Una propina excesiva durante una bacanal parisina fue el inicio del fin para Diego Salazar, empresario de seguros y primo del ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez
@javiermayorca
La Banca Privada de Andorra estableció en 2006 una oficina de representación o de “segundo piso” en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. La sucursal no tenía el nombre de la entidad financiera en la puerta, como podría imaginarse, sino que operaba bajo la fachada de una “asesoría financiera”.
Para ser recibido allí, era necesario poseer la referencia de alguien que ya fuese cliente. Otros bancos internacionales operaban en Venezuela con el mismo procedimiento. En todos los casos, la intención era proveer una alternativa a las personas que deseaban eludir el control de cambio implantado por el Gobierno de Hugo Chávez.
No todas las personas que utilizaron los servicios de estas entidades estaban lavando dinero. Algunas simplemente querían poner sus ahorros fuera del alcance de un régimen que avanzaba hacia la confiscación del patrimonio individual. Pero en el caso de la BPA, había un interés especial en la captación de clientes ligados al Gobierno. Así fue declarado por los representantes de la entidad durante el juicio que hubo a propósito del congelamiento de las cuentas del comisario general jubilado de Cicpc Norman Puerta. De manera que el riesgo de manejar fondos procedentes de la corrupción estaba a la vuelta de la esquina.
El escándalo suscitado en 2010 por el caso Puerta (referido en la entrega anterior de esta columna) sería rebasado apenas dos años después, cuando comenzó una investigación por el supuesto delito de lavado de dinero contra el entorno del entonces ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez.
Este fue el segundo caso de funcionarios venezolanos ligado a la Banca Privada de Andorra.
El expediente comenzó cuando los órganos de investigación del principado europeo recibieron una alerta de la policía antilavado de Francia, Tracfin, sobre una transferencia llevada a cabo desde la BPA a un banco francés, por 99.980 euros, “en beneficio de un empleado de una cadena hotelera (…) en gratificación o regalía por servicios prestados”. Era, en dos platos, una propina. Tanta generosidad provenía de las arcas de la firma Highland Asssets Corp, propiedad del empresario asegurador y primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar Carreño, y representada por su primo Luis Mariano Rodríguez.
Las pesquisas de los órganos de control, de acuerdo con documentos enviados a Andorra y al Ministerio Público venezolano, revelaron que los implicados, “y especialmente Diego Salazar y su primo y hombre de confianza Luis Mariano Rodríguez, pasaban temporadas en París, hacían importantes gastos de millones de euros en establecimientos hoteleros y boutiques de lujo”. En su frenesí de consumo, Salazar solicitó a la BPA la transferencia de cuarenta millones de euros para la adquisición de un apartamento en París, a través de un banco suizo. Esta operación fue impedida momentáneamente por una decisión de congelamiento de fondos.
¿De dónde venía todo este dinero? Un auto emitido en mayo de 2016 por la Sección de Instrucción Especializada 1 de la bastilla de Andorra indica que Salazar, Rodríguez Cabello y otros individuos como el ex viceministro Nervis Villalobos, el llamado “zar de los seguros” Omar Farías (preso en Dominicana por el fraude con el Banco Peravia), el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, Estibaliz Basoa, Anna Piñero Carrabina, Cristina Lozano y Luis Laplana (directivo de la BPA para el momento) “organizaron un sistema de comisiones de los contratos públicos de la empresa Pdvsa, que implica que las empresas que accedían a las licitaciones eran obligadas a contratar al entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros a los implicados por asesoramientos”.
Los pagos de los sobornos se hacían en buena medida a través de cuentas en la BPA, a nombre de compañías registradas en Panamá, “por donde transitaron más de dos millardos de euros”, es decir, casi 2,6 millardos de dólares.
En la lista de 24 empresas, pertenecientes en forma total o parcial a Salazar y sus allegados, estaban por ejemplo la Fundación Caixa Bella, Megana International, Central Berfort, Worldwide Traders Line, Fundación Terramar Hall, Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros y Lomond Overseas.
Esta información estaba en poder del Ministerio Público venezolano poco después de que la investigación a este grupo en Europa tomó la forma de una causa penal por lavado de dinero, en noviembre de 2012. Hoy, la fragmentación del chavismo hace que unos y otros bandos se recriminen por no haber adoptado entonces medidas contra los implicados, que formaban parte de los más altos círculos de poder. Tan altos que no tenían ningún empacho en exhibir su opulencia y dar propinas millonarias alrededor del mundo. Pero no se puede olvidar que entonces todos ellos formaban parte de la misma estructura, que usaba tanto a la Fiscalía de Luisa Ortega como a los tribunales para garantizar la impunidad.
Breves
*En 2017 el Gobierno tuvo éxito en lograr la domesticación de sus adversarios. No solo aplacó las protestas que durante cuatro meses mantuvieron en jaque a la administración de Maduro, sino que contra todo pronóstico pudo instaurar una Asamblea Nacional Constituyente a su medida. La sustentabilidad de estas victorias está por verse, toda vez que la fortaleza del régimen en lo interno va en forma casi directamente proporcional a su fragilidad en el ámbito internacional, donde incluso tuvo dificultades para encontrar a un tercer país que lo acompañara en la aventura de República Dominicana. En 2018, el Gobierno intentará extender a los planos social y ciudadano la sumisión lograda en lo político. En ello será fundamental la manipulación del hambre y de las necesidades básicas de la población, a través del programa Clap y del Carnet de la Patria, que se consolida como un medio supletorio de identificación y de relacionamiento del individuo con el Estado. Por otra parte, se profundizará el compromiso de la institución militar con el régimen. En 2017, los integrantes de la Fuerza Armada demostraron que son capaces de las peores atrocidades (Padrino dixit) y, simultáneamente, de guardar el más profundo silencio ante la violación descarada de derechos fundamentales. La FAN sigue siendo una entidad fracturada, pero la ausencia de una conducción política alterna capaz de entablar nexos con los cuarteles impide capitalizar esta situación. Además, padece una corrupción medular, sistémica, que ya se traduce en el involucramiento cotidiano de sus cuadros bajos y medios en delitos comunes. Así que en 2018 veremos a los uniformados aplicar la misma represión que hubo este año contra manifestantes políticos, ahora contra la gente que reclama por hambre o por el incumplimiento de los deberes más básicos del Estado. A tal efecto, ya los comandos de zona de la Guardia Nacional actualizaron sus hipótesis de conflicto interno. No solo hicieron un arqueo de los principales factores que pueden perturbar el orden público, sino también de quiénes serían los actores, políticos y de la sociedad civil, que pueden contribuir a encauzar este descontento social. Así orientarán la violencia oficial de forma selectiva y más eficaz. El juego está cantado.
*El 20 de diciembre, los ministerios de Relaciones Interiores y de Defensa emitieron una resolución conjunta para normar la implantación de los llamados “puntos de control” por parte de agentes de los cuerpos de seguridad. Se deroga así otra resolución emitida en mayo de 2006 durante la gestión de Jesse Chacón en el MRI. Hay varios aspectos interesantes. En primer lugar, la supervisión y coordinación de los puntos de control, tanto fijos como móviles, queda en manos de la Fuerza Armada, a través de los comandos de zona. Un paso más hacia la plena militarización de la seguridad ciudadana. Por otro lado, la nueva resolución está redactada en términos tan vagos que consolidará el desorden prevaleciente en la materia. La resolución derogada establecía pautas muy claras en cuanto a la configuración de los puntos de control. Por ejemplo, se exigía la instalación de conos y advertencias a 30 metros de distancia del sitio donde estaban los agentes. Esto rara vez se cumplió, pero ese era un problema de supervisión. Ahora, no existe una lista taxativa sobre lo que debe ser el equipamiento de los puntos de control, ni cuántos agentes deben estar en ellos, ni cómo deben advertir al ciudadano sobre su presencia, ni cómo será el protocolo de actuación de los agentes y de los transeúntes. En fin, más improvisación en un área ya bastante improvisada.
*Escribe una lectora al correo crimenessincatigo@gmail.com, para explicar un modus operandi en boga en torno a comercios de Valencia, en especial aquellos como farmacias y automercados, que requieren la presencia de las personas durante cierto tiempo en los locales. Los antisociales ya conocen los “puntos ciegos” de los sistemas de videovigilancia, y aprovechan para hurtar lo que pueden de los vehículos que se estacionan en tales sectores sin ser detectados. En este caso, a la mujer le desaparecieron una laptop y varios objetos como por ejemplo botellas de refresco. En fin, todo lo que se puedan llevar. Mientras la víctima hacía el reclamo en la tienda (cuyos encargados no se responsabilizan por objetos dejados en los vehículos) llegó otra persona cuyo auto también fue abierto. Los hampones tienen sus “campaneros” o personas que detectan la entrada de posibles víctimas. Según el relato, son parejas con niños pequeños que se colocan en los accesos de los estacionamientos. Todo sucede con mucha rapidez. “De más está decir que es la segunda vez desde agosto que me roban el caucho de repuesto”, relató.
