“Como siempre hemos sido los interesados en aclarar la situación y que se haga justicia en nuestro caso, permanentemente asistíamos a la fiscalía del Ministerio Público para ponernos a derecho. Hemos tratado en todo momento de lograr aclarar esta confusión e imputación injustificada y prueba de ello introdujimos un escrito ante el Fiscal Superior Richard Linares el 28-10-2013, a los fines de que conozca la situación del caso, le dé celeridad e intervenga en el mismo. También, se introdujo escritos para que la Fiscalía oficiara a Tetra Pack y a los proveedores, con el objetivo de que rindieran declaraciones y con ello definitivamente se aclarara la situación. Asimismo, los terceros no relacionados con la investigación, solicitaron la devolución de las propiedades que la Junta Interventora equivocadamente han tomado, lo cual no ha sido respondido”, señaló el productor agropecuario, dueño del grupo conformado por cuatro divisiones: Lácteos y Cárnicos, Aceite de Palma, Pasta La Comisana y camarones (Agrodirecto).

 Pérez Carroz recordó que este caso -que aún sigue en investigación- inició en mayo de 2012, cuando en  las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la zona Industrial de Maracaibo, “se presentó el teniente coronel Esteban Guerrero, de la Guardia Nacional Bolivariana, quien realizó una visita fiscal en funciones de resguardo nacional y concluyó que existía un supuesto sobreprecio de una planta llenadora Tetra Pack, la cual nunca se importó y Cadivi nunca otorgó el dinero”.

 “Durante nuestras operaciones comerciales realizamos varias importaciones de leche, carne y envases  de llenaje para productos de larga duración, y en todo momento  se cubrieron los requisitos y formalidades de Cadivi y el Seniat”, sostuvo Don Wilmer.

Tras esta actuaciones, el presidente del Grupo San Simón expuso que el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía y ésta solicitó medidas decretadas por el Tribunal 10mo. de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que son relativas al aseguramiento de bienes, prohibición de enajenar y gravar y congelamiento de cuentas a todo el núcleo familiar que conforman la Junta Directiva de la empresa, violándose, incluso, los derechos humanos a los accionistas de las  empresas, ya que tienen más de 31 meses sin poder dedicarse a una actividad profesional.

Precisó que posteriormente a estas medidas, y en el transcurso de la investigación, se ordenó al Seniat que hiciera una experticia al respecto y “determinó que no había contrabando y que no se podía establecer una relación entre las empresas proveedoras y Lácteos y Cárnicos San Simón, C.A”.

“Pido al presidente de la República que designe una comisión Judicial Especial que conozca de este caso, para que verifiquen luego de su evaluación, que no he cometido delito alguno y que todo obedece a errores humanos, que han vulnerado mi reputación, trabajo de tantos años y mi honorable Familia. Pido que le restituyan de inmediato los bienes heredados de mis padres y abuelos que no guardan relación con los hechos investigados”.

De lo contrario, dijo Pérez Carroz, si de mi proceder se ha transgredido una norma legal, “que me apliquen todo el peso de la ley, por cuanto mi familia, mis amigos, mi conciencia y esta patria de Bolívar están seguros que siempre he sido un estricto cumplidor de su estado de derecho. Solicito que me permitan seguir desarrollando las Empresas de mi legítima propiedad para continuar colaborando en la consolidación de este proceso de cambios económicos, políticos y sociales. Para seguir creando, además, fuentes de trabajo para esta Venezuela que tanto lo necesita”.

Carta abierta del Grupo San Simón