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Amnistía Internacional pide investigar masacre en Guanare
La directora del organismo afirmó que las autoridades venezolanas deben investigar el hecho para que crímenes de lesa humanidad no queden impunes 

 

La ONG Amnistía Internacional pidió una investigación completa de lo sucedido el viernes en la cárcel de Los Llanos, en Guanare, en el estado Portuguesa, donde al menos 47 encarcelados fallecieron y otras 75 personas resultaron heridas.

La versión oficial sostiene que se frustró un intento de fuga y que el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y reclusos se saldó con estos muertos y heridos, entre estos últimos varios funcionarios comenzando por el director de la cárcel, Carlos Toro.

Sin embargo, según otra ONG, el Observatorio Venezolano de Prisiones, la masacre habría comenzado con una protesta de los presos contra la restricción del ingreso de alimentos que llevan los familiares al centro penitenciario.

De acuerdo con el OVP, esta medida es consecuencia de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, por lo que las personas privadas de libertad llevaban días sin recibir los alimentos que sus familiares les llevaban.

«Las grotescas imágenes de lo ocurrido, que ahora recorren el mundo, deben servir de recordatorio de que todas las personas responsables de esta atrocidad deben rendir cuentas frente a la justicia», declaró la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

«La respuesta letal de las autoridades debe ser investigada y analizada a profundidad, para que estos crímenes internacionales no queden impunes», añadió Guevara Rosas.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también ha emplazado este sábado a las autoridades venezolanas a investigar lo sucedido en el recinto carcelario.

La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, aseguró que se ha iniciado un proceso de investigación profunda. «Rechazamos la violencia y lamentamos profundamente la situación que enluta a los hogares de humildes familias venezolanas», apuntó.

Amnistía Internacional pide a Curazao y a Trinidad y Tobago liberar a migrantes venezolanos
Amnistía Internacional (AI) también pidió a las autoridades de Estados Unidos y México, Canadá que liberen a estas personas

La directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Érika Guevara-Rosas, exigió a las autoridades de Trinidad y Tobago y Curazao la liberación de los migrantes venezolanos.

En un comunicado, Guevara-Rosas también pide que se les permita a aquellos que piden asilo para evitar contagios por coronavirus, luego de denunciar que su detención se hace de “forma peligrosa”.

“Para combatir con eficacia la Covid-19 en las Américas e impedir miles de muertes evitables, los estados deben liberar rápidamente a las personas en detención migratoria y únicamente detener a las personas migrantes en circunstancias extraordinarias”, señaló.

 

Asimismo, la directora de Amnistía Internacional también pidió que los migrantes tengan acceso a los sistemas de salud para salvar su vida, sin que sean discriminados.

Por otra parte, reclamó que en Curazao se detengan con frecuencia a migrantes y solicitantes de asilo procedentes de Venezuela, a quienes se les niega el acceso a la protección internacional.

Según cifras de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, para marzo 2019 las proyecciones de venezolanos en la isla se situaban en unas 16.500 personas.

Érika Guevara-Rosas se refirió también al caso de Trinidad y Tobago al decir que Amnistía Internacional tiene información de que al menos 60 venezolanos estarían en centros de detención.

En ese sentido,  la ONG instó a «”iberar a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo en detención migratoria”.

El mensaje se extendió a Estados Unidos y México, Canadá

“AI ha recibido testimonios perturbadores de personas detenidas sobre condiciones peligrosas en centros de detención”, especialmente para quienes tienen problemas médicos preexistentes.

Por otra parte, hay que acotar que cerca de 4,5 millones de personas salieron de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida, según cifras ofrecidas por la ONU.

Asimismo, varios países han sido receptivos con la población procedente de la población.

Sin embargo, algunos Estados tomaron medidas migratorias para “ordenar” el flujo de ciudadanos a sus territorios, siendo el caso de Curazao uno de ellos.

Por otro lado, Trinidad y Tobago adoptó una política más férrea respecto a los migrantes venezolanos que llegan a ese país pidiendo asilo político.

Con información de EFE

ONG denuncian detención arbitraria del periodista Darvinson Rojas
SNTP, Monitor de Víctimas, CNP, IPYS, Amnistía Internacional, Espacio Público, la CIDH, la RELE y HRW son algunos de los organismos que han denunciado la detención de Darvinson Rojas. 
Tras la detención arbitraria del periodista, Darvinson Rojas, el sábado 21 de marzo en un proceso ejecutado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) sin orden de allanamiento ni de aprehensión, diferentes organizaciones han denunciado su caso.

El periodista de Monitor de Víctimas fue detenido junto a sus padres luego de que las FAES allanaran su casa. Luego, la familia Rojas fue trasladada a la sede policial en la Urbanización La Quebradita. Los padres de Rojas fueron liberados el 22 de marzo. 

“Exigimos su inmediata liberación y garantías para la libertad de expresión de Darvinson así como la de todos los periodistas en Venezuela para mantener a la población debidamente informada ya que es un elemento esencial para frenar la pandemia del Covid-19”, afirmó un comunicado del observatorio de homicidios, Monitor de Víctimas.

 “La detención de Darvinson Rojas la ejecutaron unos 15 funcionarios encapuchados y armados que, además, detuvieron a Jesús Rojas y Mirian Sánchez, padres de Darvinson. Se llevaron computadoras y celulares y golpearon al señor (Jesús) Rojas”, indicó El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). 

Amnistía Internacional (AI) exigió la liberación “inmediata e incondicional” del periodista venezolano detenido tras informar sobre la propagación del covid-19 en Venezuela.

“Fue arrestado por las Faes en un aparente intento de silenciar su reporteo sobre la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Darvinson comenzó a tuitear en vivo cuando los funcionarios fueron a su casa asegurando que allí había un caso de COVID-19 ”, se lee en el pronunciamiento.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por la detención del periodista, sumándose a los comunicados de Amnistía Internacional, el observatorio Monitor de Víctimas y el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

En el caso de la CIDH, el relator de la libertad de expresión de la Comisión, Edinson Lanza, fue quien afirmó que hacían seguimiento del caso.

El Comité de Protección para Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) también se pronunció ante la detención arbitraria de Rojas.

Por otra parte, la ONG Espacio Público exige la liberación inmediata de Darvinson Rojas. “Instamos a la comunidad internacional estar atentos por la situación que atraviesa la prensa en Venezuela,  particularmente en estos momentos de pandemia por Coronavirus”, aseguró un comunicado de la ONG.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) indicó que el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas define la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

El sistema de Justicia evitó que fuera representado por sus abogados de Espacio Público, imponiendo la defensa pública. Esperamos que el Tribunal revise los documentos correspondientes para que sea liberado. Sin embargo, vemos necesario seguir publicando en redes su situación, a modo  de presionar para su pronta liberación.

La Constitución Nacional Bolivariana en su Artículo 57, señala: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura…”

Embarazo adolescente aumentó 65% en Venezuela, según Amnistía Internacional

En Venezuela, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales empeoró dramáticamente en 2019, según informe anual de Amnistía Internacional, documento en el que se reporta que el acceso a todo tipo de métodos anticonceptivos es extremadamente limitado y en algunas ciudades, inexistentes. Desde 2015 observan un repunte de 65 % de los embarazos en adolescentes.

En el informe más reciente que presenta Amnistía —y en el cual se detalla la situación de los derechos humanos en la región de las Américas— se concluye que la desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación medioambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones continúan siendo una realidad habitual en toda la región, lo que para miles de personas se tradujo en violaciones de derechos humanos cotidianas.

Hacen énfasis en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos al destacar que desde 2015, en Venezuela, los embarazos a temprana edad aumentaron 65 %, lo que afecta además el derecho a la educación de las niñas, de acuerdo con lo reforzado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

En el marco de la emergencia humanitaria, el Gobierno siguió negándose a reconocer la gravedad de la crisis y a aceptar ayuda de las agencias humanitarias. Esto favoreció el aumento del flujo de venezolanos a países vecinos para acceder a bienes básicos. Incluso esto provocó que muchas mujeres abandonaran la nación para dar a luz en otros territorios, dice el informe.

Horas después de hacer públicos los resultados, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, hablaba en cadena nacional sobre el parto humanizado. «A parir seis muchachos cada una para que crezca la patria», dijo Maduro. Su comentario fue considerado una burla para la mujer venezolana a la que, por la falta de políticas públicas en materia asistencial, se le vulnera hasta el derecho a tener una buena higiene personal. La mayoría vive sin agua y así lidia con su período menstrual.

Para el cierre del año, se estimaba que 4,8 millones de personas habían abandonado el país en busca de protección.

Para Amnistía Internacional, la mortalidad materna también fue motivo de preocupación, pues manejó informes de muertes ocasionadas por abortos en condiciones de riesgo.

Igual tomó en consideración que las personas que viven con VIH enfrentan peligro por la escasez e intermitencia de los antirretrovirales, y reproducen cifras de las ONG que dicen que 70 % o más de los 300.000 ciudadanos que necesitan tratamientos se ven afectados por el desabastecimiento.

En 2019 continuaba la alarmante escasez de servicios de salud y medicamentos básicos, así como el éxodo del personal asistencial, cita el informe. Asimismo, los cortes de electricidad, cada vez más frecuentes y prolongados, causaron daños irreparables en infraestructura y servicios de salud.

Ese año continuaba la reaparición, tal como lo seguían informado las ONG, de enfermedades como sarampión y difteria. Se mencionan resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales, la cual señala que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1557 personas fallecieron como consecuencia de la falta de suministros en los hospitales.

El documento hace énfasis en la vulneración del derecho a la alimentación: la hiperinflación y las políticas económicas y sociales redujeron la producción de alimentos y debilitaron los sistemas de distribución.

 

*Vea la nota completa en Crónica.Uno

Chile, Venezuela y México son los países “más violentos y desiguales”, según el último informe

 

La organización Amnistía Internacional (AI) consideró “muy alarmante” la situación de derechos humanos en América Latina, una región que tiene cifradas sus esperanzas en los jóvenes y las mujeres que han encabezado movilizaciones en distintos países.

“Tristemente la radiografía de 2019 es muy alarmante”, ha dicho en entrevista a Efe la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas al presentar su Informe Anual sobre la región.

Precisamente las multitudinarias protestas en diferentes países como Chile, Venezuela y México marcaron un 2019 convulso en el que la región se mantuvo como la más violenta y desigual para los defensores de derechos humanos y periodistas.

La propia organización reportó que en 2019, unas 208 personas perdieron la vida de manera violenta por su labor de defensa de los derechos humanos, y muchas otras sufrieron hostigamiento, criminalización y desplazamiento forzado.

Para Guevara, además de los saldos inmediatos en pérdida de vidas humanas, de miles de personas heridas y detenidas arbitrariamente, se sumó el fortalecimiento del aparato estatal represor en casos tan radicales como el de Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro.

“A las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y el uso de la tortura que son delitos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad por la generalización y la sistematización se sumaron los 4,8 millones de personas que abandonaron el país”, expuso.

Mujer y violencia de género

Amnistía recordó que la violencia por motivos de género continuó siendo generalizada en América Latina y las defensoras de derechos humanos “estaban expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia de género y tortura a causa de múltiples formas de discriminación”.

Según estos datos, al menos 3.500 mujeres habían sido asesinadas por razón de género en 2018. La verdadera cifra probablemente era muy superior, ya que 10 países solo proporcionaron datos de mujeres que habían sido asesinadas por su pareja o expareja.

Para la representante de AI, el cambio que se requiere “es el poder de las personas, de la gente de seguir demandando y exigiendo sus estados, pero sobre todo, el poder de la gente de plantearse qué tipo de gobiernos quieren tener y las personas marcarán la diferencia porque estos líderes nefastos que están promoviendo el odio, la división, las violaciones a los derechos humanos estarán en el lado incorrecto de la historia y son las personas las que les harán rendir cuentas”, ha finalizado.

Crisis de Derechos Humanos

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que Chile cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que las manifestaciones que desde octubre claman contra la desigualdad se encontraron con una “fuerte” represión policial.

Los asesinatos de activistas y defensores de derechos humanos llegaron el año pasado a “niveles históricos” en Colombia impulsados principalmente por la violencia del conflicto armado y las disputas entre distintos grupos ilegales.

El organismo también ha denunciado la retórica del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra los derechos humanos en el país, escenario de un “aumento del número de homicidios cometidos por policías” y de una “grave crisis” en la Amazonía que afectó a los pueblos indígenas.

Por su parte, según AI, el Gobierno de Cuba practica detenciones arbitrarias y encarcela a opositores, artistas y periodistas independientes, además de prohibir la entrada de observadores internacionales de derechos humanos.

*Con información de EFE

Amnistía Internacional condena acciones del régimen contra diputados opositores
La organización dice tener conocimiento de varias acciones emprendidas por el régimen contra diputados opositores

Amnistía Internacional condenó las acciones de “hostigamiento” y “amenazas” que ha ejecutado el régimen de Nicolás Maduro contra diputados opositores de la Asamblea Nacional.

Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló: “Repetida y sostenidamente las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro han intentado desmantelar cualquier forma de disidencia política en el país por medio de graves violaciones de derechos humanos, que han incluido el uso de la tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias”.

En una nota publicada en la web de la organización, la misma señala que conoce de la desaparición forzada del diputado Gilber Caro y Víctor Ugas, detenidos por supuestos agentes del Estado el 20 de diciembre de 2019.

Asimismo, señalan conocer las campañas de estigmatización y amenazas contra miembros de la oposición, como los ataques en contra de la diputada Delsa Solórzano. En los últimos años, docenas de miembros de la oposición se han visto forzados a huir del país y solicitar asilo.

“Amnistia Internacional continuará vigilante ante esta nueva crisis política alrededor de la Asamblea Nacional y el riesgo de que se repitan detenciones arbitrarias, u otros ataques que puedan incluir agresiones a diputados y periodistas, campañas de estigmatización, restricciones de la libertad de movimiento, amenazas a su integridad física, tortura, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales”, dijo Guevara Rosas.

Con información de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional exhortó a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Suprema de Justicia, a que se realice un juicio justo al diputado por Primero Justicia Juan Requesens.

El organismo denunció en un comunicado, según lo relatado por la familia del parlamentario, que fue víctima de torturas durante los primeros días de su detención. También fue obligado a grabar un video incriminatorio.

“Teniendo en cuenta de que esta confesión se obtuvo mediante coacción, se debe asegurar que su audiencia sea en la fecha estipulada por el tribunal. Esto debe cumplir con las normas internacionales”, indicó la organización.

Este miércoles 20 de noviembre, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del Consejo de DD.HH. de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también decidió exigir la liberación de Requesens.

Amnistía Internacional pidió a Perú revocar exigencia de visa a venezolanos

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, pidió este martes al gobierno de ese país que sea coherente con el discurso político que ofrece, como líder del Grupo de Lima, y revoque la exigencia de visa humanitaria para los venezolanos.

Asimismo, expresó su preocupación por el contexto en que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció esta medida en el proceso de deportación de venezolanos que habían ingresado a esa nación con documentación falsa u ocultando antecedentes delictivos. El propio ministro del Interior, Carlos Morán, que acompañó al mandatario durante el acto de deportación, había dicho días antes que con la llegada de venezolanos la delincuencia había aumentado. “Las personas que han sido condenadas son 300, sobre una población de más de 800.000”, apuntó Navarro, por lo que alertó que “estas declaraciones pueden alentar un mensaje xenófobo”.

Para Navarro, la medida de la visa humanitaria sigue siendo un “límite para las personas que necesitan de protección internacional”. Señaló que, pese a que la normativa establece excepciones y permite el ingreso de las personas de mayor vulnerabilidad, como enfermos, ancianos, niños y mujeres embarazadas, la sola existencia de este pedido ha generado una ola de desinformación que expone a esta población vulnerable a ser víctima de mafias que aprovechen su desesperación.

La funcionaria hizo un llamado a que se conozca que “cualquier persona puede solicitar refugio y, que en el caso de los venezolanos, la gran mayoría de ellos, por la propia definición recogida en la Declaración de Cartagena, necesitan de esta condición internacional”.