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Amnistía Internacional pidió a Perú revocar exigencia de visa a venezolanos

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, pidió este martes al gobierno de ese país que sea coherente con el discurso político que ofrece, como líder del Grupo de Lima, y revoque la exigencia de visa humanitaria para los venezolanos.

Asimismo, expresó su preocupación por el contexto en que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció esta medida en el proceso de deportación de venezolanos que habían ingresado a esa nación con documentación falsa u ocultando antecedentes delictivos. El propio ministro del Interior, Carlos Morán, que acompañó al mandatario durante el acto de deportación, había dicho días antes que con la llegada de venezolanos la delincuencia había aumentado. “Las personas que han sido condenadas son 300, sobre una población de más de 800.000”, apuntó Navarro, por lo que alertó que “estas declaraciones pueden alentar un mensaje xenófobo”.

Para Navarro, la medida de la visa humanitaria sigue siendo un “límite para las personas que necesitan de protección internacional”. Señaló que, pese a que la normativa establece excepciones y permite el ingreso de las personas de mayor vulnerabilidad, como enfermos, ancianos, niños y mujeres embarazadas, la sola existencia de este pedido ha generado una ola de desinformación que expone a esta población vulnerable a ser víctima de mafias que aprovechen su desesperación.

La funcionaria hizo un llamado a que se conozca que “cualquier persona puede solicitar refugio y, que en el caso de los venezolanos, la gran mayoría de ellos, por la propia definición recogida en la Declaración de Cartagena, necesitan de esta condición internacional”.

Amnistía Internacional exige una investigación independiente sobre motín en Acarigua

Amnistía Internacional exigió una pronta e imparcial investigación imparcial sobre el motín en el Centro de Coordinación Policial de Acarigua, en el estado Portuguesa, que el viernes 24 de mayo dejó un saldo de 30 detenidos fallecidos y 19 policías heridos.

La organización defensora de derechos humanos enfatizó que es deber del Estado velar por los derechos de las personas privadas de libertad y no enfrentar sus demandas con una fuerza excesiva. Destacó que esta última característica pareciera ser el patrón que se aplicó en Acarigua.

“La muerte de estas personas bajo la custodia del Estado y sin que exista hasta ahora una explicación plausible de las autoridades, deja al gobierno de Nicolás Maduro como principal responsable de estas muertes”, señaló Amnistía Internacional.

A través de su cuenta, en Twitter, la organización sostuvo que el hecho, cuyo detalles no están claros, representa “un ejemplo más de la violencia constante y el abandono a los que está sometida la población carcelaria en Venezuela”.

El motín en la cárcel en Acarigua duró 10 días y se inició con la exigencia de los presos sobre visitas con estadía incluida, entrega de comidas y bebidas; el libre acceso de cigarros, alcohol y estupefacientes y la construcción de una visita.

Amnistía Internacional pide a CPI investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela

LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES SELECTIVAS, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía Internacional hoy en su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.

“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el régimen de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Hacemos un llamado urgente a todos los Estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela.”

Los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas en enero fueron llevadas a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.

Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas. Por lo tanto, Amnistía Internacional considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión.

Debido a las características de los ataques en enero, en términos de la gravedad de las conductas, el número de víctimas, el espacio temporal y geográfico en el que se llevaron a cabo a través de la coordinación de distintas fuerzas de seguridad, así como la existencia de indicios de patrones similares en el 2014 y 2017, Amnistía Internacional considera que en Venezuela, podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, extremo que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e imparcial.

Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Asimismo, recomienda la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.

El grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3.7 millones de personas a abandonar el país. Al menos tres millones se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas en necesidad de protección internacional.

“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Mientras no existan caminos claros hacia la verdad, la justicia y la reparación, Venezuela seguirá hundida en esta gravísima crisis de derechos humanos y de represión que hemos observado desde hace tiempo. Lo ocurrido a inicios de 2019, y más recientemente a finales de abril, es una muestra de ello.”

 

ESTE MIÉRCOLES, la Organización Amnistía Internacional realizó una rueda de prensa con la finalidad de exponer un balance sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela durante las recientes protestas en 2019. La organización contabilizó 41 muertes a manos de fuerzas de seguridad del Estado durante protestas gubernamentales.

Los asesinatos sucedieron entre el 21 y el 25 de enero de este año, periodo en el que Amnistía Internacional documentó más de nueve mil detenidos en los estados Lara, Yaracuy, Vargas y localidades populares de la capital.

De acuerdo con Guevara, el gobierno de Nicolás Maduro -cuya juramentación como presidente fue cuestionada por países de la región y de la Unión Europea (UE)- implantó una represión selectiva en sectores populares que tuvo resultados incluso letales.

Ejecuciones extrajudiciales

Un grupo de respuesta de crisis de Amnistía Internacional recopiló casos que demuestran “ejecuciones extrajudiciales para acallar protestas“, apuntó la directora regional de AI.

Guevara explicó que las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional encabezaron los asesinatos, con disparos “intencionales y letales” y manipulación de las escenas del crimen.

Tras realizar la investigación, Amnistía Internacional determinó que el perfil de los fallecidos: hombres jóvenes que vivían en zonas populares del país. Además, asistían a manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro o en reclamo de sus derechos como ciudadanos. Algunos denunciaban activamente en las redes sociales las violaciones de derechos humanos.

Detenciones de menores de edad

La fórmula de represión gubernamental “se ha ido perfeccionando”, resaltó Guevara. Como parte del trabajo histórico que destacó AI con respecto a la violación de derechos humanos en Venezuela, se suman las detenciones a menores de edad dentro de los más de 900 detenidos en el periodo especificado.

De acuerdo con Guevara, hubo decenas de niños y adolescentes que fueron apresados y mezclados con detenidos mayores de edad. La también abogada de derechos humanos aseveró que la mayoría de quienes fueron detenidos aún mantenían procedimientos administrativos.

Protestas en sectores populares

El director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Marco Ponce, destacó que los sectores populares protagonizaron las protestas registradas en el país en 2019. Además, expresó que “Venezuela vive hoy una emergencia humanitaria compleja que se profundiza a medida que pasan los días. En 2018 registramos un récord de manifestaciones, 89% fue para exigir derechos económicos, culturales y de salud”.

En enero, el observatorio contó más de 2.500 en todo el país, en las que se exigieron principalmente un cambio político y la entrada de la ayuda humanitaria, que el presidente encargado y cabeza del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció para este 23 de febrero.

“Durante el gobierno de Maduro se han dado las mayores olas de protestas que hemos visto en 20 años“, señaló Ponce en la rueda de prensa.

Guevara-Rosas y Ponce declararon en una rueda de prensa en la que participaron el director de Amnistía Internacional en Venezuela, Marco Gómez, y de la internacionalista y fundadora de la ONG Mujeres en Línea, Luisa Kislinger.

Amnistía Internacional hace un llamado de acción por la libertad de 59 colombianos en Venezuela

AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI) lanzó una acción urgente por la libertad de los 59 colombianos detenidos desde septiembre de 2016 en una cárcel de Venezuela y para quienes pide también atención médica, así como que se garantice su “debido proceso”.

La organización pidió, en un comunicado difundido hoy, enviar llamados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al ministro de Interior y Justicia y a la Fiscalía venezolana exigiendo “que se ejecute la orden de libertad” que asegura fue emitida por un tribunal de control en noviembre de 2017 y que luego fue “revocada”.

“La revocatoria de la orden de libertad, pone a estas 59 personas en grave riesgo de que se sigan violando sus garantías procesales y derecho a un juicio justo, y que se postergue indefinidamente el tiempo que continuarán privadas de libertad”, agregó AI en el texto.

Los detenidos, que fueron arrestados en diferentes operaciones de seguridad en septiembre de 2016, se encuentran en una sola celda del centro de detención de La Yaguara, en Caracas, y fueron imputados el jueves pasado por varios delitos, entre ellos terrorismo.

Específicamente, los colombianos fueron detenidos durante las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).

La organización considera que la detención de estos 59 colombianos no tiene “justificación alguna” y denunció además que los presos “han estado en graves condiciones de insalubridad” durante su reclusión.

Amnistía Internacional: 59 colombianos detenidos en Venezuela deben ser liberados

EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE LLEVÓ A CABO UNA DETENCIÓN MASIVA en medio de un operativo de seguridad, conocido como Operación de Liberación al Pueblo (OLP). En el momento de la detención nunca se presentó alguna orden de aprehensión, ni fueron dados los supuestos de una flagrancia.

Familiares han denunciado recurrentemente que no se ha seguido el procedimiento legal adecuado y, que a pesar de que el 21 de noviembre de 2017 el Tribunal 27 de control de Caracas ordenó libertad plena a todos los acusados por no encontrar pruebas suficientes, mediante la Sentencia firmada por la jueza Zulay Salazar González, todavía siguen tras las rejas en condiciones inhumanas de reclusión.

En la exposición de motivos de la sentencia, la jueza afirma que los ciudadanos colombianos “no fueron aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna”. Recién emitida la decisión, Amnistía Internacional Venezuela, a través de una declaración ofrecida por su director, Marcos Gómez, se instó a las autoridades a ejecutar de inmediato la orden de liberación de las personas detenidas en un galpón que funciona como cárcel improvisada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas.

Familiares de los detenidos advierten que esta decisión dejó en evidencia la falsedad de la acusación hecha por el Alto Gobierno de Venezuela y denuncian que lo ocurrido no solo violentó la libertad y la integridad de los detenidos, sino también su dignidad y reputación personal.

Invisibles en Venezuela

El grupo de detenidos incluye a 58 hombres con edades entre 25 y 70 años y una mujer, todos residían en diferentes zonas de Caracas durante años y no se conocían entre ellos. Según información verificada por los familiares, varios de los detenidos cuentan con documentación expedida por el Servicio Autónomo de Identidad, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela y algunos de ellos tenían la visa vencida o documentos extraviados.

“Nos maltratan también a nosotros cuando exigimos nuestro derecho a visitarlos y nos dicen que a los paramilitares ni agua. Sabemos que uno de ellos murió, pero no nos dicen en qué circunstancias”, afirmó Marbelis Roa, esposa de Luis Gabriel Villa Valdez, uno de los detenidos.

En las pocas oportunidades en que las autoridades venezolanas han hablado sobre este caso, afirman que se han realizado jornadas de salud, suministro de medicinas y alimentos, expedición de pasaportes, así como registros de sus hijos. Sin embargo, a principios de enero de 2018, los detenidos realizaron una huelga de hambre para exigir ser liberados tal como lo dice la boleta de excarcelación que poseen, pero que nadie ejecuta.

“Ninguno de ellos tiene antecedentes penales, trabajaban de obreros o en labores que no son ilegales, dejaron a sus familiares viviendo un calvario. Muchos de ellos son padres de familia, hijos, sostén de la casa y no sabemos qué hacer”, dijo Roa.

Desde 2016 la Cancillería de Colombia realiza los trámites correspondientes para el cumplimiento de las garantías de los privados de libertad y el respeto de sus derechos humanos.

Autoridades deben respetar decisiones autónomas del Poder Judicial

Este caso provocó las intervenciones y reacciones de las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional, solicitando además a los gobiernos tomar acciones contundentes para lograr la liberación de estos ciudadanos.

En días recientes, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados mostró su “profunda preocupación” por la detención, sin cargos, durante más de 2 años de 59 colombianos en Venezuela. El organismo denunció que los ciudadanos fueron arrestados en diferentes operaciones de seguridad en 2016 y se encuentran todos retenidos en una sola celda en el centro de detención preventiva de La Yaguara, sin que se les respete las condiciones mínimas que debe tener cualquier persona bajo custodia.

“Las condiciones allí son nefastas, con un acceso insuficiente a comida, agua y medicinas”, afirmó en rueda de prensa, Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina. Además, denunció que muchos de los hombres están presentando condiciones de salud crónicas que deben ser atendidas de manera urgente.

Organizaciones de derechos humanos locales como Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones han denunciado constantemente que las condiciones de detención en Venezuela son inhumanas ya que en la gran mayoría de las cárceles hay hacinamientos, las infraestructuras están deterioradas, no todos los detenidos tienen acceso a luz natural, en muchos centros los privados de libertad tienen un acceso limitado a agua y comida. Muchas de estas personas padecen enfermedades como hipertensión, tuberculosis, malaria, VIH/Sida y a pesar de ello, no obtienen la asistencia médica necesaria, situación que pone en riesgo sus vidas.

Detenciones arbitrarias en Venezuela

La implementación de una política sistemática de detenciones arbitrarias, como sucede en Venezuela, es una violación de derechos humanos según lo prevé el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.

Fernando Fernández, abogado y defensor de derechos humanos indica que las detenciones arbitrarias efectuadas en Venezuela en los últimos años han dejado de ser actos separados e individualizables y, en su lugar, se han convertido en crímenes de lesa humanidad en grado de encarcelación.

“Todo esto se analiza desde los patrones observados, identificados y comprobados por organismos internacionales creíbles y ONG reconocidas. Es decir, se trata de ataques sistemáticos o generalizados contra parte de la población civil, efectuados por funcionarios del Estado y grupos específicos, con conocimiento de dichos ataques”, aseveró.

El experto, además, advierte que parte de este proceso se inició con la militarización de la policía y los órganos de la justicia penal que solo ven “enemigos” y no ciudadanos, así como con la politización de la administración de justicia, a través de la pérdida de autonomía en jueces y fiscales para la ejecución de políticas de Estado apegadas a las leyes.

“El cumplimiento riguroso de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos están en la base de la solución”.

Amnistía Internacional dedicó en su Informe Anual 2017/2018 un extenso capítulo a las detenciones arbitrarias en Venezuela, en el que refiere que las fuerzas de seguridad del Estado continuaron empleando fuerza excesiva e indebida. También lo reveló el informe Silencio a La Fuerza publicado en septiembre de 2017, en el que se detalla el catálogo de acciones ilegales realizadas por las autoridades venezolanas. Entre ellas se incluyen detenciones sin órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), procesamientos de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación, así como campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición y activistas de derechos humanos.

AI: Entre colas y escasez, derecho a la alimentación vulnerado en Venezuela

HABLAR DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, implica remitirlo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la cual se establece como parte fundamental para la vida; es tan importante la garantía de este derecho que también se incluye en tratados regionales y constituciones nacionales.

En Venezuela, el derecho a la alimentación está reconocido en la Constitución en su artículo 305, estableciendo que la seguridad alimentaria puede entenderse como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor”. Por tanto, es responsabilidad del Estado garantizar que los venezolanos se alimenten de manera basta e integral y, que además, se respete y proteja la autoproducción de alimentos o la adquisición de estos por otros medios.

Sin embargo, lo escrito en papel dista mucho de la realidad. Desde hace 4 años, el país vive una de las peores crisis de la región, innumerables han sido los reportes de organizaciones de la sociedad civil que señalan que el derecho a la alimentación no está garantizado. Son muchas las familias que apenas logran garantizar dos comidas diarias, existen otras que sólo ingieren alimentos una vez al día.

Los altos costos de la canasta básica, la escasez de productos de primera necesidad, desaparición de proteína animal y las invasiones en espacios productores deja a la vista las terribles consecuencias de la abrupta pérdida de peso en la mayoría de los venezolanos, quienes no tienen la capacidad de consumir una dieta balanceada.

Emergencia alimentaria

A principio del mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que a finales de año la inflación en Venezuela podía llegar a 1.000.000%. Una cifra preocupante ya que expertos en el área alimentaria y medios de comunicación ya han reseñado muertes por desnutrición.

El informe anual de la organización no gubernamental Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en su capítulo sobre alimentación, especificó que nueve de cada 10 venezolanos no pudieron pagar su alimentación diaria en 2017, mientras que ocho de cada 10 declararon haber comido menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o debido a la intensa escasez. También la documentación de estos casos concluyó que en Venezuela se construyó una arquitectura “de control estatal sobre el hecho alimentario”, conformado entre otros por el carnet de la Patria, un documento emitido por el Gobierno y los Comités Locales de Alimentación y producción que distribuyen bienes de consumo.

Colas que no calman el hambre

Maritza Herrera es madre de dos niños. Ella realiza colas cualquier día a cualquier hora, mientras su trabajo se lo permita, para tratar de conseguir productos alimenticios a un precio que pueda pagar. Afirma que ahora puede realizar esta práctica con más regularidad porque su esposo le envía dinero semanalmente desde Colombia.

“Si mi esposo no me enviara dinero nos moriríamos de hambre. Trabajo en una escuela al Este de Caracas y con lo que gano no puedo comprar ni el desayuno de los niños. Ahora que comenzaron las clases, me ha tocado hacer colas a las afueras de los supermercados y abastos solo los fines de semana para ver qué productos venden a precios justos, muchas veces no llega nada y regreso con las manos vacías a casa. A pesar del dinero extra que me envían, compro mucho menos de lo que podía obtener en meses anteriores”.

Como Maritza, existen miles de venezolanos que se levantan todos los días, algunos duermen a los alrededores de los mercados, con la esperanza de adquirir algún alimento o producto de la canasta básica. Solo pocos lo logran. Al día siguiente vuelve a repetirse la misma historia: las mismas interminables filas de personas que desean llevar algo para ellos y sus familiares.

El silencio de las invasiones en tierras productivas

En 2017 Provea reportó al menos 11.852 violaciones a la propiedad privada vinculadas al sector alimentario, situación que afecta la garantía del derecho a la alimentación. Este año las invasiones, específicamente, en el estado Barinas están siendo cada vez más frecuentes. Al menos 9 fincas productivas han sido azotadas por actos vandálicos que amenazan la producción de alimentos nacional.

La Asociación de Productores de Rurales del Estado Barinas (Asobarinas) ha denunciado en varias oportunidades los robos en hatos y tierras productivas y cómo esa situación repercute directamente en la grave crisis alimentaria que se vive en el país.

“Han matado a los animales, las amenazas son de todo tipo y esto repercute en la garantía del derecho a la alimentación de los venezolanos. Roban a los propietarios y la producción está cesando en su totalidad. En el caso particular de la invasión de una de las fincas, con lo que se produce en un día, se puede alimentar a 6 millones de venezolanos. Esto quiere decir que si continúa esta situación, el desabastecimiento se puede intensificar”, así lo indicó la periodista, Briceida Morales, quien ha realizado seguimiento al tema en la zona.

Según estadísticas que maneja Asobarinas en la entidad, existen alrededor de 22.000 hectáreas invadidas en 10 predios que continúan en manos de ocupantes ilegales que actúan impunemente. Esa situación incide específicamente en la producción de carne que, hasta el año pasado, se producían 20.000 reses y ahora escasamente arrima unas 10.000 cabezas de ganado.

La Federación Nacional de Ganadores de Venezuela (Fedenagas) también ha denunciado las incursiones ilegales a fincas por grupos armados, señalando que en el país no hay seguridad para los productores y el riesgo de que se acreciente la emergencia por hambre es inminente si no se toman las acciones pertinentes.

Día de la alimentación sin celebración

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación marca cada año el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en que fue fundada la Organización en 1945. Los objetivos de esta conmemoración están enmarcados en estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental.

Sin embargo, debido a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela se deben hacer mayores esfuerzos para exigir el cumplimiento de este derecho y fomentar la necesidad de solidaridad nacional e internacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza.

Amnistía Internacional pide escribir a MP y Defensoría para que investiguen caso Albán

AMNISTÍA INTERNACIONAL HIZO UN LLAMADO a una acción urgente para exigir al fiscal general de la República, Tarek William Saab y al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, investigar a fondo la muerte del concejal de Caracas, Fernando Albán.

Tras la sospechosa muerte de Fernando Albán mientras estaba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en la sede de Plaza Venezuela, y el dictamen del fiscal general de que el suceso había sido un suicidio, la ONG pide a los ciudadanos escribir a las autoridades venezolanas para exhortarlos a realizar la debida investigación y proteger los derechos humanos.

AI pidió a los ciudadanos escribir inmediatamente, tanto en español como en otros idiomas antes del 20 de noviembre:

  • Pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre los hechos y la causa de la muerte de Fernando Albán, incluida la posibilidad de tortura,
  • Pidiendo que la investigación cumpla el derecho y las normas de derechos humanos, incluido el pleno acceso de la familia Albán a la información;
  • Pidiéndoles que protejan el derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas recluidas bajo custodia del Estado, y que protejan también el derecho de estas personas a un juicio justo.

Asimismo, da la información de los dos funcionarios públicos:

  • Fiscal General de la República, Sr. Tarek William Saab. Fiscalía General de la República. Avenida México, Manduca a Pelelojo. La Candelaria. Caracas, Venezuela. Twitter: @TarekWiliamSaab Correo-e: [email protected] Tratamiento: Señor Fiscal General.
  • Defensor del Pueblo Sr. Alfredo Ruiz Defensoría del Pueblo Av. Urdaneta, Centro Financiero Latino, Piso 26, Los Anaucos, Caracas Venezuela Twitter: @Defensoria_Vzla Fax: +58 (0212) 5077025 Tratamiento: Sr. Defensor del Pueblo
  • Y copias a: Amnistía Internacional Venezuela AIVEN, Torre Phelps, Piso 17 Plaza Venezuela Caracas, Venezuela Twitter: @amnistia Correo-e: [email protected]

Envíen también copia a la representación diplomática de Venezuela acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales: Nombre, Dirección 1, Dirección 2, Dirección 3, Fax, Número de fax, Correo-e, Dirección de correo-e, Tratamiento Tratamiento.