusadores han solicitado pena de cadena perpetua, esto es poco probable. Las sentencias por este tipo de delitos suelen estar entre los quince y los veinticinco años tras las rejas. En un caso similar Dino Bouterse, hijo del presidente de Surinam Desi Bouterse, fue condenado en 2016 a 16 años de prisión, luego de admitir el mismo delito atribuido a Flores y a Campo. En este caso, como hubo juicio, la pena debe ser más elevada.

 

*La extorsión ha llegado a niveles insospechados en el sur de Aragua. Una de las poblaciones más afectadas ha sido San Sebastián de los Reyes, especialmente en sectores como La Palomera y La Caridad, donde las bandas utilizan los servicios de motorizados para entregar teléfonos celulares a los comerciantes, a través de los cuales conducirán las negociaciones sobre los pagos de “vacuna”, o servicio de protección. Cuando se produce el primer contacto, los delincuentes parecen conocer hasta los más mínimos detalles de la vida íntima de los comerciantes. Esto, desde luego, los hace entrar en pánico y los obliga a guardar silencio. Estos procesos parecían restringidos al área de la frontera con Colombia, pero ya vemos que se han extendido hasta el centro del país.

 

*Un reporte interno del Ministerio de Relaciones Interiores revela que durante los primeros nueve meses de 2017 fueron verificados 151 homicidios en los distintos centros de reclusión del país. De esta cifra, 68 muertes ocurrieron en internados judiciales, y el resto en retenes policiales. Este es un claro indicador de que la violencia carcelaria no ha disminuido, sino que una porción importante de ella se desplazó hacia instalaciones bajo la responsabilidad de policías municipales, estatales e incluso de cuerpos con jurisdicción nacional como la PNB. Esto es consecuencia directa del sistema de cupos aplicado por el Ministerio para Servicio Penitenciario desde la época de Maria Iris Varela, que tiende a represar en los cuerpos policiales a buena parte de los 105.000 privados de libertad que hay en Venezuela. Finalmente, llama la atención que la estadística gubernamental no tome en cuenta a los 37 fallecidos durante la masacre en el retén de Puerto Ayacucho, reportada el 18 de agosto. De ser así, la cifra real de ultimados en recintos carcelarios se elevaría a 188. En los casos registrados, el internado judicial más violento pareciera ser Tocorón. En el feudo de Niño Guerrero han perdido la vida por homicidio 24 detenidos entre los meses de enero a septiembre.

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Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos será reformada vía Habilitante

El vicepresidente Arreaza aseguró que se aprobarán penas más severas

El vicepresidente Jorge Arreaza informó que el presidente Nicolás Maduro reformará la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos (2014) será reformada vía Habilitante para incrementar la severidad de las sanciones a quienes utilicen las tasas no oficiales para fijar los precios de los productos.

 

“Se está calculando estructura de costos de aparato por aparato. El que importó con divisas propias, pagó su impuesto y declaró el dólar a la tasa Simadi. No puede colocar una tasa superior a eso. El presidente Maduro va a reformar la Ley de (Régimen y sus) Ilícitos y el que haga eso le va a salir las penas más severas de esa Ley”, afirmó durante una fiscalización en Caracas transmitida por VTV.(El Mundo)

 

Luisa Ortega Díaz: “Un fiscal que no respete los debidos procesos no está inscrito en el MP”

Este jueves se instaló el Foro Pronóstico de Condena en Proceso Penal, que se realiza en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en la ciudad de Caracas, donde participó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

 

“Un juez que no respete los debidos procesos, un fiscal que no respete los debidos procesos, no es el que está inscrito ante el Ministerio Público ni ante la Constitución”, dijo.

 

Mencionó en medio del foro que si algún fiscal observó irregularidades de un caso, su deber es informarlo de inmediato a sus superiores pues eso es parte de la ética.

 

En el foro participan aparte de la Fiscal General dela República, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, así como una serie de magistrados y fiscales del país.(Noticias 24)

 

Funcionarios chavistas estarían vinculados con blanqueo de más de 1 millardo de euros

Una comisión rogatoria de Estados Unidos, consultada por ABC, señala que desde la Banca Privada de Andorra se crearon sociedades que efectuaban ingresos a cuentas abiertas por funcionarios públicos o políticos con cargos en Pdvsa o sus filiales

En el epicentro de una red que habría lavado más de 1,4 millardos de euros, a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), se encuentran altos responsables de Pdvsa, según investigaciones que han llevado a cabo las autoridades judiciales del Principado. La entidad fue intervenida en marzo pasado, luego de que el gobierno andorrano recibiera datos de una investigación abierta a la entidad por el Departamento del Tesoro norteamericano.

 

Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela ante la ONU, no está entre las 24 personas sobre las que se pide información. Tampoco aparece detrás de alguna de las cuentas ni de las 42 sociedades investigadas. Sin embargo, ABC consultó fuentes que consideran la imposibilidad de que las operaciones se hicieran sin su conocimiento.(El Nacional)

 

OLP desplegó 757 funcionarios en estados andinos

Tras la búsqueda de bandas criminales, este jueves la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP),activó a 757 efectivos de seguridad en los estados Táchira y Mérida, en la región andina del país, informó el ministro para la Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López.AVN

 

En Mérida, 299 funcionarios militares y policiales se distribuyeron en el municipio Libertador, detalló a través de su cuenta en Twitter, @GonzalezMPPRIJP

 

Mientras, en el municipio San Cristóbal de Táchira, 458 hombres de la Fuerza Especial buscan bandas delincuenciales en la urbanización Cumbres Andinas.(La Patilla)

 

España considera que Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo

El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que en el país la inseguridad es muy elevada. Recomiendan viajar con extrema precaución

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España publicó un mapa en el que informa los países con alto índice de peligrosidad mundial.

 

“Se recuerda que en estos momentos ninguna región del mundo y ningún país están a salvo de posibles actos terroristas”, señala el ministerio.

 

Los niveles van desde 0, que es la ausencia total de peligro, y 10 que es el máximo riesgo.

 

De los 196 países reseñados por el Ministerio de Exteriores, 29 están completamente desaconsejados. Desde 2013, cuando había 21 países en el rango de máximo peligro, la cifra ha aumentado con 11 incorporaciones nuevas: Haití, Nepal, Túnez, Eritrea, Guinea, Congo, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Sudán del Sur, Arabia Saudí y Yemen. Salen de la lista Irán, Mauritania y Líbano, reseñó ABC. (El Nacional)

Privan de libertad al comisario del Cicpc Norman Puerta: solicitado por caso Andorra

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El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman Danilo Puerta Valera, por su presunta vinculación con la legitimación de capitales en el caso Andorra.

En la audiencia de presentación, las fiscales 7ª nacional y auxiliar, Marisela de Abreu y Oneglis Zapata, respectivamente, imputaron al hombre por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por las fiscales, el Tribunal 35º de Control del área metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad contra Puerta Valera y fijó como sitio de reclusión la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc.

Asimismo, los fiscales solicitaron ante la referida instancia judicial que se mantengan las medidas reales contra el exfuncionario, como prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles; inmovilización y bloqueo de cuentas bancarias.

El jefe policial de la división antidrogas venezolana se entregó ante el Ministerio Público, anunció la fiscal de la república, Luisa Ortega Díaz.

Puerta negó los señalamientos en su contra y dijo, en declaraciones que fueron publicadas el viernes por el diario local Ultimas Noticias en su página de internet, que “voy a demostrar que fui estafado por la Banca Privada de Andorra”.

El ex jefe policial admitió que abrió en 2006 una cuenta en la Banca Privada de Andorra y que fue detenido en el exterior en dos oportunidades y liberado luego de demostrar su inocencia.

Puerta denunció que fue sometido a “una serie de extorsiones y chantajes” por representantes de un partido de oposición que le habrían pedido dinero para detener la campaña de descrédito en su contra, pero no ofreció detalles.

El ex funcionario era investigado desde hace unos cinco años por supuestas actividades de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que habrían sido detectadas inicialmente por las autoridades del principado de Andorra, según reportaron medios locales e internacionales.

Según la investigación, el exefectivo de la policía científica fue aprehendido en el Principado de Andorra el 07 de junio de 2010, por presuntamente haber transferido más de un millón de dólares desde Panamá a la Banca Privada de Andorra, monto cuya procedencia no pudo justificar.

Por tal motivo, el Ministerio Público inició la investigación de este caso que derivó en una orden de aprehensión contra Puerta Valera, solicitada por los fiscales del caso el 22 de junio de ese mismo año.

 

 

*Con información de The Associated Press y Ministerio Público

Andorra, HSBC, Pdvsa: El ABC del lavado de dinero

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Redacción Runrunes

Las revelaciones sobre la existencia de cuentas venezolanas en bancos suizos, como el HSBC, y las investigaciones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico que involucran a funcionarios del Gobierno e incluso a la empresa estatal PDVSA colocaron en la agenda pública la discusión sobre el lavado de dinero. En medios y redes sociales se vertieron informaciones y opiniones sobre esta práctica, delictiva por demás, que consiste en la legalización de fondos provenientes de actividades ilegales mediante procesos complejos dentro y fuera del sistema financiero.

Pero ¿qué es el lavado de dinero? ¿En qué consiste, cómo lo hacen? ¿Por qué se le llama a veces blanqueo o legitimación? En esta nota encontrarás definiciones de términos y procesos que te ayudarán a comprender mejor este delito tipificado por leyes internacionales y venezolanas. Podrás saber qué son las PEP y por qué deben ser vigiladas todas sus transacciones y movimientos en el sistema financiero, así como los incrementos en su patrimonio.

 Términos básicos del lavado de dinero

Lavado, blanqueo, legitimación: Es el proceso mediante el cual se busca encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado (también conocido como blanqueo) es que el dinero parezca como fruto de una actividad económica o financiera legal.

PEP [politically exposed person]: Se refiere a las personas expuestas políticamente. Este término define a las personas a quienes se ha confiado una función pública prominente, o que son funcionarios con altos cargos gubernamentales o de agencias privadas.

PEP extranjera: las personas que son o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales, importante partido político funcionarios.
PEP Locales: personas que son o han desempeñado a nivel nacional con funciones públicas importantes, por ejemplo, Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, alto gobierno, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

Las personas que estén o hayan desempeñado una función destacada por una organización internacional se refiere a los miembros de la alta dirección, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes. Estas personas están sujetas a la supervisión de todas sus cuentas, transacciones y movimientos y gastos; además de la vigilancia sobre su patrimonio y el aumento injustificado.

Requisitos para una PEP se aplican a los familiares o allegados, cualquier individuo conocido públicamente, o conocido por la entidad financiera a ser un asociado personal o profesional.

Banca ‘Off Shore’: Se refiere a un tipo de entidades bancarias, normalmente situadas en paraísos fiscales, las cuales se encuentran reguladas por leyes especiales que les conceden una mayor libertad en las operaciones, además de un tratamiento fiscal más favorable. Son instituciones dedicadas casi en su totalidad a captar depósitos e inversiones de personas y empresas no residentes y a las que no tienen acceso los ciudadanos del propio país.

Esta banca es susceptible a realizar operaciones ilícitas y evadir controles fiscales.

Banca de 2do piso: Es una institución financiera que no tratan directamente con los usuarios de los créditos, sino que hace las colocaciones de los mismos a través de otras instituciones financieras. La característica principal de estos bancos es que no operan directamente con particulares, y que la obtención de los créditos, se hace a través de las instituciones privadas de Crédito, en esto se origina precisamente el nombre de “bancos de segundo piso”, pues el hecho de no tratar directamente con particulares implica, en sentido figurado, que se trata de un Banco que no tiene entrada directa para el público.

Secreto Bancario: Son políticas y cláusulas que prohíben a los bancos a revelar información sobre una cuenta sin el consentimiento del titular.

Enriquecimiento ilícito: Es el acto de enriquecerse o incrementar el patrimonio por medios contrarios a las normas jurídicas. Se presume el mismo produjo enriquecimiento ilícito cuando un funcionario o servidor público no ha podido justificar un incremento patrimonial significativo. Las leyes y otros instrumentos legales buscan proteger el patrimonio del Estado y establecen sanciones penales para evitar delitos contra la administración pública.

En Venezuela, el enriquecimiento ilícito está previsto y sancionado en la Ley Contra la Corrupción, vigente desde 2003.

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Los pasos del lavado

Colocación: Es la primera etapa del proceso de lavado de dinero en el que el dinero es introducido a través de varios canales, por ejemplo, se deposita en un banco cuenta después de la mayor cantidad está fragmentado y hecho para parecer menos obvio. Las otras dos etapas son estratificación e integración.

Estructurar, Smurfing, [Pitufeo]: También se le denomina estructurar (structuring, en inglés), es la práctica de la ejecución de transacciones financieras (tales como la realización de depósitos bancarios) en un patrón específico calculado para evitar la creación de ciertos registros e informes requeridos por la ley , tales como la sección del Código de Rentas Internas de secreto bancario de los Estados Unidos.

Pitufeo (Smurfing) o Estructuración (Structuring) incluye también el acto de fragmentación de lo que sería una operación financiera de gran tamaño en series de transacciones más pequeñas para evitar el escrutinio de los reguladores o aplicación de la ley. Estructuración aparece a menudo en acusaciones federales relacionadas con el blanqueo de dinero, fraude y otros delitos financieros.

Mezcladora, Diversificación, Estratificación e Integración: Es la tercera etapa del proceso de lavado de dinero y consiste en intercalar en varios negocios e instituciones financieras, ya sea en forma física, por medio del depósito o por transferencia electrónica. Se transporta el dinero físicamente a otros lugares para disfrazar su origen ilícito.

Lo importante aquí es adquirir bienes para transferirlos o permutarlos con otros de procedencia lícita. En esta fase una vez que el dinero está dentro de los circuitos financieros, se realizan movimientos que tienden a “ensombrecer” u ocultar su origen, o sea, erradicar cualquier nexo posible entre el dinero colocado y su origen, siendo las técnicas más frecuentes el envío de los mismos a paraísos fiscales o a centros offshore, a los efectos que dichos fondos circulen a lo largo de distintos países, instituciones y cuentas realizadas por distintas personas físicas o jurídicas.

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La investigación de los fondos

Fiel Cumplimiento [Compliance]: Es la certificación o confirmación de que el ejecutor de una acción (como el autor de un informe o reporte de auditoría) cumple los requisitos de las prácticas aceptadas, la legislación, normas y reglamentos establecidos.

El departamento o unidad de fiel cumplimiento dentro de una casa de bolsa, banco o institución financiera garantiza el apego a todas las leyes, normas y reglamentos. El departamento de fiel cumplimiento en general, tiene una amplia gama de funciones y responsabilidades dentro de una empresa. Dependiendo de la actividad de la entidad financiera, estos derechos pueden variar en el seguimiento de la actividad comercial, la prevención de conflictos de intereses y malas prácticas; además de asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones en las casas de bolsa, la prevención de lavado de dinero y evasión fiscal potencial a los grandes bancos.

Sujetos Obligados (SO): Son todas aquellas personas naturales o jurídicas, instituciones y entidades que están sujetos por ley a cumplir la normativa para prevenir el lavado de dinero [llamado también blanqueo de capitales o legitimación]

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Alerta Roja: Una situación potencialmente sospechosas de lavado de dinero o levanta una bandera roja, una señal de advertencia.

Reporte de Operación Sospechosa (ROS): Es la comunicación mediante la cual los sujetos obligados (SO) reportan cualquier operación, hecho o situación que posiblemente esté  relacionada con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Estas operaciones deben informarse a una Unidad de Análisis Financiero (UAF) en cuanto sean detectadas. No se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente. El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley. Quien lo realice se encuentra generalmente amparado por la exoneración de responsabilidad.

Traza [Tracing]: Se refiere también al rastreo mediante un proceso legal por el cual un demandante demuestra lo que ha sucedido a su propiedad, identifica su producto y las personas que han manejado o recibidos, y pide a la Corte de Adjudicaciones un reclamo de propiedad sobre los bienes, o un activo sustituido por la propiedad original o sus ingresos. Rastreo permite la transmisión de demandas legales de los activos originales a cualquiera de los productos de la venta de los activos o nuevos activos sustituidos.

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Fiscalía de Venezuela reconoció el pasaporte diplomático de investigado por lavado en Andorra
En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales en Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández Fernández, presunto integrante de la red de lavado de dinero vinculada con Norman Danilo Puerta, tenía un pasaporte diplomático que había sido emitido por la Cancillería venezolana. Santiago de Roselló Piera, director financiero de BPA, declaró a la Policía de Andorra que Gabriel Ignacio Gil Yánez, también tenía un pasaporte diplomático y que depositó 221.400 euros en efectivo en el principado

 

LA FISCALÍA DE VENEZUELA RECONOCIÓ en 2010 la existencia del pasaporte diplomático emitido en 2004 por la Cancillería venezolana a Tulio Antonio Hernández Fernández, uno de los dos acreditados como “asesores del ministro” de Economía y Finanzas investigados por la justicia de Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

Luego de la detención de Norman Danilo Puerta Valera, ex jefe Antidrogas de la policía científica de ese país (Cicpc), el 7 de junio de 2010, la fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela, Yemina Carolina Marcano Rigual —comisionada por la Fiscal General de ese país, Luisa Ortega Díaz— envió una carta rogatoria a la Justicia de Andorra para solicitar información sobre ocho ciudadanos venezolanos sospechosos de estar relacionados con una red lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Puerta Valera tenía una cuenta en BPA con 1,4 millones de dólares. Fue detenido en dos ocasiones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Esta red estaba vinculada —mediante depósitos y transferencias de miles de dólares y euros— a dos cuentas en BPA inscritas a nombre de Puerta Valera y operaba desde oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en el este de Caracas con la complicidad y asistencia de la filial BPA Serveis en Panamá.

En el expediente elaborado por la Fiscalía, con fecha 15 de junio de 2010, se mencionan los nombres, números de documentos de identidad (cédula) y los datos de los pasaportes de todos los investigados. En la lista destaca el pasaporte diplomático otorgado al venezolano Tulio Antonio Hernández Fernández como “asesor” del entonces ministro de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. De esta manera el Ministerio Público de Venezuela admitía como válido y legal el documento.

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Carta rogatoria enviada por el Ministerio Público de Venezuela a la Justicia de Andorra en la que solicita asistencia mutua en materia penal y menciona las identidades de los implicados y el pasaporte diplomático del venezolano Tulio Antonio Hernández Fernández, que lo acreditaba como“asesor” del ministro de Economía y Finanzas de ese país

También, el expediente oficial de la Policía de Andorra recoge las declaraciones de Santiago de Roselló Piera, director financiero de BPA, en las que declara que tanto Tulio Antonio Hernández Fernández como Gabriel Ignacio Gil Yánez poseían pasaportes diplomáticos.

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Acta de declaración tomada a Santiago de Rosello Piera, director financiero de Banca Privada de Andorra, en la que afirma que dos de los venezolanos implicados en la red de lavado, Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, tenían pasaportes diplomáticos

Otro documento también da fe de la existencia de los salvoconductos. Un informe elaborado por el oficial de fiel cumplimiento (compliance) contratado por la BPA —también en 2010— confirma que Gabriel Ignacio Gil Yánez disponía “de pasaporte diplomático como asesor del ministro de finanzas”.

En el reporte elaborado por estos analistas se especifica que Gil Yánez utilizó el pasaporte diplomático emitido por la Cancillería venezolana para declarar en la aduana de España el dinero en efectivo que ingresaba a varias cuentas de la BPA en Andorra, según consta en toda la documentación —más de 150 páginas de informes oficiales— a la que tuvo acceso el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI). Allí queda reflejado que al menos uno de los depósitos fue por 221.400 mil euros.

Además, el CIPI obtuvo información que indica que el abogado de la firma United Consulters de Venezuela, propiedad de Tulio Antonio Hernández Fernández, era Juan Carlos Thula Rauseo, quien también habría accedido a un pasaporte diplomático como asesor de ese ministro venezolano.

Una fuente de la Cancillería venezolana validó la versión de que los involucrados consignaban copias de documentos de identidad y fotografías a funcionarios de Secretaría de Presidencia para obtener los “salvoconductos de lujo”.

El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, apresado el 22 de septiembre de 2006 en Venezuela y deportado a Colombia, también estaba en posesión de un pasaporte diplomático como “asesor” del ministro de Finanzas de Venezuela.

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Parte del informe elaborado por analistas contratados por Banca Privada de Andorra (BPA) en el que se menciona a los venezolanos implicados que tenían pasaporte diplomático como asesores del ministerio de Finanzas de ese país y las empresas desde las que se transfirieron fondos de dudosa procedencia

“Esos pasaportes se hicieron en Cancillería”

La Cancillería de Venezuela negó en un comunicado difundido el pasado 17 de abril de 2015 “la entrega de pasaportes diplomáticos a personas investigadas en Andorra”

Sin embargo, un funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que accedió a declarar para este trabajo bajo reserva de su identidad, recordó que no se conocen casos de falsificación o robos de pasaportes diplomáticos en los últimos 15 años. “Esos pasaportes se hicieron con material de Cancillería. De dónde más los iban a sacar, de ningún otro sitio. Es imposible falsificar el material para la elaboración de esos pasaportes”.

El funcionario explicó que la emisión de pasaportes diplomáticos se rige por el Reglamento de Pasaportes vigente desde 1974. Este instrumento define quiénes son los ciudadanos que —por su función o cargo— tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. En la lista no figuran los asesores de ministros, pero se establece que el Presidente de la República tiene la autoridad para ordenar la asignación y elaboración de pasaportes diplomáticos a cualquier ciudadano.

“En esa época, durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros. Había problemas con el material para los documentos ordinarios y nos decían que había que facilitarle los viajes a los ministros. Por esa razón se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el Ministerio de Finanzas”, precisó el funcionario al CIPI en conversación telefónica.

Ratificó que muchas de estas solicitudes llegaban desde el Palacio de Miraflores. “Venían de la Secretaría de la Presidencia. Se notificaba al despacho del ministro de Relaciones Exteriores o del Viceministro, si ellos los aprobaban se hacían. Los elaboraba la Dirección de Inmunidades y Privilegios”, dijo.

En esa oficina de la Cancillería, ubicada en la Casa Amarilla, se lleva un registro de los documentos emitidos en un cuaderno denominado libro de pasaportes. “Allí se anotan los datos de todos los pasaportes diplomáticos entregados. Eso se hace para no repetir los números y mantener el orden correlativo. Por eso todo esto es muy extraño. Todos los pasaportes se registran y toda la documentación relacionada (planillas de solicitud) se archiva”, explicó el funcionario, quien asegura que estos soportes deben estar en el archivo del despacho de Relaciones Exteriores.

Aseguró que los pasaportes de los asesores del ministro de Finanzas, vinculados con una red de lavado de dinero, tienen las mismas características que los documentos de este tipo emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El papel, la presentación, la forma en que fueron elaborados, los sellos, la tipografía y las firmas de los funcionarios de Cancillería se corresponden con la de los pasaportes diplomáticos.

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Copias completas de las páginas de identificación del pasaporte diplomático que portaba Tulio Antonio Hernández Fernández. El sello de la Dirección de Inmunidades y Privilegios y la firma del funcionario de la Cancillería de Venezuela se corresponden con las mismas de otros pasaportes diplomáticos emitidos para la fecha.

 

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Copia del pasaporte diplomático que portaba el venezolano Gabriel Ignacio Gil Yánez y que fue consignado ante Banca Privada de Andorra (BPA). En el documento se lee la acreditación como “asesor especial del ministro de Finanzas”.

Investigación de Andorra duerme en la fiscalía venezolana desde 2010

El expediente levantado por la Justicia de Andorra contiene declaraciones y copias de los documentos presentados por los sospechosos a la BPA en el momento en el que abrieron las cuentas, entre los que se incluyen los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y de Gil Yánez. Además de un informe detallado de diez páginas del oficial de cumplimiento y una carta rogatoria de la fiscalía venezolana, según se constata en la documentación a la que el CIPI tuvo acceso.

En 2010, luego de la detención del excomisario antidrogas Norman Puerta en Andorra por presunto lavado de dinero, el Ministerio Público comisionó a Yemina Carolina Marcano Rigual, fiscal séptima del Ministerio Público para investigar el caso.

El expediente de la “Operación Crù” (Crudo) contiene la rogatoria o exhorto enviado por la fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela a la jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre, en el que solicita “asistencia mutua en materia penal”, como lo establece la legislación venezolana y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

La petición de apoyo internacional deja claro que las autoridades venezolanas iniciaron una investigación por el caso de Puerta Valera casi de inmediato. “…en lo atinente a la sustentación de la investigación penal que adelanta la Fiscalía Séptima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, identificada con el Nº NN-F07-0030-10, por la presunta comisión de los delitos contemplados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia”, dice el primer párrafo de la carta rogatoria elaborada en fecha 15 de junio de 2010.

La petición, firmada por la fiscal Yemina Carolina Marcano, menciona a otras siete personas investigadas junto al excomisario: Gabriel Ignacio Gil Yánez, Juan Carlos Thula Rausseo, Tulio Antonio Hernández Fernández, Yajanira Dayana Ontiveros Linares (esposa de Tulio), Jorge Luis Mathinson Jiménez, Richard José Cammarano Jaimes y Miguel Antonio Djamous Kasale.

El exhorto enviado por la Fiscalía Venezolana solicita varias diligencias, entre las que se enuncian: “copias certificadas de los testimonios rendidos por Norman Danilo Puerta Valera”, quien fue detenido en dos ocasiones en el principado, según consta en la documentación obtenida por esta investigación.

Las autoridades de Venezuela también pidieron a la Justicia de Andorra copias auténticas de todas las actuaciones de la causa contra Puerta Valera, así como data migratoria de todos los venezolanos investigados en la causa e información sobre la propiedad de bienes muebles o inmuebles de los involucrados.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación contactó, por medio de una llamada telefónica al despacho, la la fiscal Yemina Carolina Marcano Rigual, actualmente titular de la fiscalía 27 con competencia nacional, pero declinó hacer algún comentario sobre el expediente de Andorra. “No, no puedo darte ningún tipo de declaración de ningún caso”, respondió.

Los resultados de la investigación llevada a cabo en Venezuela por el Ministerio Público no se conocen. Todos los involucrados en la presunta red de lavado de dinero en la BPA se encuentran en libertad y nunca fueron procesados por ese hecho, ni siquiera el exjefe de antidrogas del Cicpc, Norman Danilo Puerta Valera, que reside en el estado Zulia.

Miguel Antonio Djamous Kasale —mencionado en el expediente— fue asesinado en 2009 en un supuesto intento de secuestro. “El agraviado fue golpeado por los cuatro sujetos que tripulaban una camioneta. Los testigos aseguraron que lo arrastraron hasta una edificación cercana y luego le dieron muerte con varios disparos”, dice una nota publicada en junio de 2009 por El Universal.

La Cancillería de Venezuela procesó la carta rogatoria enviada a Andorra por el Ministerio Público en 2010, tal como lo establece el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal de 2009, y no objetó la legitimidad del pasaporte diplomático a nombre de Tulio Antonio Hernández Fernández.

Así se movían las cuentas

Puerta Valera ocupaba la jefatura de la División Contra Drogas de la Policía científica de Venezuela (CICPC). Tulio Antonio Hernández Fernández era uno de los funcionarios, junto a Gabriel Ignacio Gil Yánez, acreditado con pasaporte diplomático como “asesor” del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela.

Tanto Hernández Fernández como Gil Yánez —quien estuvo preso por intento de robo de aeronave entre 2010 y 2014— hacían transferencias e ingresos en efectivo de altas sumas de dólares y euros a la cuenta de Puerta Valera a título personal y también en nombre de compañías fantasmas compradas a través de BPA Serveis, una filial de la entidad en Panamá, según reza en el expediente por la Policía de Andorra e informes de auditores de una comisión de fiel cumplimiento.

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Parte de la documentación suscrita por auditores contratados por la Banca Privada de Andorra (BPA) que muestra los ingresos y transferencias de montos en dólares y euros a la cuenta del exjefe de la División Antidrogas de la Policía Científica de Venezuela, Norman Danilo Puerta Valera.

Según el informe de la policía andorrana, Tulio Hernández y Gabriel Gil utilizaron sus pasaportes diplomáticos para facilitar los trámites de apertura de cuentas y documentación requerida en la Banca Privada de Andorra. Por su parte, la entidad financiera se confió de los pasaportes diplomáticos como soporte de compliance.

Entretanto, a una semana de publicado el reportaje del CIPI, en Venezuela no han sido respondidas las siguientes interrogantes:

Lea también: Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra

¿Por qué no se han pronunciado sobre el caso de Andorra y los supuestos asesores, Nelson Merentes, exministro de Economía y Finanzas de Venezuela, ni el coronel Manuel Barroso, extitular de la Secretaría de la Presidencia de ese país, despacho que tramitó los pasaportes diplomáticos de los investigados?

El comunicado de la Cancillería de Venezuela se limitó a negar la emisión de los pasaportes diplomáticos a Hernández Fernández y Gil Yánez, sin embargo, no explica: ¿Iniciaron las autoridades venezolanas una investigación para determinar el origen de esos documentos y la participación de estos venezolanos en la supuesta red de lavado de dinero?

Al momento de recibir el pasaporte diplomático, Tulio Antonio Hernández Fernández tenía antecedentes penales por tráfico de heroína, ¿la Fiscalía venezolana indagó sobre este hecho a propósito de la investigación del caso Andorra?

 

Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, Norman Puerta Valera. El policía fue detenido en 2010 en el principado por lavado de dinero. Uno de estos funcionarios tenía condena vigente por tráfico de heroína, pero había recibido una medida de “gracia” y estaba en libertad

 

LOS MILES DE MILLONES DE DÓLARES que encendieron el alerta internacional por presunta corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), no eran lo único que se lavaba en la Banca Privada de Andorra (BPA). Funcionarios vinculados a otros ministerios e instituciones del Estado venezolano desfilaron por las oficinas que instaló el banco andorrano en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en el este de Caracas. Utilizaron esa entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, según revelan documentos oficiales de la Policía de Andorra, entre 2010 y 2012.

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La detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División Contra Drogas de la policía científica de Venezuela (CICPC, entre 2004 y 2007) fue el escándalo que develó la estrecha relación entre Venezuela y la BPA. Lo aprehendieron el 7 de junio de 2010 por “la presunta comisión del delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico”, reza el expediente enviado por la Justicia de Andorra a la Fiscalía de Venezuela ese mismo año.

Puerta Valera tenía una cuenta en la BPA con de 1.446.992 dólares americanos, que abrió en 2006 en una oficina instalada en Caracas. Nunca declaró que era un funcionario policial de alta jerarquía, pues eso lo convertía inmediatamente en una Persona Expuesta Políticamente (gente cuyas cuentas y transacciones deben ser vigiladas con atención). El único documento que consignó fue un carnet de membresía de la Asociación de Ganaderos del Distrito Mauroa del estado Falcón. En un video publicado el 17 de julio de 2012 en Youtube, el expolicía relata cómo fue captado por el español Xavier Mayol González, directivo de la BPA que abrió la oficina de Venezuela, y por una de las representantes de la entidad en el país, la venezolana Mariela Milagros Prieto González.

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Norman Danilo Puerta Valera, el excomisario antidrogas venezolano detenido en Andorra con una cuenta equivalente a $ 1,4 millones e investigado por lavado

La documentación del Grupo Antiblanqueo del Principado de Andorra tiene más de 150 folios con declaraciones de los sospechosos y las actuaciones de fiscales y jueces desde 2007 hasta 2010. También se incluyen las actas de los interrogatorios a Puerta, en las que involucra a dos funcionarios de un despacho gubernamental: Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, quienes fungían o se presentaban como “asesores del ministro de Economía y Finanzas”, según consta en las copias de los pasaportes diplomáticos consignados ante BPA y a los que se tuvo acceso.

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El contenido de la investigación —denominada por las autoridades de Andorra como Operaciò Cru (Operación Crudo)— confirma en buena parte lo expresado por la Unidad Contra el Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Fincen en siglas en inglés): la red de lavado de dinero en la que participaban funcionarios venezolanos de alto rango contó con la complicidad de agentes y empleados de BPA para desviar grandes sumas de dinero y esconderlas en el paraíso fiscal. Así lo reseña el informe preliminar del Fincen publicado el 10 de marzo de 2015.

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Salvoconducto de lujo

Los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en el año 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en 2010 por intento de robo de una aeronave.

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Un funcionario de la Cancillería venezolana, que pidió no ser identificado, contó que durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros. “Estas solicitudes generalmente llegaban a la Cancillería desde Miraflores (sede del Ejecutivo), de la Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República, y así dice el Reglamento de Pasaportes”, indicó.

La Dirección de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es la dependencia que autoriza la emisión de pasaportes diplomáticos. El decreto que regula la emisión de estos documentos en Venezuela está vigente desde 1974.

La figura de “asesor de ministro” no aparece entre los 12 cargos o funciones que tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes faculta al despacho de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas “cuando así lo ordene el Presidente de la República”.

Algunos ministerios también comenzaron a solicitar pasaportes directamente a la Cancillería, dijo el funcionario. “Pero en estos casos se consultaba con el ministro o viceministro (de Relaciones Exteriores). Si ellos los autorizaban, se emitían”. Alí Rodríguez Araque era el ministro de ese despacho para la fecha, mientras que el general Arévalo Enrique Méndez ocupaba el viceministerio.

Un allegado a Hernández y Gil confirmó que los pasaportes habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia, que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejército Manuel Barroso.

“En esa época se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el ministerio de Finanzas”, precisó el funcionario.

El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, alias “El Médico”, también tenía en su poder un pasaporte diplomático que lo acreditaba como asesor del ministro de Finanzas, cuando fue detenido en Venezuela el 22 de septiembre de 2006. En una entrevista realizada por el periodista Gerardo Reyes, en el Nuevo Herald (14/01/07), el capo aclaró que nunca conoció al ministro Merentes, pero sí dijo que era amigo del comisario Marcos Chávez, director de la policía científica de Venezuela.

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Un “asesor” que traficaba heroína

Tulio Antonio Hernández Fernández nació en Barquisimeto, estado Lara, tiene 48 años y aparece registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como votante en esa ciudad. La última vez que cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) fue en 1990, como trabajador de la antigua Embotelladora de Refrescos Marbel, ubicada en la vieja carretera Barquisimeto-Yaritagua, también en el estado Lara.

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Tulio Hernández Fernández

Su nombre aparece en la investigación de la Policía d’Andorra y el Grup de Delinqüenciència Organizada i Blanqueig como uno de los supuestos funcionarios del Gobierno venezolano que transfería grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la sucursal de Banca Privada D’Andorra (BPA) en el principado.

Al menos dos de estas cuentas en BPA estaban registradas a nombre del comisario Norman Danilo Puerta Valera, quien estuvo detenido en Andorra en dos ocasiones por esta investigación sobre presunto lavado. Puerta declaró ante las autoridades que el saldo de 1,4 millones de dólares provenía de transacciones por la venta de ganado en Venezuela, sus prestaciones sociales (aunque para la fecha no había sido jubilado) y una deuda que contrajo.

Una fuente de la investigación en Andorra reveló que Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban maletas —vía valija diplomática— llenas de dinero en efectivo que repartían en distintas cuentas en la BPA. Sin embargo, el expediente de las autoridades andorranas asegura que Hernández Fernández nunca viajó al principado. “Se desplaza su mujer y gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a través de BPA Serveis, a un despacho en Panamá”, precisa uno de los documentos.

Hernández Fernández tiene antecedentes penales. En 1991 fue condenado por lesiones intencionales graves. Fue detenido en 1999 junto a otros cuatro venezolanos en el estado Zulia —al occidente del país— cuando la policía científica le incautó 1,4 kilos de heroína. La Fiscalía venezolana le imputó cargos por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el juicio admitió los hechos. Recibió una sentencia de siete años y seis meses; pero estuvo preso solo 11 meses y 11 días. La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le otorgó una “medida cautelar” que le permitía cumplir la pena en libertad bajo un régimen de presentación que se extendió hasta 2008.

Hernández estaba “cumpliendo” una condena en libertad por tráfico de drogas cuando recibió el pasaporte diplomático con el número 532/2004 que le permitía fungir en el exterior como “asesor del ministro de Finanzas”. Desde 2002 —año del paro petrolero contra Chávez— hasta finales de 2004, en la cartera de Finanzas estuvo el economista Tobías Nóbrega, quien fue luego imputado por corrupción durante su gestión por la sobrefacturación, de más de 5 millones de dólares, en la compra por parte del Estado de dos edificios en Caracas.

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, destituyó en diciembre de 2004 a Nóbrega —casi seis meses después de que el escándalo estallara— y en su lugar designó al matemático Nelson Merentes. Nóbrega huyó a Portugal. En 2011 la Contraloría venezolana lo halló responsable de peculado doloso y le impuso una sanción que le impide ejercer cargos públicos durante 15 años.

Merentes, entonces presidente del Banco de Desarrollo Social (BANDES), asumió el despacho de Finanzas a partir del 7 de diciembre de 2004. Tres semanas después, la Cancillería venezolana autorizó y emitió los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez como “asesores del ministro de Finanzas”.

En el expediente judicial llevado en Andorra también se detalla que Hernández Fernández era cliente de BPA y representante, junto a su esposa Yajanira Dayana Ontiveros Linares, de las empresas panameñas Alhambra Gold Holding, registrada el 28 de marzo de 2006; y Central Togo, registrada el 14 de febrero de 2007, según consta en los archivos de la Notaría Primera de Panamá.

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Yajanira Dayana Ontiveros Linares, la esposa de Hérnandez Fernández, viajó a Andorra

Hernández Fernández se jactaba ante amigos y conocidos de que tenía una oficina en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano. Tanto él como su esposa frecuentaban el Country Club de Barquisimeto. La familia de Hernández mantiene un perfil público en esa ciudad del occidente de Venezuela, donde su hermano, Jorge Hernández, es dueño del equipo de baloncesto profesional Guaros de Lara y tiene estrechos vínculos con altos funcionarios del chavismo.

En el acta de interrogatorio —del 9 de junio de 2010— quedan registradas las preguntas que le formuló la jueza instructora andorrana, María Àngels Moreno Aguirre, a Norman Danilo Puerta Valera:

—¿Sabía usted que Tulio Hernández Fernández había sido condenado por tráfico de heroína en Venezuela?

—No lo sabía, pero el banco debía haber sabido. Los nombres, conexiones y antecedentes de las personas detenidas, no los demás.

—¿Cómo es posible que siendo un comisario de policía no verificara los antecedentes de sus interlocutores, a los cuales daba la confianza de enviar tales cantidades de dinero en efectivo?

—No se me ocurrió ya que eran representantes de un banco y esto les daba confianza y respeto. El que llevaba la batuta en dicha empresa y hablaba era Gabriel Gil Yánez y Tulio Hernandez Fernández, quien estaba presente pero en un segundo plano.

Un testigo vinculado al caso, que accedió a declarar para este trabajo bajo condición de anonimato, aseguró que otra empresa de Hernández Fernández, United Consulters de Venezuela, con sede en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas, CCCT, operaba como una casa de cambio ilegal: “Diputados, gobernadores, ministros, testaferros, militares y hasta comisarios de la Policía científica desfilaban por esa oficina con grandes sumas de dinero en bolívares. Vendían y compraban dólares que en ocasiones enviaban a cuentas en el extranjero”.

La oficina de Hernández tenía un problema: tenía dólares, pero se quedaba sin existencia de bolívares. “Entonces recibía grandes sumas de dinero, a modo de préstamos, de sus clientes. Uno de ellos fue el empresario Raúl Gorrín, quien a su vez obtenía préstamos del Banco Canarias, gracias a su relación con el banquero Álvaro Gorrín, a quien defendió en el caso Microstar”.

La misma fuente, que prefirió resguardar su identidad, comentó que en una de sus transacciones comerciales con sus clientes, United Consulters de Venezuela emitió un cheque al abogado y empresario Raúl Gorrín por Bs. 890 millones, equivalentes a $ 1,9 millones a la tasa de cambio oficial en 2007. Gorrín es actualmente copropietario del canal de noticias venezolano Globovisión.

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Con pasaporte diplomático y maleta de dólares

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Gabriel Ignacio Gil Yánez

Gabriel Ignacio Gil Yánez también nació en Barquisimeto y tiene 45 años. Portaba el pasaporte diplomático número 530/2004 como asesor del entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes.

En el informe de la Unidad Antiblanqueo de Andorra, Gil Yánez aparece como accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to de Caracas. Esta compañía, con sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital venezolana, enunciaba entre sus servicios y actividades la construcción y remodelación de inmuebles, aunque en la práctica actuaba como un “banco de segundo piso”, una entidad que facilitaba transacciones y permutas en moneda extranjera.

Como trabajador de esa misma empresa, Gil cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por última vez en enero de 2015. Esta empresa también “tiene en marcha la construcción de 52 apartamentos en Venezuela, así como en el proyecto de asfalto en Maturín”, según consta en la documentación.

El 3 de marzo de 2006, Gabriel Ignacio Gil Yánez abrió una cuenta con la que adquirió una sociedad panameña en BPA, llamada North Hilton Investment. De acuerdo con la información obtenida por esta investigación, al principio Norman Puerta entregaba grandes cantidades en bolívares a Gil en Venezuela, quien se encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra. “Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba de esta operación”, reseña el informe.

Las autoridades de Andorra indican que ninguno de los implicados en la investigación —Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández, ni Gabriel Ignacio Gil Yánez— había proveído pruebas del origen lícito de los fondos depositados en BPA.

Según la fuente citada en la documentación, Gil manifestaba que siempre que realizaba ingresos en la cuenta, estos eran previamente declarados en la aduana española. Una de las transferencias que consta en ese informe es la que hizo el 25 de octubre de 2006 por un monto de € 221.400 en efectivo a la cuenta de Puerta Valera. Además, Santiago Roselló Piera, director ejecutivo de BPA —hoy detenido por las autoridades— afirma en su declaración que Gil sí viajó a Andorra a firmar documentos referentes a la apertura de su cuenta.

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En el documento de la Unidad Antiblanqueo de Andorra se explica que debido al elevado importe de los ingresos en efectivo —que llegó hasta 2,5 millones de dólares—, el BPA informó a Gil Yánez y a Hernández Fernández que no podrían continuar con estas operaciones, razón por lo que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias. “Aún así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan, ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra”, cita el informe obtenido por esta investigación.

Sin embargo, una nota del mismo documento contra Norman Puerta Valera resalta que Gabriel Gil Yánez nunca ha formado parte de la organización de BPA “ni directa ni indirectamente como empleados o colaboradores y, por tanto, nunca han recibido directrices de negocio de Banca Privada de Andorra”.

Una fuente que accedió a hablar a esta investigación bajo condición de anonimato afirmó: “Gabriel Gil viajaba con frecuencia a República Dominicana. Volaba hasta allá y regresaba con maletas llenas de dólares, algunas veces hasta con diez millones. Llegaba por el aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira [frontera entre Venezuela y Colombia], donde conocía a un militar amigo, y luego conducía hasta Caracas”.

Preso por una avioneta

Gabriel Gil tuvo que enfrentar la justicia unos años más tarde. El 4 de diciembre de 2010 fue acusado por el robo de una avioneta en el aeropuerto Óscar Machado Zuloaga de la localidad de Charallave, a 28 kilómetros de Caracas. Permaneció tres años detenido en la cárcel de Yare III por los delitos de apoderamiento ilegítimo de aeronave en grado de frustración, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Quedó en libertad en 2014, después de cumplir su condena. Nunca recibió la medida cautelar que solicitó en reiteradas ocasiones.

Además, Gil Yánez fue vinculado con un militar dominicano, identificado como Jorge Pércival De Marchena, quien era investigado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y trata de personas, según un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

Una nota publicada el 26 de octubre de 2011 en el diario dominicano Acento, sobre los nexos comerciales de De Marchena, indicaba que Gabriel Ignacio Gil Yánez, era “investigado en su país por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional drogas”.

Al venezolano se le vinculó también con el hijo del militar Pércival. Diario Digital, una publicación de Punta Cana, reseñó el 25 de octubre de 2011 que Jorge Humberto Pércival Peña, hijo del capitán, estuvo negociando con Gil Yánez la compra de un avión en España, “que utilizarían para hacer actividades ilícitas, pero esta operación no se llevó a cabo porque Gil fue arrestado en Venezuela por las autoridades antinarcóticos”.

Gil Yánez registró, el 12 de marzo de 2010 en República Dominicana, una empresa llamada Airflow Corp, según consta en los registros de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

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Actualmente Gil Yánez se encuentra en la ciudad venezolana de Barquisimeto.

La “reclutadora” de BPA en Caracas

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Una de las asesoras de Banca Privada de Andorra (BPA) en Caracas era Mariela Milagros Prieto González, quien se encargó de captar y procesar la documentación para la apertura de cuentas a venezolanos en esa entidad. El español Antonio Salvador Lozano era también encargado de captar clientes y referirlos a Prieto González, quien se aseguraba de que toda la documentación estuviera “en orden y completa” (en ocasiones las fichas estaban vacías).

Prieto González trabajó en el Banco de Venezuela hasta 2005, cuando aún estaba en manos del español Grupo Santander. Su experiencia le permitió ser reclutada por BPA, pero la relación laboral terminó en 2008. Las comisiones y retribuciones que BPA pagaba a Prieto por sus servicios eran abonadas en una cuenta abierta en la misma entidad.

Prieto no solo recabó información para la apertura de todas las cuentas venezolanas, sino que también facilitó la simulación de operaciones sin justificativos para efectuar transacciones hasta Andorra con la complicidad de la directora de BPA en Panamá, Cristina Lozano Bonet. Un caso frecuente eran las transferencias declaradas como “permuta” o “traspasos” sin que se presentara la documentación que sustentaran las transacciones. Las pesquisas descubrieron que la red incluso creaba empresas fantasmas para encubrir las transacciones.

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Cristina Lozano Bonet, ejecutiva de BPA Serveis en Panamá

La jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre ordenó en 2010 la detención de la venezolana Mariela Milagros Prieto González, junto a los españoles Antonio Salvador Lozano, y la directora de BPA Serveis en Panamá, Cristina Lozano Bonet.

En Venezuela, Prieto aparece también como gerente de una empresa denominada Red Net 24 C.A., especializada en servicios de telecomunicaciones y con dos sedes: la primera en la urbanización El Marqués, en Caracas; y la otra en la población de Ocumare del Tuy, a 44 kilómetros de la capital venezolana. Esta empresa ha obtenido contratos de la estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), según consta en el expediente del Registro Nacional de Contratistas (RNC), donde también figura como presidente su hermano Gustavo Enrique Prieto González.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) intentó contactarla por medio de llamadas telefónicas a su hermano, presidente de Red Net 24, pero este declinó hacer algún comentario sobre la vinculación de Mariela Milagros Prieto González con la Banca Privada d’Andorra.

Entretanto, la cuenta del excomisario Norman Danilo Puerta Valera en la BPA, con 1,4 millones de dólares, continúa bloqueada.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) está integrado por profesionales en Argentina, Colombia, Panamá, Brasil, Chile, Venezuela, Estados Unidos, México, Costa Rica y España. Esta información se publica también hoy en diarios digitales e impresos en Caracas, Panamá, Miami, Sao Paulo y Bogotá.

Venezolanos que blanquearon dinero en Andorra son noticia en el mundo

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Portales internacionales y nacionales de noticias, los principales periódicos regionales de Venezuela, así como El Mundo de España, abrieron el martes con el hallazgo de un reportaje realizado por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI). La información revela que dos venezolanos que recibieron pasaportes diplomáticos por ser “asesores” de Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, lavaron más de un millón de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA). Basándose en investigaciones y documentos del Grupo Antiblanqueo de Andorra, los periodistas dejaron al descubierto las transacciones presuntamente ilícitas de Tulio Hernández Fernández y Gabriel Gil Yánez, quienes formaban parte de una red que involucra a un ex jefe del Cicpc y a otros funcionarios del Estado.

Además de publicar la investigación realizada por profesionales de 10 países de Iberoamérica, El Mundo de España dedicó su editorial al referido trabajo periodístico. Sobre la autoría del reportaje, afirmaron: “El hecho de que por primera vez publiquemos una exclusiva bajo una firma colectiva (Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación) para proteger la identidad de sus autores es una prueba más de las dificultades que tiene que sortear la prensa libre para abrirse paso en Venezuela”.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación está integrado por profesionales de Argentina, Colombia, Panamá, Brasil, Chile, Venezuela, Estados Unidos, México, Costa Rica y España.

A continuación se muestran algunos de los portales web que cubrieron esta noticia. Haz clic en las imágenes para abrir los contenidos desarrollados:

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