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Alan García

Ordenan 3 años de prisión preventiva a Kuczynski por el caso Odebrecht

UN JUEZ ORDENÓ EL VIERNES tres años de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski mientras es investigado por lavado de activos en relación con actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

El magistrado Jorge Chávez indicó que Kuczynski, quien se encuentra en una clínica por motivos de salud, obstruyó a la justicia porque dio una dirección equivocada de su contadora y no tiene arraigo personal en el país, ya que su familia vive fuera.

La fiscalía afirma que Kuczynski, de 80 años, realizó supuestos “actos de blanqueo de capital” mientras era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.

Kuczynski se recupera en una clínica local de un procedimiento de cateterismo al corazón que se le practicó el miércoles. El exmandatario fue arrestado la semana pasada para cumplir una detención provisional por 10 días.

“Es una sentencia de muerte a sus 80 años”, dijo el legislador Gilbert Violeta, amigo del expresidente.

No se sabe a qué prisión será enviado Kuczynski, pero podría ser una cárcel de la zona este de Lima que sólo tiene un preso: el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) quien cumple una condena de 25 años por violación de derechos humanos. Kuczynski liberó temporalmente a Fujimori horas antes de la Navidad de 2017, lo que desató protestas en el país.

La orden de cárcel se da el mismo día que se realizaron los funerales del expresidente Alan García (2006-2011), quien se suicidó para evitar ser arrestado mientras era investigado por otro caso ligado a Odebrecht.

Kuczynski llegó a la presidencia en 2016 y renunció en 2018 por un escándalo ligado a la presunta compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos. Lo reemplazó su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, que gobernará hasta 2021.

Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Además de García, Toledo reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.

El caso Odebrecht ha remecido a la élite política de Perú, al igual que a la de otros países de la región, luego de que en 2016 la compañía constructora admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica.

Familia dice que Alan García dejó carta antes de suicidarse

EL EXPRESIDENTE ALAN GARCÍA, quien se suicidó para evitar ser detenido, supuestamente dejó una carta en la que -según su familia- dice que su captura habría sido una humillación personal que no iba a permitir.

El cuerpo de García, uno de varios políticos señalados por corrupción en la investigación contra la constructora brasileña Odebrecht en Perú, fue velado el viernes en el local de partido político, donde una de sus hijas leyó la supuesta carta que dejó su padre.

“No tengo por qué aceptar vejámenes, he visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene porqué sufrir esas injusticias y circos. Les dejo mi cadáver como una muestra de desprecio hacia mis adversarios”, leyó la hija del exmandatario con la voz entrecortada por el llanto.

“En este tiempo de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan todos los procedimientos para humillar, vejar y no para encontrar verdades”, añadió Luciana. The Associated Press no ha podido comprobar la veracidad de la carta. No se sabe ni el día ni la hora en la que fue escrita, ni si fue manuscrita o mecanografiada.

De acuerdo con la fiscalía el expresidente habría recibido unos 100.000 dólares de Odebrecht maquillados bajo la apariencia de pagos por una conferencia en Sao Paulo que García dio en 2012.

En los funerales, su ex primer ministro, Jorge del Castillo, calificó a García como “el mejor presidente de Perú”, mientras que su secretario Ricardo Pinedo comentó que los “odiadores no entendían que tu único objetivo era un lugar en la historia, ellos vivirán encadenados de sus odios y así morirán”.

García encabezaba en Perú la lista de políticos más rechazados y también la de los que deberían retirarse de la política local, de acuerdo a diversas encuestas en 2018 y 2019.

Poco después, miles de simpatizantes procedentes de todo el país siguieron por las calles de Lima el féretro del expresidente. El ataúd salió del local central del partido y, de acuerdo al programa, luego de recorrer las calles capitalinas será llevado hasta un cementerio de la zona este de Lima donde será cremado en otra ceremonia privada.

funeral alan garcia

Al funeral se añadió una tragedia más cuando un autobús que llegaba con simpatizantes desde el norte de Perú chocó contra un muro de concreto en las afueras de Lima y dejó ocho muertos y más de 40 heridos. Varios de los muertos que estaban sentados en el segundo piso del bus salieron disparados por las ventanas y cayeron al río Huaura, dijo el jefe de la policía de carreteras, Jorge Castillo.

García murió el miércoles en un hospital horas después de dispararse en la cabeza con un revólver Colt, una de las nueve armas que guardaba en su dormitorio.

El ministro del Interior, Carlos Morán, comentó que cuando el equipo del fiscal ingresó con la policía a la mansión del expresidente para arrestarlo, García –que se encontraba en el segundo piso– indicó que iba a hacer una llamada a su abogado y se encerró en su dormitorio para después dispararse.

Es el primer caso de un expresidente de Latinoamérica que se quita la vida mientras es investigado por el caso Odebrecht. La próxima semana los fiscales que investigan a la élite política peruana entrevistarán en Brasil a Jorge Barata, el exgerente en Perú de la constructora, quien deberá responder preguntas sobre el exmandatario.

A fines de 2018 el expresidente intentó evadir a la justicia ingresando a la embajada de Uruguay en Lima y solicitando un asilo por supuesta persecución política. Pero el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vásquez rechazó su petición y desde entonces García vivió vigilado por la policía porque tenía prohibido salir del país por 18 meses.

García, de 69 años, gobernó Perú en dos oportunidades, la primera de ellas de 1985 a 1990, cuando dejó al país sumido en su mayor crisis económica contemporánea. Volvió al poder en el periodo 2006-2011.

Todos los presidentes de Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Alejandro Toledo (2001-2006) reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso junto a su mujer entre 2017 y 2018. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) enfrenta un pedido de prisión domiciliaria tras estar detenido desde el viernes último.

Odebrecht está en el centro de un enorme escándalo de corrupción en América Latina después de admitir en 2016 -como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos- que sobornó a funcionarios de la región por cerca de 800 millones de dólares a cambio de recibir contratos de obras de infraestructura.

Caso Odebrecht: Expresidente Alan García muere tras dispararse para evitar su detención

A PEDIDO DEL EQUIPO ESPECIAL del caso Lava Jato, el Segundo Juzgado de Investigación Nacional Anticorrupción había dispuesto el arresto preliminar para el exmandatario y otras ocho personas por su presunta implicancia en actos de corrupción de la constructora brasileña respecto al Metro de Lima y adendas en la Interoceánica Sur.

El expresidente Alan García falleció esta mañana tras dispararse en la sien cuando un grupo de fiscales y policías allanaban su domicilio, ubicado en el distrito limeño de Miraflores, y se disponían a arrestarlo en aplicación de la orden judicial para su detención preliminar durante diez días en relación al caso Odebrecht.

Fuentes oficiales del hospital Casimiro Ulloa confirmaron que la muerte del exmandatario de 69 años de edad fue registrada a las 10:05 a.m., luego casi tres horas de intervención quirúrgica en la sala de emergencias. García había ingresado al centro hospitalario a las 6:45 a.m. con el diagnóstico de impacto grave en el cráneo por un proyectil de arma de fuego.

“Su deceso se produjo por una hemorragia cerebral masiva y paro cardiorespiratorio”, según el comunicado del hospital.

La diligencia en la casa de Alan García estuvo dirigida por el fiscal adjunto Henry Amenábar, integrante del Equipo Especial para el caso Lava Jato, quien ingresó a la vivienda a las 6.30 a.m. acompañado por un equipo de agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, de acuerdo con la versión oficial.

“El señor Alan García, indicando de que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado, ingresó a su habitación y cerró la puerta. A los pocos minutos se escuchó el disparo de un arma de fuego y la Policía forzó el ingreso a la habitación y lo encontró sentado con una herida en la cabeza”, dijo el ministro del Interior, Carlos Morán, respecto al hecho.

Agregó que ante el suceso los agentes policiales trasladaron “de inmediato” al exmandatario al hospital Casimiro Ulloa y que fue suspendida la diligencia de detención preliminar.

La medida judicial contra el expresidente García fue ordenada ayer por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción, a pedido del fiscal José Domingo Pérez por las investigaciones de supuesta corrupción sobre el Metro de Lima, así como por adendas en las obras de la Interoceánica Sur.

En la misma resolución se dispuso también la detención preliminar para otras ocho personas: Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones, en su gestión se adjudicó la Línea 1 del Metro de Lima a Odebrecht; Luis Nava Guibert, ex secretario general de Palacio de Gobierno; José Nava Mendiola, hijo de Luis Nava y gerente de Transportes Don Reyna, empresa contratada por Odebrecht;

En esa lista también aparecen Miguel Atala Herrera, ex vicepresidente de Petroperú en el gobierno de Alan García. Atala, recibió 1 millón 300 mil dólares de Odebrecht en una cuenta bancaria en Andorra; Samir Atala Nemi, hijo de Miguel Atala. Según la fiscalía, intervino en las transferencias y abrió cuentas mancomunadas para recibir pagos de Odebrecht; Oswaldo Plascencia, exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE); Jorge Luis Menacho, persona de confianza del ex ministro Enrique Cornejo; Antonio Torres Trujillo, exjefe de Provías Nacional adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

 

 

 

Ex presidente peruano Alan García se dispara en la cabeza cuando iba a ser detenido

EL EXPRESIDENTE PERUANO Alan García se disparó este miércoles en la cabeza en su domicilio de Lima cuando iba a ser detenido por orden de la Justicia por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht, según medios peruanos.

En medio de una gran confusión, el ex mandatario (1985-1990 y 2006-2011) fue ingresado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado por la policía.

Testigos consultados por la televisión peruana indicaron que García entró cubierto por una manta roja y, poco después, su hijo ingresó rápidamente en el hospital. Según su abogado, Erasmo Reyna, está siendo operado. “La situación es muy grave”, señaló la ministra de Salud, Zulema Tomás, en una rueda de prensa tras indicar que García está siendo intervenido y ha sido reanimado tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios en la sala de operaciones.

Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad acudieron este miércoles a la vivienda del ex mandatario en Miraflores para cumplir la orden de arresto que pesaba sobre él. Las fuentes citadas por RPP han indicado que los agentes lo encontraron ya herido.

García está siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht. La Policía también ha detenido este miércoles a Luis Nava, ex secretario general de Presidencia, y Miguel Atala, ex vicepresidente.

 

*Vea la nota completa en El Mundo.es

Uruguay rechazó pedido de asilo del expresidente peruano Alan García

EL GOBIERNO DE URUGUAY rechazó el pedido de asilo del expresidente de Perú Alan García (1985-1990 y 2006-2011), informó hoy el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.

García, investigado por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, aseguró ser víctima de una persecución política como el argumento principal para la solicitud de asilo diplomático presentada a Uruguay.

El expresidente peruano salió de la residencia del embajador de Uruguay en Lima, antes de que se difundiera públicamente el rechazo a su pedido, aparentemente en un vehículo de alquiler que ingresó en la residencia y luego la abandonó, según imágenes difundidas por el Canal N de la televisión peruana

Ex presidente de Perú, Alan García pidió asilo político en la embajada de Uruguay

EL EXPRESIDENTE DE PERÚ, Alan García solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima la noche del sábado, luego de que la Justicia le prohibiera la salida del país por 18 meses debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, informó este domingo la cancillería peruana.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores hace de conocimiento de la opinión pública que el Embajador de la República Oriental del Uruguay le comunicó esta mañana que el ex presidente del Perú Alan García Pérez ingresó en horas de la noche de ayer a su residencia”, indicó la cancillería en un comunicado.

La nota señala que García “ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay”.

“Dicha solicitud, como indica la Convención arriba citada, deberá ser evaluada por el gobierno de ese país, para lo cual se ha informado a las autoridades de Uruguay que, conforme al artículo IX de la Convención sobre Asilo, el gobierno peruano hará llegar información al respecto”, concluye el texto oficial.

La justicia prohibió el sábado que García salga de Perú durante 18 meses, después de que la fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante el segundo mandato de García (2006-2011).

Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht, que admitió que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.

Por el caso Odebrecht también están bajo la lupa de la fiscalía los ex mandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.

Perú: Fiscalía investigan a Toledo, García y Kuczynski por lavado de activos

 

LIMA (AP) — La fiscalía peruana inició una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski en base a declaraciones del exjefe local de la constructora brasileña Odebrecht.

En una información difundida por la cuenta oficial en Twitter de la Fiscalía se indicó que el fiscal José Domingo Pérez dispuso investigar por ocho meses a los exmandatarios luego de que el responsable de la constructora en Perú, Jorge Barata, dijera en febrero a los investigadores peruanos en declaraciones realizadas en Sao Paulo que la compañía otorgó dinero a las campañas presidenciales de García en 2006 y Toledo y Kuczynski en 2011.

Pese al presunto dinero de Odebrecht inyectado en sus campañas, Toledo y Kuczynski no lograron ganar los comicios generales en 2011. Toledo intentaba un segundo periodo y Kuczynski buscaba por primera vez llegar al poder.

La fiscalía informó también que investigará a las personas que supuestamente funcionaron como nexos para recibir el dinero, entre ellas la actual embajadora peruana en el Reino Unido, Susana de la Puente, a quien Barata calificó de intermediaria para que la campaña de Kuczynski obtuviera 300.000 dólares. Kuczynski llegó al poder en un segundo intento en 2016.

El exministro Luis Alva también fue sindicado como nexo para que el dinero de la constructora llegara a la campaña de García, quien ganó las elecciones en 2006 y gobernó hasta 2011. Otro investigado es el ciudadano israelí Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo, quien recibió 700.000 dólares para la campaña de Toledo en 2011.

Los tres exmandatarios a través de sus abogados han rechazado las imputaciones.

Los expertos afirman que el fiscal debe demostrar en un juicio que Toledo, García y Kuczynski sabían que había ingresado dinero de Odebrecht a sus campañas.

Los tres ya son investigados en otros casos ligados a Odebrecht por presuntos delitos de corrupción. Toledo gobernó entre 2001 y 2006 mientras que Kuczynski lo hizo entre 2016 y 2018.

Perú ha solicitado a Estados Unidos la extradición de Toledo por los delitos de corrupción, un trámite que puede durar varios meses.

En marzo y después de meses de turbulencia política, el Congreso peruano aceptó la renuncia a la presidencia de Kuczynski por señalamientos relacionados con Odebrecht.

La tormenta de escándalos de corrupción sembrada por Odebrecht en Latinoamérica ha salpicado a todos los exmandatarios peruanos y a los principales políticos del 2001 en adelante.

El caso Odebrecht y cómo afecta a cada país de América Latina

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En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. El mundo económico brasileño se echó a temblar; el mundo político, también. Y no han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podía guardar el nieto (y ya por entonces presidente) de la mayor constructora de América Latina, con 168 mil empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o Estados Unidos, eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por si solos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región.

Durante muchos meses, Marcelo, un hombre pagado de sí mismo y de carácter fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía brasileña: confesar lo que sabía (esto es: a quién había sobornado para conseguir contratos golosos) a cambio de rebajar la condena. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más las pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornado constituyó una de las más concluyentes) le hicieron doblegarse.

Aceptó cantar y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años). Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad.

Además de pedir perdón públicamente, la empresa, asimismo, se avino a pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3 mil 500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.

Pero una vez que las investigaciones se habían puesto en marcha, nada iba a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde Estados Unidos y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y al expresidente peruano Alejandro Toledo. “Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de la empresa (un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera) que, sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes”, afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano.

Nada apunta a que la tormenta vaya a parar. Al contrario. Las confesiones de los más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht) están hoy por hoy en Brasil protegidas por el secreto de sumario. Pero no lo estarán por mucho tiempo y, más pronto o más tarde, se harán públicas. La prensa brasileña las denomina, acertadamente, “la confesión del fin del mundo”. Hace un mes se filtró la declaración de uno de esos altos cargos. Solo uno. Se llamaba Cláudio Melo Filho y su trabajo consistía, según afirmó ante la policía, en presionar (y sobornar) a políticos brasileños a cambio de que favorecieran los intereses de la empresa a la hora de conceder contratos o modificar leyes. Aseguró también que el actual presidente, Michel Temer, aceptó en la terraza de su palacio 10 millones de reales (más de 3 millones de euros) para su campaña electoral. Lo que esconda la declaración de Marcelo Odebrecht, que trataba con presidentes y ministros de muchos países, es dinamita pura a punto de estallar.

Esto es lo que se va conociendo de las diferentes investigaciones:

VENEZUELA

Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.

COLOMBIA

La posibilidad de que el caso Odebrecht, empresa que confesó haber pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos, salpicase al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha desatado un tsunami político desde el martes por la noche en el país sudamericano. La Fiscalía aseguró que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Este miércoles, el fiscal salió a matizar ese condicional y explicó que responde únicamente al testimonio del exsenador detenido pero que no hay prueba física de que ello ocurriese, por lo que ha pedido que se investigue, un reclamo que ha hecho el propio presidente. Mientras, el Gobierno en pleno salió en defensa de Santos.

El pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. A partir de la declaración de Bula, la Fiscalía emitió el comunicado matizado después.

BRASIL

Las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.

Hasta el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de que una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario pero la prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer y a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. Están también dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), desde José Serra, actual ministro de Exteriores, a Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre fuerte para las generales de 2018. 

LulayRousseff

PERÚ

La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo, que se encuentra en París junto a su mujer Eliane Karp, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde negó haber recibido los sobornos denunciados.

Toledo no es sin embargo el único expresidente peruano salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del expresidente Ollanta Humala se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial. Antes de esta revelación, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

Además, el pasado 31 de enero, las autoridades peruanas detuvieron a su llegada de Estados Unidos a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de unas obras de metro.

Pero no sólo por corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los peruanos. Perú tuvo que cancelar la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia de este país. El consorcio encargado de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó con la financiación necesaria para terminarla. Ha sido multado.

AlejandroToledo

ARGENTINA

En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio Macri.

El jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente (hasta el punto de que le alquila el departamento de lujo en el que vivía antes de trasladarse a la residencia oficial) se ha visto obligado a declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. La hipótesis que manejó La Nación, el diario que publicó la noticia, es que se trataba de una coima por la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

El Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri defendió a su amigo: “No entiendo de dónde sacan la vinculación con Odebrecht, es un cuento”, llegó a decir.

MÉXICO

Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado (mexicano)”. Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso. Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera paraestatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.

En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero, Arely Gómez, la titular de la SFP, dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero no presentó ningún avance en la investigación.

REPÚBLICA DOMINICANA

Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha cantidad.

Según el acuerdo, “dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles”. Destacó que, además de Brasil, República Dominicana es “el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos”.

ECUADOR

Ecuador también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. En la actualidad, la Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español que puede aportar información sobre el caso Odebrecht en Ecuador, según informa EFE. Durán es investigado por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.

PANAMÁ

Así como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.