El tercer informe de la misión de la ONU cita 9 trabajos de RunRun.es que describen las violaciones a los Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco entre 2016 y 2022
De los 20 medios de comunicación privados venezolanos mencionados en el documento, la mitad de ellos fueron bloqueados de las operadoras de internet venezolanas por petición del Estado solo en 2021
Por tercera vez consecutiva, los medios de comunicación privados y las Organizaciones No Gubernamentales venezolanos tomaron un papel definitivo en el registro, documentación, verificación y difusión de casos relacionados a las violaciones de Derechos Humanos para alimentar las conclusiones de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, en las que se menciona a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otros dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de orquestar las torturas, ataques y masacres a civiles y disidentes políticos venezolanos desde el 2014.
«Las investigaciones de la Misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados al azar por individuos desconectados, que actuaron solos dentro del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar). Por el contrario, el Sebin y la Dgcim fueron parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades», declaró Martha Valiñas, presidenta de la Misión en la presentación del documento.
En su tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, publicado el 20 de septiembre del 2022, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU actualizó su investigación sobre la violación sistemática de los Derechos Humanos en el país.
En este caso, destaca el rol del periodismo de rigor en la documentación en dos temáticas: las historias de las víctimas de los crímenes y torturas cometidos por autoridades y funcionarios del Estado venezolano y la acción de los grupos armados junto a la violación de los Derechos Humanos a las poblaciones indígenas como consecuencia del Arco Minero del Orinoco.
«La Misión lamenta que, transcurridos tres años de su mandato, el Gobierno venezolano aún no haya permitido a sus miembros visitar el país», se lee, una vez más, en el informe.
La ONU también denunció que no obtuvo ningún contacto con la administración pública venezolana, quien no respondió «a ninguna de las diez cartas que la Misión le envió entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022».
Frente a la falta de cooperación del gobierno de Maduro, la ONU contrastó 246 entrevistas en este ciclo con reportes de medios de comunicación venezolanos y ONG nacionales y regionales.
«Los medios de comunicación independientes y las ONG, como referente de la generación de información de primera mano dentro de Venezuela, se convirtieron en un insumo vital para La Misión», aseveró Andrés Cañizález, periodista, académico y director de la ONG Medianálisis, dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
«Con las limitaciones del caso, porque la repercusión sobre el informe es limitada para cierta parte de la población, ya que el periodismo independiente y la sociedad civil venezolana informa de estos casos a un sector anclado de la sociedad venezolana, la que se puede informar, la que puede conectarse a una red eléctrica y de internet medianamente estable», agregó.
Una mina de violaciones a los Derechos Humanos
Entre los tres documentos que publicó la Misión de la ONU el 20 de septiembre se registran alrededor de 216 menciones a trabajos de medios de comunicación privados, de los cuales 24 nombran a Runrun.es.
Los informes toman como referencia a 9 trabajos de investigación que realizó Runrun.es entre 2016 y 2022. La mayoría de ellos se enfocan en el registro de las violaciones a los Derechos Humanos y la corrupción estatal en el Arco Minero del Orinoco, un proyecto de intervención territorial de industrias extractivas en el sur de Venezuela auspiciado por el gobierno de Nicolás Maduro desde 2016.
A través de distintos proyectos periodísticos, Runrun.es viene reportando casos de corrupción empresarial e invasiones de territorios indígenas desde el inicio del proyecto del Arco Minero.
Junto a la plataforma Connectas, se documentó el contrabando de oro entre empresas estatales, extranjeras y grupos criminales armados.
El intercambio ilegal de metales preciosos en el Arco Minero del Orinoco generó múltiples enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del estado y las guerrillas; mientras tanto, las poblaciones indígenas del norte del estado Bolívar se encontraban en el fuego cruzado.
El informe relata que los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «provocaron enfrentamientos con “sindicatos” en las minas. (…) Los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad del estado y los grupos armados criminales continuaron en el marco de la operación Manos de Metal, que fue anunciada por Tareck El Aissami el 8 de junio de 2018. Según el anuncio oficial, esta operación estaba encaminada a “atacar las mafias de contrabando de extracción de metales” . Se emitieron órdenes de captura contra los cabecillas de distintos “sindicatos” y 28 presuntos líderes de alto perfil del tráfico ilegal de oro».
Runrun.es continuó la documentación de los enfrentamientos entre guardias nacionales venezolanos y las ejecuciones extrajudiciales en la zona.
Masacres en la selva
Gracias a la recopilación de testimonios, se pudo constatar que desde el 2015 los asesinatos a los mineros en el estado Bolívar son una constante.
Investigaciones de Runrun.es confirman un mínimo de 11 personas ejecutadas de manera extrajudicial por su relación con las minas de la zona antes de la Masacre de Tumeremo, cuando asesinaron a un mínimo de 17 civiles en un enfrentamiento armado en marzo de 2016.
Runrun.es relató las experiencias de los habitantes del municipio Sifontes del estado Bolívar. Algunos afirmaban que las ejecuciones eran un hecho recurrente. El tercer informe de la ONU constató, a través de entrevistas a testigos de las masacres y con antiguos funcionarios venezolanos, que todos esos hechos fueron desamparados por el Estado venezolano.
Del mismo modo, en febrero 2018, la cobertura de Runrun.es sobre las ejecuciones en Cicapra, otro poblado del estado Bolívar, ayudó a contrastar a las entrevistas consultadas por la Misión de la ONU y a corroborar que el operativo no fue un enfrentamiento, sino una orden militar sin registros que mató 18 civiles.
Registro de la resistencia
En el marco de esos enfrentamientos, también se documentó cómo los liderazgos indígenas de la región han tenido que encarar a las relaciones coercitivas con el Estado venezolano para mantener su integridad.
Los testimonios tanto de los medios de comunicación cómo los que recopiló la ONU establecen que el Estado mantiene una violación constante a la población indígena venezolana desde 2001, como mínimo.
«La creación de cuerpos de seguridad indígena responde también a la falta de respuesta de las autoridades ante los abusos de poder y violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Los líderes y lideresas de las comunidades pemón presentaron frecuentemente denuncias ante diversas autoridades, tal como las comandancias militares de las REDI y ZODI y el ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Sin embargo, la mayoría de estas denuncias no recibieron respuesta», establece el informe.
Dentro de las denuncias relatadas en la Misión de la ONU se encuentra el caso del asesinato a Zoraida Rodríguez, de 46 años, y el ataque a miembros de la Guardia Territorial Pemón de Santa Elena de Uairén por parte de fuerzas militares venezolanas el 22 de febrero de 2019. Ese día, el proyecto periodístico Monitor de Víctimas documentó que los cuerpos de seguridad impedían el paso de la ayuda humanitaria que concedió la Guardia Territorial Pemón en la frontera con Brasil. Los militares abrieron fuego contra los civiles.
La Misión de la ONU informó que la reconstrucción de ataques militares a comunidades indígenas en la frontera entre Brasil y Venezuela se valió casi exclusivamente de las entrevistas recopiladas por el grupo de investigación y los reportes de la prensa independiente.
«En las investigaciones llevadas a cabo por la Misión con respecto al caso ocurrido en Ikabarú (el 22 de noviembre de 2019), se dio seguimiento al incidente a través de un estudio comparado de fuentes abiertas de información», se lee en el punto número 357 del tercer informe de la ONU. «Al no poder entrar en territorio venezolano, y al haber ocurrido el caso en un área remota del territorio venezolano, la Misión se encontró con importantes retos para entrevistar a personas que hubieran vivido de primera mano el incidente violento que se refleja. Sin embargo, la Misión encontró múltiples fuentes abiertas de información que se referían a los hechos en la comunidad de Ikabarú como uno de los casos emblemáticos con delitos ocurridos en el marco de operaciones violentas para obtener control territorial en áreas mineras del municipio de Gran Sabana».
El registro de los testimonios de las víctimas por parte de la prensa venezolana, así como la descripción de los hechos, facilitó a la ONU a reconstruir el asesinato de 8 personas en la comunidad pemón de Ikabarú, ubicada en el estado Bolívar, y establecer las bases de una ejecución extrajudicial por parte del Estado venezolano con el objetivo de anexar el territorio al Arco Minero del Orinoco pese a no pertenecer al proyecto.
De una zona industrial a una zona de torturas
El otro tema determinante en los tres documentos que conforman el tercer informe de la ONU es el registro sistemático de centros de tortura y represión por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La Misión de la ONU pudo localizar 17 puntos de tortura en Caracas y Miranda, cuya sede principal se encuentra en Boleíta Norte (municipio Sucre, Miranda). Debido a las restricciones del Estado Venezolano de brindar información, la ONU reconstruyó una línea de tiempo de las actividades de la Dgcim para convertir un edificio comercial en una sede policial donde se ejecutan violaciones a los Derechos Humanos.
Un reportaje de Runrun.es relata a través de distintos testimonios cómo los miembros de la Dgcim ocuparon en 2019 una zona industrial y residencial de la Gran Caracas sin el conocimiento de sus vecinos.
Desde esa sede, la ONU pudo constatar que los presos políticos y civiles del Estado venezolano eran despachados a distintas «casas de seguridad» para ser torturados antes de regresar a Boleíta Norte y continuar sus procesos de detención arbitraria.
Frente a la censura
De los 20 medios de comunicación privados venezolanos mencionados en el tercer informe de la ONU, 11 de ellos fueron bloqueados de las operadoras de internet venezolanas por petición del Estado solo en 2021, según el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) y la ONG VE Sin Filtro.
De acuerdo con los datos de VE Sin Filtro, desde 2014 la censura en internet contra medios de comunicación ha crecido de manera exponencial.
«En Venezuela, los medios de comunicación independientes se han convertido en las referencias directas de las realidades a las cuales la Misión de determinación de Hechos no ha podido tener acceso debido a que no ha podido entrar al país», aseveró Marianela Balbi, directora ejecutiva del IPYS. «Desde el periodismo se está desmontando diariamente el discurso oficial, que el aparato de la propaganda gubernamental se empeña en poner en la opinión pública a través de los medios públicos, paraestatales y progubernamentales, y de la maquinaria de desinformación que activa para intoxicar el discurso público que se expresa en las redes sociales».
«Por estas razones, periodistas y defensores de derechos se han convertido en el blanco de los ataques desde los servicios de seguridad y las instituciones públicas. Detrás de las graves denuncias del informe de la ONU está la acción sostenida, rigurosa y valiente de los medios independientes y las ONG en Venezuela», agregó.
Andrés Cañizález afirmó que, debido a la reducción del ecosistema de medios en los últimos años, el impacto interno de la prensa independiente venezolana es reducido; pero, a largo plazo, los registros son un papel clave para la comunidad internacional y los procesos de justicia frente a las instituciones multilaterales.
«Mi percepción es que no tenemos una opinión pública como lo establecen las democracias modernas, donde se contrasta el pensar de la población a través de encuestas y se contrasta con la prensa nacional. Ese fenómeno está muy reducido en Venezuela», explicó Cañizalez. «Yo creo que, en el corto plazo, estos informes tienen un impacto limitado mientras el chavismo siga en el poder y se mantenga como está ahora, pues va a tener bastante control de la narrativa de lo que se habla en el país. Pero creo que en el mediano y en el largo plazo estos informes van a ser sustantivos vitales no solo en la discusión pública, sino en el restablecimiento de un sistema de justicia y de Estado de Derecho en Venezuela».
Tanto Andrés Cañizález como Marianela Balbi reflexionaron que la documentación de la violación a los Derechos Humanos en Venezuela son primordial para construir una memoria colectiva y para «rendir cuentas al gobierno» en un futuro.
El tercer informe de la ONU cita a 46 medios de comunicación privados nacionales e internacionales. Dentro de ese grupo también destacan las menciones a medios privados con injerencia nacional como El Correo del Caroní, Efecto Cocuyo, Crónica Uno, Tal Cual, El Pitazo y Armando.Info, entre otros. Todos esos medios han sufrido bloqueos en sus páginas web desde el 2017 hasta ahora.
La Misión de la ONU también recopiló el trabajo de denuncia, análisis y documentación de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Las ONG venezolanas que tuvieron una participación prominente en el informe fueron SOS Orinoco, el Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Provea y La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU), entre otras.
«Ante la inacción de las autoridades y de las instituciones públicas, los medios son el primer testigo, el primer relator de esta historia reciente para que no se continúe imponiendo la sombra de la impunidad. Pero claro, esto ocurre en una sociedad democrática y abierta, y esa no es la sociedad que tenemos en Venezuela», concluyó Balbi.
Los documentos del tercer informe de la ONU pueden descargarse al hacer clic en este texto resaltado.
