En el comunicado, la CTV condenó que el gobierno «continúa practicando su política de detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales»
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) aspira a que el gobierno de Nicolás Maduro decrete un aumento «significativo» del salario mínimo para marzo de 2024.
Mediante un comunicado, la CTV precisó que los días 1 y 2 de febrero se realizó la cuarta sesión del Foro de Diálogo Social con asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este cuarto foro, según la CTV, aprobó el método de fijación del salario mínimo y un cronograma para su fijación.
«Aspiramos que, a más tardar en el mes de marzo, el gobierno decrete un significativo aumento del salario mínimo», añade el texto, detallando que lo esperado es que la cifra no sea inferior a los 200 dólares mensuales.
Consideran, además, que no hay ninguna justificación «para mantener el salario mínimo actual alrededor de U$ 4 mensuales con una canasta alimentaria que ronda los U$ 500 mensuales».
Según la organización, estas reuniones tienen la «única finalidad» de que el gobierno «cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de septiembre de 2019″ para el cumplimiento de varios convenios laborales.
«El gobierno tiene ya una mora de más de 4 años en efectuar los cambios para adecuar la legislación interna y la práctica a los parámetros exigidos por el Convenio 87, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, desde la publicación del informe de la Comisión de Encuesta», advirtió la CTV.
Explican, además, que el cumplimiento del convenio implica no solo modificar la legislación antisindical, «sino terminar con su política sistemática de persecución sindical, coordinada con el Ministerio Público y el poder judicial».
Detenciones de sindicalistas
En el comunicado, la CTV condenó que el gobierno «continúa practicando su política de detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales».
Al respecto, lamentaron la detención de Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Colegio y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev) seccional Barinas.
Indicaron, además, que en el desarrollo de las sesiones exigieron al gobierno informar de la situación de Venegas, cuya organización sindical es afiliada a la CTV, pero no obtuvieron respuesta.
Por otra parte, señalaron que solicitaron al gobierno información de las condiciones de la libertad provisional de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes que habían sido sentenciados a 16 años de prisión «sin ninguna prueba de los delitos por los cuales fueron condenados».
Asimismo, solicitaron respuesta a la queja introducida por la detención del profesor Robert Franco, secretario general del Colegio de Profesores de la seccional Carúpano, estado sucre, sin recibir respuesta alguna.
“Desconozco cómo serán las condiciones laborales en otro país, pero en Venezuela son terribles y la pandemia lo que hizo fue empeorarlo todo”, dijo la enfermera Sandra* mientras del otro lado del hilo telefónico se escuchaba a su hijo de cuatro años riendo mientras jugaba en la sala de su hogar. Sandra es una de las decenas de enfermeras que todavía trabajan en el Hospital doctor Jesús Yerena de Lídice en Caracas, pese a la crisis de salarios que afecta al gremio de salud.
Sandra argumentó que antes de decretada la cuarentena en marzo de 2020 por la llegada del coronavirus a Venezuela, la situación contractual de las personas que trabajan en el sector público de salud eran paupérrimas.
“Yo con mi sueldo difícilmente puedo alimentarme y menos ofrecer un sustento de calidad a mi hijo”, sentenció Sandra, quien es madre soltera desde hace un par de años. “Afortunadamente una vecina me dijo para ayudarla en un emprendimiento de dulces que tiene y con eso más o menos tengo para subsistir”.
Muchos le preguntan a Sandra por qué sigue siendo enfermera y ella levanta la cara y responde. “Puede sonar romántico y hasta estúpido, pero quienes seguimos aquí lo hacemos por vocación, porque nos duele la gente, especialmente la que no tiene ni para comprar un acetaminofén”.
A Sandra la llegada del covid-19 a Venezuela le hizo ver con mayor proximidad la crisis.
“Los primeros días fueron de mucha angustia, teníamos mucho miedo a contagiarnos. Al principio nos dieron mascarillas y guantes, pero después hubo que buscar uno por su cuenta los insumos porque aquí no dotan de nada al personal”.
Estar en la primera línea de riesgo de contagio a Sandra le generaba mucha ansiedad, pero también compromiso con los enfermos y sus familiares.
“Recuerdo que en los primeros meses (marzo y abril) no había ni transporte para el Hospital, a mi me tocó varias veces irme caminando y yo vivo en Antímano”.
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, dijo que la pandemia ha desnudado la fragilidad del sistema sanitario y laboral en Venezuela.
“Nuestro personal no tenía los insumos y además quedó al descubierto la vulnerabilidad de nuestros sueldos. El salario en Venezuela es quizás uno de los más bajos del mundo. Eso no nos permite tener acceso a un mínimo de alimentos, mucho menos a la canasta básica, eso nos coloca en situación de extrema pobreza”, declaró.
“Ya basta de ver a nuestros jubilados y pensionados reducidos a la condición de indigentes sociales. Necesitan alimentación. Es el momento de exigir nuestros derechos”
José Calma, miembro del Instituto Nacional de Estudios Sindicales (Inaesin), dijo que, pese a la pandemia, las protestas laborales en Venezuela no cesaron.
“Entre 2020 y 2021 contabilizamos más de 1.700 conflictos, con un promedio de 850 por cada año aproximadamente, esto demuestra que el coronavirus no frenó la protesta, por el contrario la potenció”.
Calma informó que los trabajadores del sector público fueron los principales protagonistas de las exigencias salariales.
“Los empleados públicos participaron hasta en 91% de los reclamos en todo el territorio nacional y el sector con mayor participación fue el de la salud, seguido del de educación”.
El abogado explicó que la principal exigencia de los trabajadores fue la de mejora salarial con 36%, secundada de mejoras en condiciones de trabajo, con 22.
Calma aseveró que muchos trabajadores fueron testigos de cómo la covid-19 complicó sus tareas cotidianas y tuvieron que ingeniárselas para llevar la comida a su casa.
Tal es el caso de Douglas Revilla, un mecánico que vive en La Vega y trabaja en un taller en El Llanito. La segunda quincena de marzo y la primera de abril de 2020, Douglas no pudo salir de su casa, estaba desesperado, su trabajo que demanda presencialidad estaba abandonado y, por ende, no podía generar dinero.
Ante la consigna de “quédate en casa” promovida por un gobierno que no le ofrecía alternativa de sustento alguno al trabajador, Douglas decidió tomar las riendas del asunto. “A mi nadie me da nada, sino salgo a trabajar no como, tan sencillo como eso. Al principio me compré una caja de huevos y empecé a vender frente a mi casa, luego mi cuñado me dio prestada su moto y sorteando alcabalas pude ir a casa de clientes y atenderlos a domicilio, fue duro porque yo soy diabético y el riesgo de contagio estaba en el aire”.
Contreras dijo que, pese a las restricciones que surgieron en 2020 y 2021 con la imposición por parte del gobierno de semanas flexibles y radicales, el trabajador venezolano seguía saliendo a la calle.
“No solo a trabajar sino a protestar, salíamos o nos moríamos de hambre, porque no tenemos un salario que nos permita la subsistencia. Cuando uno revisa la realidad del trabajador de otros países, uno se percata que acatan el llamado a quedarse en casa, pero ¿cómo uno en Venezuela puede quedarse en casa sin nada que comer?”, se preguntaba.
COVID-19 y falta de gasolina
“La movilización hacia los puestos de trabajo fue un asunto que complicó bastante a los venezolanos en los primeros meses de pandemia, especialmente porque coincidió con el agravamiento de la escasez de gasolina”, aseveró Calma.
El abogado, que pertenece al Inaesin, explicó que, para quienes trabajan desde casa aún padecen la desidia de uno de los países con peor conectividad del mundo.
“Tenemos posiblemente el peor internet de América por lo que llevar a cabo esa cuota de teletrabajo es realmente complicado”.
Calma sostuvo que el teletrabajo representa una enorme calamidad para muchos, incluyendo a los patronos.
“La mayoría de la gente no tiene conexión a internet o posee una que es irregular, cuentan con equipos obsoletos, pasan horas sentados en sillas inadecuadas que generan lesiones y a esto hay que sumar que los empresarios no tienen la posibilidad de asumir los gastos para dotar a sus empleados de insumos para trabajar en sus hogares, les es cuesta arriba contratar servicios de internet, comprar computadoras y por supuesto ni hablar de sillas ergonómicas”.
Dolarización sin control
Calma aseveró que, durante la pandemia, el empleo de la divisa como principal herramienta de pago se afianzó en Venezuela. “Si bien esto representó una ventaja para muchos trabajadores porque ahora les iban a pagar en moneda extranjera, también significó que los empleados no iban a ver reflejados estos pagos en su historial porque son usados como bonos que no suman a la hora de una indemnización, pensión o jubilación”.
Para 2022, Calma vaticina una conflictividad laboral parecida o superior a la de 2020 y 2021, pese a que el gobierno acaba de aprobar un aumento salarial de medio petro.
Nicolás Maduro anunció el pasado jueves 3 de marzo que el salario mínimo en Venezuela pasaba de 7 a 126 bolívares, equivalente a 29 dólares, de acuerdo al cambio oficial del Banco Central de Venezuela en esa fecha. También anunció que el bono de alimentación pasaba a 45 bolívares ($10,3) por lo que el sueldo de un trabajador quedó en $39.
“Esto no representa el sentir de lo que la Organización Internacional del Trabajo llama consulta tripartita que son: gobierno, patronos y trabajadores. Se trata de un aumento inconsulto”.
Nicolás Maduro anuncia un aumento del salario mínimo equivalente a medio Petro, sin discusión tripartita.
Aumento del salario a 126 bolívares, casi 29 dólares. Decisión unilateral e inconsulta que no resuelve los problemas del trabajador venezolano.
Pese al incremento, Venezuela sigue estando en el fondo en cuanto a sueldos y salarios de América Latina se refiere. Por debajo incluso de Cuba ($79) y Haití ($73).
Calma dijo que el aumento es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, tomando en consideración que la canasta básica alimentaria se ubicó en el mes de enero de 2022 en 365 dólares.
El miembro del Inaesin indicó que debido al alto costo de la vida, los trabajadores se han visto en la obligación de incursionar en el pluriempleo o desempeñarse en oficios fuera de su ámbito laboral. “Muchos de ellos dentro de la economía informal”, agrega.
Ante la insuficiencia de de los ingresos para cubrir sus necesidades básicas, los trabajadores venezolanos han optado por el pluriempleo. Mira de que trata esta modalidad: pic.twitter.com/x7ZuUJ8mAz
El integrante de Inaesin sostuvo que el bienestar laboral del venezolano no depende únicamente de un aumento salarial.
“Es necesario alcanzar en primer lugar un diálogo social en el cual se involucren a los actores. Luego de esto el rescate de la institucionalidad, con instituciones fracturadas no hay una estructura que permita la necesaria producción de países, es perentorio el respeto y el cumplimiento del Estado de Derecho”.
Calma dijo que las sanciones económicas impuestas a Venezuela nada tienen que ver con la condición de abandono en la que se encuentra el trabajador venezolano.
“En 2015, antes de las sanciones, ya Venezuela era proyectada dentro de los índices de pobreza y no había la migración que existe hoy en día ni hiperinflación. Las sanciones en su mayoría han sido dirigidas a funcionarios de manera individual, la debacle socioeconómica no ha dependido de sanciones ni bloqueos”.
No le paran ni a la Constitución
Carmen Omaira Arismendi, secretaria ejecutiva de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), manifestó que el gobierno venezolano viola el artículo 91 de la Constitución de Venezuela, el cual reza que “todo trabajador tiene derecho a un trabajo suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.
“Pese al coronavirus, los trabajadores seguirán en la calle, protestando por un justo salario, porque el ser mal pagado y el hambre también son una epidemia que puede matar a la gente”.
Arismendi sostuvo que quienes luchan por reivindicaciones laborales justas no pretenden que el salario mínimo en Venezuela se equipare al de otros países de Latinoamérica como Ecuador ($425) y Chile ($411).
“Tenemos que ser realistas porque el gobierno no tiene cómo pagar a los empleados un incremento de tal magnitud, pero también los trabajadores no somos culpables de las políticas erradas que se han empleado en materia económica, las cuales han tirado por la borda los sueldos y salarios del venezolano”.
Arismendi dijo que el trabajador venezolano no tiene nada que celebrar con el nuevo aumento anunciado por Maduro.
“Tenemos mucho que exigir ante la grave situación que enfrentamos y nos produce mucho dolor que millones se hayan visto en la necesidad de emigrar para tener una vida mejor, sometiéndose a veces a trabajos en donde son atropellados y explotados”.
Para Arismendi, la pandemia lo que ha hecho es agravar la crisis laboral en Venezuela.
“La gente ha puesto en riesgo sus vidas porque se han visto en la obligación de salir a la calle para llevar sustento a sus hogares, exponiéndose a un virus que ha causado millones de muertos en el mundo y dejado secuelas a otros tantos”, argumentó.
Arismendi dijo que es inconcebible que un gobierno que se jactaba de decir que poseía las mayores reservas de petróleo del mundo, ofrezca el peor sueldo de la región.
“Nadie puede emocionarse con este aumento porque sigue siendo insuficiente, es un incremento que ni siquiera permite adquirir la mitad de la canasta básica alimentaria”.
También, hizo un llamado a las autoridades para que cesen en la persecución de quienes luchan a diario por las reivindicaciones contractuales de los trabajadores.
“Ya basta de criminalizar la protesta, la protesta es un recurso legal en democracia, no es posible que se siga encarcelando y amedrentando a quien se queda en Venezuela y lucha por una vida digna”.
Por su parte, Contreras aseveró que las protestas se van a seguir dando a pesar del ajuste salarial que recientemente hizo el gobierno.
“Lamentablemente el salario del venezolano sigue distanciado del costo de la canasta básica alimentaria que es una de las referencias que establece el artículo 91 de la Constitución y que el gobierno ignora. Los trabajadores en Venezuela parece que están condenados a un exterminio”.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) sostiene que la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional es una «iniciativa necesaria» para atender el caos en que se encuentra el país
Con un salario mínimo de dos dólares mensuales -el más bajo del mundo- que no sirve ni para comprar un almuerzo en la calle, y con sindicalistas perseguidos e incluso presos por exigir mejoras salariales y reivindicaciones laborales, la clase obrera venezolana no tiene nada que celebrar este 1º de mayo de 2020, Día Internacional del Trabajador.
A partir de hoy entra en vigencia el nuevo salario mínimo de 400.000 bolívares que Nicolás Maduro aprobó para «proteger» a los trabajadores en medio de la cuarentena por el coronavirus, que tiene a millones de venezolanos sin poder rebuscarse para subsistir en un país donde los precios de bienes y servicios se dispararon 124% en el primer trimestre del año. Un salario que hoy equivale a 2,2 dólares mensuales o 13 huevos. Diariamente son 0,07 dólares, muy por debajo del umbral de pobreza establecido por el Banco Mundial (1,90 dólares diarios).
Con esto, afirman las centrales sindicales CGT, Unete y Codesa, el «régimen hambreador» deja muy claro que «su estrategia política es profundizar la esclavización de la clase trabajadora», cuando el costo de la canasta alimentaria se remonta en 68 millones de bolívares, unos 340 dólares, de acuerdo con las proyecciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) para este mes de abril.
EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO incrementó hoy en 2,5 veces el valor del salario mínimo en el país, que aplica para la mayoría de los trabajadores públicos, y lo ubicó en 4.500 bolívares o poco más de 52 dólares por mes, si se atiende la tasa de cambio oficial.
“A partir de mañana (…) el valor del salario mínimo y las pensiones será de 4.500 bolívares”, dijo Maduro en una alocución transmitida en cadena de radio y televisión.
El incremento es parte de los “factores de corrección” que introduce Maduro a su programa de “recuperación económica” que cumplió ayer 100 días desde su implementación.
Estos fueron los anuncios de Maduro la noche del 29 de noviembre:
1.- Aumento salarial a 4.500 bolívares soberanos. Este será el mismo monto de las pensiones.
2.- Pago del diferencial de aguinaldos a partir del 15 de diciembre.
3.- Bono único de Navidad de 2.000 bolívares soberanos.
4.- Bono Niño Jesús a través del Carnet de la patria de 2.000 bolívares soberanos.
5.- Pago del tercer mes de aguinaldo para pensionados.
6.- Se mantiene el pago del diferencial de aumento de salarios a la empresa privada y a quienes trabajan por su cuenta.
7.- A partir del 30 de noviembre entrarán en vigencia los nuevos precios acordados.
8.- Así quedaron establecidos los bonos Hogares de la patria:
– 2 personas: 1.200 bolívares soberanos.
– 3 personas 1800 bolívares soberanos.
– 4 personas 2.400 bolívares soberanos.
– 5 personas 3.000 bolívares soberanos.
– 6 personas o más 3.600 bolívares soberanos.
* Parto humanizado: 2.400 bolívares soberanos.
* Misión Jose Gregorio Hernández: 1.800 bolívares soberanos.
EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO incrementó hoy en 2,5 veces el valor del salario mínimo en el país, que aplica para la mayoría de los trabajadores públicos, y lo ubicó en 4.500 bolívares o poco más de 52 dólares por mes, si se atiende la tasa de cambio oficial.
«A partir de mañana (…) el valor del salario mínimo y las pensiones será de 4.500 bolívares», dijo Maduro en una alocución transmitida en cadena de radio y televisión.
El incremento es parte de los «factores de corrección» que introduce Maduro a su programa de «recuperación económica» que cumplió ayer 100 días desde su implementación.
Los mismos 4.500 bolívares, que se cambian por menos de 10 dólares en el mercado paralelo e ilegal, según las leyes que rigen el férreo control cambiario que existe en el país desde 2003, aplican para todos los pensionados venezolanos y las llamadas «tablas salariales» de los empleados públicos.
Maduro añadió que las bonificaciones de fin de año, así como millones de otras que reparte su Gobierno en ayudas sociales cada mes, se ven igualmente afectadas por el aumento.
También entregará a los inscritos en el carnet de la patria, un censo paralelo que la oposición denuncia como un intento por controlar a los venezolanos, un «bono único» de 2.000 bolívares o 23,10 dólares.
El salario mínimo venezolano equivale a medio petro, unidad al que está anclado.
El petro nació a finales de 2017 como un criptoactivo, pero que de momento se transa como un certificado de ahorros.
En agosto pasado, cuando Maduro anunció su paquete económico, indicó que el petro, que fue declarado como ilegal por el Parlamento y sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, se fijaba en 3.600 bolívares.
Hoy lo elevó hasta los 9.000 bolívares, al tiempo que invitó a los venezolanos a invertir en este certificado.
Maduro toma estas medidas en medio de la severa crisis económica que atraviesa Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta.
El programa de Maduro también incluye el control de precios de al menos 40 productos entre alimentos y artículos de higiene personal y del hogar, que Efe ha podido constatar escasean hasta en la capital del país.
El presidente reconoció hoy que este esquema de congelación de precios fue burlado «en un nivel muy importante», y adelantó que fijará pronto nuevos montos máximos para estos productos.
La noche de este domingo, 19 de agosto, Nicolás Maduro ofreció más detalles sobre el conjunto de medidas económicas que anunció dos días atrás con motivo de la reconversión monetaria. Entre estos, aclaró que el nuevo aumento salarial –que pasó de 3 millones a 180 millones de bolívares– se pagará a partir del 1 de septiembre de este año.
De acuerdo con el primer mandatario, el día 7 de septiembre se pagará la primera semana de trabajo y el 15, la segunda. A partir de allí, se comenzarán a cancelar quincenalmente la jornada laboral, acotó vía Facebook Live, en una transmisión en la que lo acompañó Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República.
Informó, además, que el Ministerio de Economía y Finanzas, que lleva Simón Zerpa, será el encargado de recibir las nóminas de las empresas privadas, pequeñas y medianas, que soliciten que el Estado pague el diferencial de aumento salarial durante los primeros tres meses.
«Son 90 días para la adaptación y para que nadie tenga la excusa, ¿por qué? Porque los precios han sido dolarizados en los últimos 12 meses. Ya ustedes (empresarios) realizaron sus ganancias, ustedes colocaron los precios dolarizados de acuerdo a un dólar falso, ¿verdad? Bueno, ahora viene la etapa de buscar los precios justos, verdaderos, reales, en base a una tabla de equilibrio en donde ponemos el bolívar soberano, el salario mínimo,y las tablas salariales como centro y ahí vamos a irnos moviendo», declaró.
Acotó Maduro que a partir del 21 de agosto se anunciarán los nuevos «precios justos» de los productos que supuestamente se están acordando con el sector privado. La intención, afirmó, es fijar el precio de la canasta básica nacional en menos de medio Petro, lo que equivale a 180 millones de bolívares (1.800 Bs. Soberanos)
«El martes vamos a publicar los nuevos precios para que el pueblo los conozca y los defienda», aseveró. Llamó también a las organizaciones comunales, como consejos comunales, UBCH y comunas a evitar que tales tarifas se violen.
Para Maduro, el «paquetazo» lanzado el viernes pasado pretende buscar «nuevos equilibrios» y un rumbo distinto al Fondo Monetario Internacional (FMI). Estoy comprometido, por eso querían matarme, para que no llegaran estos días de cambio necesario de la economía», indicó.
«Ha llegado la hora de gobernar la economía (…) Antes de ayer estábamos fuera de juego, antes de ayer las reglas las imponía Dólar Today», reconoció Maduro. «Todo va a salir bien, tengo gran fe», concluyó.
Nicolás Maduro anunció este jueves un incremento de 40% del salario mínimo y de las demás tablas salariales de los trabajadores. El sueldo mínimo quedará en Bs. 136.554.
Asimismo, anunció el aumento de la base de cálculo de cestaticket, que sube 4 puntos, de 17 a 21 Unidades Tributarias (UT), por lo que el monto que percibirán los trabajadores por el bono de alimentación será desde este mes 189.000 bolívares.
De esta manera, el salario integral de los trabajadores (sueldo más cestatickets) será de Bs. 325.544.
La Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del estado Zulia (UCEZ) emitió un comunicado en el que critica las medidas económicas anunciadas el 17 de febrero por el presidente Nicolás Maduro.
«Se mantiene el mismo discurso, lo que demuestra que no se asumen ni mucho menos se comprenden los errores que nos han traído hasta la crisis. Se continúa hablando de guerra económica, inflación inducida y plan de la patria, lo que deja claro que se sigue profundizando el mismo modelo que desencadenó esta grave crisis que hoy sufre el hogar venezolano», se lee en el comunicado.
Con respecto a la escasez de alimentos, la UCEZ considera que no se puede seguir apostando por el campo y la producción extranjera, y el presidente no se presentó una planificación real que permita recuperar el aparato productivo nacional.
En cuanto a la fijación de precios, la Unión destaca que se continúa hablando de todo tipo de controles: de cambio, de precios, de distribución y en la venta. «No se ha comprendido que la crisis actual, que está condenando al país a la pobreza, es precisamente el exceso de controles», reza el texto.
Por otro lado, no se hace referencia al desmontaje del sistema de control de cambio, «el cual es el artífice de los graves problemas de corrupción y de burocracia en el país. No se ofrece un plan estructural que permita confiar en que realmente hay un cambio positivo. Solo se eliminó una tasa que ya de igual forma no funcionaba, y se mantuvo la que incentiva la búsqueda de dólares baratos para luego venderlos más caro en el otro mercado».
En relación con los impuestos, la UCEZ señala que con la recaudación se costea casi el 90% de los gastos del propio Estado: «Es decir, los ciudadanos (trabajadores y empresa privada) llevan sobre sus hombros la carga económica de la burocracia. En vez de hablarse de un plan de austeridad para los gastos del gobierno, se condenó ayer a los ciudadanos a tener que seguir costeando los derroches de este, a través de más impuestos que no se traducen en mejores servicios públicos (hospitales, carreteras, aguas servidas, agua potable, recolección de basura, etc)».
Con respecto al incremento salarial, la Unión refiere que los venezolanos son conscientes de que «el problema no se resuelve teniendo más bolívares, sino que con esos bolívares se pueda acceder a la calidad de vida. Irónicamente, con más dinero en el bolsillo, los trabajadores pierden poder adquisitivo. Si la empresa privada se empobrece, los trabajadores saben que ellos también se empobrecen. No es tener más bolívares, es poder comprar más con lo que ganas. Y eso solo se logrará cambiando el modelo. Con soluciones reales que ayuden a superar esta grave crisis».
Para la Unión, el aumento del precio de la gasolina demuestra el nivel de distorsión que existe en el país: «Hoy, con ese incremento, apenas se alcanza a cubrir el 10% del costo de producción de un litro de gasolina. Esta misma situación, y esta misma distorsión, se vive en el aparato productivo nacional, y por eso es que cada vez vemos un mercado más desabastecido».
Con este análisis de los anuncios económicos del presidente, la UCEZ expresa que, sin correctivos reales y necesarios, habrá «más tragedia para los hogares venezolanos debido a que se continúa apostando por hacer más voraz el modelo de intervención y de exceso de controles, que se traducirá en un holocausto al bolsillo.
Si no cambia el modelo, no llegará inversión. Ni nacional, ni mucho menos extranjera».
