amnistia internacional archivos - Página 2 de 11 - Runrun

amnistia internacional

Amnistía Internacional: Venezuela utiliza “tácticas militares” para reprimir a la población

VENEZUELA EMPLEA “TÁCTICAS MILITARES” para reprimir protestas civiles. Esta es la conclusión que presenta el informe publicado este jueves por Amnistía Internacional (AI), que denuncia que los cuerpos de seguridad del país realizan torturas y ejecuciones extrajudiciales presentados públicamente en muchas ocasiones como “supuestos enfrentamientos armados”. El documento de la ONG de derechos humanos, que analiza la situación de la seguridad en el país entre 2002 y 2017, alerta de un extendido clima de impunidad entre los cuerpos policiales, que “ni garantiza que estos hechos no se repetirán, ni supone reparación alguna a las víctimas”.

En el informe ‘Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela’, Amnistía Internacional ha documentado exhaustivamente once casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales (ocho de ellos, con acceso a los expedientes oficiales).

El informe de AI -divulgado en la capital argentina con la presencia del director de la ONG en España, Esteban Beltrán- culpa al Estado venezolano por no haber garantizado el derecho a la vida de los sectores más vulnerables de la población y le responsabiliza de aplicar “medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de la delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos y, en especial, ejecuciones extrajudiciales”.

 

“Me dijeron ‘vete, vieja chismosa. Te voy a dar un tiro en la cabeza'”, relata Zulay González a AI, a quien le increparon las fuerzas de seguridad cuando en 2012 salió de su casa a la calle para interceder por su hijo Mario, que estaba a punto de ser detenido. Los oficiales buscaban en las afueras de la capital venezolana a los integrantes de una banda delictiva que había cometido un asesinato y se llevaron detenido a Mario. Los peores augurios de la mujer, que ya había perdido meses atrás a otro hijo, Luis Fernando, acribillado a tiros por varios hombres cuando conducía su moto en algún punto del Estado de Miranda (en el norte del país), se confirmaron tiempo después, cuando dio con el cadáver de Mario en la morgue de un hospital de Caracas.

“Vi a mi hijo [Mario] y le limpié la cara. Tenía un tiro en la cabeza”, rememora González, a quien la violencia extrema que azota Venezuela le ha arrebatado dos hijos. El país latinoamericano es en el que más homicidios se cometen del mundo, con una tasa anual de 89 por cada 100.000 habitantes, según datos de la fundación que investiga el crimen organizado Insight Crime (IC). La mayor parte de las muertes tienen lugar en zonas urbanas pobres y el 60% de las personas asesinadas son hombres entre 12 y 29 años, según datos de organizaciones locales recogidos en el informe.

Además de este índice de criminalidad, Venezuela se enfrenta también a la ausencia de respuesta judicial ante las graves violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad estatales. AI denuncia que el 92% de las violaciones de derechos humanos producidas en Venezuela queda impune, una cifra que IC eleva al 98%.

El número de ejecuciones extrajudiciales como la que sufrió el hijo de González no se puede establecer con concreción debido a la ausencia de organismos que registren datos oficiales. El informe de AI, que consta de 58 páginas, recoge datos de la Fiscalía General de la República relativos a 2016 y al primer semestre de 2017, años en los que se habrían producido 4.667 y 1.848 muertes, respectivamente, a manos de funcionarios de seguridad. La fiscal en el exilio Luisa Ortega, que dirigió la institución desde 2007 hasta 2017 cuando fue destituida por el Tribunal Supremo, acusó el pasado noviembre al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de ser responsable de más de 8.000 asesinatos cometidos entre 2015 y 2017 por las fuerzas de orden público.

AI presenta en el informe varias realidades que demuestran que el Gobierno del país no está cumpliendo con la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La “nula rendición de cuentas” por parte de las autoridades en operaciones en las que se producen muertes de civiles, el “incremento progresivo y constante” de la violencia armada que demuestran las estadísticas —que señalan que los homicidios que se cometen con armas de fuego son el 85%, 11 puntos más que la media del continente— o la ausencia de datos oficiales actualizados y concretos sobre muertes violentas son algunas de las situaciones que la ONG denuncia en el documento.

Como respuesta, AI insta al Gobierno venezolano a realizar “instrucciones claras” acerca de cómo actuar en caso de que se produzcan bajas civiles durante operaciones policiales. La ONG recomienda iniciar una regulación seria de las armas de fuego para rebajar los índices de criminalidad, e incide en que es necesario contar con datos oficiales del número de homicidios y asesinatos extrajudiciales para evitar la impunidad de los crímenes.

Amnistía Internacional denuncia que autoridades de Curazao niegan protección a migrantes venezolanos

La ONG Amnistía Internacional publicó este lunes un informe sobre la falta de protección que provee el gobierno de Curazao a los venezolanos que llegan a la isla tras huir de la crisis en su país, y exhortó a las autoridades a protegerlos y poner fin a los abusos en su contra.

El informe, titulado “Detenidos y deportados: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao“, ofrece pruebas convincentes de que desde julio de 2017, las personas extranjeras no pueden pedir protección internacional en Curazao y detalla varias presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra personas procedentes de Venezuela, que corren el riesgo de ser detenidas y devueltas en infracción del derecho internacional.

“Es una vergüenza que el gobierno de Curazao no haya establecido un procedimiento efectivo para solicitar asilo. En lugar de volver la espalda a quienes huyen de la grave crisis de Venezuela, las autoridades de Curazao deben garantizar los derechos de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas que necesitan protección internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

De acuerdo a AI, en lugar de proteger a quienes llegan desde Venezuela, el gobierno de Curazao ha elaborado una “estrategia de expulsión activa” con el fin de deportar a las personas en situación migratoria irregular. En 2017, las autoridades de Curazao expulsaron a 1.203 personas venezolanas de la isla, mientras que en los primeros cuatro meses de 2018 deportaron a otras 386.

Amnistía Internacional ha visto que las autoridades recluyen a quienes van a ser deportados en centros de detención y calabozos policiales. El informe expone también un caso en el que las autoridades pusieron a unas personas menores de edad al cuidado de un hogar de niños estatal mientras su madre estaba detenida.

La organización de derechos humanos reportó haber observado condiciones injustificables en los centros de detención, como hacinamiento, falta de intimidad, higiene deficiente en las zonas de ducha y aseo, y falta de ropa de cama adecuada. Varias personas dijeron a la organización que habían sufrido malos tratos en el momento de la detención o bajo custodia, incluida la proposición de hacer favores sexuales a cambio de compresas y jabón.

“Algunos guardias nos tratan como a animales”, dijo a Amnistía Internacional un hombre recluido en los calabozos policiales de Río Canario.

“Estamos consternados ante las denuncias de malos tratos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos que se cometen durante las detenciones o bajo custodia. Las autoridades de Curazao deben poner fin de inmediato a estas prácticas y abrir investigaciones sin demora, imparciales, independientes y efectivas sobre cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.

Venezuela está en estado de emergencia desde enero de 2016, y las personas disidentes son sometidas a redadas, acoso e intimidación. Las graves crisis alimentaria y de sanidad siguen empeorando, y afectan sobre todo a niños y niñas, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La ONU calcula que 2,3 millones de personas venezolanas han huido de esta crisis sin precedentes en su país, de las que entre 5.000 y 15.000 están actualmente en Curazao en situación migratoria irregular.

*Con información de nota de prensa

Salud bucal de niños venezolanos va en acelerado deterioro

 

El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) realizó una jornada de prestación de servicio odontológico al finalizar el mes de julio, en la que lograron constatar la ausencia de políticas públicas gratuitas, eficaces y eficientes en esta materia que perjudica directamente a los niñas y niñas del país.

Con la coordinación del odontólogo Luis Moyetones, la organización de derechos humanos Cadef realizó la jornada en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, con la finalidad de explorar el tema de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, especialmente sobre la salud bucal.

El especialista manifestó que en Venezuela las instituciones públicas como el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), incluso los hospitales, están obligados a ofrecer un servicio odontológico gratuito, eficaz  y eficiente a toda la población. Sin embargo, en dicha jornada se pudo constatar que la realidad es otra.

“Debido a la situación tan precaria que se vive en Venezuela en materia de escasez de insumos, personal de salud y medicamentos, ninguna de estas unidades está funcionando con normalidad; mientras que otras, sencillamente están cerradas. Lo que significa que las personas solo pueden recurrir a la solidaridad y a jornadas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil para atender a la mayor cantidad de niños que estén padeciendo una afección crónica de este tipo”.

A principios de año, Digisalud, organización internacional que cree en el uso de la tecnología para mejorar los servicios públicos e índices de salud en la población infantil de Latinoamérica aportó una cifra concluyente en torno a la falta de asistencia odontológica en los niños venezolanos. Señaló que más de 70% de los infantes atendidos tenían las muelas destrozadas. Además, indicaron que la mayoría de los examinados padecía largos períodos con el dolor por falta de recursos económicos para atender su salud.

Exigencias de la mano con la solidaridad

La jornada odontológica se realizó en alianza con el diplomado que coordina el doctor Moyetones y la Universidad de Carabobo. El objetivo central de esta iniciativa se basa en un trabajo constante producto del chequeo general de niños, para determinar aquellos que presentan condiciones de salud bucal que deban atenderse de inmediato y de forma gratuita.

Para Cadef resulta importante hacer alianzas y generar estrategias para atender graves situaciones como estas, ya que el tema no ha sido abordado ni visibilizado hasta este momento por las autoridades competentes.

“Buscamos que, desde la solidaridad, se logre conseguir ayuda para tratar de contribuir a una solución.Necesitamos profesionales comprometidos que apoyen estas iniciativas, ya que los niños están expuestos a padecer enfermedades bucales que pueden complicarse y poner en peligro sus vidas”, afirmó Carlos Guerra, representante de Cadef.

Estas jornadas se estarán realizando en el sur de Valencia y Caracas, especialmente, en las comunidades populares con la finalidad de levantar estadísticas y realizar trabajo de investigación de modo que se exija a las autoridades que cumplan con su deber de aplicar políticas públicas, eficaces y eficientes que no discriminen por tendencia partidistas, donde el ser humano sea tomado a consideración y se le respete su dignidad humana.

“Lo más impresionante que arrojó la jornada odontológica fue que del total de dientes que tienen los niños, 18 tienden a estar cariados. Esta situación acarrea fuerte dolores, muchas veces insoportables para una persona de tan corta edad”, indicó el especialista.

Jóvenes adelante

Cadef está comprometido en empoderar a los jóvenes para que defiendan los derechos humanos y los alienta a que no pierdan de vista los problemas que están menguando la calidad de vida de la población y cómo ellos pueden contribuir, desde sus espacios, a mitigarlos.

“Son los jóvenes los que quieren formar parte de la toma de decisiones, quieren estar vinculados a las graves situaciones que se viven en las comunidades más vulnerables y saben que para poner fin a la crisis de derechos humanos que se vive en el país deben articularse con las organizaciones, medios de comunicación y las propias comunidades para así crear soluciones alternativas”. señaló Guerra.

Escasos datos oficiales

La Misión Sonrisa forma parte de las políticas públicas del Estado desde 2006 y su objetivo central era ofrecer atención primaria dental, saneamiento bucal, limpieza y tratamientos anticaries en niños y adultos. Todo esto, a través de una red de consultorios, clínicas populares y Centros de Diagnóstico Integral (CDI), que suman 29 Servicios de Atención Odontológica en todo el territorio nacional, según lo señala la última Memoria y Cuenta del Ministerio de Salud publicada en el año 2015.

La Misión Sonrisa también pretendía reforzar la autoestima, el desarrollo personal y psicológico de la población. Sin embargo, actualmente estos servicios no están abiertos para el público en general o no ofrecen la asistencia adecuada, por falta de insumos, en el área de odontología infantil. Al termino de este trabajo, no se hallaron testimonios que dieran cuenta del beneficio de esta misión.

Derechos sin revés: Un defensor de DDHH se define  por lo que hace y no por quién es

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”, refiere el artículo 1 de la Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras.

Ese principio ratifica el hecho de que los defensores y defensoras de derechos humanos provienen de cualquier disciplina: pueden ser abogados, periodistas, médicos, educadores, sindicalistas, campesinos, víctimas o familiares de víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos. Independientemente de su edad, su nacionalidad o su religión.

Algunas personas se convierten en defensores y asumen el compromiso como parte de su función profesional, mientras que una gran mayoría lo hace de forma voluntaria o sin remuneración.

En realidad, no existe ninguna definición estricta de los defensores y defensoras de los derechos humanos ya que puede referirse a cualquier persona que actúa en cualquier momento para la promoción y la protección de los derechos de otros.

Por esta razón, una persona defensora se define, ante todo, por lo que hace, por sus acciones y no por quien es. No importa su identidad.

Esto significa que toda persona que se compromete y actúa para la promoción y la protección puede ser considerada como defensor o defensora.

Esto significa, igualmente, que se puede considerar defensora de los derechos humanos una persona que actúa toda su vida para promover y proteger los derechos humanos o si solo lo hace de forma ocasional o puntual, e, incluso, a veces, una sola vez en su vida.

En efecto, no hay ningún “requisito” especial para asumir el rol de defensores de derechos humanos, y en la Declaración sobre los defensores se indica que todas las personas, potencialmente, pueden serlo, si se lo proponen y lo llevan a cabo. Se advierte, eso sí, en la misma declaración, que los defensores tienen tanto responsabilidades como derechos.

Los defensores de los derechos humanos deben reconocer el carácter universal de los derechos humanos, conforme se proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No pueden negarse a unas personas algunos derechos humanos y reconocerlos en otros. El reconocimiento debe ser a todos, por igual.

Por otra parte, debe definirse y aceptarse a los defensores de los derechos humanos por los derechos que defienden y por su propio derecho a hacerlo. Las acciones que se realicen deben ser pacíficas, con arreglo a lo establecido en la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos.

Por último, las personas defensoras de los derechos humanos deben aceptar el hecho de que cada derecho humano es indivisible de los otros y que el conjunto de estos derechos forma un conjunto universal, interdependiente y se aplica a todas las personas sin importar el lugar o el momento.

Sería ideal, en todo caso, que en todos los sectores de la población exista un defensor o defensora de derechos humanos, y sobre todo que, entre los jóvenes, se unan también y se empoderen. El empoderamiento es, según la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, “un proceso a través del cual cada persona se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia de tener derecho a tener derechos y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus propósitos”.

Organizaciones como Front Line Defenders (una organización de defensa de los derechos humanos, fundada en Dublín en 2001, para proteger a los defensores de los derechos humanos), Amnistía Internacional o ProtectDefenders consideran que es vital tener más líderes de distintas causas sociales para que a través de sus ideas, opiniones y acciones puedan contribuir a que el mundo sea un lugar más justo y de esta manera continuar con la defensa de los derechos humanos.

En 2017, por ejemplo, Amnistía Internacional lanzó la campaña “Valiente” para invitar a la gente a que se convierta en defensora de derechos humanos sin miedo y con la convicción de que la justicia es posible sin discriminación alguna. “No importa si sales a la calle a manifestar o clamas por los derechos a través de las redes sociales, te conviertes en defensor o defensora cuando demandas justicia por cualquier medio”, dijo Guadalupe Marengo, directora del Programa Global sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Ese trabajo, sin embargo, tiene enormes riesgos sobre todo ahora, donde los niveles de violencia e injusticia en el mundo están tan elevados. “Si sabes que al defender los derechos humanos de otros o los propios te pueden atacar, te pueden asesinar, te pueden detener arbitrariamente, te pueden acusar de terrorista, espía y hasta traidor a la patria, se necesita un cúmulo de valentía para seguir adelante”, recalcó la directora del programa global para defensores y defensoras de derechos humanos de Amnistía Internacional.

De hecho, la gravedad y la escala de las represalias fueron una de las razones principales por las que se aprobó la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos y se definió el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre su situación. Hay preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos en todos los países, incluidas las democracias emergentes y los países que poseen instituciones, prácticas y tradiciones democráticas muy antiguas.

Sin embargo, se ha hecho especial hincapié en los países donde existe un conflicto armado interno; graves desórdenes públicos, y la protección y las garantías legales e institucionales no están plenamente garantizadas o no existen en absoluto.

En todos esos escenarios muchos defensores han sufrido violaciones de sus derechos humanos. Han sido objeto de ejecuciones, tortura, palizas, detención y prisión arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamiento y calumnia.

También se les han limitado sus libertades de circulación, expresión, asociación y reunión. Los defensores han sido víctimas de falsas acusaciones y de procesos y condenas injustas. Por lo general, las violaciones se cometen contra los propios defensores o las organizaciones y mecanismos por medio de los cuales desarrollan su actividad.

Es importante saber que, en la mayoría de los casos, los actos cometidos contra los defensores de los derechos humanos vulneran el derecho tanto internacional como nacional. Adicionalmente, la falta de una respuesta policial o judicial efectiva crea un clima de impunidad que sirve de estímulo a estas violaciones.

Amnistía Internacional: Deportación de 82 venezolanos de Trinidad y Tobago viola obligaciones de derechos humanos

 

Trinidad y Tobago debe garantizar y proteger los derechos de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Así lo la manifestado Amnistía Internacional hoy en una carta abierta al primer ministro Keith Rowley tras la deportación, el 21 de abril, de 82 personas procedentes de Venezuela.

“Millones de personas de Venezuela huyen de una crisis de derechos humanos sin precedentes en su país. Necesitan un salvavidas, no ser devueltas a un país en el que pueden sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) ha declarado que en el grupo se encontraban personas registradas como solicitantes de asilo y personas que habían declarado su intención de solicitar la condición de refugiadas.

Las deportaciones colectivas están prohibidas por el derecho internacional, pues violan los principios de no penalización, no devolución y confidencialidad, así como los derechos al debido proceso y a la protección judicial.

“Si realmente se ha devuelto a las personas deportadas sin una evaluación individual de su situación o sin darles la oportunidad de impugnar su orden de deportación, sin que se les expliquen sus opciones legales en una lengua que comprendan, y sin acceso a sus abogados o al ACNUR, las acciones del gobierno de Trinidad y Tobago han minado el debido proceso, la política del propio gobierno sobre el asilo y las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos.”

“Ahora más que nunca, los Estados como Trinidad y Tobago deben garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, incluido el creciente número de personas procedentes de Venezuela que necesitan con urgencia protección internacional. Si no lo hacen, estarán ignorando el compromiso del país de proteger los derechos humanos”, dijo la Directora de AI.

Amnistía Internacional dirige una carta abierta a los jefes de Estado presentes en Cumbre de las Américas

A pocos días de la reunión de una docena de presidentes en la VIII Cumbre de las Américas que se realizará en la ciudad de Lima, Perú, la organización no gubernamental Amnistía Internacional publicó una carta abierta a todos los jefes de Estado sobre las principales problemáticas de los países de la región que deben ser tratadas.

En el caso de Venezuela, AI destacó la crisis humanitaria, política, económica y social como un punto importante a considerar por los presidentes latinoaméricanos, a excepción del mismo Nicolás Maduro quien no fue invitado a la cumbre.

“En Venezuela, donde se vive la peor crisis de derechos humanos en su historia, la retórica de agresión contra voces disidentes del Presidente Maduro, es utilizada para justificar graves violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, ataques contra civiles y torturas y otros malos tratos, en medio de una crisis humanitaria que afecta a la población en general”.

Resaltó también el aumento de los refugiados venezolanos alrededor del mundo a causa de la crisis de derechos humanos que sufre Venezuela

 

La ONG no dejó de comentar la represión que ejecutaron las fuerzas de seguridad venezolanas sobre los miles de manifestantes durante el 2017. “Las fuerzas de seguridad también hicieron uso excesivo y abusivo de la fuerza contra quienes protestaban pacíficamente: entre otras cosas, emplearon gas lacrimógeno y balas de goma. En este marco de conflictividad social ocurrieron más de 120 muertes. Miles de personas fueron detenidas de forma arbitraria, y se registraron numerosas denuncias de torturas y otros malos tratos”.

 

A continuación podrás leer la carta abierta de Aministía Internacional:

 

AMR 01/8189/2018

CARTA ABIERTA A LOS JEFES DE ESTADO PRESENTES EN LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Amnistía Internacional saluda la realización de la VIII Cumbre de las Américas, como un espacio regional que promueve el diálogo entre los diversos Estados del continente americano. La organización considera indispensable la necesidad de priorizar los derechos humanos como eje transversal de las políticas públicas en las Américas para el abordaje integral del tema central de esta Cumbre: “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. Al respecto, en el hemisferio americano continúan latentes importantes brechas sociales, económicas, y de participación; con fuertes retos en materia de acceso a la justicia, impunidad, goce y disfrute de derechos humanos para las mayorías. Así, las Américas continúan siendo la región más desigual y violenta del mundo.

La discriminación y la desigualdad siguen estando presentes en el continente, exacerbadas por los estragos causados por los altos niveles de violencia: oleadas de homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Las personas defensoras de los derechos humanos también sufren de esta violencia al realizar su labor. Los pueblos indígenas continúan padeciendo la discriminación, con constante vulneraciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido su derecho a tierras ancestrales y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que les afectan. En general, han sido pocos los avances de los Estados americanos respecto de la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

La persistencia de violencia extrema continúa siendo una realidad para millones de personas en el continente, incluidos países como Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela. Esta violencia se ve alimentada por la proliferación de armas ilegales y por el crecimiento de la influencia y presencia de grupos del crimen organizado.

Muchos Estados continúan recurriendo a tácticas represivas, incluidos el uso indebido de las fuerzas de seguridad y de los sistemas de justicia para silenciar la disidencia y las críticas, permitiendo que se deje en la impunidad el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, y gobernando en un contexto de desigualdad, pobreza y discriminación muchas veces sostenida por la corrupción y por la falta de rendición de cuentas. Por otro lado, un elevadísimo número de personas huyen de sus hogares para escapar de la represión, la violencia, la discriminación y la pobreza. Muchas de estas personas sufren de nuevos abusos al emprender el viaje o al llegar a otros países de la región.

Ante este contexto, durante esta VIII Cumbre de las Américas, hacemos un llamado a los Estados para que en la declaración final se incluyan compromisos firmes para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas sin distinción. Estos compromisos deberán ser traducidos en acciones y políticas de inmediata implementación en las Américas.

Amnistía Internacional desea aprovechar esta oportunidad de este encuentro regional para reiterar ante todos los Jefes de Estado asistentes a esta Cumbre algunas consideraciones sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio:

La retórica regresiva en materia de derechos humanos y sus efectos en las Américas

Millones de personas en toda la región afrontan una crisis de derechos humanos agravada por retrocesos en la protección de los derechos humanos en legislaciones, políticas y las prácticas, y por el uso creciente de una retórica regresiva y divisoria.

En los Estados Unidos, la administración del presidente Trump ha puesto de manifiesto su retórica anti derechos, a favor de la discriminación y la xenofobia; la misma que se pone en evidencia a través de la firma de una serie de órdenes ejecutivas que amenazan los derechos humanos de millones de personas, en el país y en el extranjero. Las órdenes ejecutivas que suspendieron el programa de reasentamiento de refugiados por 120 días; así como la reducción del límite anual de admisión de personas refugiadas a 45,000 en medio de una crisis global de refugiados, tienen un efecto devastador sobre personas centroamericanas, mexicanas y de otros países de la región que buscan protección debido a la violencia generalizada en sus países.

Particularmente, la cancelación de programas humanitarios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permite a nacionales de El Salvador, Haití y Nicaragua trabajar legalmente; o la terminación de la Acción Diferida para la llegada de la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que pone en peligro los permisos temporales de trabajo de 700,000 inmigrantes indocumentados, no sólo tienen efectos nocivos, pero además representan fuertes retrocesos en materia de derechos humanos, inmigración y refugio.

Por otro lado, en Venezuela, donde se vive la peor crisis de derechos humanos en su historia, la retórica de agresión contra voces disidentes del Presidente Maduro, es utilizada para justificar graves violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, ataques contra civiles y torturas y otros malos tratos, en medio de una crisis humanitaria que afecta a la población en general.

Las mujeres y niñas también están experimentando consecuencias devastadoras, debido a las regresiones en materia de derechos humanos. En Estados Unidos, al reincorporar y expandir la ley mordaza (global gag rule) se ha restringido alrededor de $8,8 mil millones en fondos de ayuda exterior para programas internacionales de salud que ofrecen o incluso mencionan la palabra aborto en su trabajo. Sólo en América Latina, donde los expertos estiman que 760,000 mujeres son tratadas anualmente por complicaciones de abortos inseguros, las políticas del gobierno estadounidense pone en riesgo la vida de muchas niñas y mujeres.

Otro lamentable ejemplo es la resolución del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay, adoptada en octubre del 2017, por la cual se prohíbe la difusión y utilización de materiales referentes a lo que el Ministerio consideró como “la teoría y/o ideología de género”, ha representado un grave retroceso en materia de derechos humanos y contradice las obligaciones internacionales del Estado paraguayo.

Las mujeres, niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexo (LGBTI), sufren discriminación y violencia permanente por prejuicios y estereotipos que se mantienen en nuestras sociedades. Borrar la educación para la igualdad de la malla curricular es promover esa violencia y discriminación desde el Estado, con gravísimas consecuencias.

Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad

La impunidad continúa siendo generalizada y pieza fundamental en los abusos y violaciones de los derechos humanos en muchos países del hemisferio. Algunos ejemplos recientes ponen en descubierto la pendiente deuda histórica que se tienen en materia de justicia:

En países como México las detenciones y reclusiones arbitrarias son generalizadas y a menudo dan lugar a otras violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales no son investigadas adecuadamente. Más de 35.000 personas se encuentran desaparecidas, además de las alarmantes cifras de ejecuciones extrajudiciales. La tortura y otros malos tratos son una práctica constante a la que recurren con impunidad y de manera habitual las fuerzas de seguridad para obligar a personas a firmar “confesiones” falsas.

Un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se evidencia que incluso en el caso de los 43 estudiantes Ayotzinapa, sujetos a desaparición forzada desde 2014, la investigación oficial se sostuvo a través de tortura y otros malos tratos, encubrimiento y manipulación de evidencia. El resto de los casos tampoco son gestionados de mucha mejor manera.

Por otra parte, el ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto al expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, así como el derecho de gracia, que extingue todos los procesos penales que se seguían contra él. Esta medida tiene graves consecuencias para el derecho de las víctimas de crímenes de derecho internacional y de violaciones graves de derechos humanos a verdad, justicia y reparación.

El año pasado, el rechazo social a la impunidad y a la corrupción llevo a cientos de personas a las calles en Guatemala, y el país afrontó una crisis política cuando varios miembros del gobierno renunciaron a sus cargos en respuesta al intento del presidente Jimmy Morales de expulsar al director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo independiente establecido en 2006 por el Estado y la ONU para reforzar el estado de derecho tras el conflicto.

En Chile, las autoridades archivaron en el 2017 una investigación sobre el presunto secuestro y tortura del líder mapuche Víctor Queipul Hueiquil, lo que transmitió un mensaje desalentador a quienes defienden los derechos humanos en todo el país, ya que pareciera no haberse llevado a cabo una investigación exhaustiva e imparcial. La machi Francisca Linconao, lideresa indígena, y otras 10 personas mapuches fueron absueltas de los cargos de terrorismo que pesaban contra ellas, por falta de pruebas que las implicaran en las muertes de dos personas, ocurridas en enero de 2013. Sin embargo, en diciembre, la Corte de Apelaciones declaró nula esa sentencia.

Crisis de personas refugiadas

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, durante el 2017 más de 57.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo en el extranjero. Muchas de ellas fueron obligadas a regresar a sus países, donde la falta de un sistema de protección eficaz las deja expuestas a los mismos peligros y condiciones de la que trataban de huir.

Además de la crisis de personas refugiadas que sufre Centroamérica, la organización no puede dejar de resaltar la situación en Venezuela, que ha provocado un aumento significativo del número de personas refugiadas venezolanas. Este aumento no se entiende sin dimensionar la crisis de derechos humanos por la que pasa este país.

Protestas y el uso excesivo de la fuerza

Las autoridades de varios países, incluidos Colombia, Argentina, Venezuela, Paraguay y Puerto Rico, han respondido recientemente a protestas sociales en las calles con un uso innecesario y excesivo de la fuerza.

Pese a que la tasa de homicidio disminuyó en Honduras, Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por los altos niveles de violencia e inseguridad. La impunidad imperante debilitaba la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia. Recientemente, en todo el país hubo protestas multitudinarias (para denunciar la falta de transparencia en torno a las elecciones presidenciales de noviembre) mientras las fuerzas de seguridad emplean excesivamente la fuerza para reprimir estas movilizaciones. De acuerdo con organizaciones locales, más de 30 personas fallecieron en este contexto, decenas fueron heridas y más de 1000 personas fueron detenidas.

Por otro lado, en Venezuela, las fuerzas de seguridad también hicieron uso excesivo y abusivo de la fuerza contra quienes protestaban pacíficamente: entre otras cosas, emplearon gas lacrimógeno y balas de goma. En este marco de conflictividad social ocurrieron más de 120 muertes. Miles de personas fueron detenidas de forma arbitraria, y se registraron numerosas denuncias de torturas y otros malos tratos. El sistema judicial ha sido utilizado con frecuencia para acallar la disidencia —entre otras cosas mediante el uso de tribunales militares para juzgar a civiles— y para perseguir y hostigar a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Personas defensoras de derechos humanos

Honduras continúa siendo el país más peligroso de la región para quienes defienden los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. En Guatemala y Honduras los agentes estatales y no estatales vinculados a empresas nacionales y trasnacionales los hacen blanco de campañas difamatorias que buscan desprestigiarles por su labor. De igual forma, las personas defensoras sufren de intimidación, amenazas y ataques, sin que sean investigadas apropiadamente.

Con frecuencia, en Guatemala se hace un uso indebido del sistema de justicia para atacar, hostigar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos.

En el caso del asesinato de la renombrada defensora de derechos humanos Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016, un informe reciente de un equipo de abogados internacionales expone graves deficiencias de la investigación oficial. Al respecto, la organización exhorta autoridades que se dirijan líneas investigativas conducentes a determinar la responsabilidad e individualización de los autores intelectuales. Por otro lado, desde el asesinato de dicha defensora, varios activistas medioambientales y de derechos humanos de Honduras han sido objeto de hostigamiento y amenazas.

En Colombia, el incremento de ataques contra defensoras y defensores, especialmente lideresas y líderes comunitarios, defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y personas que hacen campaña en favor del proceso de paz, es sumamente preocupante. Así, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, más de 100 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en el 2017. Esto se suma a las amenazas de muerte que son atribuibles a grupos paramilitares. En la mayoría de los casos las autoridades no han sido capaces de identificar a los responsables de las muertes ni de las amenazas.

En Cuba, un gran número de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos continúan sufriendo hostigamiento, intimidación, despidos indebidos de empleos estatales y detenciones arbitrarias, con el fin de silenciar las críticas. La censura, tanto dentro como fuera de Internet, sigue vigente. Entre los presos y las presas de conciencia figura el líder del grupo a favor de la democracia, Movimiento Cristiano de Liberación, Eduardo Cardet Concepción, que ha sido condenado a tres años de prisión por criticar públicamente al expresidente Fidel Castro. En otro ejemplo, las Damas de Blanco, un grupo de mujeres familiares de personas detenidas por motivos políticos, siguen siendo un objetivo clave de la represión de las autoridades.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Perú, que confirma la absolución de la defensora Máxima Acuña Atalaya, tras cinco años de procedimientos judiciales infundados por usurpación de tierras, marca un hito para los defensores y defensoras medioambientales en la región; pero aún queda mucho por hacer para garantizar una protección efectiva e integral a favor de las personas defensoras de los derechos humanos en el continente.

Derechos de los pueblos indígenas

En las Américas, las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas continúan presentes en países como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, entre otros.

En Argentina, se continúa criminalizando a los pueblos indígenas. Así, el uso de procesos penales para hostigarlos, ataques policiales, incluyendo palizas e intimidación son una realidad. Rafael Nahuel de la comunidad mapuche murió de manera violenta en noviembre de 2017 durante un desalojo llevado a cabo por fuerzas de seguridad.

En Colombia, una ola de homicidios de indígenas pertenecientes a comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado pone de relieve las limitaciones en la aplicación del Acuerdo de Paz. El asesinato de Gerson Acosta (líder del cabildo indígena Kite Kiwe en Timbío, Cauca, que recibió varios disparos al abandonar una reunión comunitaria) ilustra de manera trágica la ineficacia de las medidas adoptadas por las autoridades para proteger la vida y la seguridad de líderes comunitarios y otros integrantes de los pueblos indígenas.

En Perú se han promulgado leyes que debilitaron la protección de los derechos de los pueblos indígenas relativos a la tierra y el territorio, y socavaron su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, Perú continúa desatendiendo el derecho a la salud de cientos de miembros de pueblos indígenas cuyas únicas fuentes de agua han sido contaminadas con metales tóxicos, y carecen de acceso a una atención médica adecuada.

En Ecuador se sigue violando el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, con situaciones que incluyen intromisiones del Estado en los territorios indígenas para la futura extracción de petróleo.

En igual sentido, se continúa negando a los pueblos indígenas del Paraguay sus derechos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que los afectan. Pese a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado no ha brindado a la comunidad Yakye Axa acceso a sus tierras, y tampoco ha resuelto un caso sobre la propiedad de unas tierras expropiadas a la comunidad Sawhoyamaxa.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala reconoció la falta de consulta previa al pueblo indígena Xinca de Santa Rosa y Jalapa, que se vio afectado negativamente por la actividad minera. En Brasil, varios conflictos sobre la tierra e invasiones de territorios de pueblos indígenas por parte de madereros y mineros ilegales tienen como consecuencia ataques violentos contra comunidades indígenas.

Igualdad y no discriminación

En toda la región, las mujeres y las niñas siguen siendo sometidas a una amplia gama de abusos y violaciones de derechos humanos, que incluyen violencia, discriminación y violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos.

La impunidad de delitos como la violación, los homicidios y las amenazas es generalizada. La discriminación en la investigación y persecución de este tipo de delitos está muy arraigada y a menudo se ve reforzada por la falta de voluntad política y recursos limitados para tales fines.

La persistente violencia de género por ejemplo en República Dominicana se tradujo en un aumento en la cifra de homicidios de mujeres y niñas. La violencia de género en contra de mujeres y niñas también es motivo de honda preocupación en México, y empeoró en países como Nicaragua y El Salvador.

Existe un aumento del número de homicidios de mujeres en puestos de liderazgo en Colombia, y no hay avances claros para garantizar el acceso a la justicia de las sobrevivientes de violencia. Sin embargo, las organizaciones colombianas de mujeres lograron que el acuerdo de paz establezca que los sospechosos de haber cometido delitos de violencia sexual deben comparecer ante los tribunales de justicia transicional.

Por otra parte, Las personas LGBTI afrontan condiciones persistentes de discriminación, hostigamiento y violencia en la región, en especial en países como Haití, Honduras y Jamaica, entre otros. En República Dominicana se encontró descuartizado en un terreno baldío el cuerpo de una mujer transgénero, Jessica Rubi Mori. Mientras en Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional invalidó parte de una ley que daba derecho a contraer matrimonio civil a las personas transgénero que han cambiado de género en sus documentos de identidad.

Amnistía Internacional participará en audiencias de la CIDH sobre crisis en Venezuela

CIDH

Amnistía Internacional (AI) participará en dos audiencias convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este martes en Bogotá para evaluar la grave situación de derechos humanos en Venezuela, explicó hoy la entidad.

La primera audiencia tratará sobre el derecho a la alimentación y a la salud en Venezuela, informó la organización defensora de los derechos humanos en un boletín.

“En ella se brindará información detallada y contextual sobre la grave problemática de escasez y desabastecimiento de medicinas y alimentos, así como el deterioro generalizado del sistema de salud y la crisis de seguridad alimentaria”, agregó.

La segunda audiencia, titulada “Seguridad Ciudadana e Institucionalidad en Venezuela”, presentará información sobre las medidas arbitrarias llevadas a cabo por parte del Estado venezolano respecto a allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, uso excesivo e innecesario de la fuerza y uso indebido del sistema de justicia.

Allí se evaluará cómo estas prácticas han sido utilizadas para acallar y hostigar a las voces críticas en Venezuela, aseguró.

AI estará acompañada por familiares, representantes de víctimas y organizaciones de la sociedad de civil de Venezuela, quienes compartirán sus testimonios con la CIDH, el Estado venezolano, representantes de otros países y el público en general.

En 2017, la organización lanzó los informes “Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela”, así como “Silencio a la fuerza: detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”.

Los documentos detallan cómo las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el Estado han irrumpido violentamente en hogares de personas, causando daños indiscriminados y terror en la población.

Amnistía Internacional: Autoridades venezolanas deben garantizar integridad personal de Alexander Tirado

AlexanderTirado-

El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, llamó a las autoridades a garantizar la integridad personal del detenido por motivos políticos, Alexander Tirado, quien se encuentra en poder de reclusos de la cárcel de Tocuyito, ubicada en el estado Carabobo al norte del país, tras presentarse un motín el pasado miércoles.

“Mientras esté recluido es responsabilidad de las autoridades garantizar su integridad física y procurar su pronta liberación del secuestro en el que se encuentra. Además, deben brindar de inmediato acceso a información verificable sobre su estado a sus familiares y abogados”.

Gómez señaló que “las autoridades deben permitir su traslado a instalaciones de menor riesgo, mientras terminan de procesar su total liberación y abstenerse de trasladar a personas detenidas por motivos políticos y en el marco de las protestas a cárceles peligrosas y menos cuando han sido objeto de medidas cautelares de la CIDH”.

“Constituye un castigo cruel recluir a personas como Tirado en este tipo de penales, ya que las expone a una situación de mayor vulnerabilidad y agrava aún más la violación no solo de su derecho a la libertad, sino que pone en riesgo su vida e integridad”.

Alexander Tirado es un deportista y dirigente de un partido político opositor, detenido el 21 de marzo de 2014 mientras participaba en una protesta pacífica.

*Con información de Amnistía Internacional