Alan García

Las autoridades peruanas allanaron el sábado la casa del ex presidente Alejandro Toledo, a quien investigan por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para permitir la construcción de carreteras que unen a Perú con Brasil.

Se trata del más reciente caso de corrupción donde se ve implicada la empresa brasileña y funcionarios de varios países latinoamericanos.

La fiscalía indicó en su cuenta oficial de Twitter que continúa trabajando «por más de cinco horas en el allanamiento de casa de Alejandro Toledo» y añadió que «la documentación hallada en la vivienda será evaluada por el Ministerio Público».

Imágenes de televisión mostraron a personal encabezado por el fiscal Hamilton Castro, quien investiga los sobornos de Odebrecht en Perú, ingresar a la casa de Toledo en un barrio residencial de Perú.

En la víspera, Toledo negó al diario El Comercio haber recibido coimas de Odebrecht. «Yo no tengo nada», dijo por teléfono desde París donde asiste al Foro de Mercados Emergentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El abogado Luciano López (que defendía a Toledo desde 2013) renunció el viernes pero sin mencionar las razones. «Nuestra firma no dará ninguna declaración a la prensa sobre nuestro ex cliente por responsabilidad profesional», dijo el abogado en un comunicado.

En enero, Odebrecht acordó otorgar información a la fiscalía sobre sus actos corruptos en Perú. Al momento han sido apresados tres funcionarios del gobierno del ex mandatario Alan García (2006-2011).

El actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien fue sucesivamente ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Toledo (2001-2006), escribió en Twitter «la justicia debe ser igual para todos. Si alguien cometió actos de corrupción, debe ser sancionado».

En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht reconoció sobornos por 29 millones de dólares a funcionarios peruanos para ganar las licitaciones de obras públicas. Los hechos ocurrieron durante los gobiernos de Toledo, García y Ollanta Humala (2011-2016).

El Departamento de Justicia detalló que la constructora brasileña indicó que entre 2005 y 2008 pagó sobornos por 20 millones de dólares a un «alto funcionario» de Perú para ganar la licitación de un proyecto de infraestructura que se produjo durante el gobierno de Toledo.

Durante la gestión de Toledo empezó la construcción un plan de carreteras que unen Brasil con el norte y el sur de la costa del Pacífico peruana.

La procuraduría anticorrupción de Perú confirmó que pedirá interrogar en la investigación por los sobornos pagados por Odebrecht en Perú a 75 personas, entre ellas el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y sus predecesores Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Además, también pidió interrogar a Marcelo Odebrecht, encarcelado en Brasil, en el marco de esta investigación.

Esta petición dirigida a la Fiscalía también solicitó investigar a Jorge Barata, exgerente de Odebrecht en Perú, y a Gonzalo Monteverde, presunto responsable de blanquear los sobornos, según explicaron hoy la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, y el procurador anticorrupción, Amado Enco en rueda de prensa.

Entre la lista de funcionarios a interrogar también hay una serie de ministros de los Gobiernos de Toledo (2001-2006), García (2006-2011) y Humala (2011-2016), períodos en los que Odebrecht admitió haber pagado sobornos a cambio de adjudicarse millonarios proyectos.

En esa condición se encuentra la inclusión del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía y posteriormente primer ministro del Ejecutivo de Toledo.

Enco detalló que la solicitud de ampliación de denuncia se basa en información y datos de diferentes fuentes, como el informe de una comisión parlamentaria que investigó las actuaciones de constructoras brasileñas en Perú, y en denuncias periodísticas publicadas en los últimos meses.

Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La defensa judicial del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, asegura que es legal la actuación del español, Felipe González, quien ha aglutinado a su alrededor a importantes ex jefes de Estado para interceder por la liberación de los diferentes presos políticos en Venezuela.

A juicio de Omar Estacio, José Fernando Núñez y Antonio Sierralta Quintero, defensores de Ledezma, son incomprensibles las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno venezolano por la incorporación del ex presidente de España y abogado, Felipe González, al equipo de la defensa del Alcalde Metropolitano, indica nota de prensa de la Alcaldía Metropolitana.

Aseguran que “hay varias vías, todas legales”, que respaldan la actuación de González. En las leyes venezolanas se prevé que letrados extranjeros puedan ejercer en el país sin necesidad de reválida. De igual manera sostienen que está la figura de consultores técnicos, abogados o no, para asistir a cualquiera de las partes en los procesos judiciales. Además, está la defensa ante organismos internacionales, que posibilita, por ejemplo, que un nacional de España pueda ser asistido por abogado venezolano o viceversa. En tales supuestos consideran que «no hay violación a ninguna soberanía como se quiere hacer ver por funcionarios del Gobierno».

Ante el intento de criminalizar la incorporación de Felipe González al grupo de representantes de los presos políticos, Estacio, Núñez y Sierralta Quintero dicen estar preparados para activar los parámetros que sean necesarios de acuerdo a las circunstancias y aseguran que serán anunciados en su momento.

“Emplear epítetos contra el señor González, insultarlo, intentar vejarlo o intimidarlo, por el solo hecho de haber expresado su disposición a defender, con apego a la ley venezolana, a un grupo de presos políticos, expone a nuestro país, a sanciones de Naciones Unidas, situación que la defensa de Antonio Ledezma sería la primera en lamentar”, finalizaron.

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados en el marco de las Naciones Unidas (A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118, 1990), establecen que “los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar sus funciones profesionales, sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”.

Cabe destacar que hasta la fecha, el grupo de ex jefes de Estado que acordó defender a Antonio Ledezma y a los presos políticos ya suma nueve exmandatarios: Felipe González y José María Aznar (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Andrés Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Felipe Calderón (México), Alan García y Alejandro Toledo (Perú).