Bajo la premisa «sea quien sea y caiga quien caiga», se inició una purga madurista contra funcionarios responsables de corrupción, malversación de fondos y hechos delictivos. Jueces, alcaldes, diputados, funcionarios de organismos del Estado y empresarios han salido de la foto del poder tras estas acciones
Hasta el 28 de marzo, al menos 25 personas habían sido detenidas en la purga madurista: 21 por la corrupción en Pdvsa y el resto por corrupción en el Poder Judicial y vínculos con bandas criminales, como el caso del alcalde de Las Tejerías
Las investigaciones en Pdvsa detectaron una red de funcionarios que se valían de su cargo para «ejecutar operaciones petroleras paralelas». Además de la comercialización ilegal de crudo, incumplían con pagos correspondientes a la petrolera
Estas operaciones al margen de la ley, según la Fiscalía, fueron favorecidas por un «conglomerado de sociedades mercantiles que legitimaron el capital obtenido de las ventas»
Los tres miembros del Poder Judicial aprehendidos en la purga madurista son procesados por presunto retraso u omisión intencional de funciones y asociación
Mujeres jóvenes eran captadas para incluirlas en la red de lavado de activos de Pdvsa y las premiaban con una vida «suntuosa», según Tarek William Saab
*Este texto se publicó originalmente el 21 de marzo y fue actualizado el 28 de marzo, tras revelarse nueva información oficial sobre las investigaciones
Desde el pasado 17 de marzo se inició en Venezuela una especie de purga madurista. El Ministerio Público, a través de la dirección general contra la corrupción, delincuencia organizada y protección a los derechos humanos, informó que ha venido investigando varias tramas de corrupción, malversación de fondos y hechos delictivos que involucran a funcionarios públicos.
En declaraciones a la estación radial Onda, el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, explicó que desde hace meses adelantaban estas investigaciones y que con la Policía Nacional Anticorrupción, junto con el Sebin, avanzaron esta semana a la fase «más trascendente», que implica «órdenes de captura, detenciones, allanamiento e incautaciones».
En la entrevista, Saab precisó que los detenidos en este proceso no pertenecen todos a la misma trama. Aclaró que aunque las investigaciones son independientes por tratarse de «delitos diferentes» tienen varios denominadores comunes de fondo: «corrupción, antiética y malversación».
«Hay cosas formalmente judicializadas y procesadas. En base a ello hemos designado cinco fiscales con competencia nacional para avanzar en la nueva frase investigativa, lo que no descarta que vengan u ocurran nuevas detenciones», advirtió William Saab.
En un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción se señala que con estas actuaciones buscan “enfrentar el flagelo de la corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en actos criminales, sea quien sea y caiga quien caiga”.
Las detenciones se están practicando tras investigaciones de meses, que arrojaron que algunas personas estarían incursas en “graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
#Urgente🔴 A través del siguiente comunicado la Policía Nacional Anticorrupción informa que se solicitó ante el MP el encauzamiento de individuos vinculados al poder judicial, industria petrolera y alcaldías municipales. Lea aquí ⬇️⬇️#BastaDeImposiciónImperial pic.twitter.com/qidOEORe7T
— Alfred Nazareth (@luchaalmada) March 17, 2023
Poca información oficial en los inicios del proceso
Lo que llamó la atención inicialmente sobre este proceso de investigaciones y detenciones por hechos de corrupción administrativa, malversación y otros ilícitos fue la insuficiente información pública al respecto.
La asociación civil Transparencia Venezuela expresó en un comunicado su preocupación por el silencio oficial que predominó en los inicios del operativo.
A cuatro días de iniciarse los procedimientos, los nombres de los presuntos funcionarios y de empresarios detenidos trascendieron de manera extraoficial, así como también las «supuestas tramas de corrupción, los presuntos vínculos con organizaciones criminales y los ‘miles de millones extraviados’”.
Transparencia Venezuela instó en esa ocasión a las autoridades que el país «tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo o el tamaño del patrimonio público comprometido».
En horas de la tarde del 21 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, reveló que había 19 personas detenidas por los hechos, pese a no ser la autoridad natural para anunciar estos detalles.
Y no fue sino hasta el 25 de marzo cuando el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, precisó que eran 25 los detenidos en la purga madurista: 21 por la trama de corrupción en Pdvsa (entre funcionarios y empresarios) y el resto por corrupción en el poder judicial y otros ilícitos, como la supuesta vinculación con bandas criminales del alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández.
Frentes de la purga madurista
A continuación, lo que se sabe hasta ahora sobre los frentes de investigación de la «purga madurista» y quiénes están siendo investigados por el caso.
Frente por malversación y corrupción en Pdvsa
La investigación por el desvío de más de $3.000 millones pagados en criptomonedas a la estatal petrolera por venta del crudo venezolano suma varios caídos.
En plan estelar, destacó la renuncia de quien era titular del Ministerio de Petróleo desde el año 2020, Tareck El Aissami, uno de los hombres fuertes del oficialismo desde hace más de dos décadas.
«En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso», expresó El Aissami en un trino en Twitter.
Dos cercanos colaboradores suyos fueron detenidos por estas investigaciones: uno de ellos es Joselit Ramírez Camacho, exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Ramírez Camacho, oriundo de Mérida al igual que El Aissami, fue director del despacho de este en la gobernación de Aragua en 2012.
El diario oficialista Últimas Noticias reveló que Ramírez Camacho participó desde la Sunacrip en un esquema «para impedir el ingreso al Ejecutivo Nacional de las divisas obtenidas por venta de petróleo».
Un experto petrolero consultado por el medio explicó que entre octubre y noviembre de 2022, Venezuela vendió cerca de 120 millones de barriles de crudo por un monto de más de $3.000 millones.
Para supuestamente evadir las intenciones de EEUU de «torpedear dichas operaciones», se recurrió al mecanismo de las criptomonedas. La Sunacrip era el ente que debía concretar las transacciones y hacer que el dinero bajara al gobierno. Pero, según la versión que publica Últimas Noticias, en una revisión en diciembre, el Ejecutivo Nacional no encontró ese dinero en sus cuentas.
Otro de los detenidos por esta trama es el coronel Antonio Pérez Suárez, quien desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa.
El coronel Antonio Pérez Suárez fue presidente de la Corporación Socialista de Cemento, una empresa del Estado. Fue sucedido en el cargo por su compañero de promoción, el coronel Neptalí Acosta Prieto
📌https://t.co/hkcTmekh7X pic.twitter.com/Y82kslT0GY
— Armando.Info (@ArmandoInfo) March 3, 2023
El militar fue miembro del consejo directivo de la fundación nacional «El Niño Simón Bolívar», un ente adscrito al Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo.
De acuerdo con la página Poderopedia, Pérez Suárez igualmente fue presidente de Venirauto Industrias, de la Corporación de Comercio y Suministro Socialista, la Corporación Socialista del Sector Automotor y viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.
Por su parte, en rueda de prensa el 25 de marzo pasado, Tarek William Saab amplió la información sobre los 21 detenidos por corrupción en Pdvsa: 10 funcionarios y 11 empresarios.
A la lista se sumaron el exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología Hugbel Rafael Roa Caruci, diputado a la Asamblea Nacional oficialista.
La Fiscalía afirma que «usaba su cargo» para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban».
Otros funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa arrestados son: José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar. El Ministerio Público explica que «mantenían cargos de responsabilidad para contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior».
También, fueron aprehendidos Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos pertenecientes a la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Empresarios detenidos en la «purga madurista» y otros solicitados
La Fiscalía también difundió la lista de empresarios detenidos por la trama de corrupción en Pdvsa. Figuran entre ellos, según descripciones del fiscal general:
- Manuel Meneses: Operador financiero y asesor del jefe de la estructura
- Roger Ramírez: coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados.
- Rafael Perdomo y Roger Perdomo : Hermanos que fungían como empresarios asociados «y operadores financieros nacionales para legitimar capitales».
- Daniel Prieto: Empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional (fue detenido en República Dominicana)4
- Kristhonfer Barrios, Johanna Torres. Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez, Leonardo Torres: a estos seis últimos «se les asignaban contratos millonarios que casi nunca cumplían, incluso desde la época en la que Hugbel Roa era ministro de Alimentación».
Por otra parte, hay 11 solicitados por esta trama de corrupción que aún no habían sido detenidos hasta el 28 de marzo: Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso (hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar capitales), William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railín Elizabeth Yépez. Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño, Yuravic Ravelo.
Hechos concretos de investigación y delitos a imputar
El titular del Ministerio Público informó que las investigaciones detectaron una red de funcionarios que se valían de su cargo para «ejecutar operaciones petroleras paralelas a Pdvsa».
“Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de la empresa estatal sin ningún tipo de control administrativo ni garantías. Esto incumple con las normativas de contratación requeridas para tal fin”, profundizó el funcionario madurista.
Además de la comercialización ilegal de crudo, se incumplió con los pagos correspondientes a Pdvsa. Estas operaciones al margen de la ley, según la Fiscalía, fueron favorecidas por un «conglomerado de sociedades mercantiles que legitimaron el capital obtenido de las ventas» a través de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Los delitos imputados a los involucrados en la trama fueron: apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.
🧑⚖️ ¡TRAICIÓN A LA PATRIA! El delito para funcionarios corruptos de Maduro #25Mar
Tarek William Saab informó que a todos los funcionarios del gobierno vinculados a esta trama de corrupción se le añadirá el delito de traición a la patria
📹: Cortesía
✍🏻: @amyytorres pic.twitter.com/MTxDq4uO7M— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) March 25, 2023
Además de estos delitos, los funcionarios públicos identificados serán imputados por traición a la patria.
Frente por corrupción en el poder judicial
Quienes figuran como detenidos por estas investigaciones son el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, el juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José Mascimino Márquez García y el juez primero de Control del estado Falcón, Jorwis Bracho.
Cornieles Perret fue juramentado en el cargo por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutierrez, hace apenas cuatro meses. Junto a Márquez, de acuerdo con investigación de la Fiscalía, se concertaron para otorgarle medida cautelar a Oswaldo Cheremos Carrasquel, procesado como integrante del Tren del Llano.
La intención, según asegura la Fiscalía, era que Cheremos Carrasquel pudiera ser juzgado en libertad.
#GalaJudicial José Mascimino Marquez García, juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, es el segundo magistrado de la noche aprehendido en operación especial de la #PNCC. También por delitos de corrupción en circuito judicial de Caracas. pic.twitter.com/ysXzTt1AlK
— La Tabla (@latablablog) March 18, 2023
El juez Mascimino Márquez García es tristemente célebre por su implacable accionar en los procesos contra dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil.
Antes de su vertiginoso ascenso en el sistema de justicia en el año 2019 se desempeñaba como camarero principal de una reconocida arepera en Caracas. Fue responsable de la detención y privativa de libertad en contra del diputado y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, en julio de 2021; así como también de las del periodista Roland Carreño.
A su expediente rojo se suma haber ordenado la detención de 12 indígenas pemones en enero de 2020 por un supuesto asalto al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla, en Santa Elena de Uairén. En el grupo estaba Salvador Franco, quien falleció luego en prisión por tuberculosis.
José Mascimino Márquez García también estuvo a cargo del caso de la Operación Gedeón en 2020. Los implicados en el caso denunciaron que violaron sus derechos. Asimismo, ordenó encarcelar al coronel Juan Rodríguez Dos Ramos por presunta conspiración en contra del Gobierno.
Sobre la detención del juez primero de control de Falcón, Jorwis Bracho, se supo que se practicó el pasado 17 de marzo, primer día de la jornada de la operación «guerra contra la corrupción». Medios locales indicaron que fue trasladado a Caracas un día después.
Informó la fiscalía que al momento de celebrar una audiencia especial de tercería acordó la entrega de cuatro vehículos automotores, que eran objeto de medida cautelar de incautación solicitada en su momento por el Ministerio Público.
«Los propietarios de dichos vehículos están sujetos a investigación penal, incluso algunos investigados como terceros interpuestos, por lo que se presume que Yorwis Bracho Gómez se aprovecha de su cargo como Juez para otorgar beneficios judiciales», se lee en un despacho de la Fiscalía.
Bracho fue el encargado de abrir, en enero de 2022, un expediente por tráfico de drogas contra la alcaldesa oficialista de Semprún, Keyrineth Fernández y la diputada a la AN por el Zulia, Taína González. A ambas funcionarias las detuvieron con más de siete kilogramos de cocaína en el contexto del operativo «Manos de Hierro».
Los tres miembros del Poder Judicial aprehendidos en la purga madurista son imputados por presunto retraso u omisión intencional de funciones y asociación.
#Tercero El abogado Jorwis Bracho Gómez, de 41 años, quién se desempeñaba como juez 1° de Control del estado Falcón, se convirtió en el tercer funcionario del poder judicial detenido en la primera jornada de la operación #GuerraContraLaCorrupción anunciada ayer por la PNCC pic.twitter.com/iBY5V8InEU
— La Tabla (@latablablog) March 18, 2023
Frente de investigación por vínculos con bandas
Hasta el momento, la autoridad de escogencia popular detenida en la purga madurista es el alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández.
«Un exalcalde que se vincula con trenes delincuenciales tienen que ser detenido, sancionado y penalizado, no se trata de pase de factura», comentó el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, cuando le preguntaron por las razones de esta detención
Hernández fue el alcalde del PSUV que recibió más votos en Aragua en las elecciones regionales de noviembre de 2021, al ganar con 72,25% de los votos en el municipio Santos Michelena de la entidad.
Hernández se exhibía frecuentemente apoyado por altas figuras del gobierno madurista. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, los altos jerarcas del chavismo le dieron la espalda cuando trascendió su detención.
“Un funcionario público no puede tener amigos en grupos delictivos”, declaró en rueda de prensa ofrecida el 21 de marzo el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, al referirse al caso de Hernández y respaldar la «cruzada anticorrupción».
#PurgaMadurista 🗣️El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ofreció declaraciones luego de esta ola de detenciones.
5 meses antes, alababa la gestión de Pedro Hernández, detenido por presuntas vinculaciones con el #TrenDeAragua #RecordarEsVivir 🥹 pic.twitter.com/L25YHaAvA0
— Runrunes (@RunRunesWeb) March 21, 2023
Meses antes, durante la tragedia por el deslave en Las Tejerías en octubre de 2022, el propio Cabello ponía las manos en el fuego por la autoridad regional y lo calificaba como un «señor alcalde».
«Es un señor alcalde. Su pueblo lo respeta, lo reconoce. Pedro Hernández no sale del sitio allí, atendiendo a su gente, entregado al trabajo de atender a su gente», expresó Cabello el 19 de octubre de 2022, en la emisión de su programa Con El Mazo Dando.
#PurgaMadurista 🗣️El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ofreció declaraciones luego de esta ola de detenciones.
5 meses antes, alababa la gestión de Pedro Hernández, detenido por presuntas vinculaciones con el #TrenDeAragua #RecordarEsVivir 🥹 pic.twitter.com/L25YHaAvA0
— Runrunes (@RunRunesWeb) March 21, 2023
Además de Saab y Cabello, el gobernante Nicolás Maduro fijó posición sobre la detención del alcalde de una forma más tajante y con señalamientos específicos.
“Están comprobados plenamente sus vínculos directos con la banda del criminal, del asesino, alias El Conejo. Sus vínculos múltiples, sus negocios. ¡Una cosa increíble!”, denunció en declaraciones a VTV.
“Quién pensaría que aquel que nos ponía la cara, cuando se daba la vuelta, estaba coordinando con uno de los criminales más buscados, enemigo público número uno de la paz y la estabilidad del pueblo aragüeño, el criminal, narcotraficante, asesino, alias El Conejo”, sumó Maduro en tono estupefacto.
Maduro sobre el alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández: "están comprobados plenamente sus vínculos directos con la banda del criminal, del asesino, alias El Conejo. Sus vínculos múltiples, sus negocios. ¡Una cosa increíble!" pic.twitter.com/RBX5dWNsdD
— Monitoreamos (@monitoreamos) March 21, 2023
El 25 de marzo, la Fiscalía confirmó que Hernández Inojosa fue detenido por su presunta vinculación con Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “El Conejo”, quien cayó en un operativo policial en Sucre la semana pasada.
Al exalcalde lo señalan de financiar y apoyar con recursos del Estado venezolano «fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales».
La Fiscalía también lo relacionó con Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, jefe de la megabanda el Tren de Aragua, que está preso en la cárcel de Tocorón y desde allí controla «células criminales y terroristas internacionales que operan en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile».
Frente sobre supuestas redes de prostitución al servicio de políticos y empresarios
La agencia AFP afirmó en despacho el pasado 21 de marzo que el exministro y diputado a la AN oficialista Hugbel Roa, detenido por hechos de corrupción en Pdvsa, también tenía tenía una red de «testaferros» entre los que se encontraba el empresario Alejandro Arroyo, «dueño de una mansión en el Country Club, una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol», añadió la fuente.
De acuerdo con esta versión, Roa «manejaba una red de prostitución al servicio de este grupo donde captaban a jovencitas para que les sirvieran de damas de compañía», subrayó el informante de AFP, quien agregó que el empresario también tenía una «sociedad con el exgobernador de Cumaná, Edwin Rojas».
En esta supuesta red salieron a relucir nombres de presuntos involucrados y testaferros como Alejandro Arroyo, Daniel Prieto y Johanna Torres. Sobre esta última empresaria existía una orden de captura que data de 2021 por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
#HOY A solicitud del @MinpublicoVE fue acordada por el Tribunal de la causa en el estado Anzoátegui, orden de aprehensión contra la ciudadana Johanna Lisseth Torres Ojeda por los delitos de Legitimación de capitales y Asociación para delinquir. pic.twitter.com/CX2uXheSbg
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 31, 2021
«Investigaciones preliminares han comprobado su descomunal fortuna mal habida mediante una estructura delictiva compuesta por testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron recibir contratos ilícitos a dedo otorgados en Pdvsa y el Ministerio de Alimentación», aseguraba el Ministerio Público.
Sobre este tema, el fiscal general Tarek William Saab se limitó a comentar en la rueda de prensa del 25 de marzo que mujeres jóvenes eran captadas para incluirlas en la red de lavado de activos de Pdvsa y las premiaban con una vida «suntuosa».
«Los implicados en la trama de corrupción demostraban un estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público, y menos en el caso de alguna de estas damas que no tienen origen de estudio ni de trabajo. De pronto aparecían vinculándose a estos sujetos, dándose una vida que sinceramente ni los príncipes del Golfo se la dan», expresó Saab en sus declaraciones.
