La organización internacional defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional, calificó como “inadmisible” y contradictoria “a los derechos humanos y el estado de Derecho” la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitirle a la administración de Donald Trump reanudar la deportación de migrantes a terceros países.
En el comunicado, difundido en X (Twitter) y en el sitio web de la organización Amy Fischer, directora de Derechos de los Refugiados y los Migrantes de Amnistía Internacional, dijo que el fallo autorizó al gobierno de Trump a expulsar a personas a países “donde podrían enfrentar prisión, tortura y otras violaciones a derechos humanos” sin notificarles ni darles la oportunidad de un debido proceso.
“Este fallo es inadmisible y contradice los derechos humanos y el estado de Derecho. (…) En otras palabras, la Corte Suprema ha dado el visto bueno al presidente Trump para expulsar por la fuerza a personas a cualquier país del mundo cuyo gobierno esté dispuesto a hacer el trabajo sucio de su agenda racista y antiinmigrante“, señala el mensaje.
Por otro lado, Fischer denunció las dificultades que enfrentan los migrantes en Estados Unidos ante las políticas antiinmigrantes: El ataque implacable de la administración Trump contra los inmigrantes está destrozando familias, poniendo vidas en peligro e ignorando las obligaciones legales de Estados Unidos, tanto en virtud del derecho nacional como del internacional”, comentó.
Fallo judicial: Luz Verde a Violaciones de Derechos Humanos en Deportaciones @amnestyusa
— amnistia . org (@amnistia) June 25, 2025
La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido un fallo preocupante en el caso DVD vs Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., permitiendo a la administración Trump reanudar las… pic.twitter.com/lwlBuUB9PT
El Tribunal Supremo revocó orden previa
La decisión del Tribunal Supremo de EEUU. suspendió la orden judicial dictada el pasado 18 de abril por el juez federal del distrito de Boston, Brian Murphy, que le exigía al gobierno norteamericano darle una oportunidad a los migrantes de impugnar sus casos antes de ser deportados a países donde “podrian enfrentar tortura”, abogando por el debido proceso.
El caso genera incertidumbre luego de que grupos defensores de derechos revelaran que un grupo de inmigrantes, en un principio destinados a Sudan del Sur, estaban detenidos en una base militar de Estados Unidos en Yibuti, al este de África, en mayo de este año.
También se han reportado violaciones a los derechos de los 238 venezolanos enviados al Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) en El Salvador, acusados de ser miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, el 15 de marzo. Un trabajo de una alianza de medios, en el que participó Runrun.es, concluyó -basado en registros del del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)- que el gobierno de Trump estaba al tanto de que la gran mayoría de estos migrantes enviados a esa prisión de máxima seguridad no había sido condenado por crimen alguno en EEUU. Aún así, fueron calificados públicamente como “terroristas” y deportados.
De acuerdo a abogados contratados por el gobierno de Nicolás Maduro, los venezolanos detenidos en El Salvador son víctimas de “torturas físicas y de orden moral”. Hasta ahora, el gobierno de Nayib Bukele no ha autorizado visitas de familiares a los migrantes que permanecen en la megacárcel construida para pandilleros.
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