Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, es el presunto líder de una banda dedicada a la extorsión. Se ha convertido en un “objetivo” de los cuerpos de seguridad y su búsqueda ha sido utilizada como excusa para arremeter contra hombres de sectores populares de al menos 3 municipios del estado Lara. 30 por ciento de las muertes a manos de la fuerza pública, ocurridas en la entidad en cuatro meses de pandemia, estarían relacionadas con la supuesta persecución a este grupo delictivo
Anderson Piña Pereira | Karina Peraza | Liz Gascón | Montaje de portada Abrahan Moncada | Infografía Mayerlin Perdomo
En el estado Lara, 28 hombres fueron ejecutados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) entre mayo y agosto de 2020. Aunque no se conocían y no murieron el mismo día, todos tenían algo en común: perdieron la vida en supuestos operativos de búsqueda de Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, líder de una banda criminal que opera en cuatro estados del país.
Esta cifra equivale a 30 por ciento del total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Lara entre mayo y agosto por cuerpos de seguridad del Estado. 92 hombres murieron en manos de funcionarios de la fuerza pública en ese período, la mayoría menores de 35 años de edad.
Este reportaje hace parte de Monitor de Víctimas en Lara, una iniciativa periodística de Runrun.es y Caracas Mi Convive, que busca registrar y analizar los homicidios. La extensión del proyecto al estado Lara comenzó el 1ro de mayo y cuenta con un equipo de periodistas expertos en cobertura de violencia, quienes recolectan los datos y cuentan las historias de las víctimas.
Aunque todos los hechos fueron presentados como enfrentamientos con presuntos integrantes del grupo delictivo, familiares de algunas víctimas descartan esa versión y aseguran que no guardaban relación con la banda que opera en Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua.
Por otra parte, entre enero y agosto de 2020, periodistas de la fuente de sucesos en el estado Lara contabilizaron 181 casos de personas muertas a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, la mayoría de estos hechos entran en la categoría de ejecuciones extrajudiciales, similares a las denunciadas en el informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela de ONU.
Alias “Santanita”, de 25 años de edad, forma parte de la lista de los más buscados del Ministerio de Interior y Justicia por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión. Está solicitado desde 2017, el mismo año en el que se fugó del Hospital Central Antonio María Pineda, tras fingir que estaba enfermo y ser sacado del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, en Lara.
Los presuntos enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado y supuestos miembros de la banda comenzaron en mayo, mes en el que fueron asesinados ocho hombres, incluyendo el padre de “Santanita”. En junio, julio y agosto continuaron los procedimientos con un saldo de siete, ocho y cinco víctimas, respectivamente.
Tres organismos de seguridad participaron en el operativo que ha dejado 28 fallecidos. Según datos recabados por Monitor de Víctimas entre mayo y agosto. Pero las FAES suma la mayor cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales con 15 casos; seguida por el Cicpc, con 11 fallecidos; y el CONAS, con 2.
La difusión de un video en el cual “Santanita” aparece escoltado por dos hombres armados, con los rostros cubiertos, y se atribuye la autoría de un ataque con granada a un concesionario del este de Barquisimeto, el 7 de mayo, desencadenó una serie ejecuciones extrajudiciales encubiertas en el operativo de búsqueda de los miembros de la banda.
En la grabación, “Santanita” extorsiona y amenaza de muerte a los propietarios de al menos ocho ventas de vehículos nuevos y usados de la ciudad.
Por otra parte, desde que el director nacional del CICPC, Douglas Rico, anunció que “Santanita” estaba “identificado y activamente buscado”, a mediados de mayo, los organismos de seguridad comenzaron a señalar a las víctimas de supuestos de enfrentamientos como presuntos integrantes de esa banda.
En agosto, Rico ofreció otras declaraciones sobre el cabecilla de la banda dedicada a la extorsión, quien se había convertido “en una prioridad para todos los cuerpos de seguridad”.
El sociólogo Nelson Fréitez, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), asegura que en los últimos años en Venezuela, los organismos de seguridad actúan de manera improvisada y se evidencia en las irregularidades en los operativos policiales.
Agrega que en los recientes despliegues policiales para dar captura a Santana Peña, no hay rastro de labores de inteligencia por parte de los organismos de seguridad, aunque disponen de recursos del Estado para hacerlo.
Fréitez advirtió que sobre las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la búsqueda de “Santanita” priva la impunidad, como sucede con el resto de las muertes en manos de cuerpos policiales como las FAES.
Empezaron por su barrio y mataron a su papá
Entre el 11 y 14 de mayo, pocos días después de la explosión de la granada en el concesionario Autos 251, las FAES reportaron la muerte de cinco presuntos miembros del grupo criminal en la urbanización La Carucieña, al suroeste de Barquisimeto, antiguo lugar de residencia y centro de operaciones de “Santanita”.
Entre las víctimas de esa incursión destaca Rafael Antonio Santana, papá de “Santanita”, quien fue asesinado por las FAES tras la activación del operativo de búsqueda. El hombre tenía 50 años de edad y dos de sus hijos relataron a Monitor de Víctimas que Santana fue torturado y sacado de su casa el 14 de mayo para simular un enfrentamiento.
Ambos denunciaron que su padre fue obligado a posar con un arma larga y fue fotografiado por los funcionarios, antes de que le dispararan.
En la minuta, Santana –quien presentaba registro por homicidio de 1980– fue señalado como uno de los líderes de la banda de su hijo. “Es falso que él era de la banda, no quiere decir que porque seamos familia seamos de la banda”, comentaron los hijos de la víctima, quienes prefirieron que su identidad no fuera publicada pues temen convertirse en blanco de las autoridades. Además negaron que su padre mantuviera contacto con Josué Ángel Santana Peña en los últimos meses.
En este mismo procedimiento, la FAES también mató a Adrián Douglas Sánchez Ochoa, un buhonero de 33 años de edad que no vivía ni trabajaba en La Carucieña, contaron familiares al Diario La Prensa de Lara que desconocían si la víctima tenía nexos con “Santanita”.
Yeferson José Mendoza Pérez, de 24 años de edad; Geison Griman Acosta, de 27 años y Koli José Álvarez, de 24 años son las identidades de las primeras víctimas que cobró las FAES en La Carucieña relacionadas con el caso de “Santanita”. Un allegado indicó que los jóvenes fueron acusados de figurar en el video de Santana Peña.
“Los señalan a ellos por el color de piel. Imagino que los asociaron con Santanita porque él era de La Carucieña, pero ninguno firma Santana”, precisó la fuente al explicar que ninguno de los asesinados se apellidaba Santana. Asimismo, advirtió que hubo excesos en la incursión de las FAES que ocurrió el 11 de mayo en horas de la mañana.
Los funcionarios detonaron una granada aturdidora para irrumpir en la casa que le pertenecía a Griman. “Cada quince minutos se escuchaban los disparos y a las 6:30 de la mañana en una camioneta de las Faes sacaron los tres cuerpos, pero siguieron las detonaciones hasta las ocho de la mañana”, agregó el testigo.
El mismo patrón
La madrugada del 18 de junio, en el kilómetro 11 de Pavia, al oeste de Barquisimeto, funcionarios del Cicpc llegaron al lugar. No tenían orden judicial y entraron a la fuerza a la vivienda de la familia Suárez Mújica. Preguntaron por José Luis, de 29 años de edad, y le ordenaron a las otras cuatro personas que se encontraban en la casa que salieran del inmueble.
Era tan temprano que los familiares no entendían qué pasaba. Sin embargo, accedieron a la solicitud y abandonaron la vivienda escoltados por funcionarios. Un familiar develó que en el momento en el que se iban alejando escucharon las detonaciones. Suspiró profundamente y solo dijo: “Ahí supe que a José Luis lo habían matado”.
Pocos minutos después, al oeste de la capital larense, en el sector El Mamón de Pavia, el patrón se repitió. Asdrúbal José Yajure Mendoza, de 26 años de edad, fue asesinado por el mismo cuerpo policial. Los uniformados llegaron a la vivienda y, como las puertas tenían candados, las tumbaron y al entrar apuntaron a los seis miembros de la familia, incluyendo una adolescente de 13 años de edad.
Los funcionarios llevaban los rostros tapados y todos estaban armados. Les hicieron lo mismo que a la familia Suárez Mújica, los obligaron a salir de la vivienda, mientras que a Asdrúbal lo tenían vigilado. A una mujer que se resistía a abandonar la casa, la halaron por el cabello y la sacaron. Poco después el hombre de 26 años fue ejecutado.
Ese mismo día, a Pavia, llegó una comisión de la División Antiextorsión y Secuestro del Cicpc, con competencia nacional con el objetivo de ubicar a presuntos integrantes de la banda del “Santanita”, pero en medio del operativo murieron dos personas que no pertenecían al grupo hamponil.
El 23 de junio, una comisión de las FAES ingresó pasadas las 3:00 pm a la comunidad La Concordia y se llevaron consigo a Dubian Valencia Barboza, de 41 años de edad. Sus vecinos pensaron que había sido por andar sin tapabocas y por incumplir el decreto regional que en el momento prohibía la circulación de personas después de las 2:00 de la tarde.
La familia de Dubian lo encontró la tarde del 24 de junio en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Ese mismo día su cuerpo había sido trasladado por funcionarios de las FAES al centro de salud. La comisión alegó que Dubian fue herido en un enfrentamiento en el sector Simón Rodríguez, un barrio localizado detrás del cementerio municipal de la ciudad donde han ocurrido otras ejecuciones extrajudiciales.
Familiares declararon que Dubian no frecuentaba esa zona donde fue asesinado y existen testigos que vieron cómo se lo llevaron con vida un día antes; de la misma forma aseguraron que la víctima no manejaba armas de fuego, como apunta la versión oficial.
“Seguro por tener antecedentes fue que decidieron matarlo, pero Dubian hacía años se había regenerado y su experiencia la usaba como pastor evangélico para predicar dentro de los penales”, manifestó su hijastro, quien además reiteró que el hombre tenía cinco años trabajando como vendedor de boletos en el Terminal de Pasajeros.
Un recluso de Tocorón entre las víctimas
Ocho personas fueron asesinadas en presuntos enfrentamientos en un lapso de nueve días del mes de julio.
Seis de los hombres murieron en manos de la Brigada Antiextorsión y Secuestro del Cicpc de Lara, en conjunto con el Eje de Vehículos y la Subdelegación de Quíbor. Según las informaciones policiales los procedimientos fueron parte de una investigación en donde supuestamente lograron frustrar el secuestro del hijo de un empresario de Quíbor, municipio Jiménez.
El primer hecho fue el viernes 17 de julio cuando efectivos de la policía científica mataron a José Damian Hernández Mendoza, de 35 años de edad, en el sector Quebrada Grande del municipio Jiménez. Alegaron que portaba un fusil y una granada y era uno de los hombres que movilizaban al resto de la organización.
Pasaron tres días y nuevamente el Cicpc volvió a incursionar en Jiménez, esta vez habrían asesinado a William Jesús Barrios Fréitez, de 28 años de edad, conocido como “Chuchú”, este joven ya había sido señalado de participar en el secuestro del comerciante árabe y debía estar recluido en la cárcel de Tocorón.
El tercer procedimiento del Cicpc fue el viernes 24 de julio en el barrio El Tostao, al oeste de la ciudad. Luis Emigdio Perdomo Villegas, Harold Enrique García Yoleaney y una tercera persona que no fue identificada fueron asesinadas, supuestamente porque formaban parte de la banda del “Santanita”. La sexta persona fue Juan Carlos González Mendoza, de 33 años, murió el 25 de julio en el sector La Ermita.
Estas víctimas eran de Lara, Carabobo, Aragua y Trujillo. Por esta razón los familiares demoraron varios días para retirar los cadáveres.
Con estos hechos, el comisario Douglas Rico, director nacional del CICPC, emitió un pronunciamiento y anunció que se había desmantelado parcialmente la banda de “Santanita”.
A la vez, Rico informó que “Santanita” se convertía en un “objetivo nacional” para todos los cuerpos de seguridad y reveló que estaba refugiado en el penal de Tocorón. Asimismo, afirmó que en la búsqueda de Wilexis Alexander Acevedo, alias “Wilexis”, en Petare, supieron que “Santanita” había estado compartiendo en esa zona
Las FAES también pusieron su cuota en el mes de julio y mataron a dos personas a quienes identificaron como supuestos miembros de la banda del “Santanita”: Wilmer Wilson Martínez López, de 25 años de edad y José Alejandro Mendoza Díaz, de 22 años de edad.
Martínez residía en el sector 19 de abril de la comunidad El Jebe, ubicada al norte de Barquisimeto. El 22 de julio, en horas de la madrugada, las FAES ingresaron a su vivienda porque supuestamente se había robado un teléfono celular, pero en medio del interrogatorio al que fue sometido el joven le contó a los funcionarios que trabajaba en la venta de vehículos Súper Autos, ubicado en la carrera 18 con carrera 22 de Barquisimeto
El 12 de junio ese concesionario donde trabajaba Martínez fue atacado con un artefacto explosivo y sirvió de coartada para que las FAES lo incriminara con la banda de “Santanita”. La familia de la víctima denunció que se trató de una ejecución extrajudicial, aclaró que Martínez no se encontraba armado y mucho menos que formara parte de esa banda. El entorno de Martínez aseguró que el joven tenía más de siete años trabajando con los dueños del concesionario y que era un empleado de confianza.
De la misma forma, la familia dijo que en el momento en que las FAES llegó a la vivienda, separaron a los familiares de Martínez y los encerraron en una patrulla, mientras que al joven lo asesinaron en la vivienda.
En medio del operativo de búsqueda de “Santanita”, los habitantes de La Carucieña se han sentido atemorizados por los procedimientos de los cuerpos de seguridad que no solo intimidan y amenazan a las personas, sino que también les roban sus pertenencias. Temen por la vida de sus hijos porque los policías no “investigan quienes son”, sino que “asesinan a cualquiera”, sostienen.
Un vecino de la comunidad que prefirió mantener el anonimato declaró a Monitor de Víctimas que los funcionarios de las FAES utilizaron como pretexto la búsqueda de “Santanita” para cometer abusos de poder en La Carucieña.
Explicó que el 11 de mayo, día en el que se registraron tres ejecuciones extrajudiciales en el sitio, La Carucieña entró en una especie de toque de queda, debido a la presencia de las FAES.
“Ese día, nadie entraba, ni salía”, dijo la fuente, quien precisó que los funcionarios aprovecharon la “balacera” para detener a cuatro personas, vecinos de la familia paterna de “Santanita”, que no tenían relación con la banda.
La fuente señaló que uno de las aprehendidos pagó la suma de 200 dólares para quedar en libertad, mientras que los otros tres detenidos salieron gracias a la mediación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
“Fueron días de terror, a algunos vecinos los robaron, mientras les allanaron sus casas con la excusa de que “Santanita”, estaba merodeando la zona. Otros eran amedrentados por la FAES”, subrayó.
De acuerdo con esta misma fuente, el despliegue de las FAES en el sector popular se extendió por espacio de 20 días. A la fecha, la presencia de los uniformados continúa, pero no como en meses pasados. La Carucieña comunidad donde creció “Santanita” está ubicada en la parroquia Ana Soto, antigua Juan de Villegas y fue precisamente donde se registraron la mayor cantidad de incursiones de los cuerpos de seguridad.
De las 28 muertes, 25 se perpetraron en el municipio Iribarren.
En la parroquia Ana Soto se concentraron los procedimientos, allí fueron asesinadas 18 personas, tres crímenes se cometieron en la parroquia Catedral, mientras dos fueron en Tamaca, 1 en la parroquia Unión y sólo en un caso no existe información. Las otras tres víctimas fueron en el municipio Jiménez.
Para el sociólogo Fréitez, que también forma parte de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, los organismos de seguridad cometen ejecuciones extrajudiciales para enviar un mensaje de control y terror a la población en lugar de obtener resultados efectivos para disminuir los índices delictivos.
¿Quién es alias “Santanita”?
Josué Ángel Santana Peña es señalado de ser el autor de al menos siete homicidios cometidos por supuesta venganza o en medio de la ejecución de robos. El último asesinato en el que estaría implicado es el del comerciante árabe Tamman Alschaer, secuestrado en una alcabala falsa el 6 de enero de 2020 en el municipio Palavecino; asesinado el 9 de enero y hallado el 16 de enero.
El crimen de Alschaer estremeció a Lara porque desde el 2013 no se registraban secuestros, ni hechos de esa magnitud en la entidad.
El comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc, señaló a “Santanita” como el autor intelectual y material del secuestro y posterior asesinato del comerciante árabe. Esta sería la primera incursión de “Santanita” en un secuestro.
Según fuentes policiales que esclarecieron el caso, alias “Santanita” habría actuado en conjunto con el pran de la cárcel de Tocorón, Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien también dirige la banda criminal Tren de Aragua. De acuerdo con las autoridades, en la alcabala falsa donde interceptaron a Alschaer estaba un recluso de Tocorón que habría salido para delinquir. Los captores portaban chalecos antibalas y armas largas.
