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Alcaldes

Oposición venezolana en el exilio acumula millas viajeras
Según una base de datos elaborada por Runrunes, desde las protestas de 2014, 21 políticos opositores han pasado al exilio
La mitad pertenece a Voluntad Popular y siete son de Primero Justicia.
11 partieron en el segundo semestre de 2017
Hay siete alcaldes, ocho diputados y dos concejales
Con la estampida se neutraliza el poder de convocatoria de la dirigencia opositora, debilitan partidos y obstaculizan liderazgos emergentes

 

Francisco Zambrano | @franzambranor

Infografía: Juan Carlos Hernández | @ideografiko

EL EMPUJÓN POR LA ESPALDA que le dio el coronel Bladimir Lugo a Julio Borges, entonces presidente de la Asamblea Nacional, fue una especie de preludio de lo que iba a pasar meses después. Borges, que había ido a mediar con Lugo luego de la agresión a varios diputados por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, caminó fuera del cuarto sin lograr reaccionar: apenas miró a los lados buscando en ningún lugar una explicación y se fue. En el sitio quedó Lugo, uniformado, risueño y rodeado de militares, después de haber explusado -frente a una cámara encendida- al máximo representante del Poder Legislativo venezolano.

De manera similar como salió el diputado de Primero Justicia ese 27 de junio de 2017 de la oficina de la GNB en el Parlamento, así tuvo que abandonar el país meses después: sin decir una palabra. Aunque no ha confirmado que pasará a formar parte del exilio, el expresidente de la AN es candidato a engrosar las filas de la diáspora opositora, especialmente luego que el presidente Nicolás Maduro le amenazara en reiteradas oportunidades con cárcel si osa volver.

Borges lideró el diálogo en República Dominicana en el que la oposición decidió retirarse y también la corriente abstencionista frente a las elecciones presidenciales del 20M, comicios sobre los que aún hay incertidumbre entre la ciudadanía. Durante el comienzo del 2018, el ex presidente de la Asamblea Nacional fue una de las caras más visibles de la oposición hasta que, como otros políticos de la MUD, viajó sin retorno y bajó el perfil.

Según una base de datos elaborada por Runrunes el éxodo de dirigentes va por 21 y creciendo. De esas dos decenas de políticos, casi la mitad (10) pertenece a Voluntad Popular, el partido opositor más vapuleado con su máximo líder Leopoldo López encarcelado; su segundo a bordo, Freddy Guevara, protegido en la embajada chilena en Caracas luego de ser despojado de la inmunidad parlamentaria por el Tribunal Supremo de Justicia y acusado de instigación pública y su coordinador político, Carlos Vecchio, refugiado en Estados Unidos después de haber sido señalado de incendio intencional, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir a raíz de las protestas antigubernamentales de 2014.

Además, siete forman parte de Primero Justicia, partido que tiene a Borges como máximo representante y principal blanco de acusaciones por parte del gobierno por supuestamente desestabilizar la democracia. Borges, al igual que su compañero de fracción, Tomás Guanipa, inició una gira a principios de 2018 que se ha convertido en un escape de los grilletes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Tanto Alianza al Bravo Pueblo, Patria Para Todos, Copei y Acción Democrática cuentan con uno cada uno (ver infografía). La principal figura de ABP, Antonio Ledezma, se fugó el 17 de noviembre de 2017 luego de 102 días de detención. El alcalde metropolitano remitido a la cárcel de Ramo Verde y posteriormente confinado en su casa tras ser acusado de intento de Golpe de Estado hace cuatro años, salió por la frontera con Colombia burlando las autoridades venezolanas antes de llegar, siete días después, a España donde solicitó asilo político.

Pablo Medina, del PPT, se fue a Estados Unidos en el marco de las manifestaciones de 2017 y ahora es miembro de una Junta Patriótica con disidentes en Miami. Roberto Enríquez, presidente de Copei, cumplió en abril de 2018 un año protegido por la embajada de Chile en Caracas luego de que fuese detenido y liberado por el Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) e Ismael García de AD dejó su curul en la Asamblea Nacional para denunciar al gobierno de Maduro fuera de nuestras fronteras, administración que le cataloga de conspirador.

También la mitad de los integrantes de la base de datos (11) abandonaron el país en el segundo semestre del año pasado, después de la oleada de protestas en contra del gobierno madurista, lapso en que el Tribunal Supremo de Justicia dictó condena de 15 meses de prisión a los alcaldes opositores David Smolansky (El Hatillo), Ramon Muchacho (Chacao), Gustavo Marcano (Lecheria) y Omar Lares (Merida) por desacatar una sentencia que les ordenaba impedir las manifestaciones en sus respectivas jurisdicciones.

Ocho miembros de la base de datos están en Estados Unidos, tres en España, tres en Colombia, uno en Francia, dos en la embajada de Chile en Caracas y el resto en giras internacionales que no terminan.

Hay siete burgomaestres, ocho diputados y dos concejales. El promedio de edad es de 45,2 años, cifra que sería menor de no ser por Antonio Ledezma (63 años), Ismael García (64) y Pablo Medina (70).

Acéfalos

La movilización de políticos fuera de las fronteras venezolanas ha generado una acefalía en el seno de los detractores de la administración chavista, además de debilitar la cúpula de los partidos. También ha logrado que liderazgos emergentes como el de los alcaldes jóvenes sean obstaculizados en función de impedir una virtual candidatura a una gobernación o incluso a la presidencia del país.

La mayoría ya tiene la etiqueta de exiliados y a otros hay que ponerles un asterisco como el caso de Borges y sus homólogos Ismael García y Tomás Guanipa, quienes salieron por Maiquetía a denunciar la crisis democrática en Venezuela con la promesa de regresar.

“El problema es cuál es la capacidad que tiene la gente de percibir que estos líderes siguen trabajando pese a que están fuera del país”, dijo el analista político y director de ORC Consultores, Oswaldo Ramirez.

“Esta oposición que se hace ahora en el extranjero merma la capacidad organizativa dentro de los partidos políticos, ya que perdieron a sus líderes fundamentales, a las personas que de alguna forma tienen más poder de convocatoria y aupaban a participar en protestas, marchas y concentraciones”, agregó.

Una fuente vinculada a la Asamblea Nacional considera que la diáspora política opositora irá in crescendo. “Hay mucha persecución y miedo. Julio (Borges) no vuelve, ése pone un pie en Maiquetía y le ponen los ganchos”.

El propio Borges, a mediados de febrero de este año, dijo que no persigue protección de otro Estado. “No he pedido, ni pediré asilo en ningún país, haré una gira”.

Ramírez indicó que con la eventual reelección de Maduro como presidente de la República se podría potenciar el éxodo forzado de dirigentes y la persecución a la disidencia.

El cuento vuelve a repetirse

El historiador Elías Pino Iturrieta consigue similitudes entre la estampida actual de políticos de oposición con las de otras épocas como las del gomecismo (1908-1935) y el perejimenizmo (1952-1958).

“En términos cuantitativos, el éxodo de la era perejimenizta fue mayor. Hubo una salida de toda la cúpula de Acción Democrática encabezados por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Carlos Andrés Pérez. Copei partió más tarde y luego fueron los líderes de izquierda”, dijo.

“El fenómeno de la Venezuela peregrina opositora está vinculado al siglo XX. En principio comenzó en 1913 con Juan Vicente Gómez y posteriormente se repitió con Pérez Jiménez en la década de los 50”, puntualiza Pino Iturrieta y añade que en la dictadura de “El Benemérito”, los disidentes se exiliaban en las islas del Caribe. “La mayoría se fue a las antillas vecinas y diez años más tarde cogieron destinos como México y Colombia”.

Posteriormente, con la tiranía de Marcos Pérez Jiménez, las naciones que recibieron a disidentes venezolanos aumentaron. “Lo más común en esa época era refugiarse en sitios donde habían democracias consolidadas como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos”.

Advirtió que en el ADN de todo político exiliado está el regresar a su patria cuando las condiciones sean favorables. “Cuando Pérez Jiménez, los políticos que no murieron en el exilio en su mayoría regresaron para formar parte de la llegada de la democracia”.

“Los líderes, los que forman parte de un partido, tienen un regreso asegurado, porque sienten el compromiso de retornar a construir lo que ha sido derrumbado”, puntualizó.

 

Transparencia Venezuela insta a candidatos a alcaldes a luchar contra la corrupción

LOS ALTOS NIVELES DE CORRUPCIÓN en todos los ámbitos de la gestión pública afectan a la sociedad civil venezolana, es por ello que las cabezas de los poderes ejecutivos deben asumir un rol protagónico en la lucha contra este flagelo que impide que los recursos públicos sean usados de forma correcta para satisfacer las necesidades de los electores.

De acuerdo al artículo 75 de la Ley de Poder Público Municipal (2005), al Poder Ejecutivo Municipal le corresponde el gobierno y la administración del municipio así como “el proceso de definición y ejecución de la gestión pública y el control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, para lo cual deberán crear los mecanismos que la garanticen”.

Transparencia Venezuela considera imperativo, de cara a las elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017, que todos los candidatos a alcaldes asuman desde ya un compromiso público con la defensa de la integridad de los recursos, bienes e instituciones venezolanas, creando las herramientas y prácticas que consolidan un gobierno abierto y de lucha contra la corrupción, acceso a la información pública y datos abiertos, participación y colaboración, que facilite la contraloría social a cualquier ciudadano.

Para tal fin proponemos que los alcaldes asuman desde ya los siguientes compromisos en caso de resultar electos:

  1. Elaborar y publicar un programa anticorrupción que contenga programas y actividades a corto, mediano y largo plazo que incluya mecanismos de reducción de incentivos negativos, control sobre los riesgos de corrupción y planes de capacitación sobre la implementación del programa. Publicar trimestralmente informes de cumplimiento de los programas y actividades realizadas en torno al Gobierno Abierto y la lucha contra la corrupción.
  2. Respeto la separación de poderes y el sistema de controles y contrapesos. El respeto a las atribuciones de las instituciones y la defensa de la descentralización, el fortalecimiento de la participación y colaboración entre los actores necesarios, y un más claro y directo control ciudadano sobre los recursos, las decisiones y la calidad de la gestión.
  3. Rendir cuentas con calidad y exhaustividad. Elaborar y publicar informes completos, claros sobre la gestión, que incluyan indicadores, metas y resultados objetivos, con regularidad mensual, trimestral y anual.
  4. Garantizar el acceso a la información pública e implementación de políticas de transparencia activa. Implementar una política de Transparencia que desarrolle y promueva el acceso a la información, aprobando o cumpliendo una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluyendo la sistematización y difusión, clara, abierta y comprensible de la información oportuna sobre la gestión. Establecer un programa de formación de funcionarios en transparencia y acceso a la información pública, crear mecanismos físicos y virtuales de accesibilidad y atención ciudadana y promover la innovación y el uso de herramientas tecnológicas.
  5. Transparencia presupuestal. Cumplir los principios de transparencia en las cinco fases: planificación, elaboración, aprobación, ejecución, control y evaluación. Realizar consulta de presupuesto levantando necesidades y expectativas de la comunidad anual y trimestralmente. Elaborar y publicar presupuesto ciudadano que permita a toda la comunidad conocer, comprender y hacer contraloría al origen y montos de los ingresos así como la distribución y alcance de los gastos, incluyendo los fondos provenientes del poder nacional. Garantizar mejores resultados  con mayor eficiencia en el uso de los recursos.
  6. Transparencia en las Contrataciones Públicas. Aplicar procedimientos transparentes para las contrataciones de bienes y servicios con reglas de juego claras para todos. Publicar las decisiones, responsabilidades, lapsos y calidad esperada y toda la información útil para saber porqué se escogió a un proveedor, contratista o experto. Publicar los contratos o la información de los objetivos, metas, cronograma y productos esperados y montos de cada contratación.
  7. Promoción de la denuncia. Crear mecanismos de promoción, denuncia y protección de víctimas de corrupción.
  8. Fortalecer la participación ciudadana y la colaboración. Definir y aprobar una política de servicio público orientada a servir a la ciudadanía, facilitando la participación a través de la instrumentación de procedimientos de recopilación de datos estadísticos en las actividades claves y servicios de la institución. Permitir la participación y colaboración de los ciudadanos, organizados o no, en el control de la gestión pública.
  9. Ser ejemplo de una gestión transparente: No contratar a familiares directos ni fomentar prácticas clientelares en cargos públicos. Todas las contrataciones o designaciones responderán a méritos: cumplimiento de capacidades en los perfiles y experiencia. No usar fondos, espacios, funcionarios públicos o cualquier otro recurso público para actividades personales, partidistas, electorales o cualquier otra actividad particular o personal y separar sus actuaciones como funcionario electo por el pueblo, de sus actuaciones como miembro de un partido político.
Nov 22, 2017 | Actualizado hace 2 años
11 cosas que debes saber sobre la elección de alcaldes

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El patrón de comportamiento de la autoridad electoral vuelve a repetirse. Después de un año de silencio sobre la fecha definitiva de estos comicios, el CNE incurre nuevamente en un listado de irregularidades que viene ejecutando desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente: adelanta el llamado a postular candidatos previo a la publicación de la fecha del evento y el cronograma electoral, fija arbitrariamente la fecha, ejecuta actividades previas, cierra la posibilidad de que nuevos electores se inscriban en el registro Electoral, entre otras. Conoce 11 detalles sobre las venideras elecciones. 

 

1)  Los primeros anuncios y un año de silencio

El 18 de octubre de 2016, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que los comicios municipales serían realizados a finales del segundo semestre de 2017. Luego, transcurrieron doce meses sin que el organismo hiciera mención a estos comicios: entretanto organizó velozmente una elección para elegir una Asamblea Nacional Constituyente y ejecutó, también con rapidez, los comicios de gobernadores que tenían 10 meses de retraso. Solo cuando el oficialismo obtuvo la victoria electoral en 18 de 23 estados del país, se aceleró la convocatoria a estas elecciones.

 

2)  Convocatoria constituyente sin concejales

Tras una propuesta presentada por el ex gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, el 26 de octubre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la convocatoria de elecciones de alcaldes en diciembre de 2017, dejando por fuera –sin explicación alguna– la elección de concejales y de las alcaldías Metropolitana de Caracas y de Alto Apure, legalmente fijadas para realizarse de manera conjunta.  Así, el proceso inició con la violación de la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), en cuyas disposiciones señala al Consejo Nacional Electoral como único organismo encargado de anunciar dicha convocatoria. El decreto fue publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial N° 41.265.

 

3) Repetición de elecciones en Zulia

Desconociendo la voluntad popular de quienes votaron el 15 de octubre por Juan Pablo Guanipa como gobernador del Zulia, le fue impedido asumir el cargo al no prestar juramento ante la ANC. Ni la Constitución, ni ninguna otra ley venezolana, estipulan que el titular de un cargo de elección popular deba subordinarse ante una instancia constituyente.

Ese 26 de octubre, el Consejo Legislativo declaró la “falta absoluta” de Guanipa y, posteriormente, en una acción que sienta un precedente peligroso, la ANC anuló la elección de gobernador en esa entidad y ordenó su repetición para el mes de diciembre (propuesta presentada por el constituyente Hermann Escarrá). El decreto también fue publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial N° 41.265.

 

4) Fechas a cuentagotas

Al día siguiente, el 27 de octubre, la máxima autoridad electoral informó que el organismo acataba ambos decretos de la ANC para realizar los dos procesos de manera conjunta, tanto la elección de alcaldes como la repetición de elecciones de gobernadores en Zulia: “Ambas elecciones se efectuarán el mismo día y se regirán por el mismo cronograma”, anunció Tibisay Lucena.

Antes de publicar la fecha definitiva y el cronograma electoral, llamó a los partidos políticos a inscribir a sus candidatos el lunes 30 de octubre, estipulando así apenas un día para habilitar el Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP) y reincidiendo por tercera vez en la violación del artículo 42 de la LOPRE, el cual especifica que la convocatoria es el acto público en el que debe fijarse la fecha de la elección y conocerse el cronograma.

El CNE estableció la presentación de las postulaciones ante las juntas regionales entre el martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre, la admisión o rechazo de la postulaciones entre el mismo miércoles hasta el viernes 3 de noviembre.

 

5) Registro Electoral sin cambios

Ese día también se anunció que el corte del Registro Electoral para las elecciones de diciembre sería el del 15 de julio de 2017, el mismo utilizado para los comicios de la ANC y gobernadores. Esto significó que no habría actualizaciones en la base de datos de votantes, privando del derecho al sufragio a quienes cumplieron 18 años entre mediados y finales de año, como también el derecho de cualquier ciudadano inscrito a solicitar modificaciones. Desde principios de 2016, la autoridad electoral no ha habilitado suficientes operativos o puntos móviles para la inscripción en el RE y, por ello, se estima que alrededor de un millón de ciudadanos no han sido incluidos a la base de datos del CNE.

Igualmente, la presidenta Lucena explicó que continuarían en funciones los mismos miembros de las Juntas Regionales y Municipales, además de los miembros de mesa, de las elecciones anteriores, quienes fueron seleccionados a través de un mecanismo que no fue público, tal como lo exige la legislación vigente.

 

6) 10 de diciembre, la fecha definitiva

Seis días después de llamar a los partidos políticos a postular a sus candidatos, el árbitro fijó arbitrariamente la fecha definitiva para las elecciones: serían el 10 de diciembre de 2017, en la que podrán participar 19.740.846 electores para elegir a los 335 alcaldes de las 24 entidades del país, por un período de cuatro años, y al nuevo gobernador de Zulia. En esa rueda de prensa del 2 de noviembre, se difundieron las nuevas fechas del cronograma: la campaña electoral iniciará el 23 de noviembre y finalizará el 7 de diciembre.

 

 

7) Publicación del cronograma

Faltando tan solo 36 días para las elecciones, el CNE publicó el 4 de noviembre el cronograma electoral con todas las etapas y actuaciones a cumplirse, atropellando los tiempos indispensables para organizar y ejecutar un proceso electoral imparcial, confiable y en igualdad de condiciones para todos los participantes. De esta forma, planeó 85 actividades: 14 en octubre, 48 en noviembre (con un promedio de dos actividades diarias), 19 en diciembre, tres en enero y una en febrero.

Aunque en esta oportunidad no estableció en el documento un apartado de “actividades previas”, ejecutó 20 tareas en una fecha anterior a la publicación del cronograma e, incluso, definió para la actividad denominada “Publicación del cronograma en www.cne.gob.ve y en la Gaceta Electoral” un lapso de 30 días, entre el 30 de octubre y 28 de noviembre, acción que contradice lo estipulado en la legislación vigente. La LOPRE exige un solo día para la publicación del cronograma.

8) Candidatos

La noche del 31 de octubre Lucena informó que 4.800 ciudadanos se inscribieron como candidatos (4.016 hombres y 784 mujeres), esta cifra aumentó a casi el doble tres días después alcanzando los 9.249 candidatos. De ese grupo, para el 3 de noviembre solo 3.517 candidatos se habían presentado ante las juntas electorales correspondientes.

Un total de 72 partidos participaron en el proceso, 17 nacionales (que representan el 82% del total) y 55 regionales (84% del total). Entre lo nacionales se encuentran: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Tupamaro, el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Patria Para Todos (PPT), Unión Popular Venezolana (UPV), Podemos, Partido Comunista de Venezuela (PCV), Nuevo Camino Revolucionario (NCR), Nuvipa, Organización Renovadora Auténtica (ORA), IPP, UPP89, Copei, Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) y Un Nuevo Tiempo Contigo (Untc).

Para estas elecciones de alcaldes, tres de los partidos que conforman la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que acudieron a las elecciones de gobernadores anunciaron que no participarán esta vez: Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), además de que alertaron con sancionar con la expulsión de sus filas a los integrantes que decidieran postularse. Sin embargo, esta postura no fue asumida por todas las toldas que hacen oposición al Gobierno de Nicolás Maduro y algunos integrantes de la coalición inscribieron candidatos, entre los que destacan UNT y AP.

A pesar de no estar legalizado ante el CNE, el partido La Causa R participó a la elección anterior avalada por otras organizaciones, especialmente en Bolívar con una representación del miembro de la dirección nacional, Andrés Velásquez; pero después de la denuncia de “fraude” en esa entidad, el partido anunció que no acudirá a los comicios para elegir alcaldes y, más bien, propuso a la MUD realizar unas primarias para escoger un candidato presidencial. De igual forma, Alianza Bravo Pueblo (ABP), Convergencia, Partido Unido y Entendimiento (Puente), Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y Bandera Roja se mostraron de acuerdo con no participar.

De acuerdo al cronograma electoral, para el 5 de noviembre el organismo ya debía poseer el acta de cierre de postulaciones. Sin embargo, aún se espera algún pronunciamiento de las autoridades electorales sobre el número de candidaturas admitidas.

 

9) Reubicación de centros

El miércoles 1 de noviembre, la presidenta Lucena indicó que para estas elecciones de alcaldes el CNE evaluará la reubicación de centros de votación cerrados por violencia durante las elecciones a la Constituyente, con la intención de situarlos en un lugar más cercano a sus puntos de origen. El Poder Electoral decidió no reabrir aquellos centros en los que ocurrieron situaciones irregulares, como agresión física al personal del CNE, quema de máquinas y destrucción del material electoral, así como aquellos en donde fue impedido el acto de votación.

“Sin embargo, decidimos, como dije, racionalmente hacer un análisis de estos 201 centros de votación y en aquellos casos que no son extremos, vamos a estudiar una nueva ubicación para estos centros”, añadió la presidenta del ente. Según el cronograma electoral, la generación del tabla/mesa para el evento –documento que indica la distribución de los electores por mesa y centro de votación– debía estar listo el 6 de noviembre y su publicación debió hacerse el lunes 20 de noviembre, apenas 20 días antes de los comicios.

 

 10) Voto asistido con planilla

Debido al número de denuncias recibidas de irregularidades en las últimas elecciones, el CNE informó que aplicará una nueva forma de solicitar el voto asistido, a través de una planilla que poseerá el miembro de mesa, sin ofrecer más explicaciones al respecto. Adicionalmente, el ente señaló que se mantendrá eliminado el uso de la tinta indeleble.

 

11) Acompañamiento internacional

El 15 de noviembre se instaló la misión de acompañamiento internacional conformada, en su primera etapa, por 15 miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), entre expertos, ex presidentes y ex magistrados de instancias de la región. Más integrantes se unirán a la misión el día de las elecciones, desplegados en centros electorales de todo el país. Así, el CNE vuelve a restringir la presencia de veedores internacionales en el país, reduciendo la función de los observadores internacionales al rol de “acompañantes” y negando el ingreso de misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

Por su parte, la observación nacional no aparece contemplada en ninguna actividad del cronograma electoral, ni en la distribución de invitaciones, ni en la acreditación de sus participantes, lo que genera una alta incertidumbre sobre la participación de las organizaciones destinadas a esta tarea. Para las elecciones de gobernadores, la autoridad concedió la acreditación a algunas organizaciones y se la negó a otras, tal como al Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

TSJ ordenó al CNE solo procesar postulaciones de Copei de la Junta Ad Hoc

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) recibir las postulaciones a alcaldes que presente Miguel Salazar, representante de la Junta Ad Hoc del partido Copei y abstenerse de procesar demás solicitudes que no sean tramitadas por el mismo.

“Se ordena al Consejo Nacional Electoral a recibir las postulaciones que presente el ciudadano Miguel Salazar en representación de la organización política Copei, quien fue autorizado el 30 de octubre de 2017 por los miembros de la Junta Ad hoc designada por esta Sala”, reza un extracto de la sentencia.

Después, el máximo tribunal advierte al ente electoral de “abstenerse de procesar aquellas que no fuesen efectuadas por el ciudadano Miguel Salazar en la condición antes mencionada, y así se decide”, reza un extracto de la sentencia.

Miguel Salazar es el secretario general de Copei tras haber sido designado por el Tribunal, junto a Pedro Urrieta, como autoridades de la tolda verde el 30 de julio de 2015. En ese momento el máximo tribunal acordó “suspender la actual Mesa Directiva Nacional, y por tanto, la Dirección Política Nacional”.

Dichas designaciones quedaron ratificadas en la decisión n° 684 del 3 de agosto de 2016, donde se “ratificó las atribuciones otorgadas a los miembros de la Junta Ad hoc del Partido Copei conferidas en la sentencia n° 1023 del 30 de julio de 2015, respecto a sus condición de integrantes de la Dirección Nacional, de la Mesa Directiva Nacional y de la Junta Ejecutiva Nacional del mencionado partido”.

Juntas Electorales recibirán postulaciones a las municipales a partir de este martes

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Los partidos políticos, grupos de electores y ciudadanos que por iniciativa propia desean presentar postulaciones de candidatos para las elecciones municipales, previstas para diciembre de este año, deberá oficializar el proceso ante las juntas electorales correspondientes.

Este proceso se mantendrán por dos días, desde este martes 31 de octubre y hasta el miércoles 1º de noviembre. Esta fase sigue a la inscripción de postulaciones en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), que habitualmente se efectúa por un día y que para los próximos comicios se pautó para este lunes.

Ante las juntas electorales se deben consignar los recaudos en físico y en digital en un CD, que que debe contener escaneados: cédula de identidad del aspirante, Declaración Jurada de Residencia, planilla con las rúbricas en respaldo y el archivo con el registro de los datos de los formatos con las firmas de los electores.

Para ser candidato se requiere además ser venezolano por nacimiento o naturalización.

Serán las juntas electorales las encargadas de la fase de revisión, admisión o rechazo de las postulaciones, que de acuerdo con el cronograma para las municipales se debe cumplir desde el mismo miércoles 1º de noviembre hasta el viernes 3.

En las elecciones municipales se escogerán 335 alcaldes para el próximo periodo de cuatro años. “En esta oportunidad no serán electos o electas los titulares de las alcaldías Metropolitana de Caracas y Distrital del Alto Apure”, detalló la rectora principal del CNE, Tania D’Amelio, en su cuenta en Twitter.

Para las municipales se utilizará el registro electoral del 15 de julio de este año, que compren un total de 19 millones 752.811 de electores: 19 millones 526.620 venezolanos y 226.191 extranjeros.

En días pasados, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, detalló también que entre otras actividades que se prevé de cara a estas elecciones está el acto de escogencia de posición en boleta para las organizaciones con fines políticos nacionales, la cual se realizará en Caracas, el martes 7 de noviembre; mientras que los partidos regionales escogerán su lugar en la boleta electoral, el miércoles 8 de noviembre, en las respectivas entidades federales.

Smolansky denunciará en Noruega golpe de Estado a 12 alcaldes

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El alcalde en el exilio, David Smolansky, destituido por el Tribunal Supremo de Justicia y quien abandonó su país para refugiarse en Brasil, informó este domingo que se encuentra en Noruega para participar en el Parlamento Global de Alcades y denunciar el “golpe de Estado” en 12 municipios de Venezuela.

“Buen día. Llegando a Noruega. Participaré en el Parlamento Global de Alcaldes para denunciar el Golpe de Estado en 12 mcpios de Venezuela“, dijo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el opositor indicó que también denunciará “la violación a los DDHH, crisis humanitaria y asfixie a los gobiernos locales”.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano ordenó en junio pasado a 12 alcaldes y al gobernador del estado Miranda (centro norte), el también opositor Henrique Capriles, realizar todas las acciones necesarias para evitar el bloqueo de las vías durante las protestas que se desarrollaban en ese momento y les advirtió que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.

Luego de esto, miembros de la Asociación de Alcaldes por Venezuela anunciaron que seguirían permitiendo las protestas pacíficas en sus municipios, y días después al menos cinco alcaldes fueron condenados a 15 meses de cárcel.

Smolansky era alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo hasta inicios de agosto pasado y estuvo en la clandestinidad por 36 días luego de que fuera destituido.

El pasado 14 de septiembre reapareció en la capital brasileña, donde declaró que se uniría a “los compatriotas que combaten al Gobierno” de Nicolás Maduro desde “el exilio”.

El exalcalde dijo en otro mensaje publicado en Twitter que es la “primera vez” que Venezuela participa en el Parlamento Global de Alcaldes, “así que todas las atrocidades del régimen en contra” de 30 millones de venezolanos las expondrá.

Fotos | Miles de caraqueños marcharon este sábado en apoyo a alcaldes perseguidos

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Al mediodía de este sábado arrancó en Caracas la marcha, convocada por la oposición venezolana, en apoyo a los alcaldes del país que han sido víctimas de la persecución política. Miles de personas caminaron y entonaron consignas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, al que catalogan como una dictadura.

La movilización se hizo desde dos punto de la capital ubicados en el este: Parque Cristal, en el municipio Chacao, y el Centro Comercial Plaza Las Américas, en Baruta.

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La caminata transcurrió de manera pacífica hasta llegar a su destino, la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en donde dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pronunciaron discursos ante los asistentes.

Más de 20 alcaldes de distintos municipios del país han atravesado procesos jurídicos que los destituyeron, los llevaron a la clandestinidad o los condenaron a la cárcel. El período de protestas que comenzó en abril pasado desembocó una nueva cacería contra las autoridades municipales de jurisdicciones donde se escenificaron las principales manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

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TSJ suma cinco alcaldes sentenciados y destituidos por permitir protestas contra Maduro

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Cinco alcaldes, electos por voto popular, conforman la lista de mandatarios locales destituidos en los últimos cuatro meses por permitir en sus municipios las protestas contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, en las cuales los ciudadanos reclamaban una salida a la crisis económica, política y social que vive el país.

“Desacato”, este ha sido el argumento esgrimido por la Sala Constitucional del máximo tribunal para condenar a 15 meses de prisión a los mandatarios e inhabilitarlos políticamente.

El rostro del presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, se muestra ya con frecuencia en los medios de comunicación, leyendo la sentencia que en las últimas semanas se repite en cada caso:

“Fue sancionado al cumplimiento de 15 meses de prisión, más las accesorias de ley. Asimismo, Smolansky cesa en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio El Hatillo del estado Bolivariano de Miranda y se declara su falta absoluta de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como también se declara su inhabilitación política”. Esta es la última sentencia que leyó Mendoza y que oficializa la incorporación de David Smolansky a la lista de cinco alcaldes sancionados y que, según el Poder Judicial, desacataron una sentencia en las que se les exigía impedir barricadas y cierres de vías en sus municipios. Tras este nuevo pronunciamiento la lista quedó así:

Gustavo Marcano (Lechería, Anzoátegui) 

El alcalde de Lechería, estado Anzoátegui, Gustavo Marcano, fue el primero en ser condenado a 15 meses de prisión, además de ser destituido de su cargo e inhabilitado. La sentencia contra Marcano fue emitida el 25 de julio, horas después el alcalde pasó a la clandestinidad y luego al exilio. Desde el exterior denuncia la persecución de la que son blanco los alcaldes de la Unidad, e incluso se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien le entregó su expediente. Marcano fue electo como alcalde de Lechería con una masiva votación de 71,3% para el periodo 2013-2017.

 

Alfredo Ramos (Barquisimeto, Lara)

A tan sólo días de la condena y destitución de Marcano, el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, apareció nuevamente para leer otra sentencia, esta vez contra el alcalde de Irribaren, estado Lara, Alfredo Ramos.  Al conocer la sentencia, Ramos se internó en la Alcaldía de Iribarren, diciendo que no abandonaría las instalaciones. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en el despacho y se lo llevaron. Permanece detenido en la sede del Sebin en Caracas.

 

Carlos García (Libertador, Mérida)

El 2 de agosto le correspondió el turno al alcalde de Mérida, Carlos García, quien pasa a ser incluido en la lista de mandatarios sentenciados e inhabilitados por haber permitido las protestas en sus respectivos municipios. Al igual que el resto de los alcaldes, García también alegó que desconoce la sentencia por considerar ilegítimos a los representantes del Poder Judicial. “Esta sentencia no es contra una persona sino contra una ciudad valiente y combativa que no se arrodilla ante un régimen opresor”, expresó el alcalde.

 

 Ramón Muchacho (Chacao, Miranda)

Seis días después de la sentencia contra el alcalde de Libertador, Mérida, Carlos García, le tocó el turno al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, quien se pronunció luego a través de un video difundido en las redes sociales. El mandatario también rechazó la decisión y catalogó de ilegítimos a los magistrados del TSJ.  “Me persiguen y castigan por hacer mi trabajo, por garantizar la manifestación pacífica en Chacao, el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Que nuestros vecinos sepan que no están solos”, indicó.

 

David Smolansky (El Hatillo, Miranda)

El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, es el último de los mandatarios sentenciados e inhabilitados por haber permitido las protestas antigubernamentales. La noche de este 9 de agosto, el presidente de la Sala Constitucional salió nuevamente a dar lectura a la decisión de los magistrados, condenando a 15 meses de prisión a Smolansky, además de inhabilitarlo políticamente, prohibirle la salida del país y emitir orden de captura.

Sin embargo, aunque estos son los más recientes, no son los únicos alcaldes que han sido destituidos de sus cargos, bien sea por sentencia del TSJ o por decisión de las cámaras municipales de sus localidades, en las que el oficialismo se ha hecho del poder por contar con mayoría edilicia.

En el 2014 las primeras sentencias de la Sala Constitucional del TSJ dieron paso a la condena y destitución de Enzo Scarano (San Diego, Carabobo) y Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira).

En 2015, Lumay Barreto, alcaldesa de Guasdualito, Apure, era destituida por la Cámara Municipal de esa localidad, mientras que en 2016, también a través de los parlamentos locales, les correspondió el turno a Delson Guarate, alcalde de Mario Briceño Iragorry, Aragua; y a Warner Jiménez, alcalde de Maturín, capital del estado Monagas.

En el caso del alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, este permanece detenido en su residencia. Aún no tiene sentencia firme, pero fue despojado de sus competencias.

A inicios de semana, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, denunció que el TSJ se basa en la “excusa del desacato”, para sentenciar y destituir a los alcaldes opositores y de esta manera abrir paso al oficialismo para que pueda apoderarse de aquellas alcaldías que no gana con votos. Ocariz alertó que hay una “súper lista” de sentencias y que continuarán los pronunciamientos del Poder Judicial contra los alcaldes opositores.